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El precio de la vivienda sigue moderándose de una forma poco homogénea en España

Nuevo informe estadístico mensual en materia de vivienda ofrecido por el Ministerio de Fomento. El organismo oficial arroja luz sobre el mercado de la vivienda en España y aporta datos nacionales sobre el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre, que subió un 3,1% interanual en el tercer trimestre, alcanzando los 1.638,3 euros.

Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, considera que «el precio de la vivienda sigue con su tendencia al alza y encadena 18 meses seguidos creciendo, resultado de analizar 120.092 tasaciones. Las cifras continúan en un terreno moderado muy cercano al 3% interanual. Los precios han evolucionado de manera muy poco homogénea y, mientras en Asturias y La Rioja la vivienda es más barata que hace un año, en el resto de comunidades su valor se incrementa.

Por zonas, aquellas que siguen liderando esta estadística son Madrid, Euskadi, Baleares y Catalunya. Como resultado de esta evolución a nivel nacional se sigue acortando la distancia entre las cifras actuales y los valores máximos registrados en 2008, y en la actualidad si sitúan en un 22% por debajo. Por el contrario, la distancia respecto a mínimos de 2014 sigue aumentando y se sitúa en un 12,5%.

Tal y como afirma el experto, «aunque la obra nueva no abandona su buena marcha, quien lidera la recuperación de precio sigue siendo la segunda mano. Las cifras de esta estadística siguen consolidando la evolución al alza de los precios, que se produce de manera constante y moderada».

Competencia investiga acuerdos de precios en el mercado de la intermediación inmobiliaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en acuerdos y/o prácticas concertadas para la fijación, directa o indirecta de precios y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible, con particular incidencia en la vivienda residencial.

Los días 18, 19 y 20 de noviembre se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el citado mercado. Estas inspecciones forman parte de la investigación abierta por la CNMC tras haber tenido conocimiento de la posible existencia de prácticas anticompetitivas.

Determinadas empresas y asociaciones del sector de la intermediación inmobiliaria que operan en el ámbito nacional, regional y local habrían llevado a cabo dichas prácticas en relación con la fijación, directa o indirecta, de las comisiones por la venta y el alquiler de inmuebles y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible.

En la conducta que se analiza también habrían participado empresas activas en el mercado nacional de software y soluciones informáticas, fundamentalmente aquél destinado a la intermediación inmobiliaria. En particular, se investiga si el diseño de determinado software inmobiliario y sus algoritmos habría podido facilitar esta fijación directa o indirecta de comisiones y condiciones comerciales, así como su mantenimiento.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.

Para ello cuenta, entre otros, con el «Programa de Clemencia» que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada por la CNMC.

Además, la CNMC dispone de una Plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles mediante la aportación de información anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas.

Se recuerda que la prohibición de contratar establecida en el artículo 71 de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público, para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia, se exceptuaría respecto de las empresas solicitantes de clemencia, en aplicación del artículo 72.5 de la citada Ley, que señala que no procede declarar la prohibición de contratar a las empresas solicitantes de clemencia.

Sareb invierte 34 millones de euros en promoción inmobiliaria en Almería

Sareb invertirá 34,2 millones de euros en promoción y desarrollo inmobiliario en la provincia de Almería durante los próximos 4 años, según desveló ayer el Director General de Control y Riesgos de Sareb, Manuel Gómez Gilabert, durante una jornada organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería.

Gómez Gilabert destacó que Sareb gestiona en la provincia una cartera de activos inmobiliarios (préstamos e inmuebles) por valor global de 737 millones activos, proveniente de las entidades que recibieron ayudas estatales en 2013.

Estos activos, representados por 4.663 inmuebles (con un valor de 288,4 millones) y 5.993 préstamos (por valor de 509 millones), suponen el 25% de los inmuebles y el 29% de los préstamos que la compañía tiene en la actualidad en Andalucía.

La compañía, que ha vendido en Almería 1.522 inmuebles desde que inició su actividad de gestión y desinversión en 2013, tiene actualmente en construcción 117 viviendas en la Avenida Señora de Montserrat y 84 más en la calle Árbol del Paraíso, en Almería capital.

Además, dispone de suelo finalista en el que promoverá 292 viviendas residenciales. Todo ello supondrá una inversión de 19,7 millones de euros.

Adicionalmente, Sareb está trabajando en desarrollar 10 suelos para edificar tanto en Almería capital como en las localidades de El Ejido, Roquetas de Mar y Pulpí, en una serie de actuaciones que supondrán invertir 14,5 millones de euros en los próximos 4 años.

Por otra, la entidad dirigida por Jaime Echegoyen también ha rubricado recientemente un acuerdo con el Ayuntamiento de Almoradí (Alicante) para la cesión temporal de 15 viviendas, con el objetivo de paliar los efectos de las fuertes lluvias que azotaron la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 15 de septiembre como consecuencia de una potente Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Los destinatarios de estas viviendas, cuya selección corresponderá al Ayuntamiento, son familias que han tenido que abandonar su hogar tras las fuertes lluvias que se produjeron en la localidad a mediados de septiembre.

Sareb percibirá, a cambio de la cesión, una contraprestación fija mensual de 300 euros por vivienda cedida. Los pagos serán utilizados por Sareb para hacer frente a los gastos de seguros, comunidad, y licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad, en caso de que fuera necesaria. Por su parte, el consistorio asumirá los costes correspondientes a la gestión de la vivienda, la adecuación para su habitabilidad, posibles reparaciones, y el alta de los contratos de suministro.

La nueva estación de autobuses de Bilbao acogerá a 7 millones de personas al año

La nueva estación de autobuses de Bilbao, soterrada e intermodal, entrará en funcionamiento el próximo 29 de noviembre. Se trata de una infraestructura segura, moderna, intuitiva y bien señalizada, con la que deberán familiarizarse los 25 operadores estatales e internacionales y las más de 19.000 personas usuarias que, de media, pasarán por ella cada día -en esta cifra se contabilizan también a los pasajeros y pasajeras de las líneas de Bizkaibus, que traslada sus servicios a la nueva Bilbao Intermodal y que absorbe el 50% de sus viajeros-. En consecuencia, se calcula que más de siete millones de personas pasen al año por esta infraestructura.

En palabras del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, «Bilbao Intermodal será una estación moderna, soterrada y segura, además de una pieza clave en el futuro desarrollo del barrio y de la ciudad». Por una parte, se trata de una estación «soterrada», con unos accesos optimizados por Gurtubay y unas afecciones en el entorno notablemente disminuidas que tranquilizarán el tráfico y dotarán de seguridad a la zona. Los autobuses se eliminarán de la superficie y de Luis Briñas, que pasa a tener únicamente tráfico local.

Por otra parte, permitirá liberar 7.500 metros cuadrados que se destinarán a una plaza, un espacio que se suma a los 80.000 metros cuadrados recuperados en Sabino Arana y Rekalde hasta Irala, gracias a la urbanización realizada tras el soterramiento de la línea de FEVE.

En este nuevo nodo intermodal confluyen los trenes de cercanías, metro, tranvía, Bilbobus, taxis, el servicio de bicicletas municipal Bilbao Bizi, así como la conexión con el aeropuerto. Y, «se complementará», ha señalado el Alcalde con el otro nodo de transporte intermodal de la ciudad, el ferroviario, ubicado en Abando, que experimentará su propio salto cualitativo con la llegada del Tren de Alta Velocidad. «Dos proyectos que nos darán una situación de privilegio con respecto a nuestros competidores, en un panorama como el actual en el que las ciudades competimos unas con otras».

Bilbao Intermodal, «será un lugar amable y seguro para sus usuarios y usuarias», ha dicho Asier Abaunza, concejal delegado de Obras y Planificación Urbana. Tras su inauguración, y durante dos días, toda aquella persona que así lo desee, podrá recorrer la infraestructura en unas jornadas de puertas abiertas que se desarrollarán de 16:00 a 20:00 horas el propio miércoles, 27 de noviembre; y de 10:00 a 14:00 horas el jueves, día 28. Será la noche del 28 de noviembre cuando se produzca la clausura de la Termibus provisional y el traslado de todos los operadores y sus servicios a la nueva estación.

«Bilbao Intermodal -ha añadido Abaunza- cuenta con cuatro plantas bajo rasante, 30 dársenas y más de 500 plazas de aparcamiento». Los espacios se distribuyen de la siguiente manera:

Los accesos peatonales a la estación son dos:

– A través de la plaza de 7.500 metros cuadrados, actualmente en construcción, que ocupa el espacio de la antigua Termibus. Se trata de un acceso directo peatonal al que se accederá por Pérez Galdós y Luis Briñas, ahora un espacio único, y también por la calle Pérez Galdós, que será peatonal entre Luis Briñas y Gurtubay.

– Además, habrá un acceso directo desde el intercambiador de la estación de San Mamés, punto de encuentro de Metro y Renfe Cercanías, al que se suma ahora la conexión con el transporte público por carretera, que le da el carácter intermodal a la nueva estación.

Con respecto al tráfico rodado, los autobuses entrarán por Gurtubay y saldrán por Pérez Galdós hacia Gurtubay. La entrada de vehículos será por Pérez Galdós y la salida por Gurtubay.

La planta baja tiene una entrada a la estación de 700 metros cuadrados de acceso y servicios. En un futuro, cuando el resto del edificio esté concluido, se sumarán al entorno una superficie comercial, un hotel, un gimnasio y una residencia de estudiantes. Gracias a la superficie que se libera en la planta baja se genera una calle de ocho metros de anchura que une Gurtubay con la futura plaza y, además, se mantendrá la calle peatonal entre la Escuela de Ingeniería de Bilbao y la nueva estación.

En la planta menos uno están ubicados los principales servicios de la estación. Una mezzanine acristalada con vistas a la planta menos dos -donde se sitúan las dársenas- hará las funciones de distribuidor hacia los diferentes espacios: taquillas, canceladoras de billetes, bar, consignas, oficinas, zona comercial, sala de control, zona logística e instalaciones y la conexión intermodal con la estación de San Mamés, que a su vez alberga Metro y Renfe Cercanías.

Acogerá las 30 dársenas de la estación, que estarán ubicadas en torno a un espacio central, acristalado y aislado para proteger a las usuarias y usuarios de humos y ruidos. A esta cápsula de espera se accederá con 15 minutos máximo de antelación a la salida del autobús, utilizando un código QR impreso en el propio billete o la tarjeta Barik.

Esta planta está dividida en dos partes: una de ellas para la zona de regulación de los autobuses; y, la otra, destinada a un aparcamiento rotatorio con 250 plazas que entrará en funcionamiento varios días después de la inauguración, cuando la actual estación provisional esté desmantelada y se puedan ejecutar los cambios circulatorios necesarios. Todo en aras de una transición amable y escalonada.

Allí se ubicarán más de 250 plazas de aparcamiento y la zona de regulación de autobuses, construida a doble altura, y que abarca por tanto las plantas -3 y -4.

Según el concejal delegado de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, «contar con una estación de autobuses que hace de la multimovilidad su seña de identidad, nos sitúa a la vanguardia de las ciudades europeas que han apostado por una forma de moverse más sostenible y saludable».

En los primeros meses de funcionamiento de la nueva estación continuarán las obras de edificación, tanto de la residencia de estudiantes como del hotel, además del edificio de viviendas que completará la urbanización del entorno de Garellano.

En consecuencia, la plaza de la estación se abrirá parcialmente y únicamente los accesos peatonales a la misma desde la calle Luis Briñas estarán disponibles en los primeros días de funcionamiento del complejo.

Del mismo modo, las redes viarias del entorno de la Intermodal se irán modificando en las siguientes semanas y los servicios municipales de transporte público (Bilbobus, servicio de BilbaoBizi y las paradas de Taxi), que en esta primera fase apenas sufrirán modificaciones, se irán adecuando progresivamente a las nuevas configuraciones circulatorias que se pondrán en marcha según avancen las obras.

Primera Fase

En esta primera fase, a partir de la apertura de la estación el próximo miércoles, se procederá a eliminar un carril de subida de Gurtubay, que pasará a ser carril de bajada para permitir la entrada de autobuses a la estación.

En cuanto al servicio de Bilbobus, la parada que actualmente tiene la línea 28 en Luis Briñas, se desplaza ligeramente hacia el sur en el mismo tramo de la calle, mientras que la parada de la línea 38 pasa a ubicarse a la altura del nº 16.

La puesta en marcha de Bilbao Intermodal es un punto y seguido en un ambicioso proyecto de barrio y de ciudad. Encima de la estación habrá una plaza de 7.500 metros cuadrados y un edificio construido en diferentes alturas, 14 en total, que albergará diferentes actividades que complementarán a la oferta del entorno.

Para asegurar el equilibrio económico-financiero de este proyecto, el Ayuntamiento de Bilbao ha optado por la concesión de la explotación de la estación intermodal por un periodo de 40 años -a cargo de Amenabar- periodo tras el que volverá la explotación de la estación al Consistorio. En el global de esta operación, se genera un conjunto de equipamientos de titularidad público-privada por un valor superior a los 40 millones de euros, sin necesidad de realizar inversión por parte del Ayuntamiento.

Barcelona suspende la tramitación de licencias de alojamientos turísticos

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la suspensión de comunicados de apertura y de ampliación de viviendas de uso turístico.

La medida se avanza a los posibles efectos de la nueva regulación que prepara la Generalitat, que incluirá el alquiler de habitaciones como nuevo tipo de alojamiento turístico.

La medida refuerza el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT), vigente actualmente, para garantizar que los nuevos reglamentos no alteren el control municipal de la actividad turística en la ciudad.

La suspensión impide que se inicie la tramitación de licencias, y durará un año. Mientras tanto, la normativa municipal se revisará y, si procede, se modificará.

La prioridad: el derecho a la vivienda

Actualmente en la ciudad hay 9.591 pisos turísticos, y la normativa municipal impide que la oferta se amplíe. El objetivo es preservar el derecho a la vivienda, proteger al vecindario de la especulación y garantizar que la ciudad sea un espacio para vivir.

Desde el 2016 el número de anuncios de viviendas de uso turístico sin licencia se ha reducido de 5.875 a 272, y se ha dictado la orden de cierre de 4.900 pisos.

Con la finalidad de erradicar esta práctica, se ha multiplicado por cinco el número de personas que forman el equipo de inspección de estas viviendas, y la utilización de recursos y de herramientas tecnológicas ha contribuido a la detección de esta actividad en internet.

Con respecto al 2016, el año 2018 ha terminado con un 95 % de pisos turísticos ilegales menos en Barcelona. Desde la puesta en marcha del plan de choque, hace cuatro años, los equipos municipales han evaluado 17.000 domicilios anunciados en 140 portales web diferentes.

En estos últimos años, el Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cese de 4.900 viviendas de uso turístico ilegal.

De estas viviendas, el 62 % ha dejado de operar y para el resto ha abierto los procedimientos para garantizar su cierre.

Del total de pisos cesados de actividad, 937 se han reconvertido en contratos de larga duración y 234 son el domicilio actual de la propiedad.

La actividad para sancionar las viviendas de uso turístico se ha incrementado en los últimos cuatro años, principalmente en los distritos de Ciutat Vella y L’Eixample.

En total se han abierto 13.014 expedientes disciplinarios y se han impuesto 6.453 sanciones, cinco veces más que durante el periodo 2014-2016. Las sanciones a los titulares de las viviendas sin licencia y las multas en las plataformas que los anuncian pueden llegar hasta los 600.000 euros.

Los equipos municipales han inspeccionado 107 edificios enteros sospechosos de ejercer una actividad turística sin licencia, como pensiones encubiertas o pisos de gran superficie divididos en espacios más pequeños para alquilarlos, 95 de los cuales han recibido órdenes de cese y 72 sanciones.

Otra línea de actuación es la detección de infractores profesionales y redes organizadas y del alquiler de habitaciones temporales o vacacionales. Esta última modalidad no dispone de regulación, hecho que dificulta al Ayuntamiento de Barcelona ejercer la potestad sancionadora.

Un pavimento solar y una app para mayores ganan los retos i.lab en el Smart City Expo

El Ayuntamiento de Barcelona, dentro del marco de lo Smart City Expo World Congress (SCEWC), ha resuelto los dos retos urbanos lanzados desde i.lab, el laboratorio municipal desde donde se quiere acelerar la innovación urbana sostenible y social y encontrar las soluciones más adecuadas en los nuevos retos y demandas de la ciudad y de la ciudadanía.

El anuncio de los ganadores ha tenido lugar en un acto que se ha celebrado en el ágora Central de SCEWC, donde ha participado el Comisionado de Innovación Digital, Administración Electrónica y Buen Gobierno, Michael Donaldson, y donde se han presentado las 5 propuestas finalistas de cada reto.

La propuesta «Energía limpia a partir de los pavimentos», de la empresa Sorigué, en colaboración con Platio de Hungria, ha sido la ganadora del reto «Pavimentos generadores».

Proponen un pavimento solar como una nueva fuente de energía solar, fácilmente integrable en el espacio urbano, que lo transforma en un referente en arquitectura y sostenibilidad.

La solución pretende tanto generar energía limpia como utilizar recursos y materiales sostenibles para su producción. Para obtener valor a partir de los residuos, el pavimento solar incluye una base de plástico y vidrio reciclado; un diseño modular que facilita su instalación y mantenimiento. Su ingeniería de alta calidad garantiza resistencia a la carga, a los impactos, a las rozaduras y al clima, convirtiendo la solución en sostenible y respetuosa.

«Pavimentos generadores» es un reto impulsado por la Agencia de la Energía y el programa i.lab, con el apoyo de la Fundación BIT Habitado, y busca innovaciones que generen energía renovable a través de infraestructuras ya existentes, en este caso el pavimento de la ciudad.

El reto se enmarca en las acciones vinculadas a la Agenda 2030 y en el compromiso del gobierno municipal respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fija el documento. La solución ganadora recibe uno pulse-subvención de 30.000 euros para implementar un piloto a la ciudad de Barcelona. Han participado un total de 10 propuestas de 4 países: España, Portugal, Holanda y Alemania; quedando como finalistas Solmove GmbH, Energy Floors, Sorigué, Solum Photovoltaic y Actisa.

El comisionado de Innovación Digital, Administración Electrónica y Buen Gobierno, Michael Donaldson, ha felicitado a los ganadores por sus proyectos innovadores y también al resto de compañías y empresas que han participado en los retos.

«Como administración el que volamos es mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Nuestro objetivo es humanizar la tecnología y posarla al servicio de la ciudadanía, posando los ciudadanos al centro y aprovechando sus conocimientos» ha señalado Donaldson.

«Tenemos muchos retos, como la sostenibilidad y la inclusión social, que afrontamos como gran ciudad y que tenemos que solucionar de manera colaborativa con otras ciudades y también gracias a la participación público-privada», ha concluido el comisionado.

Con este reto se avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en concreto los retos 7 Energía limpia y asequible; 11 Ciudades y comunidades sostenibles y 13 Acción climática.

Por su parte, «SOMOS Comunidad, conectando gente mayor, voluntarios y servicios próximos de forma inteligente», la propuesta de la empresa URock, ha sido la ganadora del reto «Atención efectiva a la gente mayor».

SOMOS Comunidad es una plataforma que tiene por objetivo mejorar la atención a la gente mayor y dar respuesta a sus necesidades de tipo afectivo y sociosanitario; potenciando un voluntariado de proximidad y creando un canal de difusión de servicios dirigidos a gente mayor.

A través de una web y app dirigida a la gente mayor, SOMOS Comunidad busca resolver el problema de la soledad y necesidades no atendidas mediante el poder de la comunidad y la cohesión intergeneracional, sin la necesidad de una plaza residencial.

Se podrán inscribir voluntarios (a título personal o colectivo), profesionales del Servicio de Atención Domiciliaría u otros profesionales que presten servicios de atención sociosanitaria para gente mayor.

Para conseguirlo, utiliza una potente plataforma tecnológica de optimización de operaciones abierta a la integración con inteligencia artificial y YATE (Internet of Things).

El reto «Atención efectiva a la gente mayor», impulsado a través del área de Derechos Sociales e i.lab, busca garantizar una atención efectiva en la gente mayor de la ciudad. El objetivo es encontrar soluciones innovadoras que mejoren la situación de dependencia, incorporando herramientas tecnológicas para mejorar la identificación y tiempo de respuesta a las necesidades de este colectivo.

El reto considera la situación de dependencia de la gente mayor, la falta de plazas a las residencias y el creciente envejecimiento de la población. La solución ganadora recibe un premio de 20.000 euros para implementarla. Han participado un total de 14 propuestas provenientes de España y Polonia; quedando como finalistas Cellnex Telecom, uRoch, Safe365, Yumi Technology y Berdac Smart Services.

Ventanilla única para gestionar la rehabilitación de inmuebles en el Plan Cabañal de Valencia

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau se ha reunido con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, para evaluar las actuaciones y redefinir las funciones de la sociedad pública del Plan Cabanyal. Del acuerdo se desprende que se mantiene la presidencia actual y la estructura al cincuenta por ciento entre Ayuntamiento y Generalitat.

En cuanto al resto de funciones han acordado la creación de una ventanilla única que atienda rehabilitación de inmuebles, la revitalización y regeneración del barrio. También han apostado porque la institucionalización del Plan del Cabanyal suponga que se convierta una entidad colaboradora de las Áreas Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

Asimismo, se pretende que el Plan Cabanyal tenga una función de carácter social de registro de solicitud de viviendas y de ayudas al alquiler.

Por otro lado, el acuerdo prevé que el Plan Cabanyal sea la sociedad pública encargada de la operación pendiente del bloque de portuarios y se encargará de la gestión unitaria del patrimonio público de viviendas (Generalitat, Ayuntamiento y Plan Cabanyal) así como de gestionar los proyectos Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible) y ser punto de información urbanística y de coordinación de los contenidos de los equipamientos socioculturales y centro de divulgación y formación de Infohabitatge.

Martínez Dalmau ha calificado de «enormemente constructiva la reunión» y ha asegurado que el Plan Cabanyal es una herramienta muy importante para coordinar las actuaciones encaminadas a la rehabilitación y recuperación del barrio».

Asimismo, ha anunciado «un plan especial» para lo cual ha añadido «necesitamos una operatividad fuerte y será a través del Plan Cabanyal cómo podamos llevar a cabo, tanto el plan de regeneración que impulsa el Ayuntamiento cómo las políticas de la vivienda que estamos promoviendo desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática».

Actuaciones conjuntas Generalitat-Ayuntamiento

Entre las actuaciones públicas que se están llevando de forma conjunta figuran a día de hoy dos planes de actuación de regeneración y renovación urbana y rural (Arru) del Cabanyal-Canyamelar, ambos a cargo del Ayuntamiento, Ministerio de Fomento y Generalitat.

El primero de ellos fue aprobado en 2015 para el periodo 2015-2019, con un coste total casi trece millones de euros y que incluye obras de edificación y renovación de 18 viviendas, la rehabilitación de 602 en lo que afecta a estructura, accesibilidad y elementos comunes.

El segundo plan con una dotación de más de ocho millones de euros, está dirigido a la rehabilitación de 170 viviendas, a la renovación de otras 10 y a un programa de realojos para el barrio. El pasado 25 de octubre el Pleno del Consell autorizaba la suscripción de este segundo convenio cuya firma se formalizará la próxima semana.

Martínez Dalmau se ha referido a los encuentros mantenidos en las últimas semanas entre Ayuntamiento y Generalitat para evaluar las citadas actuaciones. «Una colaboración interinstitucional -ha dicho- como una nueva forma de entender el Cabanyal en la ciudad de Valencia y por eso queremos que el trabajo se traduzca en un futuro próspero para el barrio y sus gentes».

El 57,9% de los españoles vaticina una nueva crisis inmobiliaria

El futuro del mercado inmobiliario siempre se ha situado en el centro del debate, tanto a nivel mediático como profesional y social. Con motivo de su décimo aniversario, pisos.com ha realizado un estudio en el que ha preguntado a los españoles por su visión actual y futura del sector. Los resultados muestran una opinión bastante pesimista del futuro, pues un 57,9% de los encuestados vaticina otra crisis inmobiliaria en los próximos años.

En concreto, se ha contrapuesto a hombres y mujeres de dos generaciones: millennials, que representan cerca del 30% de la población, con más de 12,5 millones de españoles; y baby boomers, que son el 18%, más de 8,3 millones. Ambos han prestado su opinión al portal inmobiliario. Entre otros interrogantes, han valorado las posibilidades de que vuelva a estallar una burbuja inmobiliaria, la transparencia de los bancos y su papel en la concesión de hipotecas o las facilidades para adquirir una segunda vivienda en comparación con los últimos diez años y de cara a los próximos.

Mientras más de la mitad de los españoles (55,2%) considera que los bancos son más cuidadosos con las hipotecas que hace diez años, el 66,4% no cree que hayan mejorado sus niveles de transparencia. En general, la sociedad reconoce haber ganado cultura financiera (40,8%) y que el inquilino ha mejorado su seguridad jurídica (37,3%). Por el contrario, consideran que se ha complicado la adquisición de una segunda vivienda (66,4%) y no creen que las agencias inmobiliarias funcionen mejor que hace una década (50,7%). Lo cierto es que, respecto al futuro, la incertidumbre está en el aire: el 39% duda al afirmar si volverá a estallar una burbuja inmobiliaria y el 41,2% no sabe qué ocurría con el nivel de desahucios.

«Las crisis se producen de forma cíclica, y el sector inmobiliario no está exento de volver a atravesar serias dificultades», manifiesta Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. No obstante, el portavoz del portal inmobiliario matiza diciendo que «actualmente no se dan las condiciones para una nueva burbuja». El experto explica que «es esencial que se vele por la buena marcha de la vivienda, trabajando para que crezca de forma sostenible y resulte accesible al ciudadano».

Los hombres, el colectivo que más mejoras aprecia en el sector

Por otro lado, los hombres confían más que las mujeres en el progresivo cuidado de los bancos con las hipotecas (63,1% vs. 47,4%), y prácticamente coinciden al no creer que las entidades hayan mejorado su transparencia (67% vs. 65,8%). Lo mismo sucede con el desarrollo de la cultura financiera en la sociedad: hombres (42,2%) y mujeres (39,5%) creen que ha mejorado en la última década. En cambio, mientras los hombres reconocen la mejora de la seguridad jurídica del inquilino (45,6%), ellas no observan esta mejoría (36,8%) o se posicionan en duda (34,2%). En cuanto a la compra de segunda vivienda, también coinciden: no creen que existan más facilidades (60,2% de hombres y 71% de mujeres).

Aunque los hombres son más optimistas al contemplar la evolución del mercado inmobiliario, ambos géneros desconfían de las previsiones a futuro. En general, afirman que el sector volverá a entrar en crisis en la próxima década: el 58% de hombres y el 57,8% de mujeres. Sin embargo, mientras ellas creen que el volumen de desahucios volverá a alcanzar cifras récord (44,7%) o que la próxima burbuja está a punto de estallar (42,1%), ellos se muestran más dubitativos. Por su parte, el 48,3% de los hombres asegura que no sabe qué pasará con la cifra de desahucios y el 35,9% no se atreve a afirmar que se vaya a producir una nueva burbuja inmobiliaria.

Los millennials auguran un futuro negro para la vivienda

En general, los más jóvenes muestran una actitud mucho más pesimista que sus padres respecto al futuro del sector inmobiliario. El 68,6% asegura que el mercado volverá a entrar en crisis, mientras que solo el 47,2% de los baby boomers apoya esta afirmación. Lo mismo sucede con el volumen de desahucios o la burbuja inmobiliaria. Mientras que el 47,6% de los millennials cree que volverá a dispararse el nivel de lanzamientos, el 42,1% de los mayores de 55 no se posiciona; y frente al 45,5% de los jóvenes que apuesta que volverá a estallar la burbuja, el 44,55% de los baby boomers se mantiene en duda.

Por otro lado, el grueso de los mayores de 55 años (64,4%) y de los más jóvenes (46,1%) creen que los bancos están siendo más cautelosos con las hipotecas que hace diez años, pero no creen que hayan ganado en transparencia (69,1% y 63,7%, respectivamente). Lo mismo sucede con la adquisición de segunda vivienda, pues el 61,8% de baby boomers y 69,5% de millennials no creen que el acceso a la misma sea más complicado en estos momentos. En cambio, la brecha generacional se hace notar en otras cuestiones como el desarrollo de la cultura financiera o en la seguridad jurídica del inquilino. Los baby boomers creen que los ciudadanos tienen más conocimientos sobre finanzas que antes (44,5%), mientras que el 37,7% de los millennials no. Por otro lado, mientras que el 40,8% de los más jóvenes creen que el inquilino ha mejorado su seguridad jurídica, el 36,1% de los mayores de 55 años no está de acuerdo con esta afirmación.

Perspectivas del sector inmobiliario en Europa

El equipo de economistas de Edmond de Rothschild ha analizado la contribución de las distintas variables económicas a la subida de los precios de los inmuebles desde el año 2000. En nuestras perspectivas a corto plazo, nos hemos centrado en los siguientes mercados inmobiliarios: Suiza, Alemania, Francia y el Reino Unido.

«Según nuestro análisis, los precios de los inmuebles residenciales en Suiza se mantendrán relativamente estables, mientras que en Alemania continuarán subiendo con fuerza, pero a un ritmo reducido. En Francia, la tendencia de los precios comenzará a ralentizarse. Los precios pueden subir en Reino Unido, excepto en el caso de un «Brexit sin acuerdo», afirma Jean-Christophe Delfim, economista de la zona euro para estudios de mercado inmobiliario en Edmond de Rothschild.

El análisis muestra que las condiciones crediticias (volúmenes de crédito y tipos de interés hipotecarios) han contribuido en general de manera significativa al aumento de los precios, mientras que el crecimiento económico y la inflación han sido un factor constante, aunque menos importante.

Delfim también señala que el porcentaje de viviendas vacantes en alquiler, han motivado a tener una mayor influencia en los últimos años.

PERSPECTIVAS

El estudio incluye una sección completa sobre los cuatro principales países que se están analizando, así como una perspectiva detallada a corto plazo para cada uno de ellos.

– Para Suiza, el modelo sugiere que los precios se mantendrán bastante estables hasta el cuarto trimestre de 2020. Seguirán contrayéndose ligeramente hasta finales de 2019, lo que supondrá un crecimiento interanual medio del -0,35%. Los precios deberían recuperarse ligeramente a partir del segundo trimestre de 2020, lo que supondría un crecimiento del 0,4% para el año.

– En Alemania, se espera que los precios continúen subiendo hasta el cuarto trimestre de 2020 a un ritmo similar al observado en los últimos tres años. Se prevé que la tasa media de crecimiento sea del 7,6% en 2019, gracias, en particular, a los buenos resultados de los dos primeros trimestres (8,0% y 8,8%, respectivamente). Posteriormente, el crecimiento de los precios debería ralentizarse ligeramente hasta el 6,4% en 2020.

– En Francia, los precios deberían aumentar a un ritmo similar al observado en 2017 y 2018, con un crecimiento medio interanual del 3,1% en 2019. Sin embargo, los aumentos de precios deberían ser más moderados en 2020, con una media del 2,86%.

– Para el Reino Unido, el modelo prevé que los precios de los inmuebles residenciales aumenten en un promedio interanual del 0,5% en 2019 y del 1,9% en 2020. En el caso de un «Brexit sin acuerdo», la media de la contracción máxima del precio sería del 10% (entre -12,3% y -5,7%, dependiendo del intervalo de confianza).

Domo renuncia a seguir como socimi por el impacto de la nueva regulación del alquiler

El Consejo de Administración de la socimi Domo ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de diciembre al objeto, entre otras cuestiones, de renunciar al Régimen Fiscal de la Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por la Ley 16/2012, así solicitar el cambio de segmento de negociación dentro del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) del Segmento SOCIMI al de Empresas en Expansión (EE).

El Consejo de Administración ha preparado un informe con el fin de explicar las circunstancias sobrevenidas que han incidido sobre el plan de negocio de la sociedad que imposibilitan alcanzar las expectativas de rentabilidad y la dificultad de mantener las condiciones de financiación de los proyectos.

Domo socimi se constituyó el día 11 de junio de 2015 y comunicó a la Agencia Tributaria el ejercicio de la opción por el régimen Fiscal especial previsto en la Ley 11/2009 de 26 de octubre, en fecha 30 de septiembre de 2015.

La sociedad basaba su plan de negocio en la adquisición de suelos finalistas para promover viviendas que eran destinadas al alquiler y posterior enajenación, rotando los activos e incorporando a su valor añadido el beneficio promotor en unos plazos de entre cuatro y seis años.

Sin embargo, las modificaciones legales habidas en este último año han supuesto un cambio en la regulación de los arrendamientos urbanos en varios aspectos, como la duración de los contratos, la limitación de las garantías y la posibilidad de intervenir de manera directa o indirecta los precios de los alquileres de viviendas.

Ello ha incidido en la ejecución del plan de negocio que afecta a la sociedad y al resultado de sus operaciones de manera muy significativa, en varios aspectos como más adelante se detalla, pero esencialmente en el cumplimiento de los compromisos asumidos con las entidades que han financiado la promoción de los activos de la sociedad, el plazo de disponibilidad de los activos para la venta en las condiciones inicialmente previstas y su incidencia en el fondo de maniobra de la sociedad, y el incremento de costes del Contrato de Gestión en la Fase II, que devenga honorarios por un plazo de 7 años, en lugar de 3 años.

Estas circunstancias que inciden negativamente en los resultados de la sociedad se trasladan a los retornos esperados por los accionistas en base al plan de negocios inicial.

Por ello, el Consejo, tras detectar y medir las consecuencias derivadas de los cambios normativos, identificar las posibles alternativas que minimizaran el impacto financiero resultante en sede del accionista de la entidad y analizar y sopesar las propuestas, ha decidido trasladar su visión sobre estas circunstancias a los accionistas y proponer un enfoque diferente del plan de negocio que implica el abandono del régimen SOCIMI.

El Consejo de Administración considera que el gravamen que supone la renuncia a los beneficios fiscales que tal decisión conlleva es compensada con los beneficios que proporciona la libertad de elección de la forma de comercialización y del momento de acometer la desinversión.