El Gobierno de Canarias y las patronales de la construcción de ambas provincias se reunieron esta semana para impulsar una fórmula público-privada que permita poner en el mercado un número importante de viviendas protegidas en un corto plazo de tiempo.

En el encuentro, el Instituto Canario de Vivienda, la empresa pública Visocan y las patronales de la construcción se comprometieron a buscar el marco jurídico que permita activar de manera prioritaria suelos de la empresa pública y de promotores privados. Esta iniciativa, que será complementaria al Plan de Vivienda de Canarias, servirá para atender una parte importante de la demanda de vivienda existente.

Ambas partes analizan ya los suelos disponibles, además de su ubicación y posibilidades de edificación, con el objetivo de poner sobre la mesa una propuesta lo antes posible que contemple, además, mecanismos de explotación y compensaciones a los empresarios que participen en estos proyectos, para la construcción de viviendas protegidas de régimen especial en venta y en arrendamiento.

Las viviendas que se construyan deberán localizarse en mayor medida en las zonas de más demanda de vivienda pública , que en la actualidad se localiza en las áreas metropolitanas de Las Palmas-Telde y Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, en Lanzarote (especialmente en Arrecife), Fuerteventura (Corralejo y Puerto del Rosario) y los sures de las islas capitalinas.

La directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León, explicó que la colaboración entre ambos sectores es fundamental para incidir en el mercado de vivienda del Archipiélago.

«Por un lado, con un acuerdo así logramos poner viviendas en el mercado en poco tiempo, usando recursos que ya existen, como son los suelos de que dispone Visocan, que ya cuentan con proyectos, y los que son propiedad de los promotores y no han sido edificados o se quedaron inconclusos por la crisis; por otro, al intervenir en el mercado inmobiliario generando más inmuebles protegidos influimos, de forma indirecta pero efectiva, en el precio de la vivienda libre en Canarias, promoviendo su caída», explicó.

La demanda de vivienda se divide en tres franjas. Primero está la población en situación de vulnerabilidad, que es la destinataria de las viviendas del parque público en régimen de alquiler con ayuda, que financia íntegramente el Gobierno de Canarias. Luego, la población que cuenta con mejores condiciones económicas pero, aún así, no puede acceder a la vivienda en el mercado libre, que son los destinatarios de las políticas públicas que hacen posible la existencia de viviendas protegidas a precios de renta y venta asequibles mediante ayudas públicas a la adquisición de suelo, promoción de VPO, ayudas a la compraventas y ayudas al alquiler, entre otras medidas; y el resto, que dispone de los recursos necesarios para pagar un alquiler o comprarse una vivienda sin intervención pública.

La responsable del área precisó que esta colaboración público-privada se realizará con todas las garantías de concurrencia, es decir, siempre a través de concurso público. En estos momentos, Visocan calcula que cuenta con suelos con proyecto para alrededor de 500 viviendas. A este número habría que sumar la disponibilidad de los promotores, que también se estima importante.

Salud Gil, por su parte, mostró su satisfacción con la posibilidad de actuar de manera conjunta. «Es importante que esta actuación sea complementaria al plan de Vivienda de Canarias, de manera que podamos trabajar a dos velocidades», precisó.

Óscar Izquierdo también manifestó su apoyo a la iniciativa y a que el sector público y privado puedan trabajar conjuntamente y mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan acceder a una vivienda. «Redundará en beneficio de ambas partes», dijo.

El Consejo de Gobierno envió hace unas semanas el Plan de Vivienda de Canarias al Consejo Económico y Social (CES), una hoja de ruta que, una vez incorporadas las aportaciones hechas en este último trámite administrativo, marcará la política en la materia durante los próximos cuatro años.

El documento, con una ficha financiera de más de 246 millones de euros para construir alrededor de 4.000 viviendas, cuenta con un total de 14 programas, de los que dos están dirigidos a los constructores o promotores de vivienda:

El programa para la adquisición y urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida. Consistirá en el otorgamiento de subvenciones tanto a la adquisición como al desarrollo del suelo para la construcción de viviendas protegidas exigiendo su inmediata edificación, siempre cumpliendo con los requisitos relativos a superficie útil máxima, precio de venta por metro cuadrado de superficie útil, niveles de ingresos de los adquirentes y período mínimo de calificación de las viviendas, que se establecerán en el correspondiente decreto que regule las medidas del Plan de Vivienda.

El programa de ayudas para el fomento de la promoción de VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento y compraventa. Tendrá por objeto el fomento de la construcción de vivienda protegida de promoción privada en régimen de arrendamiento y/o compraventa para incentivar la incorporación al mercado inmobiliario de viviendas a precios de venta y renta asequibles.

Asimismo, existe un programa destinado a impulsar el retorno al mercado de vivienda vacía. Se trata de un programa financiado exclusivamente con fondos autonómicos y que se divide en dos tipos de medidas: una ayuda económica directa para la puesta en arrendamiento de la vivienda, además de contar con un seguro multirriesgo y otro seguro en caso de impago de las cuotas; y una ayuda para la rehabilitación del inmueble, si fuera necesario.