La patronal CEOE entiende que la vivienda ha adquirido un espacio de mayor relevancia no solo en la agenda política, sino también en la esfera social. Por eso, como recoge en un reciente informe, cree que es importante mantener activo este debate y que las políticas de vivienda ocupen una verdadera dimensión de estado.

De ahí que apoye el carácter prioritario que se quiere dar a la vivienda y, en especial, considera de enorme interés que se proceda a la aprobación de una normativa de ámbito estatal, con rango de Ley, que regule la vivienda.

El documento apunta que la vivienda requiere contar con una normativa que aporte mayor claridad y certidumbre a todos los actores intervinientes en el mercado.

Primero, porque el derecho a la vivienda, contemplado en la Constitución, necesita de una protección especial por parte de las administraciones.

Segundo, porque la vivienda tiene un importante peso en la economía española, toda vez que la política de vivienda va ligada a industrias de enorme importancia para España. En el año 2018, la inversión en vivienda se ha situado alrededor de los 68.000 millones de euros, concentrando el 26,4% del total de la inversión realizada en nuestro país, y cuya cuantía equivale al 5,6% del PIB.

Aunque tras la notable crisis que ha vivido el sector, estos valores están alejados de los máximos alcanzados entre los años 2006 y 2007, donde la inversión en vivienda superó los 120.000 millones de euros anuales, en el momento actual muestra un notable dinamismo con crecimientos nominales superiores al 11% desde el año 2016, más del doble que el conjunto de la economía.

Además, la construcción de viviendas junto con otras actividades de construcción especializadas, también muy vinculadas a la vivienda, conforman la mayor parte del sector de la construcción, en el que trabajan más de 1,2 millones de ocupados, lo que supone el 6,3% del total del empleo en España, según datos de la EPA relativos al 2018.

Por todo ello, la CEOE recoge una serie de propuestas a poner en marcha, tanto de manera general, como de manera particular en materia de alquiler.

Propuestas generales

1. Reactivar la producción de vivienda en España. La patronal cree que la construcción de obra nueva no debe estar condicionada por la existencia de stock de viviendas sin vender (que es desigual), sino que debería determinarse en función de la necesidad de creación de hogares.

2. El acceso a la vivienda es una ‘crisis’. El acceso a la vivienda cada vez está más difícil, sobre todo para los hogares de rentas medias y los jóvenes, acarreando graves consecuencias sociales, y la CEOE ya habla de crisis. Sostiene que es algo común en toda Europa, pero que en España necesita una clara respuesta ante la creciente demanda de viviendas sociales y la reducción de la oferta,

3. Priorizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, junto a la necesaria protección del derecho constitucional a la propiedad privada. Los empresarios son muy directos en este tema: el derecho a la vivienda digna no puede menoscavar el de la propiedad privada. En este sentido, recalca que «no se comparten cualesquiera medidas de naturaleza expropiatoria, de control de precios o relativas a la imposición de sanciones a viviendas vacías».

4. Reducir los costes de producción de la vivienda. Según la patronal, este debe ser un objetivo primordial tanto para los principales agentes del sector como para la Administración Pública. «Se debe trabajar por mejorar los procedimientos administrativos e incorporar la industrialización en el proceso constructivo para situar en el mercado viviendas con calidad, eficientes energéticamente, pero a precios a los que la demanda pueda acceder. Se debe priorizar, por tanto, resolver las actuales dificultades de producir vivienda de nueva construcción a precio asequible y fomentar políticas que aumenten la productividad del sector inmobiliario». Entre otras cosas, considera necesario que existan colaboraciones y trabajos conjuntos entre el sector privado y el público.

5. Poner en carga todo el suelo destinado a vivienda social, retenido en manos de las distintas Administraciones Públicas. En este sentido, pide al sector público que haga «un inventario de su suelo destinado a vivienda social disponible, procediéndose a su desbloqueo». También aclara que «en los concursos para la enajenación de este tipo de suelo se debe procurar que los pliegos contemplen igualdad de oportunidades entre cooperativas y promotores privados. Sin embargo, para los concursos de derechos de superficie, cesión de uso o similares, en los que la Administración mantiene la titularidad del suelo, cuyo destino sea el alquiler, podrán licitarlos únicamente promotores privados, por ser la naturaleza de las cooperativas la venta y no el alquiler».

6. Armonizar, simplificar y flexibilizar las normas urbanísticas. Por ejemplo, los empresarios proponen reducir las cargas administrativas ligadas a la construcción de viviendas, agilizar los plazos de concesión de licencias.

7. Impulsar la declaración responsable. La CEOE apuesta por sustituir la licencia de primera ocupación por la de declaración responsable, «toda vez que los retrasos en las concesiones de estas licencias son los más gravosos y los que más incrementan los costes de producción de las viviendas».

8. Incrementar la dotación presupuestaria para la promoción de vivienda protegida.

9. Incrementar el Precio Básico Nacional, para ajustar los precios a los costes de construcción actuales.

10. Unificar en un marco general las Leyes del Suelo nacional y autonómicas. ¿El objetivo? Que se establezcan las grandes líneas urbanísticas y se fijen los criterios generales, evitando que exista disparidad en los desarrollos normativos que se hagan.

11. Promover la formación de mano de obra para la construcción. Los empresarios aseguran que hay escasez de mano de obra, lo que provoca un «encarecimiento de costes que redunda en una vivienda más cara».

12. Eliminar la subjetividad e incertidumbre en la normativa y en los criterios interpretativos de la misma en la edificación. Esto afectaría tanto a la ejecución de obra nueva, como a la rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios.

13. Eliminar la actual rigidez del sistema de calificación y de usos. La CEOE pide a la Aministración que cuente con la participación del sector empresarial en los procesos de revisión de la normativa para reducir los obstáculos y las trabas burocráticas a las instalaciones, modificaciones o ampliaciones de negocio de las empresas ya existentes.

14. Fomentar la integración y simultaneidad de usos urbanísticos, «aprovechando las sinergias que se producen entre los mismos, resultando beneficioso tanto para la actividad económica como socialmente», aclaran los empresarios.

15. Reducir la fiscalidad sobre la vivienda. Del precio total que una familia paga por una vivienda, un 25% son cargas tributarias. Y, teniendo en cuenta que es un «bien de primera necesidad, resulta imprescindible su reducción». También exige que se apliquen bonificaciones fiscalaes ligadas a la calificación energética de los edificios y una reducción del IVA para las rehabilitaciones de viviendas que realizan los particulares.

También propone que las ayudas y subvenciones no tributen como incremento patrimonial, «dado que esto desincentiva la inversión», y recomienda la posibilidad de dar un tratamiento especial en materia de impuestos a los casos de reformas en viviendas adquiridas como consecuencia de una herencia.

16. Modificar el IVA en las operaciones de cesión de uso/derecho de superficie de suelos para la construcción de vivienda protegida. En este sentido, recomienda asimilar la transmisión del derecho de superficie a una entrega de bienes y no a una prestación de servicios.

17. Crear un marco jurídico estable que viabilice la financiación hipotecaria, así como la seguridad jurídica en el urbanismo.

18. Promover una mayor profesionalización de los agentes inmobiliarios. La fórmula propuesta es aprobar una Ley estatal que habilite e impulse la creación de Registros de Agentes Inmobiliarios obligatorios por parte de las Comunidades Autónomas. No obstante, esta medida no afectaría a los promotores y sus empleados.

19. Los Administradores de Fincas deben tener seguros. La CEOE cree que, en su condición de responsables de la gestión del principal patrimonio de la población, deben estar obligados a disponer de seguros que cubran su responsabilidad frente a sus clientes.

20. Modificar los parámetros de limitación de viviendas por habitantes. Los empresarios sostienen que «los parámetros de densidad clásicos ya no son válidos en la coyuntura actual. Tampoco se ajustan a las actuales exigencias técnicas que tienden a la eficiencia energética. En su opinión, la superficie construida debería evolucionar hacia la superficie útil habitable.

21. Fomentar la rehabilitación y regeneración urbana de todo el parque de viviendas. En este sentido, recomienda adoptar una política integral en materia de reforma y rehabilitación y urge a la Administración a facilitar este tipo de actuaciones, teniendo en cuenta que puede ayudar a reducir la contaminación y el consumo energético.

22. Aprobar una ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico.

23. Potenciar los Ejes Terciarios de las ciudades, aumentando su número y desarrollo. El objetivo es que «permitan la mejora de la actividad económica y sirvan como ejes vertebradores de la ciudad entre las distintas zonas diferenciadas demográfica y socialmente».

24. Tomar en consideración las normativas del comité técnico de normalización en materia de ciudad y edificio inteligentes (CTN 178 de UNE). Pide poner un énfasis especial en los edificios singulares de las infraestructuras (intercambiadores de transportes, centros comerciales, etc.), así como en los edificios de uso residencial.

Propuestas en materia de alquiler

25. Incrementar el parque de vivienda en alquiler, ámbito en el que la iniciativa privada adquiere un papel principal.

26. Incentivar a los propietarios de viviendas, evitando políticas y legislación tendente a la vulneración del derecho a la propiedad privada.

27. Promover un mercado del alquiler eficiente y ágil y salvaguarden, de manera equilibrada, los intereses de propietarios e inquilinos.

28. El establecimiento de precios de referencia del alquiler o cualesquiera limitaciones de precios es contrario a la ley de la oferta y la demanda, y al concepto de propiedad; y máxime, en todos aquellos supuestos en los que no se haya contado con ayudas públicas en su ejecución.

29. Canalizar la financiación a la promoción del parque de vivienda en alquiler.

30. Promover la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que, en la tramitación de los procesos en materia arrendaticia, las personas jurídicas puedan tener acceso al juicio verbal, igual que las personas físicas.

31. Fomentar la financiación de las promociones para alquiler de VPO, mediante convenios con el sector financiero o el ICO.

32. Establecer, o en su caso aumentar, las deducciones fiscales para arrendadores y arrendatarios.