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Una delegación de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil visita España

Madridl. El director general de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, Carlos María Juárez, ha recibido a una delegación de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil (ANTT), cuyo gobierno se ha mostrado muy interesado por la gestión y organización del sistema ferroviario español.

La delegación encabezada por el director de la ANTT, Ivo Borges de Lima, visitó la sede de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias como cierre al programa de una misión brasileña para conocer el modelo de funcionamiento y la regulación del sistema ferroviario español, que les ha llevado a visitar las sedes de otros organismos públicos como ADIF, RENFE y otras empresas del sector.

Durante la reunión, Juárez, acompañado del subdirector de Planificación y Proyectos Francisco Sánchez Ayala, explicó la organización, gestión y funcionamiento del modelo ferroviario español. Así como las competencias en materia de seguridad y control ferroviario, que tiene la Dirección General.

Por su parte el director de la ANTT se mostró interesado en conocer la planificación de los objetivos que desde el Ministerio de Fomento se ha marcado para el impulso del ferrocarril como modelo de transporte sostenible, seguro y capaz de competir con otros medio de transporte.

Convenio para el desarrollo urbanístico del suelo ferroviario en Almería

Almería. El ministro de Fomento, José Blanco, la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, y el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez, han firmado en Almería el convenio de colaboración para la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Almería y de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, actualmente en construcción. A este acto han asistido también el presidente de Adif, Antonio González, y el de Renfe Operadora, Teófilo Serrano.

El convenio contempla la creación, en el plazo de dos meses, de una sociedad con un capital social a suscribir de 600.000 euros, con la participación del Ministerio de Fomento en un 50 %, y de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería en un 25 % cada uno.

El objetivo de la sociedad es gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las obras de infraestructura urbana y de urbanización correspondientes de los suelos incluidos en el ámbito de actuación del convenio.

En virtud del planeamiento urbanístico, a los suelos ferroviarios del ámbito de actuación les corresponderá un aprovechamiento lucrativo no inferior a 125.638 m2 de techo edificable. Dentro de la edificabilidad destinada a uso residencial, un porcentaje no inferior al 15% será destinado a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

Principales actuaciones

Las principales actuaciones previstas a desarrollar por esta sociedad serán las siguientes:

Coordinación para la definición de la propuesta global de la actuación concertada en este ámbito.

Elaboración de los estudios y propuestas que permitan la planificación y ejecución de actuaciones urbanísticas y de transporte, definiendo sus costes.

Gestión del desarrollo urbanístico de los suelos aportados por las partes de este convenio con el fin de ejecutar las determinaciones del planeamiento que resulte definitivamente aprobado y comercializar en el mercado los aprovechamientos urbanísticos que les correspondan, generando los recursos necesarios para contribuir a la financiación de las actuaciones previstas.

Proyección y ejecución conforme a los requerimientos operativos y funcionales de Renfe-Operadora, de aquellas obras que sean necesarias para el traslado previo y adaptación de las instalaciones de mantenimiento de material rodante, así como aquellas que le sean encomendadas por los socios mediante acuerdos específicos.

El Ministerio de Fomento se responsabilizará de las actuaciones ferroviarias. A tal fin, tramitará y aprobará el estudio informativo del proyecto de integración urbana y adaptación a la red de alta velocidad de la red como fase previa a la aprobación de los proyectos constructivos.

Las actuaciones contempladas en el presente convenio, que serán recogidas en el estudio informativo mencionado, enumeradas de forma abreviada, responderán a los siguientes objetivos:

Integración del sistema ferroviario en el ámbito urbano en base al modelo territorial previsto por el Ayuntamiento en el Plan Especial, de forma que se mejora la permeabilidad transversal de dicho sistema.

Traslado y/o adaptación de las instalaciones ferroviarias (incluidas las instalaciones de mantenimiento de trenes) a las necesidades futuras derivadas de la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Almería.

Facilitar la implantación de un gran bulevar urbano y zonas verdes dotacionales a lo largo del nuevo corredor ferroviario, mejorando las condiciones ambientales de la zona urbana aledaña al ferrocarril.

Recuperación para su uso urbano de los terrenos colindantes al trazado no necesarios para la explotación ferroviaria.

Inversiones previstas

El coste total estimado de las actuaciones incluidas en el presente convenio asciende a 244,2 millones de euros. Esta cantidad será financiada, de un lado, mediante aportaciones de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Almería, y de otro, con cargo a los recursos económicos obtenidos de la operación urbanística.

De este modo el Ministerio de Fomento aportará 97,5 millones de euros, la Junta de Andalucía, 18 millones de euros y el Ayuntamiento de Almería 30 millones de euros, siendo financiado el resto del coste de las actuaciones por los recursos generados por los aprovechamientos y por las cargas urbanísticas. La aportación del Ministerio de Fomento será efectuada a través de Adif.

La aportación municipal es independiente del 10% de los aprovechamientos lucrativos que debieran ser objeto de cesión obligatoria al Ayuntamiento.

En todo caso, para la tramitación y formalización de las aportaciones económicas de las Administraciones firmantes, una vez conocidos con exactitud los costes de la actuación, se procederá a suscribir un convenio de colaboración de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

El Ministerio de Fomento asumirá, directamente o a través de Adif, la dirección facultativa de la redacción de los proyectos constructivos de la actuación ferroviaria, llevará a cabo la correspondiente licitación de las obras.

Por su parte, la sociedad coordinará la realización de los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de las actuaciones urbanísticas a que hace mención este convenio, sin perjuicio de las competencias que en materia de ordenación del territorio y urbanismo corresponden al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía, y en materia ferroviaria, al Ministerio de Fomento.

La sociedad definirá el plan de etapas y el balance económico de la operación, teniendo en cuenta que:

Todos los recursos económicos que se obtengan por la sociedad como consecuencia del desarrollo urbanístico de los suelos transmitidos por Adif y Renfe Operadora se aplicarán en primer lugar al pago de las obras ferroviarias recogidas en el Anexo 1 y a financiar los costes de funcionamiento y financieros del conjunto de actuaciones de la sociedad.

En segundo lugar, los recursos se aplicarán a la financiación de las obras de urbanización de los terrenos liberados.

En tercer lugar, caso de existir recursos excedentarios después de llevar a cabo todas las actuaciones previstas, las partes podrán acordar su reinversión en otras mejoras de la infraestructura ferroviaria en Almería y su integración urbana.

La aportación máxima para todas estas actuaciones será las inversiones que financien las partes de este convenio, los recursos que la sociedad genere y, en su caso, los fondos europeos que se obtengan.

Contribución de Adif y Renfe Operadora

Adif y Renfe Operadora contribuirán al proyecto de integración aportando los terrenos y los aprovechamientos urbanísticos que resulten de su titularidad una vez concluido, en su caso, el proceso de desafectación de los mismos, por resultar innecesarios para la explotación ferroviaria.

Para regular la transmisión de suelos y aprovechamientos a la sociedad, se suscribirán convenios específicos entre ésta y cada una de esas dos entidades públicas empresariales (esto es, convenios a suscribir por la sociedad independientemente con Adif y Renfe Operadora), en los que s
e concretarán las contraprestaciones a percibir por estas entidades.

La transmisión de los terrenos y aprovechamientos por parte de Adif y Renfe-Operadora a la sociedad se podrá realizar de forma escalonada y de común acuerdo, de forma tal que quede garantizado, en todo momento, la correcta prestación del servicio ferroviario y la sustitución, en perfecto estado de funcionamiento, de las instalaciones ferroviarias preexistentes.

La contribución de Adif y Renfe Operadora a los fines previstos en este convenio se ceñirá exclusivamente a la aportación de los terrenos y los aprovechamientos urbanísticos que resulten de su titularidad una vez concluido el proceso de desafectación de los mismos, y ello sin perjuicio de que Adif pueda asumir o ejecutar parte de las inversiones correspondientes a la Administración General del Estado.

El Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, conforme a la legislación vigente, se comprometen a promover y tramitar hasta su aprobación definitiva el Planeamiento Urbanístico, que sea conforme con los proyectos de infraestructuras ferroviarias y de mantenimiento de trenes y demás objetivos de este Convenio, y que haga posible el desarrollo inmobiliario de los suelos liberados del servicio ferroviario de titularidad del Estado (Adif y Renfe Operadora), situados en el ámbito de la actuación.

Dicho planeamiento contendrá también las determinaciones precisas para que, en su caso, la losa de cubrimiento de las vías e instalaciones ferroviarias, destinada a usos en superficie compatibles con el sistema general ferroviario tales como viales, espacios libres o zonas verdes, sea de cesión al Ayuntamiento en el seno de los correspondientes procesos urbanísticos reparcelatorios, constituyéndose un complejo inmobiliario entresuelo y subsuelo ferroviario.

El Gobierno de Castilla-La Mancha utiliza "cortinas de humo" para desviar la atención sobre los problemas que no resuelven

Murcia. El consejero de Agricultura y Agua reta a Barreda a que señale «un solo proyecto presentado por su Gobierno que no se haya realizado por falta de agua» y critica la pasividad de Rodríguez Zapatero al permitir el enfrentamiento que está generando entre comunidades.

 Antonio Cerdá, afirmó que la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha responde a “una cortina de humo propia de un dirigente autonómico que no resuelve los problemas de sus ciudadanos”, y con la que intenta “desviar la atención”.

Cerdá, preguntado en rueda de prensa sobre el informe con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende emprender acciones legales sobre el uso del agua en Murcia, lamentó la campaña de difamación “ilimitada” del Ejecutivo de Barreda y su “insolidaridad por querer apropiarse de un recurso que es de todos”, y aseguró que desde Murcia “sí somos solidarios porque nos gusta hablar de España como una Nación”.

El titular de Agricultura y Agua explicó en este sentido que la Región de Murcia realiza “trasvases económicos” para contribuir a pagar las pensiones de los jubilados de Castilla-La Mancha, las ayudas agrarias procedentes de la Política Agraria Común, y la energía renovable que genera esta comunidad que “es de las más caras”.

El responsable de Agua del Gobierno regional dijo que la Región de Murcia, junto con otras comunidades, contribuyen con “un fondo común” a paliar el déficit de las pensiones de otras comunidades como la de Castilla-La Mancha. Recordó además que la agricultura murciana “es de las menos subvencionadas” y subrayó que “las explotaciones agrarias de la comunidad manchega subsisten por estas subvenciones comunitarias”.

En materia energética, indicó que la comunidad manchega “tiene los parques de energías renovables más importantes de España”, pero también “los más caros en cuanto a producción”. “En momentos de crisis, estamos pagando la energía más cara”, señaló el consejero de Agricultura, quien añadió que la que se genera en las plantas de ciclo combinado de Escombreras representa el 12 por ciento de la energía que consume España “a menos de 15 euros”.

Dinero con carácter finalista

Cerdá pidió a Barreda que “resuelva los problemas que tienen sus ciudadanos, que son muchos”, y que “olvide a los murcianos”. Instó al presidente autonómico a que “diga un solo proyecto presentado por su Gobierno que no se haya realizado por falta de agua”, porque según dijo, “ha habido hasta para Seseña, que es una ciudad fantasma”.

“El presidente de Castilla-La Mancha también tiene que explicar dónde están los 110 millones de euros que han pagado los murcianos, valencianos y almerienses con carácter finalista para hacer obras de saneamiento y abastecimiento”, que sin embargo, “no se han realizado”, y esta situación, dijo, “sí que es de juzgado porque es un problema real y social”, apostilló.

Por último, criticó la “pasividad” de Rodríguez Zapatero al permitir el enfrentamiento que está generando entre comunidades, y no asumir las competencias de agua “que son del Estado”.

 

Navarra impulsa un registro de certificados de eficiencia energética en edificios

Pamplona. El consejero de Innovación, Empresa y Empleo, José María Roig Aldasoro, ha anunciado la puesta en marcha del registro de certificados de eficiencia energética en edificios. “La mejor energía es la que no se consume y, por ello, se debe favorecer el edificio que menos aporte necesite”, ha manifestado.

El consejero ha destacado además la importancia del ahorro energético, sobre todo en los edificios públicos por lo que ello conlleva de ahorro económico y a su vez por ser ejemplarizante para la ciudadanía y ha anunciado  la creación del registro público de certificados de eficiencia energética y del sistema de certificación energética desarrollado por CENER y MIYABI, un sistema informático de certificación energética de edificio que ha sido tomado como referencia a nivel nacional.

Registro de certificados de eficiencia energética en edificios

La finalidad de este registro es facilitar una información objetiva a los compradores y usuarios en relación con las características energéticas de los edificios y favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. El registro, de carácter público e informativo, gratuito y telemático, es gestionado por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra a través de su página web en navarra.es.

La certificación se realiza valorando y comparando distintas variables de las prestaciones energéticas de los edificios en función de su envolvente térmica, instalaciones térmicas, condiciones de funcionamiento y ocupación.

Este registro cuenta ya con un primer edificio inscrito. Se trata de un proyecto de vivienda VPO (Vivienda de Protección Oficial) que se está construyendo en Ripagaina, en una parcela situada en el municipio de Egüés, promovida por la empresa Víctor Lizarraga. La calificación energética que ha recibido es la C, la tercera más eficiente entre siete niveles posibles.

Certificación energética

Desde 2007, todos los edificios de nueva construcción deben incorporar en España medidas de ahorro energético así como una certificación energética. El promotor o propietario del edificio debe presentar para su registro los certificados de eficiencia energética, tanto del proyecto como del edificio terminado de aquellos edificios de nueva construcción y de las reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1.000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.

La certificación de eficiencia energética de un edificio es el proceso por el que se verifica la conformidad de la calificación de la eficiencia energética obtenida por el proyecto del edificio y por el edificio terminado y conduce, respectivamente, a la expedición de un certificado de eficiencia energética del proyecto y del edificio terminado. Estos certificados tienen una validez máxima de 10 años y el responsable de su renovación es el propietario del edificio.

Los datos contenidos en los certificados permiten valorar y comparar las prestaciones energéticas de los edificios en función de su envolvente térmica, instalaciones térmicas (calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria), condiciones de funcionamiento y ocupación.

Mediante una etiqueta de eficiencia energética, similar a la existente para los electrodomésticos, se asigna a cada edificio una clase energética de eficiencia, que variará desde la clase A, para los energéticamente más eficientes, a la clase G, para los menos eficientes.

 

La rehabilitación del Palacio de San Telmo ha costado 46.677.372,11 de euros

 Andalucía. La Presidencia de la Junta de Andalucía vuelve al Palacio de San Telmo, su sede oficial desde 1992, tras cinco años de obras y una «compleja y emblemática rehabilitación».

Además de albergar la sede oficial de la Presidencia de la Junta y de convertirse en una importante sede administrativa para más de 300 funcionarios, el Palacio de San Telmo abrirá sus puertas con la finalidad de que la ciudadanía conozca el importante legado artístico de un monumento que ha precisado de una intervención integral, tanto del edificio como de las zonas adyacentes.

Esta tarea ha sido dirigida por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra que, con la colaboración del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), ha llevado a cabo una intervención que tenía el doble objetivo de dotar de funcionalidad a un edificio cuya restauración exigía, además, respeto a la condición patrimonial del mismo.

El convenio finalista suscrito en 1989 entre la Administración autonómica y el Arzobispado de Sevilla para albergar la Presidencia de la Junta de Andalucía autorizaba el inicio de obras de restauración. .

De este modo, la segunda fase de la restauración de San Telmo ha permitido recuperar un total de 39.730 metros cuadrados. Para ello, la Junta de Andalucía ha destinado en cinco años un presupuesto de 46.677.372,11 euros, de los cuales 555.793,08 euros, se aportaron en 2005; 7.716.771,10 euros, en 2006; 13.372.955,42 euros, en 2007; 15.723.823,46 euros, en 2008; 8.943.403,66 euros, en 2009; y en 2010, un total de 364.625,39 euros, en 2010.

Aunque en un principio la licitación ascendió a 38.594.860,63 euros, las obras se adjudicaron finalmente por 34.202.765,49 euros (un 11% menos) con un plazo inicial de ejecución de 33 meses. En este punto, la consejera de la Presidencia ha indicado que se trata de un coste «razonable y ajustado a la luz de lo que cuesta una intervención de un edificio de tal envergadura y valor histórico».

Proyecto complementario

La realización de todos los trabajos se ha desarrollado a lo largo de 55 meses como consecuencia de la catalogación y conservación de los yacimientos arqueológicos descubiertos (4.420.954,85 euros) y por la realización de un proyecto complementario con la finalidad de actuar, entre otras zonas, en el techo de madera de la capilla, y la restauración de las doce estatuas de la fachada de Palos (5.191.618,83 euros). El presupuesto final contempla, además, dos revisiones de precios de 2.014.814,54 y 847.218,40, respectivamente.

La posibilidad de usar al completo el Palacio de San Telmo tras su plena rehabilitación convertirá a este emblemático edificio en una importante sede administrativa que, no sólo albergará la sede de la Presidencia de la Junta, sino que traslada también la Consejería de la Presidencia junto con todos sus centros directivos: Secretaría General Técnica, Secretaría General de Acción Exterior, Oficina de la Portavoz y Dirección de Comunicación Social.

 

Cuarenta empresas españolas acudirán al Foro de Inversiones España- Egipto

El Cairo. Egipto es un mercado muy atractivo para la inversión extranjera. La proximidad geográfica al mercado comunitario, que supone un rápido y fácil acceso al país, le posiciona con ventaja por delante de otros países asiáticos y americanos. Durante los días 12 y 13 de mayo, se va a celebrar un Foro de Inversiones España- Egipto organizado por el ICEX y que será inaugurado por la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, en el que cuarenta empresas mostrarán su potencial sobre todo en los sectores de tratamiento de aguas, energías renovables y construcción.

En los últimos años, la economía egipcia ha experimentando crecimientos anuales del 7% consolidando al país como la quinta economía del Norte de África y Oriente Medio tras Arabia Saudita, Turquía, Argelia e Israel. En el último año fiscal, que se cerró en junio de 2009, registró una meritoria tasa de crecimiento económico del 4,7%, por encima de las previsiones del Gobierno.

El Gobierno egipcio ha seguido una decidida política para incentivar y proteger la inversión extranjera. La publicación “Doing Business” del Grupo Banco Mundial, en su edición de 2010, situaba a Egipto por cuarto año consecutivo, entre los 10 primeros países del mundo que ha acometido reformas en favor de la inversión. De hecho, desde 2005, la cifra de IDE ha aumentado progresivamente, alcanzándose la cifra récord de 13.000 millones de dólares en el año fiscal 2007/2008.

Egipto es el tercer país más poblado de África, con un mercado de casi 80 millones de consumidores de los que alrededor del 20% tiene un poder adquisitivo medio o alto. Es además un trampolín hacia los demás países del área, gracias a los diversos acuerdos de libre cambio suscrito. A ello se une que forma parte de la Asociación Euro-mediterránea que persigue la consecución de un área de libre comercio de unos 800 millones de consumidores.

Otro factor que hace de este mercado una buena apuesta para la inversión son sus costes de producción, los más bajos de la cuenca Mediterránea. La mano de obra egipcia es altamente cualificada, a lo que se une que es uno de los países del mundo con mayor número de licenciados.

Es por tanto un mercado con gran atractivo para la inversión extranjera. Actualmente, el sector estrella es el de hidrocarburos, que acapara entre el 60 y el 75 por ciento del total de los flujos recibidos. Los sectores estratégicos en los que se están estableciendo las empresas extranjeras son las energías renovables, infraestructuras y transporte el agroalimentario, las TICs, el financiero, comercio minorista, textil y turismo.

Este país goza de unas condiciones excelentes para las energías renovables debido a su situación geoclimática, con grandes extensiones de terreno con un elevado número de horas de sol que hacen de Egipto un país muy apto para establecimiento de plantas de energía solar.

Asimismo, en la zona del Golfo de Suez, se dan las mejores condiciones del mundo para la generación de energía eólica, al ser la fuerza del viento moderada y constante. Un área en el que España es líder mundial.

PPP en infraestructuras y construcción

La reforma del sector público ha sido una de las apuestas del nuevo gobierno desde 2004. Existe un gran número de oportunidades se que presentan a los inversores a través de la venta de empresas públicas, tomas de participación o participación en joint-ventures con el sector público.

Desde 2004, el número de operaciones relacionadas con la privatización ha llegado a las 180, por un valor aproximado de 5.500 millones de €. La estrategia más reciente del Gobierno de Egipto para atraer la inversión privada y transferencia de know how al país ha sido lanzar proyectos de participación público-privada, fundamentalmente orientados a la construcción o regeneración de infraestructuras. La ley que regula los contratos PPP ha sido recientemente aprobada por el Parlamento egipcio y con ella se pretende privatizar la gestión de ciertas infraestructuras de transporte y sociales.

En concreto en el sector de tratamiento de aguas, existe un gran número de proyectos por ejecutar propuestos por el Gobierno egipcio en diversas localizaciones como Abu Rawash, Nahi, Alejandría, Helwan, Hurghada, Sinaí, en el Golfo de Suez o en New Cairo.

Otro objetivo del Gobierno es alcanzar los 18 millones de turistas anuales en 2015 -actualmente la cifra es de 12 millones-, habilitar más de 500 kilómetros de costas y construir y modernizar varios aeropuertos, lo que representa grandes oportunidades de negocio para los inversores españoles. Asimismo, para el año 2017 se pretende haber creado 315.000 plazas hoteleras.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es otro sector floreciente en Egipto con una fuerte demanda de productos y servicios. Las oportunidades de inversión más inmediatas son las referentes a public data (datos públicos) y servicios de Internet, redes locales inalámbricas, servicios de telefonía móvil y comercio electrónico (e-Egypt).

El sector agroalimentario egipcio, incluido el de procesado de alimentos, ocupa también un lugar destacado para los inversores. Este sector se concentra en el valle del Nilo con un rendimiento de sus tierras que está entre los más altos del mundo. Así, multinacionales de primer orden como Nestlé, Cadbury, Mars, Président producen en Egipto.

Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial España-Egipto

En este contexto tan propicio para el inversor español se celebra el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial España- Egipto que tendrá lugar los días12 y 13 de mayo en El Cairo y que será inaugurado por la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo. En él cuarenta empresas españolas se reunirán con más de 100 egipcias con el fin de llegar acuerdos de inversión y cooperación empresarial.

El objetivo principal de este foro es ayudar a identificar oportunidades de inversión y cooperación así como potenciales socios en el mercado egipcio. Para ello, las empresas españolas tendrán un contacto directo con las empresas locales que han mostrado interés en establecer alianzas estratégicas.

Informe sobre el stock de viviendas nuevas en 2009 presentado por la ministra de Vivienda

En la presentación de este informe, Beatriz Corredor ha destacado que «dado que se está vendiendo más vivienda de la que se termina, estimamos que el stock ya ha llegado a su nivel máximo y que a partir de ahora se irá reduciendo»

 
Madrid. El excedente de viviendas de obra nueva en 2009 aumentó un 12,1%, situando el stock en España en 688.044 viviendas, según se recoge en el Informe sobre el stock de viviendas nuevas en 2009 presentado hoy por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. La ministra ha explicado que «se trata de la menor subida de los últimos años, en los que el incremento siempre había sido superior al 40%. En concreto, el stock subió en 2008 un 48%, con la incorporación de 200.000 nuevas viviendas». Al hilo de estos datos, Corredor ha manifestado que «en 2009 el incremento del stock se ha desacelerado de manera acusada».

A la hora de valorar los datos de este informe, la ministra ha señalado que «dado que se está vendiendo más vivienda de la que se termina, estimamos que el stock ya ha llegado a su nivel máximo y que a partir de ahora se irá reduciendo». «No obstante -ha aclarado-, su desigual distribución geográfica hará que el ritmo de absorción no sea el mismo en todo el país».

Stock acumulado y variación interanual

Así, 17 provincias del litoral, incluidos los archipiélagos, concentran el 61%, mientras que en el interior, Madrid y sus provincias limítrofes suman el 13,9%.

Tres Comunidades Autónomas acumulan la mitad de todo el excedente nacional: Comunidad Valenciana, con 119.798 viviendas (17,4%), Andalucía, que tiene 114.147 viviendas nuevas en stock (16,6%) y Cataluña, con 107.240 viviendas (15,6%). En el polo opuesto, Cantabria, con 3.919 viviendas (0,6% del stock total); Extremadura, 5.207 viviendas (0,8%) y Navarra, 6.389 viviendas nuevas sin vender (0,9%), son las autonomías que registran un stock menor, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con 91 viviendas.

En el último año se han producido aumentos del stock de viviendas en todas las Comunidades Autónomas a excepción de Extremadura, donde se ha reducido un 29,9%, Navarra, (-18,5%) y Ceuta y Melilla, donde ha caído un 72,2%. Asimismo, nueve provincias han visto reducido el excedente de viviendas: Badajoz (-37,6%), Navarra (-18,5%), Zamora (-12,3%) Cáceres (-9,8%), Jaén (-4,5%), Guadalajara (-2,8%), Tarragona (-2,6%) Las Palmas (-1,4%) y Salamanca (-1,4%).

Si se toma en consideración el stock de viviendas por cada 100.000 habitantes, las provincias limítrofes a Madrid (Ávila, Toledo, Cuenca y Guadalajara), junto con el arco mediterráneo (Alicante, Almería, Castellón, Girona, Murcia y Tarragona) presentan un stock mayor. Por Comunidades Autónomas, la Rioja, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias son las que cuentan con un mayor número de viviendas nuevas sin vender por cada 100.000 habitantes.

El informe se completa con una estimación sobre el número de viviendas en construcción. Según el estudio, al finalizar el año pasado había en España 529.175 viviendas en construcción, de las que el 42% ya estaban vendidas. Beatriz Corredor, ha subrayado que «sólo se puede considerar stock las viviendas ya terminadas», y ha explicado que «a finales de 2009 había cien mil viviendas menos en construcción que al acabar 2008. Sin embargo, ha aumentado el porcentaje de ventas sobre plano, ya que el año anterior éste fue de un 39%».

La ministra ha destacado que «a este cambio de tendencia en la evolución y absorción del stock han contribuido las medidas adoptadas por el Gobierno, que ya están dando resultados». En este sentido, ha recordado las disposiciones transitorias del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para facilitar que una parte del excedente pase al mercado protegido, y que han permitido que el 20% de las viviendas calificadas en 2009 y primer trimestre de 2010 proceda del stock.

Asimismo, Corredor ha recordado que las medidas puestas en marcha para que parte de la sobreoferta de viviendas se destine al mercado del alquiler. En este ámbito, ha recordado que la Línea ICO Vivienda, que ha posibilitado que cerca de 11.000 viviendas se pongan en alquiler, y la mejora fiscal que el Gobierno ha introducido para el alquiler con opción a compra, a la que ahora se aplica el IVA reducido del 7%. Además, la Sociedad Pública de Alquiler ha firmado convenios con 220 promotores privados, que han puesto a su disposición cerca de 30.000 viviendas en toda España para que las gestione en alquiler o alquiler con opción a compra.

 

Hacia el pleno empleo: Con Zapatero, alcanzar los 5 millones de parados es un riesgo real

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió crear dos millones de empleos en la presente legislatura. Esta promesa suponía enfrentarse al grueso de las predicciones de los principales organismos económicos nacionales e internacionales, para los cuales España se encontraba en los inicios de una crisis económica todavía difícil de cuantificar. La promesa de Zapatero resultaba aún más grotesca por el momento en el que fue formulada, ya que en el último trimestre de 2007 la economía española empezó a destruir empleo en términos netos, con una caída en la ocupación de 33.700 personas, las primeras “bajas” de la crisis.

Hoy, con una perspectiva de más de dos años desde la promesa de Zapatero, se puede comprobar cómo la situación es radicalmente contraria a la que el ejercicio de voluntarismo del presidente pronosticaba. De hecho, el mercado de trabajo en estos dos años no ha dejado de dar malas noticias, al convertirse en el principal receptor de las consecuencias negativas de la crisis.

La última de estas malas noticias la hemos conocido muy recientemente, con la publicación de los datos del primer trimestre de 2010 de la Encuesta de Población Activa (EPA). La rocambolesca manera en la que se conocieron los datos con anticipación, por un fallo en la web del INE que permitió durante unas horas el acceso a los datos varios días antes de su publicación, al parecer evitó su “maquillaje” por parte del Gobierno, con la intención de edulcorar algunos de los resultados que la encuesta ponía de manifiesto.

La tasa de paro, cada vez más “socialista”

Y es que la EPA no manipulada del primer trimestre de 2010 ha sido un nuevo mazazo para el Gobierno de Zapatero, y precisamente durante la presidencia de turno de España de la Unión Europea. De acuerdo con estos datos, la tasa de paro en España ha vuelto a superar el umbral del 20%, hasta un nivel del 20,05%, contra las previsiones de Moncloa, que pretendía evitar que esto sucediese, al menos mientras España “lidere” (¿?) la UE este semestre. La superación de este umbral psicológico refleja con crudeza las dramáticas consecuencias para nuestro mercado de trabajo de un Gobierno entregado en materia laboral a una dulce inacción –mientras se pudo vivir de las rentas dejadas por el Gobierno de Aznar– en complicidad con los sindicatos. La tasa de paro por encima del 20%, que se traduce en una cifra ligeramente superior a los 4,6 millones de parados, es un nuevo varapalo a la cada vez más endeble y tambaleante credibilidad del presidente y su equipo, siempre que se asuma, con buena voluntad, que todavía les quedaba algo de “crédito”.

Y este último comentario no es trivial. El Gobierno carece de credibilidad en materia económica y laboral. Todos los españoles recordamos de qué manera el presidente Zapatero negó sistemáticamente la existencia de una crisis, una postura que llegó incluso a sostener en sede parlamentaria en julio de 2008, cuando ya la economía española sufría un crecimiento negativo del PIB. Todos los españoles recordamos cómo se insultó y se desprestigió a los que, con información solvente en las manos, alertaban de la crisis, a los que se llamó antipatriotas.

Y nadie puede olvidar cómo entre otros el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en enero de 2008 afirmó con rotundidad que “no llegaremos a los cuatro millones [de parados] de ninguna de las maneras y nos quedaremos muy por debajo”. Con estos antecedentes, resulta inquietante escuchar al secretario
de Estado de Economía, José Manuel Campa, quien ha afirmado, una vez conocidos los datos de la EPA del primer trimestre de 2010, que “se puede descartar que el número de parados pueda llegar a los 5 millones de personas”.

No es cuestión de polemizar sobre si se sobrepasarán o nos quedaremos a las puertas de los cinco millones de parados en los próximos trimestres. El hecho de contar ya con una cifra de paro récord en España, 4.612.700 personas, a unos pocos pasos de los cinco millones, ya es de por sí una pésima noticia y un “motivo para no creer” en Zapatero.

Un Zapatero que prometió la creación de dos millones de empleos en la presente legislatura y que, a día de hoy, ya cuenta con 2.008.100 empleos destruidos, justo lo contrario. Un Zapatero que prometió el pleno empleo, y que desde el momento de esa promesa hemos visto cómo el paro crecía de manera ininterrumpida a un ritmo de 3.340 parados al día durante los últimos dos años. De hecho, hoy el número de parados ha aumentado en 2.438.500 personas desde que Zapatero nos prometió el pleno empleo y la prosperidad.

Nunca en la historia posterior a la Guerra Civil la situación económica y laboral se había degradado tanto en tan poco tiempo. Es auténticamente inaudito en nuestra historia el mantenimiento durante dos años completos de una sangría de aumento del paro de más de 3.300 personas al día. Hasta hace pocos años, la posibilidad de que España pudiese llegar a los cinco millones de parados parecía un disparate. Hoy, lamentablemente, es una posibilidad real que hay que tener bien presente con importantes repercusiones en el ámbito social, económico y financiero.

Ése es el dramático balance que, en materia laboral, nos ofrece el presidente del Gobierno en lo que llevamos de legislatura: hemos pasado de estar a un paso del pleno empleo en España a acercarnos cada vez más al “pleno paro”. Con el nivel de desempleo que hemos alcanzado en el primer trimestre del presente año, la tasa de paro se consolida en niveles “socialistas”, por encima del 20%. Y éste es un buen momento para recordar con estupefacción la bravuconada de Zapatero, en abril de 2008, cuando se atrevió a afirmar rotundamente que la peor previsión de paro que su Gobierno podría tener sería mejor que la mejor que tuvo el Gobierno de Aznar.

Lo cierto es que Zapatero ha conseguido dejar en buen lugar al anterior presidente socialista, Felipe González, que cuando llegó al Gobierno se encontró con una tasa de paro del 16,61% y cuando dejó el Gobierno dicha tasa “sólo” estaba 6,3 puntos por encima (en el 22,91%). Nuestro actual presidente recogió una inmejorable herencia del Gobierno del Partido Popular, una tasa de paro del 11% –y es que durante los ocho años de gobierno de Aznar la tasa de paro se redujo a la mitad– y ha conseguido aumentarla en 9 puntos y volver a situarnos otra vez por encima del 20%.

La crisis del empleo en España ha sido social y económicamente catastrófica para todos, y muy especialmente para aquellos que han sufrido directamente en sus familias el azote del desempleo. Quizá una ironía de la dramática destrucción de empleo, que está afectando más a los hombres que a las mujeres, es que hoy la tasa de paro masculina en España (19,96%) es “prácticamente igual” a la femenina (20,16%): quizá ésa sea la política de igualdad del Gobierno socialista.

Los que también están notando que “igual da” buscar empleo que no hacerlo son los jóvenes, que con una tasa de paro por encima del 40% (40,9 se
gún la última EPA, prácticamente coincidente con el 41,2% que daba Eurostat en su último dato) se encuentran en una situación comparable a la de los peores momentos del Gobierno de Felipe González. Las dificultades en el empleo juvenil se están sintiendo en gran parte de Europa como consecuencia de la crisis económica, pero lo que en algunos países se puede calificar de situación complicada en España sólo merece el calificativo de drama. En estos momentos, con una tasa de paro del 41,2% entre los jóvenes menores de 25 años, estamos duplicando en nuestro país la tasa media de paro de los jóvenes en la UE27, que es del 20,6% y vemos en la distancia tasas como las de Alemania, donde los jóvenes sólo tienen en estos momentos un 10% de paro.

Y es que, pese a lo que se nos quiere hacer creer desde el Gobierno, la crisis económica no nos ha golpeado igual a todos los países, especialmente en el mercado de trabajo. Así, mientras que España ha experimentado una caída del PIB durante estos años de crisis algo menor al promedio de la caída en la UE, lo cierto es que las consecuencias negativas en el ámbito laboral han sido incomparablemente peores.

Así, cuando se compara la evolución de las tasas de paro en el inicio de la crisis con la situación actual se comprueba que en España se ha pasado de una tasa del 8% en septiembre de 2007, muy próxima a la tasa promedio de la UE (7%) y por debajo de la tasa de paro de países tan relevantes como Francia
(8,6%) o Alemania (8,1%), a una tasa que en estos momentos asciende al 20,1%, prácticamente duplicando la tasa media de la UE (9,6%), tras haberse incrementado 12 puntos. En el mismo periodo los principales países de la UE han experimentado con carácter general el impacto de la crisis en sus
tasas de paro, pero los aumentos de la misma han sido mucho más moderados, en el entorno de los dos puntos porcentuales. Y, por supuesto, es muy llamativo el caso de Alemania, donde en el periodo analizado la tasa de paro se ha reducido en ocho décimas.

¿Por qué es esto así? ¿Qué parte de este pésimo comportamiento diferencial es achacable a nuestro Gobierno? Una parte importante de la responsabilidad corresponde al Gobierno de Zapatero, dado que a sabiendas de la que se avecinaba –todos los organismos relevantes, tanto nacionales como internacionales, que realizan previsiones económicas vaticinaron la crisis, por lo que el Gobierno no puede utilizar como excusas el desconocimiento y la sorpresa respecto a lo que nos podía suceder– el Gobierno decidió no hacer nada, no hacer sonar las alarmas y negar sistemáticamente que nos fuéramos a ver afectados por la crisis, por un cálculo totalmente electoral, ya que estábamos a pocos meses de unas elecciones generales.

Lo que resulta inexplicable es que, una vez que han pasado dos años de las elecciones, el Gobierno, por diversas razones de tipo ideológico o de evitación de enfrentamientos con los sindicatos –cómplices silenciosos de la degradación del mercado laboral español y del aumento de 2,5 millones de parados–, sigue sin adoptar una serie de reformas estructurales y laborales muy obvias, que un clamor internacional exige.

Todas las reformas que Zapatero tiene pendientes –reforma energética, unidad de mercado, justicia, reforma laboral, por citar sólo algunas– llegarían ya tarde, con años de retraso. En materia laboral, una reforma valiente y a tiempo hubiera permitido salvar cientos de miles de empleos que se han destruido al carecer las empresas, por ejemplo, de mecanismos adecuados de flexibilidad interna para poder adaptar la actividad productiva a la situación coyuntural de la crisis. Este hecho, unido a los desincentivos a la contratación, ha destruido innecesariamente tejido productivo e incrementado el paro, y ha transformado así parte de los efectos coyunturales de la crisis en un pesado lastre para el futuro de la sociedad y la economía española.

La demagogia del Gobierno en este aspecto ha sido palmaria, ya que ha pasado de negar sistemáticamente la necesidad de una reforma laboral –recuérdese, por poner un único ejemplo, que hace menos de un año, en el verano de 2009, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó categóricamente que “no hay reforma laboral en la agenda del Gobierno”– y de despreciar públicamente a quienes defendían su necesidad, blandiendo el falaz argumento de que pedían el “despido libre”, a pretender ahora llegar a un acuerdo urgente con los agentes sociales, donde el contenido no es lo fundamental, con tal de poder decir públicamente que se ha hecho una reforma laboral.

¿Es que el Gobierno de verdad ha cambiado su punto de vista y ahora sí considera necesaria una reforma en profundidad de nuestro mercado de trabajo? ¿Es que cree que es vital para alejar de España el fantasma de los cinco millones de parados? Aunque llegase tarde, eso sí sería una buena noticia, ya que como dice un proverbio africano, “el mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora”. Sin embargo, ese cambio de mentalidad del Gobierno no está nada claro.

Es mucho más probable que la urgencia del Gobierno por contar con una reforma laboral sobre la mesa venga marcada por la necesidad de lanzar un mensaje internacional que pueda serenar a los mercados e inversores, el mensaje de que en España se hacen reformas. Pero no es fácil engañar al resto del
mundo, buenos conocedores de la autocomplacencia de Zapatero, de su tendencia a anteponer su ideología a las reformas necesarias para el bienestar del país que gobierna y conocedores de su pavor indisimulado a dar un paso que pueda acercar a los sindicatos a una convocatoria de huelga general.

Por si los pésimos datos de paro no fueran bastante, tampoco ayudan a dar confianza declaraciones como las del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, quien ha diferenciado de forma tajante los datos de empleo y paro de la EPA, publicados por el INE –organismo que depende de él mismo y que Campa califica de “independiente”– de los datos oficiales del paro registrado, publicados por el Ministerio de Trabajo, pudiendo así dar a entender que estos últimos, al “depender de un ministerio [sic]”, carecen de independencia.

A los mercados no se les puede engañar con reformitas timoratas y medidas improvisadas, y pese a que por activa y por pasiva últimamente se escucha que España no es Grecia, lo cierto es que la credibilidad del Gobierno de Zapatero está al nivel de la de los bonos basura.

Valentín Bote Álvarez-Carrasco, profesor de Teoría Económica (UAM).

Fuente: FAES

España es el segundo país de la Unión Europea por potencia eólica instalada

Madrid. En 2009 se instalaron en España 2.459,44MW eólicos, lo que supone el segundo mayor crecimiento interanual (+14,74%) desde que comenzara a operar este modelo de generación renovable en el mercado español. Casi el 78% de la potencia instalada el año pasado, según datos de la Asociación Empresarial Eólica, procedió de tres comunidades autónomas: Andalucía (1.077,46MW), que ha experimentado un crecimiento del 61,1%, Castilla y León (548,68MW), con un incremento del 16,5% y la Comunidad Valenciana (289,75MW), que ha logrado un avance del 41,6%.

Muchos de los nuevos parques eólicos incorporan algunos de los adelantos tecnológicos, como nuevos sistemas para mejorar la eficiencia y reducir el impacto sonoro de los aerogeneradores, que los profesionales del sector podrán conocer en GENERA 2010, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que se celebrará del 19 al 21 de mayo en Feria de Madrid

La entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones ha permitido a España situarse como el segundo país de la Unión Europea por potencia eólica instalada, tan sólo por detrás de Alemania, con un total de 19.148,80MW. De ellos, casi el 72% lo aportan cuatro regiones: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. La decidida apuesta de los castellano y leoneses por este modelo de generación renovable ha permitido a esta Comunidad Autónoma arrebatar el liderazgo por potencia acumulada a Castilla-La Mancha, mientras que gallegos y andaluces, a pesar del crecimiento de 2009, mantienen la tercera y la cuarta posición del ranking respectivamente. 

El caso español, un reflejo de la situación mundial

El crecimiento experimentado por este modelo de generación renovable en España ha sido un reflejo de lo ocurrido en todo el mundo. En 2009, la potencia eólica instalada creció un 31% (+37.500MW) hasta los 157.900MW, según datos del Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC, en sus siglas en inglés). En Europa, esta tecnología ha sido la que más ha crecido entre todos los sistemas de generación ‘verde’ con un incremento del 23% (+10.163MW) hasta los 74.767MW, según datos de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA, en sus siglas en inglés). Así, el 39% de toda la potencia instalada ha sido eólica, frente al 26% que ha aportado el gas y el 16% de la fotovoltaica. 

Ciñéndose al ámbito europeo, el protagonismo de España es absoluto, puesto que ha sido el país del Viejo Continente que más MW eólicos instaló el año pasado, incluso por delante de Alemania, el país líder en este tecnología en Europa. No obstante, según las previsiones que maneja la Asociación Empresarial Eólica, la creación del registro de pre-asignación supondrá una reducción de la potencia a instalar en 2010, hasta los 1.000MW.

Aún así, España continuará siendo uno de los referentes en el segmento eólico, donde las empresas españolas están reconocidas mundialmente como unas de las más avanzadas tanto técnica como tecnológicamente. Los visitantes que acudan a GENERA 2010,  Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, podrán conocer algunos de los desarrollos que la industria energética del viento ha realizado en el último año.

Bureau Baterías y Fotones y Domótica, aprovechando la ventana comercial que les ofrece el certamen, presentarán la última generación de equipos para mini-eólica: los Airdolphin. Estos aerogeneradores son compactos, ligeros y cuentan con una estructura de cuerpo sencillo sin tornillos. Con un peso de tan solo 17,5 Kg, el peso por vatio generado es solamente 17,5g.

Geónica, por su parte, mostrará durante la celebración del salón el sistema Noise Mapper, diseñado para medir y controlar el ruido ambiental o contaminación acústica generada en parques eólicos. La compañía Tecnología Eólica lanzará, con motivo de la celebración de GENERA 2010, su nueva línea de mantenimiento integral de instalaciones renovables, con la que realizará una labor preventiva y correctiva. Responde así a la necesidad de adelantarse a posibles paradas improductivas de un parque. De esta forma se consigue mejorar la eficiencia de la planta y se maximiza su rentabilidad.

 

 

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que ‘no queremos las basuras nucleares de ningún sitio’

Guadalajara. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, aseguró en Guadalajara que, tras el anuncio del Gobierno francés de trasladar al futuro ATC que se construya en España residuos nucleares con más carga nociva, “tenemos una razón más para decir que no queremos aquí las basuras nucleares de ningún sitio”. Según Rodríguez, “yo creo que esa es una razón más para decir no al ATC en Guadalajara, no a ese cementerio nuclear en Villar de Cañas, en Castilla-La Mancha”.

A preguntas de los periodistas momentos antes de la inauguración del V Congreso Internacional de Prensa y Periodismo Especializado, organizado por la Asociación de la Prensa de Guadalajara y la Universidad Complutense de Madrid, la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego reiteró el convencimiento de que Castilla-La Mancha “ya ha pagado suficiente peaje nuclear” y además, ahora, “tenemos la posibilidad de explotar otro tipo de energías, que sean energías limpias”, y que forman parte de un modelo de desarrollo sostenible.

Reiteró que la posición del Gobierno regional a este respecto sigue siendo clara e inamovible por tanto, “vamos a mantener la misma firmeza hasta que termine el proceso” confiando en que, tal y como ha dicho el Ministerio de Industria, allí donde no exista consenso ni político ni social no se instale el cementerio nuclear y “como aquí no hay consenso social, como no hay consenso político confiamos en que así sea”.