La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la suspensión de comunicados de apertura y de ampliación de viviendas de uso turístico.
La medida se avanza a los posibles efectos de la nueva regulación que prepara la Generalitat, que incluirá el alquiler de habitaciones como nuevo tipo de alojamiento turístico.
La medida refuerza el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT), vigente actualmente, para garantizar que los nuevos reglamentos no alteren el control municipal de la actividad turística en la ciudad.
La suspensión impide que se inicie la tramitación de licencias, y durará un año. Mientras tanto, la normativa municipal se revisará y, si procede, se modificará.
La prioridad: el derecho a la vivienda
Actualmente en la ciudad hay 9.591 pisos turísticos, y la normativa municipal impide que la oferta se amplíe. El objetivo es preservar el derecho a la vivienda, proteger al vecindario de la especulación y garantizar que la ciudad sea un espacio para vivir.
Desde el 2016 el número de anuncios de viviendas de uso turístico sin licencia se ha reducido de 5.875 a 272, y se ha dictado la orden de cierre de 4.900 pisos.
Con la finalidad de erradicar esta práctica, se ha multiplicado por cinco el número de personas que forman el equipo de inspección de estas viviendas, y la utilización de recursos y de herramientas tecnológicas ha contribuido a la detección de esta actividad en internet.
Con respecto al 2016, el año 2018 ha terminado con un 95 % de pisos turísticos ilegales menos en Barcelona. Desde la puesta en marcha del plan de choque, hace cuatro años, los equipos municipales han evaluado 17.000 domicilios anunciados en 140 portales web diferentes.
En estos últimos años, el Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cese de 4.900 viviendas de uso turístico ilegal.
De estas viviendas, el 62 % ha dejado de operar y para el resto ha abierto los procedimientos para garantizar su cierre.
Del total de pisos cesados de actividad, 937 se han reconvertido en contratos de larga duración y 234 son el domicilio actual de la propiedad.
La actividad para sancionar las viviendas de uso turístico se ha incrementado en los últimos cuatro años, principalmente en los distritos de Ciutat Vella y L’Eixample.
En total se han abierto 13.014 expedientes disciplinarios y se han impuesto 6.453 sanciones, cinco veces más que durante el periodo 2014-2016. Las sanciones a los titulares de las viviendas sin licencia y las multas en las plataformas que los anuncian pueden llegar hasta los 600.000 euros.
Los equipos municipales han inspeccionado 107 edificios enteros sospechosos de ejercer una actividad turística sin licencia, como pensiones encubiertas o pisos de gran superficie divididos en espacios más pequeños para alquilarlos, 95 de los cuales han recibido órdenes de cese y 72 sanciones.
Otra línea de actuación es la detección de infractores profesionales y redes organizadas y del alquiler de habitaciones temporales o vacacionales. Esta última modalidad no dispone de regulación, hecho que dificulta al Ayuntamiento de Barcelona ejercer la potestad sancionadora.