El Parlamento Europeo acaba de remitir al Gobierno español una notificación en la que requiere mayor información justificativa de la supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de préstamos convenidos para financiar viviendas de protección oficial (VPO), al existir la posibilidad de que infringiera normativa europea, según se discutió en sesión del Comité de Peticiones el pasado 18 de abril, en Bruselas.
Esta supresión fue realizada en el RDL 20/2012 Art. 35 y la Ley 4/2013 Disp. Adic. Segunda y ha afectado a más de 300.000 familias, que han tenido que asumir un sobrecoste de entre 90 y 300 euros más al mes por su préstamo hipotecario protegido.
La petición también incluye petición de información sobre la evolución de los tipos de interés de la vivienda protegida. Los tipos aplicables a las VPO, que son fijados por el Ministerio de Fomento a partir del indicador IRPH, han seguido unas tendencias por encima de los del mercado libre, caracterizado por la bajada del Euribor. Esto podría contravenir normativa europea sobre vivienda, de manera especial, por el rechazo de Bruselas a que se tome el IRPH como referencia para la vivienda protegida.
Asimismo, el Parlamento Europeo también se ha dirigido por carta a la Generalitat Valenciana para que investigue los impagos en las ayudas a la vivienda que, durante más de 6 años, afectaron a más de 60.000 familias. Se da la circunstancia que recientemente las Cortes Valencianas, en sesión del 20 de mayo de 2016, aprobaron una resolución similar para proceder al inicio de la investigación.
Con la información que reciba, la Comisión Europea dictará un nuevo informe que podría exigir al Gobierno de España la devolución de las ayudas a las 300.000 familias afectadas y un cambio a la baja en los tipos de interés que se están fijando para la vivienda protegida.
El requerimiento del Parlamento Europeo se deriva de la denuncia que los afectados llevaron, el pasado mes de abril, hasta la Comisión de Peticiones del Europarlamento.
Una reacción que vino provocada tras ver cómo una sentencia del Tribunal Constitucional, de noviembre de 2015, rechazaba el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista contra la segunda disposición adicional de la Ley 4/2013 que suprimía las prórrogas de las ayudas a la subsidiación de estos préstamos.
Aunque la sentencia permitía al Gobierno autoeximirse de prorrogar las ayudas que estaban reguladas en los planes de vivienda, dejaba un escenario jurídico confuso, con una amplia casuística de circunstancias arbitrarias.
