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Airbnb ofrece a Carmena buscar una norma de pisos turísticos que beneficie a todos

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Airbnb, la plataforma de alquiler vacacional ha escrito una carta abierta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la que se ofrece a trabajar con el Ayuntamiento en una normativa de pisos turísticos «que beneficie a todos y no solo a unas pocas empresas».

«En todo el mundo, Airbnb quiere ser un buen aliado de las ciudades. Hasta el momento, Airbnb ha trabajado con más de 500 gobiernos en leyes claras y simples para que los ciudadanos puedan compartir sus hogares, cumplir con la ley y pagar su parte justa de impuestos. Queremos hacer lo mismo en Madrid, y ayudar a distribuir los beneficios y promover un turismo sostenible», arranca la carta.

La misiva pone de manifiesto la opinión de la plataforma de que la nueva regulación propuesta por el Gobierno municipal «eliminará la posibilidad de que miles de familias en Madrid puedan beneficiarse del turismo, poniendo en riesgo casi 800 millones de euros de impacto económico, así como miles de puestos de trabajo».

Argumenta que «esta nueva regulación solo beneficiará a unas pocas grandes empresas, dejando a miles de familias y comunidades locales sin una fuente de ingresos clave», al tiempo que señala que «en Madrid, una media del 45% del gasto realizado por los viajeros va a los comercios y restaurantes de las zonas en la que se alojan los viajeros, lo cual demuestra que les gusta descubrir y disfrutar de nuevos lugares en los barrios donde se hospedan».

Tras apuntar que, para impulsar esta ley, el Ayuntamiento se ha basado en las preocupaciones sobre la ausencia de vivienda disponible, Airbnb asegura que se toma «muy en serio la preocupación por la vivienda, especialmente en ciudades como Madrid, donde la demanda supera a la oferta, pero la nueva normativa no solucionará ese problema». Y es que, según Airbnb, «el porcentaje de alojamientos turísticos en Madrid es demasiado pequeño para tener un impacto material en la vivienda».

«En Madrid, las viviendas enteras que se alquilaron por más de 90 noches en 2018 representan solo el 0,4% del total de viviendas en la ciudad, mientras que hay 153.100 casas vacías, que suponen el 10% del total de viviendas en Madrid (según los últimos datos publicados por el INE)», indica la plataforma.

Para Airbnb, «las causas de la crisis de la vivienda son amplias, diversas y complejas: casas vacías, escasez de nuevas construcciones, crecimiento de la población, falta de apoyo para la compra de la primera residencia…», y «la vivienda se está usando como cortina de humo, porque las soluciones son mucho más difíciles de aplicar».

«A los madrileños les encanta viajar, y Madrid es la ciudad española con más usuarios de la plataforma Airbnb. Madrid también es un destino popular para viajeros domésticos e internacionales, como los estadounidenses, que son el segundo mayor grupo tras los españoles», ha subrayado la plataforma.

Por otro lado, ha advertido de que la nueva regulación «choca con las actuales normas de la Comunidad de Madrid, creando inseguridad legal e indefensión para viajeros, empresas y trabajadores de este sector».

«Queremos trabajar con el Ayuntamiento una normativa de sentido común, que beneficie a todos y no solo a unas pocas empresas. Creemos que hay una manera mejor de avanzar y colaborar en leyes claras, a la vez que ayudamos a crear nuevas oportunidades económicas para todo el mundo en Madrid», concluye la carta.

El Supremo anula la declaración de Cádiz como zona de gran afluencia turística

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado, por ser contraria a derecho, la resolución de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, de 22 de julio de 2016, por la que se hace pública la declaración en el municipio de Cádiz de zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales.

La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirmó dicha resolución administrativa.

El tribunal considera que la petición del Ayuntamiento de Cádiz de las zona y periodos en los que va a regir la declaración de zona y periodos en los que va a regir la declaración de zona de gran afluencia turística y sus efectos de libertad de apertura de comercios, que se limita a una parte del casco antiguo, con exclusión de parte del mismo y de más de la mitad del término municipal, y a dos quincenas al año, «no contiene ninguna explicación o justificación efectiva y fundada en criterios objetivos, sobre la forma en que la indicada selección atiende y protege los intereses comerciales, turísticos y del consumidor».

Respecto a la limitación territorial, indica que obra en el expediente informe de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, de fecha 7 de julio de 2016 (folios 42 y 43), «que advierte que la delimitación propuesta se refiere a una parte del casco histórico, de la que quedan excluidas diversas zonas (parte de la Plaza de San Juan de Dios, la Avenida del Puerto, Plaza de España, Plaza de la Hispanidad, Barrio del Pópulo, zona del Palacio de Congresos y otras), sin que la resolución de declaración de zona de gran afluencia turística impugnada explique las razones de la exclusión de esas y otras zonas del municipio de Cádiz, basadas en la defensa de los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor».

Además, añade que el número de comercios que quedan excluidos de la declaración de zona de gran afluencia turística, por la limitación territorial efectuada, constituye un motivo más para la exigencia del cumplimiento de motivación efectiva que requiere la LHC, pues de acuerdo con el informe antes citado de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en el casco histórico de Cádiz existen 68 establecimientos de grandes cadenas de distribución y 21 comercios de más de 300 m2, pero en la delimitación solicitada las grandes cadenas ascienden a 24 y a 10 los comercios de más de 300 m2.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José María del Riego Valledor, explica que «tampoco se aprecia una motivación basada en los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor en relación con las limitaciones temporales que restringen a dos quincenas los efectos de la declaración de zona de gran afluencia turística, pues única razón que se expresa en el informe de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Cádiz que se acompaña a la propuesta, argumenta que dichas quincenas -la 1ª quincena de mayo y la 2ª quincena de septiembre- coinciden con una mayor afluencia de cruceros en el puerto, y si dicho dato es cierto, de acuerdo con la cifra de pasajeros de buques de crucero durante 2015 que proporciona la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (folio 11 del expediente), no se explica por qué la declaración no se extiende a la totalidad de dichos meses, ya que la información de que se dispone es mensual y no quincenal (61.776 pasajeros en mayo y 56.631 pasajeros en septiembre), o por qué no se incluyen otros meses con cifras de pasajeros próximas a las anteriores (como abril, con 55.310 pasajeros), u otros meses que sumados arrojan cifras similares (entre junio, julio y agosto superan los 100.000 pasajeros)».

«Las exigencias de motivación en los términos requeridos por el artículo 5.4 de la Ley de Horarios Comerciales, se hacen especialmente necesarias en un caso como el presente, en el que el establecimiento de restricciones se hace en unos términos tan amplios, especialmente en lo que se refiere al período de aplicación de la declaración, que queda limitada a 4 semanas al año, que convierten en la práctica en algo infrecuente o excepcional la regla general de libertad de horarios comerciales en las zonas declaradas de gran afluencia turística», concluye la Sala.

El II Congreso ITE+3R comienza en León con expertos en rehabilitación de toda España

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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de León, Antonio Silván, han presentado el II Congreso ITE+3R, de la Inspección Técnica de Edificios a la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que durante dos días reunirá en León a los mayores expertos en rehabilitación del país.

Más de 600 inscritos del mundo de la empresa, universidades, colegios profesionales y administraciones debatirán en estos días sobre todo lo relacionado con la rehabilitación y regeneración urbana. Paralelamente, el Congreso reúne a los directores generales de todas las comunidades autónomas para debatir la gestión del plan de vivienda y las ayudas al alquiler.

La principal novedad de este II Congreso ITE+3R, organizado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es la incorporación de la participación de los ciudadanos, las empresas y los agentes sociales como un valor imprescindible para gestionar las políticas de urbanismo y vivienda.

Prueba de ello son los contenidos sobre los que se articula el contenido de este II Congreso: ‘Edificios para todos’, ‘El usuario, protagonista de su edificio’, ‘La tecnología al servicio de las personas’, ‘El futuro de las ciudades’, ‘Gestión Ciudadana’, ‘Transformando barrios con los ARRUS’ y ‘Formación y Empleo’, contenidos que, a través de talleres y mesas redondas, sitúan a las personas como las auténticas protagonistas y destinatarias de la regeneración urbana y abordan cómo la gestión de los edificios debe facilitar la vida de los usuarios.

El II Congreso ITE+3R -continuación del celebrado en Burgos en mayo de 2018 que tuvo un gran repercusión entre los profesionales y las empresas del sector de la construcción- recupera un necesario foro de encuentro y reflexión tras los años de crisis y sitúa ahora en primer término el interés por la Inspección Técnica de Edificios, que se ha erigido como un elemento catalizador de actuaciones preventivas de mejora y mantenimiento de los edificios, velando por su seguridad, accesibilidad y eficiencia energética, ofreciendo revalorización a sus propietarios y garantía en las transacciones inmobiliarias.

Los talleres y mesas redondas profundizan en aspectos relacionados con la actualización del Código Técnico de la Edificación y su adaptación a la directiva europea de eficiencia energética de edificios hasta su aplicación a la rehabilitación, ahora orientada fundamentalmente al ciudadano.

Los agentes citados al Congreso discutirán otros aspectos de actualidad para el sector de la construcción, como la red de ciudades amigables, los sistemas de participación ciudadana, la transparencia e información a los ciudadanos o el empoderamiento de los ciudadanos en la gestión energética de los edificios, entre otros.

Además, el sector de la construcción tendrá una oportunidad, hasta ahora inédita en Castilla y León, para exponer los avances tecnológicos y la variedad de materiales y técnicas que se están desarrollando en torno a la rehabilitación, como nuevo foco de actividad del sector.

El Congreso incluye además una invitación a comprobar de primera mano los efectos de la rehabilitación urbana con una visita guiada a cargo de la Dirección Facultativa a las obras de la zona Oeste de León para conocer las actuaciones realizadas.

Paralelamente, este Congreso reúne también a todos los directores generales de las comunidades autónomas con competencias en la materia, con la finalidad de divulgar e intercambiar lo aprendido en otras jornadas similares y debatir la gestión del plan de vivienda y las ayudas al alquiler y a la rehabilitación.

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado el esfuerzo de la Administración General del Estado, los ayuntamientos y los particulares que han hecho posible la puesta en marcha de 90 áreas de regeneración urbana en la provincia.

Además, ha destacado la elección de León como sede de este II Congreso, se ha referido a la ciudad como la capital de la rehabilitación por su «experiencia extraordinaria» en esta materia y ha determinado que «debe ser foco, centro y faro» de la rehabilitación en Castilla y León y también en España.

La Fundación Laboral de la Construcción firma un acuerdo con Hispalyt 

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Ambas entidades han diseñado un curso específico de «Colocador de ladrillo cara vista y para revestir» que incorpora contenidos sobre las nuevas fachadas autoportantes sin puentes térmicos, de 120 horas de duración y eminentemente práctico.

La Fundación Laboral de la Construcción ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt), cuyo objetivo es actualizar las competencias profesionales en el montaje de nuevos sistemas cerámicos para edificios, a través de la formación.

El acto tuvo lugar ayer en la Sede madrileña de entidad paritaria. Los firmantes fueron el director general de la Fundación Laboral de la Construcción, Enrique Corral Álvarez, y la secretaria general de Hispalyt, Elena Santiago Monedero, quienes coincidieron en que con esta firma se «contribuirá a solucionar el problema que existe hoy en día de falta de mano de obra cualificada en el sector». Asimismo, «ofrecerá salidas laborales a muchos desempleados y se podrá dar respuesta a la creciente demanda de profesionales cualificados en el sector de la construcción», señaló Corral.

Para Elena Santiago, la firma de este acuerdo «redundará directamente en la mejora de la calidad de la construcción en nuestro país», ya que por un lado, «las viviendas con materiales cerámicos ofrecen el máximo confort al usuario final» y por otro lado, en estos cursos «se dará a conocer la correcta puesta en obra de los nuevos sistemas cerámicos de altas prestaciones, adaptados a las nuevas normativas sobre eficiencia energética y aislamiento acústico».

Ambas entidades se comprometen a trabajar conjuntamente para el diseño e impartición de acciones formativas, eminentemente prácticas, para mejorar la correcta puesta en obra de los materiales cerámicos de última generación que se encuentran actualmente en el mercado nacional del sector de la construcción.

Formación con compromiso de contratación

Ante la falta de mano de obra cualificada en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, que pusieron de manifiesto tanto las empresas asociadas a Hispalyt como las empresas instaladoras de materiales cerámicos, la asociación y la Fundación Laboral, decidieron poner en marcha una iniciativa de formación con compromiso de contratación dirigida a personas desempleadas con experiencia previa en el sector.

15 alumnos desempleados de Castilla-La Mancha han recibido la formación, bajo el título «Colocador de ladrillo cara vista y para revestir», de 120 horas de duración, enmarcada en un programa de formación para el empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Todos los alumnos finalizaron con éxito el curso y las empresas instaladoras de material cerámico han adquirido el compromiso de contratar a más de la mitad de ellos para poder hacer frente a las necesidades de estas empresas.

Se espera que esta experiencia pueda ser replicada en los diferentes Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción para conseguir dar respuesta a las necesidades de trabajadores cualificados en el sector.

La inversión en oficinas alcanza niveles precrisis en el mejor arranque del año en una década

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El volumen transaccionado en España en el mercado de oficinas en lo que va de año supera los 800 millones de euros, lo que supone más del doble que el primer trimestre completo de año pasado y un 80 % superior a la media registrada en ese periodo desde 2008. El magnífico arranque del año recoge el ritmo del mercado a cierre de 2018, cuando tras dos años de descenso de actividad, se alcanzaron 2.800 millones de euros, un 17% más que en 2017.

El 90 % de la inversión se ha concentrado en Madrid, donde las operaciones más voluminosas han sido la venta de una cartera de activos procedentes de Hispania por parte de Blackstone a Zurich y el portfolio de Autonomy adquirido por Starwood. Como ya ocurrió en 2018, el capital internacional continúa liderando el mercado de oficinas de la capital, con una participación del 60 % del volumen total, mientras que en la serie histórica apenas alcanzaban el 30 %.

En cuanto a zonas, Savills Aguirre Newman señala que la escasez de producto en prime y CBD ha continuado desviando la atención hacia el área urbana y hacia núcleos empresariales consolidados de la periferia cercana. El exterior de la M-30 registró en 2018 el 63 % del volumen transaccionado, cuando en la serie histórica apenas supera el 40 %. En lo que va de año, se mantiene la tendencia, si bien este año, tras varios ejercicios de escasez de producto, se prevé la rotación de activos en las zonas prime de Madrid y Barcelona.

Según la consultora, líder en el segmento oficinas, los inversores continúan interesados en el mercado inmobiliario de España. En la comparativa europea, el mercado español es uno de los que se muestra más fuertes en términos de confianza inversora, con la ventaja de situarse muy por debajo de los niveles medios de precios. La comparativa de capital values se sitúa un 12 % por debajo de la media europea en Madrid y un 39 % en Barcelona, y las rentas, en fase de crecimiento, un 20 % por debajo de la media europea en Madrid y un 36 % en Barcelona.

Navarra rehabilita casas municipales para vivienda de alquiler en municipios rurales

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La sociedad pública Nasuvinsa se ha propuesto extender al entorno rural las políticas de rehabilitación y promoción de vivienda de alquiler para responder a la demanda de la población local, fundamentalmente personas jóvenes.

El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, a través de Nasuvinsa, ha abierto una línea de trabajo para acometer la rehabilitación integral de edificios de titularidad municipal en el medio rural que estén en desuso y, por medio de convenios con sus ayuntamientos, promover en ellos vivienda de alquiler.

El vicepresidente de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, Miguel Laparra, y el mañana sendos convenios con los alcaldes de Auritz / Burguete, Jaurrieta y Ujué / Uxue, Luis de Potestad, José Ángel Cambra y Rubén Sánchez Remón, respectivamente, así como el presidente del concejo de Aurizberri / Espinal, Mikel Joseba Landabere, para poner en marcha las cuatro primeras intervenciones bajo esta fórmula.

Estos convenios contemplan la cesión por parte de las entidades locales de casas de titularidad municipal actualmente en desuso, su recuperación y rehabilitación a cargo de Nasuvinsa para promover en ellas viviendas de alquiler con una inversión de casi 1,5 millones de euros, la posterior gestión del arrendamiento protegido de estos pisos por la propia sociedad pública y, al cabo de entre 15 y 25 años, la recuperación de los edificios en favor de sus ayuntamientos, una vez amortizada la inversión.

Se trata de una fórmula que la sociedad Nasuvinsa prevé extender a otros municipios para dar respuesta a la demanda de vivienda en la población local y contribuir así a paliar el fenómeno del despoblamiento en el medio rural.

De esta manera, entidades locales de menor número de habitantes, especialmente afectadas por el fenómeno del despoblamiento rural y con una escasa capacidad de inversión ante la limitación de sus presupuestos municipales, pueden recuperar edificios en desuso, disponer de pisos de alquiler público en sus pueblos y hacerse además, en un futuro, con un parque municipal de vivienda en edificios revalorizados por su rehabilitación.

Proyectos de entre 270.000 y 450.000 euros

Concretamente, tras las cuatro intervenciones de Nasuvinsa contempladas en estos convenios, los municipios pirenaicos de Burguete, Espinal y Jaurrieta, con sendas inversiones de la sociedad pública de 450.000 euros en las dos primeras localidades y de 300.000 en la tercera, dispondrán de cuatro viviendas en cada uno de los edificios que se ceden. Por su parte, en el inmueble de Ujué la sociedad pública invertirá 270.000 euros para obtener 5 viviendas. La inversión pública total asciende a 1.470.000 euros.

Los proyectos arquitectónicos se encuentran ya redactados -por parte de los respectivos ayuntamientos en el caso de Ujué y Jaurrieta y directamente por los equipos Nasuvinsa en Burguete y Espinal- y la licitación de las obras será publicada en el portal de contratación del Gobierno foral la próxima semana, con la previsión de que la ejecución de las cuatro rehabilitaciones esté finalizada para después del verano.

Los proyectos de reforma y envolventes térmicas de estos cuatro edificios se realizarán conforme a altos estándares de eficiencia energética, concretamente con certificación EnerPHit, el sello acuñado por el Instituto Passivhaus para proyectos de rehabilitación, un factor que cobra especial relevancia en localidades del Pirineo que en invierno registran las temperaturas más bajas de la Comunidad Foral.

Respuesta ante el despoblamiento rural

En todos los casos, se trata de viviendas de dos habitaciones, idóneas para poder ofrecer alquiler a personas jóvenes de las respectivas zonas.

La promoción de vivienda de alquiler asequible -ya sea de nueva construcción en localidades como Bera, Irurita y Garralda o en edificios públicos rehabilitados-, el desarrollo de suelo y actividad industrial en pequeños polígonos y las estrategias de desarrollo territorial sostenible que impulsa la agencia Lursarea para impulsar la creación de empleo en el medio rural constituyen las tres principales líneas de actuación que ha emprendido Nasuvinsa para responder al reto demográfico y hacer frente al proceso de despoblamiento que se viene viviendo durante las últimas décadas en determinadas comarcas de la Comunidad Foral.

El impulso a las estrategias de rehabilitación de edificios y regeneración de barrios y entornos rurales es otra de las prioridades de las políticas de vivienda que está desarrollando Nasuvinsa.

De hecho, a los cuatro convenios firmados hoy para rehabilitar edificios de patrimonio municipal les ha precedido la pasada semana el anuncio de una inversión de 5,1 millones de euros para reformar 87 viviendas del parque público de alquiler y la sociedad pública acaba de licitar también las obras de recuperación del hospital viejo de Estella para promover 14 viviendas de alquiler, con un presupuesto de otros 700.000 euros.

Estas últimas actuaciones en el patrimonio inmobiliario público se suman a otras anteriores como la intervención iniciada en un edificio de la calle Compañía en el Casco Viejo de Pamplona para sacar cuatro viviendas de alquiler joven o los proyectos ya en ejecución para recuperar las antiguas casas de camineros en Sangüesa / Zangoza, Roncal / Erronkari y Oronoz-Mugaire.

Paralelamente, en el parque privado de vivienda, Nasuvinsa acaba de activar el proyecto europeo SustaiNAVility para replicar el modelo de rehabilitación energética y regeneración urbana que se está ejecutando en más de un millar de viviendas del barrio pamplonés de la Txantrea e impulsar Proyectos de Intervención Global similares en cinco municipios de la Comarca de Pamplona -Barañáin / Barañain, Zizur Mayor / Zizur Nagusia, Ansoáin / Antsoain, Villava / Atarrabia y Noáin- cuyos ámbitos superan en su conjunto las 4.000 viviendas.

Andalucía vende una parcela en Jerez para construir 103 viviendas libres

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La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ha conseguido enajenar una parcela residencial en Jerez de la Frontera, en Cádiz, adjudicada en 1,82 millones de euros, en la primera oferta celebrada durante el ejercicio 2019 año para la venta de bienes inmuebles de titularidad de dicho organismo público dependiente de la Consejería.

La primera de las convocatorias de venta de suelos que tiene previstas AVRA en el presente año se publicó el pasado 25 de enero y ha sido resuelta con un notable registro de propuestas, que ha deparado la adjudicación de la parcela residencial de Jerez de la Frontera.

El solar se ubica en el ámbito conocido como Puerta Sur, y consta de una superficie de 5.990 metros cuadrados y capacidad para 103 viviendas de precio libre, que se distribuirán en varios edificios de cuatro alturas. La parcela se ha adjudicado en un precio de 1,82 millones de euros.

Una vez resuelta esta oferta pública, en la que no se ha adjudicado ningún suelo para vivienda protegida, AVRA prepara ya la siguiente convocatoria.

Con ello, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio pretende poner a disposición del empresariado todo el potencial inmobiliario de que dispone la Agencia, con el fin de impulsar la construcción de viviendas y el desarrollo de nuevas industrias o el crecimiento de las ya existentes, en aquellos territorios donde la Junta de Andalucía dispone de suelos ya desarrollados.

Canarias negocia con los ayuntamientos la cesión de suelo municipal para edificar vivienda

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Los municipios de Granadilla de Abona y La Matanza de Acentejo se han sumado al llamamiento del Gobierno de Canarias, realizado a través del Instituto Canario de la Vivienda, para que los ayuntamientos cedan de suelo de propiedad municipal con el fin de acometer la construcción de nuevas promociones de viviendas destinadas a las familias más vulnerables.

«Es imprescindible la colaboración de las administraciones locales para poner a disposición de suelos que puedan favorecer la materialización del programa de incremento del parque público de vivienda, con el fin de poder atender a los demandantes de vivienda de promoción pública en régimen de alquiler», señala la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León.

Precisamente, con el fin de abordar la cesión de suelo así como otras iniciativas en materia de vivienda, de León celebró sendas reuniones de trabajo con los alcaldes de los municipios de Granadilla, José Domingo Regalado, y de La Matanza de Acentejo, Ignacio Rodríguez.

El alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado, manifestó que cederá las parcelas que sean necesarias para la construcción de viviendas de promoción pública que vayan destinadas a las familias con menos recursos, al igual que solicita la compra de inmuebles ya construidos en Granadilla de Abona, por parte del Gobierno de Canarias, para que se puedan poner en un régimen de alquiler social.

Por su parte, el alcalde de La Matanza, Ignacio Rodríguez, solicitó que el Instituto ejecuté un proyecto de reforma exterior e interior de los grupos de viviendas sociales de Benavides y Guía, de manera que se frene y corrija el deterioro que experimentan las mismas provocado por el paso del tiempo. Así mismo se abordó el destinar más recursos a los programas de mejora de la vivienda rural y a que se vuelva a apostar por el modelo de autoconstrucción en el Plan Canario de Vivienda 2019-2022.

En estos encuentros, de León explicó a los mandatarios municipales que uno de los programas de acción incluidos en el nuevo Plan Canario de Vivienda 2019/2022, es impulsar la edificación de promociones de vivienda pública del parque público para atender a las familias más vulnerables, «para lo que resulta indispensable la colaboración de las corporaciones locales que son los propietarios de suelo en sus municipios».

«La realidad es que la demanda de vivienda de promoción pública que presenta nuestra comunidad es muy importante, por lo que este Gobierno dentro de su política de vivienda, quiere dar prioridad a esta línea de construcción de viviendas, con el fin de atender lo antes posibles las necesidades de las familias canarias y facilitar el acceso de las mismas a una vivienda pública», aclaró de León.

Con este fin, el Instituto remitió un escrito a los municipios con el fin de acordar la cesión de suelo para la redacción de proyectos y la ejecución de obras al objeto de incrementar el parque público de viviendas y, así, garantizar el acceso a la vivienda de toda la población.

Esta línea se actuación se suman a otras impulsadas por el Ejecutivo canario, como es la adquisición de aproximadamente 180 viviendas en los municipios de mayor presión para atender situaciones de emergencia habitacional, para lo que se cuenta con una partida de 11,6 millones de euros.

Además, el Instituto Canario de la Vivienda ha puesto en marcha promociones de viviendas en redacción y/o construcción en los municipios de El Paso (ya en fase de construcción), Valverde (ya en fase de construcción), Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Puerto de El Rosario y San Bartolomé de Tirajana, que supone la construcción de unas 675 nuevas viviendas.

Igualmente, se les ha propuesto a los promotores de viviendas suelo, propiedad de Visocan, para llevar a cabo nuevas promociones de viviendas, lo que implicará contar 1.000 viviendas públicas más.

Galicia informará sobre cómo gestionar los residuos de la construcción a empresas y técnicos municipales

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La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda organizará en los meses de marzo y abril siete jornadas informativas sobre la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) dirigidas a técnicos municipales implicados en el proceso de tratamiento de estos residuos, responsables y técnicos de empresas relacionados con el sector constructivo así como autónomos o emprendedores del mismo ámbito y, en general, cualquier colectivo que esté interesado en la gestión de este tipo de residuos.

La primera de las jornadas se celebró en el Centro de Innovación y Servicios de Galicia, en Ferrol, y se enmarca dentro de las acciones formativas y de trabajo que contempla el Plan de Residuos Industriales de Galicia (PRIGA), aprobado en 2016 como una herramienta de planificación en materia de prevención y gestión de los residuos de origen industrial.

Con este tipo de eventos, el objetivo de la Consellería de Medio Ambiente es acercar y dar a conocer las competencias que tienen los ayuntamientos en materia de gestión de RCD e informar a los diferentes agentes implicados en el proceso sobre cuáles son sus funciones y responsabilidades, así como sobre el marco legislativo aplicable y lo que se consideran buenas prácticas.

La jornada comenzó con una breve explicación sobre los objetivos generales del PRIGA y las principales actuaciones y medidas que en él se recogen con relación al tratamiento de los RCD, un tipo de residuo industrial que abarca aquellos originados en la ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o reparación, así como los derivados de operaciones de desmontaje, desmantelamiento o derribo de edificios y otras instalaciones.

El programa también incluyó un repaso por la situación actual de la gestión de los residuos de construcción y demolición y su evolución en los últimos años, atendiendo a los aspectos legales de la misma y analizando las competencias que tiene cada uno de los agentes implicados en el proceso y, particularmente, el papel de los ayuntamientos.

Asimismo, gran parte de la jornada tuvo un carácter eminentemente práctico, con la inclusión de un taller participativo en el que los asistentes intercambiaron impresiones sobre las necesidades actuales en la gestión de los RCD y abordaron aspectos tales como el establecimiento de una ordenanza genérica, las plantas móviles de tratamiento o la fiscalidad que se aplica en la gestión de estos residuos.

Por último, la sesión finalizó con la intervención de dos ponentes -un representante de la Asociación de Recicladores de Construcción y Demolición (Arcodega) y otro, de una de las constructoras más representativas de la ciudad- que expusieron su experiencia particular y contaron que medidas de prevención para reducir la generación de estos residuos se están adoptando por parte del sector así como las principales problemáticas a las que se enfrentan.

LAR ESPAÑA lanza un programa de recompra de acciones por un máximo del 5% del capital social

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El consejo de administración de LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI S.A. (LRE), sociedad cotizada de inversión inmobiliaria, ha aprobado lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones propias hasta un volumen máximo equivalente al 5% del capital de la Socimi. El objetivo de esta medida es continuar fortaleciendo el rendimiento de la inversión para sus accionistas.

Este programa de recompra de acciones tendrá una duración de nueve meses. El número máximo de títulos a amortizar es de 4,66 millones. El importe máximo del programa alcanzará los 42 millones de euros. Asimismo, Lar España ha manifestado que continuará con su política de dividendo ordinario en el entorno del 5% del valor neto medio de sus activos.

Esta es la segunda ocasión en que Lar España decide realizar una reducción de su capital social con el objetivo de mejorar el retorno a sus accionistas. El 28 de febrero de este mismo año completó su primer programa, que alcanzó el 3,31% del capital social, con un número de acciones de 3.031.141, todas ellas para ser amortizadas.

Este año, Lar España propondrá en su Junta General el mayor dividendo de la historia de la Socimi. La buena marcha operativa y la venta de las viviendas de la promoción de lujo construidas en Lagasca 99 permiten a la sociedad incrementar el dividendo a sus accionistas, desde los 0,49 euros de 2017, hasta 0,80 euros en 2018, lo que supone un aumento del 63,2 % en el año.

LAR ESPAÑA REAL ESTATE cuenta actualmente con 17 activos inmobiliarios cuyo valor alcanza los 1.499 millones de euros, de los que 1.376 millones corresponden a centros comerciales, situados en Madrid, Toledo, Baleares, La Rioja, Vigo, Valencia, Alicante, Lugo, León, Vizcaya, Guipúzcoa, Palencia, Albacete y Barcelona; 39 millones al edificio de oficinas de Eloy Gonzalo en Madrid y 84 millones a la promoción residencial Lagasca99.

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