La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha firmado con los alcaldes de 13 municipios de Almería el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento creado por su departamento que ha supuesto la apertura de las oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios.
Con esta rúbrica de los ayuntamientos de Armuña de Almanzora, Bacares, Bédar, Cantoria, Fines, Fiñana, Los Gallardos, Gérgal, Lubrín, Paterna del Río, Pechina, Pulpí y Vélez Rubio ya son 24 los municipios de la provincia que brindan su apoyo a la iniciativa y 264 en el conjunto de la comunidad, lo que supone más de un tercio de ayuntamientos andaluces; además de las mancomunidades del Alto Guadalquivir y de la Sierra de Cádiz, la Diputación de Huelva y la FAMP.
Elena Cortés ha agradecido a este destacado número de municipios su “compromiso con el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que en su primer año de funcionamiento ha frenando más de 3.200 desahucios en Andalucía, 313 de ellos en Almería”.
“Este creciente bloque institucional andaluz", ha añadido la consejera, “pone de manifiesto que en Andalucía existe un convencimiento político de actuar de otra manera, evitando la resignación institucional y poniéndose de parte de quienes peor lo están pasando con la crisis". “Todas las administraciones debemos trabajar para resolver el grave drama de los desahucios y desde la Consejería de Fomento y Vivienda estamos volcando todos nuestros esfuerzos en conseguirlo”, ha subrayado.
“Las administraciones tenemos la obligación de forjar una alianza institucional contra los desahucios”, ha indicado, para añadir que “el Gobierno ha forzado la paralización de la Ley de Función Social de la Vivienda, que en tres meses en vigor ha permitido expropiar 39 viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, tres de ellas en la provincia de Almería”.
El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
