Estamos acostumbrados en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona, a que las ocupaciones ilegales de edificios tengan un componente político, protagonizado, en la mayoría de los casos, por colectivos de jóvenes que buscan canalizar su rebeldía social con el desarrollo de sus propios proyectos de autogestión social.
Ocupaciones que nada tienen que ver con las que, en los últimos meses, se están produciendo en muchas partes de España. Ni con la rebeldía ni con la autogestión. Se trata, lisa y llanamente, de necesidad imperiosa. La de padres de familias con hijos menores, sin apenas recursos económicos, y que no tienen dónde meterse.
A la Corrala Utopía de Sevilla, le han seguido otras iniciativas en Andalucía. La de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, se ha intensificado en las últimas semanas. Se inició hace seis meses con la ocupación, de manera espontánea y directa, por parte de parejas jóvenes, con niños la mayoría, de edificios que llevan tiempo abandonados por promotoras y constructoras. En este caso, se trataba de dos corralas.
Detrás de estas iniciativas desesperadas, un dato que responde a todas las interrogantes que se puedan plantear. En Sanlúcar, con una población de 67.000 habitantes, hay casi 13.000 personas sin empleo.
Entre los ocupantes, que están dispuestos a pagar un alquiler social, hay personas sin hogar, mujeres embarazadas, familias que han sido ya embargadas o desahuciadas, minusválidos y muchos niños, algunos muy pequeños.
Las viviendas ocupadas presentaban, inicialmente, un estado lamentable tras años de abandono por parte de la propiedad. En muchos casos, sin puertas, ventanas o tuberías. En varias corralas tienen un solo grifo en funcionamiento, la mayoría no tienen electricidad y se iluminan con velas. Parece una situación tercermundista, pero está pasando aquí.
Los ocupantes se han organizado a través de una plataforma de la que forman parte las corralas El Castillo, Higuereta, Bonanza, Jaramillo, Almendral y Pirrado. El próximo 31 de julio intervendrán en el Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar para exponer su situación.
Mientras tanto, y como ocurriera con la Corrala Utopía de Sevilla, estas ocupaciones han provocado un nuevo enfrentamiento entre PSOE e IU, los socios del Gobierno andaluz. Los socialistas han exigido a la Consejería de Fomento y Vivienda, con Elena Cortés, de IU, al frene, que asuma su responsabilidad en esta situación y aporte soluciones. Aunque, por otro lado, el propio Consistorio, gobernado por el PSOE, ha avisado a la Subdelegación de Gobierno para que intervenga.
