El polémico proyecto de la Cúpula de la Energía, en Soria, vuelve al primer plano una década después y tras 50 millones de euros gastados. En 2003, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, prometió en la capital soriana un parque temático del medio ambiente y desarrollo sostenible. Y se puso a ello.
En 2012 se iniciaron las obras, pero en 2013 se tuvieron que parar porque el Tribunal Superior de Justicia entendió que la licencia de obras se concedió sin informes pertinentes y sin la preceptiva tramitación de la licencia ambiental.
Se trata de un edificio diseñado por el estudio de arquitectos Tuñón y Mansilla, con un coste inicialmente previsto de 36 millones, situado en el Soto de Garray, un suelo no urbanizable especialmente protegido que fue recalificado y regulado por la Ley 6/2007 de la Ciudad del Medioambiente (CMA).
A finales del mes de Abril de 2013 las obras fueron paralizadas por decisión de la propia Junta de Castilla y León, con la excusa de priorizar la zona de polígono industrial, aunque la verdadera razón del parón estaba en la sentencia que días después dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anulaba la licencia de obras por superar el edificio una serie de volúmenes de edificación. Y, sobre todo, por la sentencia del Tribunal Constitucional, de diciembre de 2013, que declaraba Inconstitucional la Ciudad del Medioambiente, dejando sin soporte legal todo lo construido, incluido la Cúpula de la Energía. Volviendo los terrenos a la situación jurídica de suelo no urbanizable especialmente protegido.
Tras pedir un grupo ecologistas la demolición de las obras en ejecución de sentencia, la Junta de Castilla y León ha respondido con el inicio de un procedimiento administrativo para aprobar un nuevo proyecto urbanístico-industrial denominado Parque Empresarial del Medioambiente (PEMA) mediante un Decreto, y, paralelamente, pide a los tribunales para que les autoricen realizar obras de aseguramiento y terminación del edificio de la Cúpula.
O sea, que la propia administración municipal, que tiene la obligación de demoler una edificación ilegal, pide excepcionalmente que se autorice la finalización de la Cúpula de la Energía con fraudulentos argumentos.
Y lo pide a un Tribunal, que no puede dar esa autorización porque no es su competencia, con la esperanza que por error o descuido conceda una autorización judicial que no genere responsabilidades jurídicas.
