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Alquiler vacacional en mínimos históricos pese al debate público

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La participación del alquiler vacacional en el mercado inmobiliario español se mantiene por debajo del 1 %, una cifra que ha permanecido estable a lo largo de los últimos años. Pese a la atención mediática y regulatoria, el impacto real de este tipo de arrendamientos es limitado. Los datos de Fotocasa Research revelan que el 78 % de las viviendas en manos de particulares se destinan a residencia habitual, y solo una mínima parte se alquilan por periodos cortos o con fines turísticos. Este contexto desmonta la percepción de que el alquiler vacacional sea el principal responsable de la escasez de vivienda disponible.

Además, las intenciones de inversión han cambiado. Solo el 3 % de los compradores considera destinar su futura vivienda al alquiler vacacional, frente al 6 % que lo hacía en 2023. La mayoría busca adquirir una propiedad como vivienda habitual (81 %) o segunda residencia (10 %). Del lado de la oferta, apenas un 2 % de los vendedores declara haber destinado su inmueble al alquiler turístico, lo que refleja una contracción clara de este mercado. La principal motivación para quienes aún participan sigue siendo la rentabilidad económica, aunque los márgenes también se están ajustando. Para entender el contexto actual, puedes consultar este informe actualizado sobre la visión general del mercado de alquiler vacacional en España.

El perfil del inversor en este segmento sigue una pauta clara: hombre, 49 años, clase media-alta, casado y con vivienda en propiedad. A pesar de su bajo peso relativo, el alquiler vacacional sigue representando una opción atractiva para quienes buscan diversificar sus inversiones inmobiliarias sin grandes compromisos a largo plazo. No obstante, la clave está en un equilibrio regulado que permita su existencia sin comprometer la convivencia vecinal ni distorsionar el mercado. La tendencia apunta a una progresiva especialización del producto turístico frente al alquiler residencial tradicional.

¿El alquiler vacacional es legal en toda España?
Sí, pero su regulación depende de cada comunidad autónoma y puede ser muy restrictiva.
¿Afecta realmente a los precios del alquiler tradicional?
Según los datos actuales, su impacto es limitado en términos porcentuales, aunque en zonas concretas puede tener efectos localizados.

Una regulación sensata, acompañada de datos reales, es el camino más sólido para proteger tanto el acceso a la vivienda como la actividad turística.

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Menos del 1% del parque de vivienda de propietarios particulares en España se destina al alquiler vacacional. Se trata de un porcentaje estable en el tiempo y que ha crecido de forma muy leve en los últimos años. Por el contrario, la gran mayoría (78%) de las viviendas tienen un uso de residencia habitual, mientras que un 10% son segundas residencias. En tercer lugar, el uso más extendido es el de un inmueble alquilado a terceros como vivienda habitual (8%), seguido de las viviendas sin uso (3%). Con porcentajes inferiores, se encuentran las viviendas alquiladas por cortos periodos de tiempo (menos del 1%) y los mencionados inmuebles arrendados para uso vacacional (también por debajo del 1%), según los datos extraídos a partir de una encuesta de Fotocasa Research realizada en febrero de 2025.

Por otro lado, si se atiende a cuál es la intencionalidad del mercado con relación al alquiler vacacional, se observa que un 3% de los compradores tiene previsto adquirir un inmueble para destinarlo uso turístico. Se trata de un porcentaje que se está reduciendo de forma sensible en los últimos años, puesto que en 2023 esta tasa se situaba en el 6%, mientras que en 2024 se encontraba unas décimas por encima del actual 3%.

“Las cifras constatan que el volumen de alquiler turístico es muy reducido, por lo que el verdadero problema del mercado no está en la prohibición del alquiler turístico, sino en la falta de vivienda disponible para dar respuesta a una demanda creciente y sostenida. No obstante, sí es necesario establecer una regulación adecuada del alquiler vacacional, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas con alta presión de demanda, para garantizar un equilibrio razonable entre la convivencia vecinal y la actividad turística”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

En sentido contrario, han aumentado los compradores que quieren adquirir un inmueble para convertirlo en vivienda habitual: actualmente son el 81% del total, tres puntos más que en 2024 y nueve más que en 2023. Los demandantes de vivienda para convertirla en su segunda residencia suman en febrero de 2025 el 10% del total, en el mismo nivel que en el año anterior pero tres puntos menos que en 2023, mientras que los compradores que quieren destinar una vivienda a inversión (que incluyen a los mencionados alquileres vacacionales) representan el 8% (dos puntos menos que en 2024 y cinco menos que en 2023). Los otros posibles usos de una vivienda quedan en el 1%.

En el lado de la oferta, el porcentaje de vendedores que tenían un inmueble destinado a alquiler vacacional o de corta estancia y que ahora lo ofrecen en el mercado de compraventa también es menor: no alcanza el 2% del total. Además, también se encuentra en descenso, ya que esta tasa se ha reducido en un punto porcentual desde 2023 y se encuentra unas décimas por debajo de la registrada en 2024. La mayoría de los vendedores (35%) destinaba previamente su inmueble a vivienda habitual, mientras que el 23% lo recibió en herencia, y un 15% lo usaba como segunda residencia. Asimismo, un 17% dedicaba la vivienda a alquiler de larga duración, un 6% la tenía vacía, y un 3% le daba otros usos.

La rentabilidad económica es la principal motivación para participar en el mercado de alquiler turístico

Con relación al perfil de las personas que participan en el mercado del alquiler vacacional (tanto en el segmento de los compradores como el de los oferentes), se observa que se trata mayoritariamente de un hombre (en el 59% de los casos) con una edad media de 49 años y que, en términos socioeconómicos, se ubicaría en las clases altas o medias-altas. La gran mayoría (78%) están casados y viven en pareja (43%) o con pareja e hijos (37%) en una vivienda de propiedad (83%).

En cuanto a las motivaciones de la inversión en vivienda para uso como inmueble vacacional, un 54% de los participantes en este mercado lo hace por la rentabilidad económica que ofrece esta opción. Por geografías, un 25% de estos inversores residen en Andalucía, un 17% en Madrid, un 14% en Cataluña, un 6% en la Comunidad Valenciana, y un 38% en el resto de España.

Culmia alcanza un acuerdo de coinversión con Patron Capital

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Culmia alcanza un acuerdo de coinversión con Patron Capital

• La alianza refuerza el posicionamiento de Culmia en los principales desarrollos urbanísticos del país, en este caso en el Parc de l’Alba, entre los núcleos urbanos de Cerdanyola del Vallés y Sant Cugat del Vallés.
• El acuerdo incluye, además, la posibilidad de seguir explorando nuevas vías de colaboración en desarrollos residenciales que puedan ser de
interés para ambas compañías.
• El proyecto consiste en dos promociones, de 66 y 102 viviendas respectivamente, cuyo precio inicial comienza a partir de los 293.000
euros.

Culmia, la plataforma inmobiliaria que integra todas las soluciones de vivienda del mercado, ha firmado un acuerdo de coinversión con Patron Capital para desarrollar dos promociones con un total de 168 viviendas en el Parc de l’Alba, uno de los principales desarrollos urbanísticos del país ubicado en Cerdanyola del Vallés y junto a Sant Cugat, en la provincia de Barcelona. Ambas compañías han constituido una joint venture, por la que Culmia lleva a cabo la aportación inicial de suelo y actúa como socio gestor en la promoción delegada, encargándose de supervisar el diseño, la construcción y la comercialización del proyecto.

El acuerdo incluye, además, la posibilidad de seguir explorando nuevas vías de colaboración a largo plazo en desarrollos residenciales en España que puedan ser de interés para ambas compañías. De hecho, esta alianza también da opción a incorporar dos parcelas adicionales del mismo ámbito al vehículo a futuro.

Este acuerdo se suma a la reciente operación anunciada con Alterna Consulting, que contempla el desarrollo de 10 viviendas unifamiliares en La Solana de La Moraleja de Madrid, y supone un nuevo hito en su apuesta por la fórmula de coinversión de la mano de socios de reconocido prestigio y solvencia, con amplia trayectoria en el sector.

Patron Capital es un fondo británico con inversiones en el sector inmobiliario en toda Europa, con una cartera que abarca numerosos países y activos. Para la compañía, esta alianza de coinversión supone reforzar nuestra presencia en el mercado inmobiliario español y, en particular, en uno de los mercados más dinámicos del país como es Cataluña.

El proyecto comprende el desarrollo de dos promociones, de 66 y 102 viviendas
respectivamente, ubicadas en el sector Parc de l’Alba. Las viviendas, tendrán desde uno a cuatro dormitorios, una piscina comunitaria y tendrán un precio a partir de los 293.000 euros.

Blockchain inmobiliario y seguridad en las nuevas inversiones digitales

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Blockchain inmobiliario y seguridad en las nuevas inversiones digitales

La adopción de la tecnología blockchain en el sector inmobiliario ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta con impacto real. Desde la tokenización de activos hasta los contratos inteligentes, la descentralización empieza a redefinir el concepto de propiedad. Pero con esta transformación tecnológica surgen también interrogantes fundamentales sobre su seguridad jurídica y la confianza de los inversores. El debate ya está sobre la mesa: ¿es realmente seguro invertir en bienes inmuebles a través de tokens digitales?

Uno de los grandes valores que aporta blockchain al mercado inmobiliario es la inmutabilidad de los registros, lo que reduce prácticamente a cero el riesgo de manipulaciones, fraudes documentales o doble venta de propiedades. Sin embargo, el despliegue efectivo de esta tecnología requiere un marco normativo armonizado entre países y plataformas sólidas capaces de garantizar liquidez, trazabilidad y cumplimiento legal. Según el CEO de Equito, Robin Decaux, “la historia reciente demuestra que la regulación siempre termina adaptándose a la innovación, y este será otro de esos casos”. Así lo refleja también el análisis de PwC sobre blockchain en el sector inmobiliario.

La descentralización no solo democratiza el acceso a la inversión inmobiliaria, sino que también abre nuevas oportunidades para financiar proyectos en zonas menos atractivas para el capital tradicional. Gracias a la fraccionabilidad de activos digitales, los pequeños inversores pueden diversificar sin necesidad de grandes ahorros. Pero, como en todo proceso de cambio estructural, los próximos años serán decisivos para reforzar la seguridad operativa y construir una arquitectura jurídica común que proteja tanto a emisores como a compradores.

¿Qué es exactamente la tokenización de activos inmobiliarios?
Es convertir un inmueble en un activo digital dividido en fracciones (tokens) negociables en plataformas blockchain.
¿Por qué se habla de mayor seguridad en este modelo?
Porque los datos se inscriben en una red descentralizada, lo que impide manipulaciones y elimina intermediarios.

La seguridad no es solo una condición técnica, sino la base de la confianza del inversor en un nuevo modelo de propiedad.

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La irrupción de la tecnología blockchain en el mercado inmobiliario ha abierto una vía revolucionaria para transformar un sector tradicionalmente caracterizado por la burocracia, la opacidad y las elevadas barreras de entrada. Tanto la tokenización de activos, como la automatización de contratos mediante contratos inteligentes y la trazabilidad de las transacciones “no son una promesa a futuro, sino una realidad que empieza a consolidarse en numerosos países y proyectos”, afirma Robin Decaux, CEO y fundador de Equito.

Esta nueva concepción de las transacciones de real estate está dando sus primeros pasos, y de forma acelerada. Según un estudio de McKinsey & Company, este mercado movilizará 3,5 billones de euros en los próximos cinco años.

Un esquema simple para un mercado complejo

El principio de la tokenización es muy simple: “No podemos repartir una propiedad y que un inversor compre la sala, otro el dormitorio y un tercero el baño. Pero podemos convertirla en un activo digital, dividirla en cientos o miles de fracciones, o sea los tokens, y negociarlos a través de una plataforma basada en la tecnología blockchain”, detalla Decaux. Como si fueran las acciones de una empresa, cada token representa una parte del activo y da derecho a una proporción de sus beneficios, como el alquiler o la revalorización.

Pero más allá de la simpleza de su esquema, la gran promesa de la tecnología blockchain es la seguridad. Gracias a la descentralización y a la inmutabilidad de los registros, el fraude documental, la doble venta de inmuebles o las manipulaciones en contratos “se reducen prácticamente a cero”, puntualiza el CEO de Equito. Las operaciones quedan inscritas en una cadena de bloques que actúa como un libro contable abierto, accesible y no modificable. En este sentido, la transparencia deja de ser un valor añadido para convertirse en el estándar.

Menos intermediarios, menos costes

Desde el punto de vista legal y técnico, esta seguridad se refuerza mediante los llamados contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que garantizan que los términos del acuerdo se cumplan automáticamente cuando se verifican ciertas condiciones.

Por ello, la figura de los intermediarios tradicionales, como notarios o registradores, no tendrá lugar en este nuevo mercado. Y por lógica, el ahorro de tiempo y dinero, así como la trazabilidad de las transacciones, “son factores decisivos para el crecimiento exponencial que se espera de este modelo en la próxima década”, asegura Decaux.

Ajustar la seguridad

A pesar de su potencial transformador, la adopción de la tecnología blockchain en el mercado inmobiliario requiere ajustar varios puntos en torno a su seguridad. A muchos potenciales inversores les preocupa el peligro de una percepción errónea sobre la liquidez o la ausencia de una regulación común en todas las jurisdicciones. Según un informe de la consultora EY, la mitad de los inversores institucionales y una cuarta parte de los de alto nivel afirman que la incertidumbre regulatoria es uno de los grandes obstáculos. Si bien un token puede negociarse fácilmente en mercados secundarios, la falta de volumen o de una infraestructura de intercambio suficientemente madura puede dificultar esa liquidez en la práctica.

Sin embargo, estos riesgos no son insalvables. Al contrario: se trata de aspectos que, como en toda innovación, requerirán un proceso de ajuste y consolidación. “La historia reciente de la tecnología financiera demuestra que, con el tiempo, los estándares se robustecen, las regulaciones cumplen con su trabajo y las buenas prácticas se imponen”, apunta Decaux. La entrada de grandes actores y el respaldo institucional son dos factores que ya están contribuyendo a dotar de mayor seguridad y confiabilidad a estas nuevas formas de inversión.

Adaptar los marcos reguladores

Estados como Suiza, Estonia o Emiratos Árabes Unidos están creando registros de propiedad basados en la tecnología blockchain, lo que demuestra que los marcos legales pueden adaptarse para aprovechar las ventajas de esta tecnología sin comprometer la seguridad jurídica.

En Europa, la propuesta del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) y la consolidación del marco regulatorio español para proyectos innovadores son pasos clave en esta dirección. De hecho, los desarrollos inmobiliarios que integran blockchain están ya en el radar de los reguladores, y “esperamos que en los próximos años los marcos de supervisión se vuelvan más sólidos y precisos”, vaticina el CEO de Equito.

Abrir el juego del mercado inmobiliario

La mayor seguridad no solo se traduce en protección frente al fraude o a la manipulación, sino también en una mayor confianza del inversor minorista. En este sentido, la posibilidad de invertir en fracciones pequeñas de propiedades permite a una nueva generación de ahorradores acceder al mercado inmobiliario sin necesidad de hipotecarse o recurrir a grandes capitales. “Esta accesibilidad democratiza la inversión, diversifica el riesgo y permite construir carteras globales desde el móvil”, afirma Decaux.

En este nuevo paradigma, los mercados inmobiliarios de zonas tradicionalmente olvidadas o poco accesibles podrían beneficiarse de flujos de capital descentralizados que hasta ahora solo llegan a grandes ciudades. Se abre así una oportunidad única para la revitalización urbanística, la financiación de vivienda asequible y el desarrollo de nuevas formas de propiedad colectiva. “La tecnología blockchain no solo ofrece seguridad financiera, sino también una herramienta para rediseñar el mapa urbano y social”, subraya Decaux.

“No se trata solo de introducir tecnología, sino de repensar la arquitectura de las relaciones económicas en torno a los activos inmobiliarios. Una vivienda ya no es solo un bien físico, sino también un activo digital tokenizable, fraccionable y transferible de forma segura. Y en este nuevo contexto, la seguridad no es una barrera, sino un punto de partida para construir un modelo más justo, eficiente y transparente”, asegura el CEO de Decaux.

Acceso a la vivienda juvenil entre desigualdad y precios desbordados

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El fuerte incremento del precio de la vivienda en España —con una subida del 12,2 % en el primer trimestre, la mayor en 18 años— está agravando una situación crítica para los jóvenes. La edad media de emancipación supera ya los 30 años, mientras que el alquiler en las grandes ciudades consume más del 40 % del salario medio. Desde el sector inmobiliario se alerta sobre una desigualdad generacional que exige medidas valientes: ampliar el parque público, facilitar suelo para vivienda asequible, y aplicar controles efectivos al mercado especulativo.

Según Antonio Ortiz, director general de SAFTI España, la solución pasa por la colaboración público-privada y decisiones estructurales. Propone fomentar una red de vivienda protegida en alquiler, controlar el impacto de las ayudas directas, incentivar el cambio de uso de inmuebles infrautilizados y mejorar la educación financiera entre los jóvenes. Estas propuestas buscan convertir el acceso a una primera vivienda en un derecho viable, no en un privilegio condicionado por el contexto económico o las limitaciones del mercado. Puedes ampliar esta perspectiva con el análisis de la OCDE sobre el acceso a la vivienda en España.

¿Cuál es el perfil medio de un joven que no puede acceder a la vivienda?
En muchos casos, trabajadores con empleo precario, bajo poder adquisitivo y escaso ahorro previo.
¿Qué impacto tendría una red amplia de vivienda pública en alquiler?
Podría reducir la presión sobre el mercado privado y permitir precios más asequibles a largo plazo.

La urgencia del problema exige soluciones estructurales. No se trata solo de facilitar la compra, sino de garantizar oportunidades reales para alquilar o vivir dignamente.

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El precio de la vivienda en España se ha disparado un 12,2% en el primer trimestre, la mayor subida en 18 años. Esto hace que, actualmente, uno de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes españoles es el acceso a ella. Y los datos así lo reflejan debido a que la edad media de emancipación supera los 30 años y el precio del alquiler en las grandes ciudades consume más del 40% del salario de un joven. A esto se añade que la compra de una vivienda es, para muchos, una quimera. Desde el sector inmobiliario se observa con preocupación una desigualdad generacional que hay que resolver.

Según Antonio Ortiz, Director General de SAFTI España, «no estamos ante un fenómeno inevitable ni exclusivo de nuestro país. Con voluntad política, colaboración público-privada y decisiones valientes, es posible revertir esta situación. Desde nuestro punto de vista, estas son algunas de las ideas o medidas que podrían estudiarse a fondo y aplicarse»:                                                                                                         


Fomentar la construcción de vivienda accesible con incentivos reales. Debe hacerse con una verdadera visión de futuro. No se trata solo de limitar precios o prometer promociones públicas a medio plazo. Se trata de garantizar un stock permanente para generaciones presentes y futuras. Es imprescindible facilitar suelo finalista dónde sea posible, agilizar licencias y que se subvencione, si es el caso, el coste de la promoción, con una política de suelo activa y coherente. Quizás, una vigilancia sobre la fiscalidad a la transmisión de éstas, atendiendo siempre al poder adquisitivo de las familias y evitar la desaparición de la vivienda accesible.


Crear una auténtica red de vivienda pública y protegida del alquiler. España tiene una de las tasas más bajas de Europa en cuanto a parque público de vivienda. Las políticas deben orientarse al ámbito público, pero también incentivar al privado. Hace falta una inversión sostenida a largo plazo y colaboración con el sector privado para construir y gestionar vivienda protegida en alquiler pero, también, con sostenibilidad económica, con una política de suelo activa y coherente. Ser justos a la hora de evaluar las condiciones que dan acceso. Del mismo modo, un control del mercado especulativo por parte de los fondos de inversión o empresas, sin ventajas fiscales, que intensifiquen la especulación. Es decir, medidas para acotar la excesiva especulación con un bien que es de primera necesidad. Se trata de sumar todas las iniciativas entorno a este objetivo.


Reforzar las ayudas del alquiler con control de impacto. Analizar bien el impacto de las ayudas directas, en muchos casos consiguen el efecto contrario. Además, deberían complementarse con avales públicos que faciliten a los jóvenes proporcionar garantías a sus arrendadores. También acceder a una hipoteca con garantías, que ayuden a los jóvenes arrendadores a convertirse en propietarios.


Apostar por la rehabilitación y el cambio de uso. La regeneración de barrios y agilizar el cambio de uso de inmuebles, mediante incentivos o colaboración con propietarios, puede ampliar de forma significativa el parque disponible. Esto requiere coordinación entre administraciones, financiación ágil y visión urbanística a largo plazo.


Educación financiera y planificación residencial. Por ejemplo, que un comprador joven entienda como influye la evolución de los tipos de interés y de la inflación sobre su cuota de hipoteca, permite analizar mejor si se tiene capacidad para comprar en ese momento. En cuanto, a la planificación residencial, el desarrollar nuevos PAU, quizás a mayor distancia, pero con buenas comunicaciones, puede ayudar en la búsqueda de esa primera vivienda bien como comprador, bien como arrendatario.

«Desde el sector inmobiliario, estamos comprometidos con las personas. Por eso, queremos trabajar con transparencia y responsabilidad para que el acceso a la vivienda no sea un privilegio, sino un derecho para toda una generación», indica Antonio Ortiz.

Fecoval urge al Gobierno a reestructurar la reconstrucción tras la DANA

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Fecoval urge al Gobierno a reestructurar la reconstrucción tras la DANA

La reconstrucción de infraestructuras afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana se enfrenta a un nuevo reto: la inflación en los costes de construcción y la falta de medios humanos y materiales. Así lo ha manifestado FECOVAL en una reunión con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el comisionado José María Ángel, donde ha alertado de que el modelo actual de ejecución es inviable. La patronal propone una planificación zonificada, estructuración por lotes y contratación de emergencia como medidas clave para garantizar la eficacia de las obras.

Además, FECOVAL reclama la creación urgente de una mesa de coordinación entre Estado, Generalitat y diputaciones para gestionar conjuntamente la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, sin distinción de titularidades. Desde el Ejecutivo se ha reiterado el compromiso con una inversión global de más de 1.700 millones de euros, centrada en actuaciones como la mejora del ciclo integral del agua y la prevención de inundaciones mediante obras hidráulicas estratégicas. En paralelo, se ha anunciado un nuevo reglamento de extranjería para facilitar la incorporación de mano de obra a sectores clave. Más información disponible en el Instituto Valenciano de la Edificación.

¿Por qué propone FECOVAL estructurar los contratos por lotes?
Para agilizar la ejecución, reducir interlocutores y facilitar la viabilidad técnica de las obras.

¿Qué inversión ha anunciado el Gobierno en obras hidráulicas?
Más de 500 millones de euros en actuaciones estratégicas contra futuras inundaciones.

El éxito de la reconstrucción dependerá de una acción conjunta, planificada y realista que tenga en cuenta los retos estructurales del sector.

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La Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (FECOVAL) advierte que la inflación, derivada de la subida de costes de la construcción y la falta de medios personales y de maquinaria, afectará a las obras de reconstrucción de la Dana. Esta ha sido una de las principales conclusiones que se han comentado en el desayuno informativo que ha mantenido este martes el presidente de FECOVAL, José Luis Santa Isabel, y parte de su junta directiva, con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y el comisionado del Gobierno para la Reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla.

La escasez de medios disponibles hace inviable la ejecución de estos proyectos de forma individual. Desde FECOVAL inciden en que resulta imprescindible implementar una planificación zonificada de las obras, reducir el número de interlocutores y estructurar los contratos mediante lotes, con el objetivo de ganar eficacia y garantizar que las actuaciones puedan llevarse a cabo con éxito. Asimismo han propuesto que se posibilite una contratación de emergencia para aligerar la licitación y la ejecución de todos los proyectos pendientes.

Los contratistas de obra pública han pedido, además, una mesa para coordinar la reconstrucción con 80 municipios y 3 administraciones: «Desde FECOVAL reclamamos la creación urgente de un foro de coordinación entre el Estado, la Generalitat Valenciana y las diputaciones provinciales para afrontar de forma eficaz la reconstrucción del territorio. La riada no distinguió entre competencias ni titularidades: la infraestructura dañada es de todos, y el problema, también”.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha puesto en valor el papel fundamental que han desarrollado las empresas constructoras de obra pública durante la emergencia tras la riada. También ha destacado el compromiso del Ejecutivo central con la recuperación del territorio a través de una inversión global de más de 1.700 millones de euros en infraestructuras, articulada desde la Conselleria de Política Territorial y con la participación transversal de distintos ministerios.

Desde FECOVAL se ha instado al Gobierno a agilizar de manera urgente las obras hidráulicas necesarias para garantizar la protección de la ciudadanía. Han subrayado que las infraestructuras destinadas a la prevención de inundaciones no deben ser desatendidas, aunque no generen beneficios inmediatos, ya que representan una prioridad esencial a largo plazo para mitigar los riesgos asociados al cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos.

Bernabé también ha hecho hincapié en la relevancia de los proyectos de reposición del ciclo integral del agua, con una inversión específica orientada a la mejora o creación de redes de alcantarillado, incluso en municipios que aún carecen de ellas. “No solo vamos a reparar lo dañado; vamos a construir desde cero y a impulsar infraestructuras que transformarán la fisonomía de nuestras ciudades”, ha afirmado la delegada del Gobierno. También ha puesto en valor las actuaciones de emergencia en la adecuación urgente de cauces y barrancos a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Además, ha anunciado la ejecución de más de 500 millones en proyectos donde el sector constructor de obra pública jugará un papel esencial, tanto aguas abajo —como en los barrancos de la Saleta y del Poyo— como aguas arriba, mediante obras de laminación para la contención de agua y prevención de futuros episodios extremos.

En cuanto a la problemática de la mano de obra, Bernabé ha destacado que, en tan solo tres meses, el Gobierno ha permitido la regularización de 22.000 personas migrantes afectadas por la DANA, y ha anunciado que se está elaborando un nuevo reglamento de extranjería con el objetivo de facilitar la contratación en distintos oficios, reduciendo así las barreras administrativas.

Al encuentro también ha asistido el coordinador de TRAGSA en València, Juan Miguel Alepuz, y el director de la Oficina de Coordinación e Impulso a la Ejecución de las Ayudas, Roger Llanes.


Palacios restaurados de Sevilla renacen como hoteles con eficiencia energética

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Palacios restaurados de Sevilla renacen como hoteles con eficiencia energética

El auge de la rehabilitación arquitectónica en Sevilla está transformando antiguos palacios y casas señoriales en alojamientos de lujo. Estos edificios históricos no solo conservan su valor patrimonial, sino que incorporan estándares actuales de eficiencia energética y diseño contemporáneo. Proyectos como el Hotel Mercer Plaza Sevilla o el Plácido y Grata son ejemplos de cómo se puede armonizar la identidad arquitectónica regionalista con exigencias actuales de confort y sostenibilidad. Están surgiendo colaboraciones clave con especialistas como Torinco, expertos en carpintería y restauración, que aportan soluciones a medida en ventanas, puertas y acabados tradicionales.

En todos los casos, destaca el compromiso con materiales de alta calidad y técnicas respetuosas con la historia del edificio. Desde la integración de carpinterías ignífugas hasta certificaciones como Passivehouse, estos proyectos demuestran cómo el patrimonio puede reactivarse de forma innovadora. Empresas y arquitectos se enfrentan al reto de combinar conservación y eficiencia energética, generando nuevas referencias para el turismo y el desarrollo urbano de calidad. Puedes consultar más detalles sobre criterios de rehabilitación energética en el portal del Green Building Council España.

¿Qué requisitos debe cumplir una rehabilitación hotelera para ser energéticamente eficiente?
Debe garantizar aislamiento térmico, control solar y ventilación mecánica, todo ello sin alterar elementos protegidos.

¿Qué ventajas aporta conservar la carpintería original en un edificio hotelero?
Permite preservar el valor histórico sin renunciar a confort ni seguridad, si se aplican soluciones adecuadas.

El caso sevillano muestra cómo la rehabilitación bien planteada puede revitalizar el patrimonio sin renunciar a las exigencias técnicas del presente.

La capital hispalense ofrece alojamientos de lujo que aúnan conservación arquitectónica, diseño contemporáneo y eficiencia energética

Sevilla, con su rica herencia arquitectónica, está siendo testigo de una revitalización sin precedentes. Antiguos palacios y casas señoriales, algunos en desuso, han sido restaurados en los últimos años y convertidos en hoteles boutique que ofrecen experiencias únicas a sus huéspedes. Detrás de esta transformación hay proyectos de arquitectura ambiciosos y proveedores especializados en la recuperación de edificios históricos, como la carpintería de madera Torinco.

Uno de los ejemplos más significativos es el Hotel Mercer Plaza Sevilla. Ubicado en la céntrica Plaza de San Francisco, ocupa dos edificios de principios del siglo XX -de estilo regionalista, con elementos mudéjares y barrocos- concebidos como residencias de familias burguesas. El estudio DAAR Arquitectura, bajo la supervisión de Lía Sainz, llevó a cabo la rehabilitación de los inmuebles, siendo capaz de ensalzar su estructura original y conservar restos de la muralla romana del siglo III hallados durante la restauración. 

En la intervención de este Hotel de 5 Estrellas Gran Lujo, propiedad de Millenium Real State, participó la misma empresa especialista en restauración y carpintería exterior del Hotel JW Marriot de Madrid, responsable de replicar puertas y ventanas originales del enclave histórico con soluciones compatibles con las exigencias del confort actual.

Muy cerca del anterior inmueble, en la calle Monsalves, el Hotel Plácido y Grata se erige en una casa señorial de estilo regionalista de finales del siglo XIX, reconstruida en 1914. La rehabilitación, realizada por el estudio de arquitectura e interiorismo Your Living Space y Kiran Vasnani y el estudio de arquitectura de Sevilla Serra&Zulategui, ha respetado elementos protegidos como la fachada, el zaguán, la escalera principal y el patio.

Asimismo, la introducción de ventanas de madera de alto aislamiento acústico y resistentes al fuego 60’ ha permitido conservar la estética regionalista del edificio sin comprometer la seguridad ni la eficiencia energética.

La eficiencia energética, un reto alcanzado

Otro caso singular es el del Hotel Tayko Sevilla, en la Puerta de Jerez. El inmueble fue proyectado en 1928 por el arquitecto José Gómez Millán como parte del complejo de La Casa de la Moneda. Casi un siglo después, el estudio Serra+Zulategui Arquitectos ha devuelto a la vida este edificio regionalista con un proyecto hotelero de 26 habitaciones, manteniendo sus elementos originales, desde la fachada hasta las carpinterías, adaptadas a las nuevas exigencias normativas.

El recorrido concluye en el barrio de Triana, donde el Triana House Hotel Boutique destaca no solo por su diseño andaluz contemporáneo, sino también por ser el primer hotel certificado Passivehouse de Andalucía. La rehabilitación, dirigida por Amaro Sánchez de Moya, ha transformado una vivienda tradicional en un referente estético y de eficiencia energética. Para cumplir con los exigentes criterios de aislamiento, se incorporaron ventanas de altas prestaciones térmicas sin alterar la apariencia tradicional del edificio.

En estos proyectos, el trabajo artesanal ha sido esencial para mantener la identidad arquitectónica original. Torinco, empresa especializada en rehabilitar la carpintería de edificios históricos, ha participado en estas intervenciones. Como afirma su CTO, Antonio Torrero, “colaborar en la recuperación del patrimonio arquitectónico, aportando soluciones que equilibran innovación, sostenibilidad y diseño, forma parte de nuestro compromiso con el sector”.

El nuevo uso de estos inmuebles en Sevilla reactiva el valor del patrimonio construido, dando una nueva vida a edificios históricos que recuerdan la importancia arquitectónica de la capital hispalense.

El comercio electrónico presiona al sector logístico para adaptarse al crecimiento urbano

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El comercio electrónico presiona al sector logístico para adaptarse al crecimiento urbano

El auge del comercio electrónico en Europa continúa impulsando transformaciones profundas en el sector logístico. Aunque el Reino Unido lidera con una tasa del 32%, países como España todavía tienen un amplio margen de crecimiento. Según un reciente informe, se espera que la penetración del e-commerce en España alcance el 14,7% en 2030, lo que provocará una demanda de más de un millón de metros cuadrados adicionales de espacio logístico. Esta transformación se explica por el cambio de hábitos de consumo, con plataformas como Shein o Temu ganando peso en el mercado, y por la exigencia creciente de entregas en menos de 24 horas y devoluciones sin coste.

A esta presión se suma el posible fin de las exenciones “de minimis”, que permitirían a los estados de la UE imponer controles aduaneros más estrictos a pequeños envíos internacionales. El informe anticipa que una revisión de esta norma puede alterar la actual cadena de suministro, obligando a muchas plataformas asiáticas a modificar sus modelos operativos. En consecuencia, podrían aumentar los plazos de entrega, reducirse los envíos aéreos y crecer la necesidad de almacenamiento logístico intermedio, lo que afectaría directamente al diseño y la ubicación de las plataformas logísticas.

En este escenario, la sostenibilidad emerge como una prioridad estratégica. Las empresas de última milla están optando por instalaciones más eficientes y comprometidas con el medioambiente, incorporando energía solar, iluminación LED y puntos de carga para vehículos eléctricos. Operadores como Prologis están liderando esta transición mediante su plataforma Essentials, orientada a una logística más limpia y cercana al consumidor. La combinación de eficiencia operativa, proximidad urbana y reducción de la huella de carbono se perfila como la fórmula clave para responder a la demanda futura del comercio electrónico en Europa.

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Según el informe, el comercio electrónico en Europa continental representa una media del 10%, cifra muy por debajo del 32% del Reino Unido, por lo que el margen de crecimiento de esta actividad en países como España es significativo. De hecho, se prevé que esta cifra aumente hasta el 13,4% en Europa y hasta el 14,7% en España para 2030, lo que generará una demanda de entre 1,4 y 1,9 millones de metros cuadrados de espacio logístico adicional durante los próximos cinco años.

En España, plataformas como Shein, AliExpress y Temu ya representan el 34% de los pedidos online, una tendencia que también se replica en otros mercados europeos como Alemania, donde su cuota de mercado se ha triplicado desde 2022.

Este auge ha ido acompañado de un cambio en los modelos de distribución: las empresas priorizan ubicaciones logísticas cercanas a los núcleos urbanos, con buena conectividad y proximidad al consumidor, para garantizar entregas el mismo día o al día siguiente. Esta tendencia responde directamente a las expectativas del consumidor: en 2024, el 70% esperaba entregas en 24 horas y el 76% contaba con tener el servicio de devoluciones gratuito.

Minimis y su impacto en el sector

Por otra parte, el informe hace referencia también al debate en torno a la posible revisión o eliminación de los umbrales “de minimis”, que está generando cambios anticipados en la logística del comercio electrónico. Plataformas como Shein, Temu o TikTok Shop, que dependen de modelos «built-to-order» con envíos aéreos rápidos, ya están adaptando sus cadenas de suministro ante este posible cambio regulatorio.

Aunque este tipo de importaciones representa una pequeña parte del total, eliminar estas exenciones podría llevar a un mayor uso del transporte marítimo, plazos de entrega más largos y mayor necesidad de almacenamiento.

Edificios eficientes

La sostenibilidad es otro gran factor implícito en la actividad de última milla. Las empresas de comercio electrónico y la actividad de última milla en general, buscan edificios logísticos energéticamente eficientes, el uso de las energías renovables y las operaciones neutras en carbono. Prologis impulsa la transición hacia una logística más limpia a través de su plataforma Essentials, que facilita a sus clientes la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, incluidas las furgonetas de reparto. Además, apuesta por la eficiencia energética en sus instalaciones, incorporando paneles solares en las cubiertas y sistemas de iluminación LED de bajo consumo, contribuyendo así a reducir los costes operativos y la huella ambiental de la actividad logística.

“El comercio electrónico sigue creciendo con fuerza en Europa continental, especialmente en España, donde aún tiene un gran potencial por desarrollar. Frente a esta dinámica y a la escasez de suelo disponible, los operadores logísticos deben adaptar sus modelos para ofrecer plataformas más sostenibles y cercanas a los núcleos urbanos. El aumento de la tasa de penetración impulsa a las empresas a replantear sus cadenas de suministro para acelerar las entregas, lo que incrementa la demanda de espacios logísticos bien ubicados”, explica Cristian Oller, Head of Asset Management del Sur de Europa de Prologis.

Prologis España y el comercio electrónico en cifras (a mayo de 2025)

  • De los 129 clientes que tiene Prologis en España, 32 pertenecen al sector retail y comercio electrónico: un 25% del total.
  • De los 86 edificios, 33 están alquilados a empresas dedicadas al retail y comercio electrónico: 38% del total.
  • En España Prologis tiene 1,5 millones de metros cuadrados, de los cuales 510.000 metros cuadrados están ocupados por empresas de retail y comercio electrónico (incluidos supermercados): un 34% del total.

Valdecarros impulsará la mayor oferta de vivienda protegida en Madrid

Redacción
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Valdecarros impulsará la mayor oferta de vivienda protegida en Madrid

El desarrollo urbanístico de Valdecarros se ha consolidado como una de las principales apuestas del Gobierno regional para hacer frente al reto del acceso a la vivienda. Con más de 51.000 viviendas previstas, de las cuales un 55 % serán protegidas, esta actuación urbanística busca descongestionar el mercado residencial de Madrid y ofrecer soluciones habitacionales asequibles a medio y largo plazo. El consejero Jorge Rodrigo ha subrayado el papel clave de este proyecto como elemento estructural en la política de vivienda de la Comunidad.

Durante su visita a las primeras fases del desarrollo, Rodrigo ha reconocido el esfuerzo técnico y la colaboración institucional que está permitiendo acelerar la ejecución. Según el propio consejero, iniciativas como esta demuestran que aumentar la oferta de vivienda es una vía realista y eficaz para estabilizar los precios. La urbanización de las tres primeras etapas estará finalizada en 2026, con una previsión de construcción de más de 13.500 viviendas en su primera fase.

Desde la promotora del proyecto, se ha destacado el impacto económico y social que supondrá Valdecarros para toda la región, con más de 8.000 millones de euros de inversión total, 70.000 empleos directos y casi medio millón de metros cuadrados de superficie comercial. Las claves de este desarrollo, incluyendo su conexión eficiente y sostenible con el resto de la ciudad, pueden consultarse en Valdecarros Madrid, entidad responsable del proyecto.

  • ¿Qué porcentaje de vivienda protegida tendrá Valdecarros?
    El 55 % de las viviendas proyectadas serán de protección oficial.
  • ¿Cuándo comenzará la construcción de las viviendas?
    A partir de 2026, una vez finalizada la urbanización de las tres primeras fases.

Valdecarros es un ejemplo de cómo la planificación urbana ambiciosa, sostenida por colaboración público-privada, puede convertirse en motor de vivienda accesible y crecimiento económico.

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Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha realizado el viernes 6 de junio una visita al desarrollo urbanístico de Valdecarros para conocer el estado actual de las obras. El consejero manifestó su confianza y entusiasmo por un proyecto ambicioso, que a su juicio será determinante en la generación de vivienda tanto para Madrid como para el conjunto de la región.

Rodrigo fue recibido por el equipo gestor de Valdecarros Madrid, encabezado por su presidente, Luis Roca de Togores y su gerente, Domingo Menéndez. Durante la visita, el consejero fue informado de que la urbanización de las tres primeras etapas del desarrollo estará finalizada a comienzos de 2026, lo que a partir de entonces permitirá poner en marcha más de 13.500 viviendas. Desde Valdecarros Madrid se elogió la implicación y el compromiso que están mostrando los técnicos municipales para agilizar el desarrollo.

Según el consejero, “se trata de un proyecto urbanístico que incluye más de cincuenta mil viviendas, que albergarán a unas ciento cincuenta mil personas, equivalentes a la población de ciudades como Burgos o Badajoz. Éstas son las políticas que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid debemos seguir apoyando, y de la forma más rápida posible, para seguir generando vivienda. Si conseguimos elevar la oferta será más fácil bajar los precios”.

“Valdecarros”, aseguró, “no sólo es importante para Madrid, sino también para toda la región. La mitad de las viviendas del nuevo barrio serán protegidas. Desde el gobierno regional lo que estamos haciendo es trabajar para crear cada vez más vivienda en Madrid”.

Por su parte, Luis Roca de Togores se mostró confiado en que el proyecto de reparcelación esté aprobado a principios de 2026, con lo que las primeras grúas podrían empezar a construir viviendas el próximo año. Indicó que  “entre las medidas más destacadas del proyecto se encuentra la inclusión del Bus de Tránsito Rápido (BRT) dentro de las obras de urbanización, fruto de la colaboración con el Ayuntamiento y la EMT. Ya hemos conectado Valdecarros con el Ensanche de Vallecas, cerrando un anillo de movilidad eficiente y sostenible”.

El nuevo barrio madrileño supone el mayor desarrollo urbanístico de España y uno de los más grandes de Europa, con 51.656 viviendas de las cuales el 55% serán protegidas. Abarca 19 millones de metros cuadrados de superficie, de los que 7 millones se destinarán a zonas verdes, y vivirán en él unos 150.000 madrileños.

La inversión en obras de urbanización supera los 2.000 millones de euros, que se elevan a 8.000 millones de euros de inversión total para Madrid, incluida edificación. Se generarán 70.000 empleos directos y 480.000 empleos indirectos para su ejecución. Habrá medio millón de metros cuadrados de superficies comerciales, de los que más de 150.000 metros cuadrados estarán a pie de calle.

Valdecarros está situado en el cinturón metropolitano que abarca desde la Carretera de Andalucía hasta el límite de Coslada y San Fernando, entre las autovías M40, M45 y M50, rodeado además de conexiones como la M30, A3, M31 y R3.

Administradores de Fincas alertan sobre la inseguridad jurídica en torno al gran tenedor en Cataluña

Redacción
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La indefinición del concepto de gran tenedor en Cataluña ha generado una profunda inquietud entre los profesionales de la administración de fincas. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida denuncia la coexistencia de dos marcos normativos —la ley estatal y la catalana— que complican la interpretación y aplicación de la norma. Esta situación ha motivado la solicitud de una reunión urgente con la Agència de l’Habitatge de Catalunya para aclarar los criterios oficiales y dotar de seguridad jurídica a los colegiados.

Mientras se esperan respuestas, el colegio profesional ha ofrecido una guía provisional basada en criterios consensuados por los agentes del sector, con el objetivo de asistir a sus miembros ante la avalancha de dudas sobre cómo actuar ante la figura del gran tenedor. El presidente del colegio, Lorenzo Viñas, advierte de que aplicar la ley con errores interpretativos puede acarrear sanciones de hasta 900.000 euros. Esta falta de claridad, insisten, no solo genera inseguridad para los profesionales, sino que perjudica directamente la oferta de vivienda en alquiler, dificultando aún más el acceso a la vivienda.

Desde la entidad, se defiende que los Administradores de Fincas Colegiados aplican la normativa con rigurosidad, y califican de “aberrantes” las sanciones que contempla la actual legislación. La organización exige que la administración catalana asuma su responsabilidad, clarifique la normativa y garantice un entorno regulatorio que favorezca un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible, en línea con el compromiso de los profesionales del sector.

  • ¿Qué reclama el Colegio de Administradores de Fincas?
    Reclama una interpretación unificada del concepto de gran tenedor para evitar inseguridad jurídica y sanciones desproporcionadas.
  • ¿Por qué es urgente una aclaración normativa?
    Porque la indefinición perjudica tanto a los profesionales como a la oferta de alquiler, dificultando el acceso a la vivienda.

La claridad jurídica en materia de vivienda es un requisito imprescindible para reforzar la estabilidad del mercado y proteger tanto a inquilinos como a propietarios.

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Desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida queremos denunciar que actualmente no hay una unidad de criterios clara ni definitiva sobre la interpretación del concepto de gran tenedor por parte de profesionales, judicatura y Agència de l’Habitatge de Catalunya, especialmente a raíz de la convivencia entre la normativa estatal (Ley 12/2023, del derecho a la vivienda) y la catalana (Ley 24/2015, modificada por la Ley 1/2022).

A causa de esta falta de concreción de la normativa y la inseguridad jurídica que se deriva, desde el Colegio hemos solicitado una reunión formal con la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) para abordar esta cuestión y obtener criterios interpretativos unificados que den seguridad jurídica a los profesionales que están en contacto con propietarios e inquilinos.

Mientras esperamos respuestas y concreciones de la AHC, hemos tenido que ofrecer a nuestros colegiados los criterios que los diferentes agentes del sector hemos consensuado entre nosotros con el objetivo de dar una orientación con fundamentos para acompañarlos en sus tareas del día a día, ante la avalancha de consultas que recibamos. Hay que puntualizar que estos criterios son provisionales hasta tener respuesta de la AHC.

El presidente del Colegio, el Sr. Lorenzo Viñas, exige respuestas a la Administración catalana “porque esta inseguridad jurídica perjudica la oferta de viviendas de alquiler y, además, no olvidemos que aplicar con criterios erróneos la ley comporta sanciones de hasta 900.000 euros”.

El Sr. Viñas, además, remarca que los Administradores de Fincas colegiados siempre aplicamos y asesoramos sobre las leyes de manera escrupulosa y profesional. “Encontramos aberrantes y completamente desproporcionadas las sanciones que prevé la ley”.

Una vez más, reiteramos que nuestra profesión, la de Administrador de Fincas Colegiado, juega un papel clave en la sociedad y es esencial para un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible.

APCEspaña pide mayor inversión pública y seguridad jurídica

Redacción
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La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera que la propuesta del Gobierno para triplicar la inversión pública en vivienda puede ser una medida efectiva, siempre que no excluya a la iniciativa privada de los planes de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Esta postura refuerza la necesidad de impulsar un modelo mixto que reconozca el papel clave que ha desempeñado el sector privado en la construcción del parque residencial protegido en las últimas décadas. Según la entidad, más del 90 % de la VPO en los últimos 15 años ha sido promovida por empresas privadas.

Desde APCEspaña se reclama también una actuación decidida sobre el planeamiento urbano y la transformación del suelo. Consideran imprescindible dotar de financiación suficiente a los procesos de recalificación y gestión de suelo urbanizable, así como garantizar la seguridad jurídica en todas las fases del desarrollo. Esta visión integral apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella en la generación de oferta: la escasez de suelo disponible y la excesiva rigidez normativa.

El sector promotor reitera su disposición a colaborar activamente con las administraciones para impulsar nuevas fórmulas de colaboración público-privada que ayuden a aumentar la producción de vivienda asequible. Tal como se expone en la página oficial de APCEspaña, el esfuerzo conjunto en inversión, planificación y normativa será clave para revertir el déficit estructural de vivienda en España y garantizar el acceso en condiciones dignas a las nuevas generaciones.

  • ¿Qué propone APCEspaña respecto a la inversión en vivienda?
    APCEspaña propone triplicar la inversión pública en vivienda, incluyendo a la iniciativa privada en la promoción de VPO.
  • ¿Por qué es importante la transformación urbanística del suelo?
    Agilizar la transformación urbanística del suelo es esencial para incrementar la producción de viviendas y facilitar el acceso a la vivienda.

La colaboración entre el sector público y privado, junto con reformas legislativas adecuadas, es fundamental para abordar el déficit habitacional en España.

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La Asociación de Promotores Constructores de España considera la propuesta de Acuerdo Estatal para la Vivienda enviada ayer por el presidente del Gobierno a los presidentes de las Comunidades Autónomas como un paso necesario para incrementar el parque de viviendas en España.

La construcción de viviendas -ya sean libres, asequibles o de protección oficial- es una actividad intensiva en capital, por lo que es necesario que tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas hagan un esfuerzo presupuestario para triplicar la inversión pública (7.000MEUR para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030) estableciendo líneas de financiación y ayudas de calado a la VPO, que soporta los mismos costes de construcción que la vivienda libre. Este es un compromiso económico que debe de mantenerse en el tiempo para paliar el déficit actual y poder equipararse a otros países europeos en esta materia.

Cabe recordar que, en los últimos 15 años, el sector privado es el que ha construido la gran mayoría de viviendas de protección oficial en España (más del 90%) tanto sobre suelo público como privado. “Dejar fuera de los Planes Estatales de Vivienda a la VPO de iniciativa privada es reducir sustancialmente su efectividad para incrementar el parque de viviendas, y eso es algo que no nos podemos permitir en absoluto” alerta el presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana.

En este sentido, la Asociación considera que si se quiere construir protección oficial es imprescindible aflorar y agilizar la transformación urbanística de suelos, contar con dotación presupuestaria para la transformación de suelo (a urbano y urbanizable), e incrementar la edificabilidad en las promociones de VPO que se proyecten en los próximos 10-15 años. Así, entienden, se consigue más vivienda asequible y de una forma más ágil.

Por lo que respecta a la creación de una base de datos pública, los promotores se muestran a favor de la transparencia, pero sin que por ello se demonice a la iniciativa privada y sea objeto de descalificaciones constantes e injustas, cuando justamente es el sector promotor constructor privado el que tiene la capacidad para producir la oferta suficiente de viviendas que se necesita.

Otras medidas

El principal problema de la vivienda en nuestro país es de falta de generación de oferta de toda tipología. Se acumula déficit de viviendas año tras año, y si no se aumenta ostensiblemente la producción, el problema persistirá.

Para poder atajar esta problemática se necesita suelo, financiación y seguridad jurídica, entre otras cuestiones. “Es imprescindible aprobar la reforma de la Ley de Suelo para agilizar y dotar de seguridad jurídica el desarrollo de suelo. Tener planeamientos urbanísticos con desarrollos que superan la década y que pueden quedar paralizados otros 15 años por un tema subsanable está paralizando la construcción de viviendas y la ampliación del parque de viviendas en España”, reclama Vilajoana.

Por último, el sector reitera al Gobierno y al resto de administraciones su disposición para reunirse e impulsar conjuntamente herramientas efectivas de colaboración público-privada que permitan incrementar el parque de viviendas en España.

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