La indefinición del concepto de gran tenedor en Cataluña ha generado una profunda inquietud entre los profesionales de la administración de fincas. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida denuncia la coexistencia de dos marcos normativos —la ley estatal y la catalana— que complican la interpretación y aplicación de la norma. Esta situación ha motivado la solicitud de una reunión urgente con la Agència de l’Habitatge de Catalunya para aclarar los criterios oficiales y dotar de seguridad jurídica a los colegiados.
Mientras se esperan respuestas, el colegio profesional ha ofrecido una guía provisional basada en criterios consensuados por los agentes del sector, con el objetivo de asistir a sus miembros ante la avalancha de dudas sobre cómo actuar ante la figura del gran tenedor. El presidente del colegio, Lorenzo Viñas, advierte de que aplicar la ley con errores interpretativos puede acarrear sanciones de hasta 900.000 euros. Esta falta de claridad, insisten, no solo genera inseguridad para los profesionales, sino que perjudica directamente la oferta de vivienda en alquiler, dificultando aún más el acceso a la vivienda.
Desde la entidad, se defiende que los Administradores de Fincas Colegiados aplican la normativa con rigurosidad, y califican de “aberrantes” las sanciones que contempla la actual legislación. La organización exige que la administración catalana asuma su responsabilidad, clarifique la normativa y garantice un entorno regulatorio que favorezca un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible, en línea con el compromiso de los profesionales del sector.
- ¿Qué reclama el Colegio de Administradores de Fincas?
Reclama una interpretación unificada del concepto de gran tenedor para evitar inseguridad jurídica y sanciones desproporcionadas. - ¿Por qué es urgente una aclaración normativa?
Porque la indefinición perjudica tanto a los profesionales como a la oferta de alquiler, dificultando el acceso a la vivienda.
La claridad jurídica en materia de vivienda es un requisito imprescindible para reforzar la estabilidad del mercado y proteger tanto a inquilinos como a propietarios.
Entradas relacionadas:
- Subvenciones finalistas como el bono joven acaban trasladándose y afectando a precios
- Alianza de la industria pide al Gobierno medidas urgentes ante los elevados precios
Desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida queremos denunciar que actualmente no hay una unidad de criterios clara ni definitiva sobre la interpretación del concepto de gran tenedor por parte de profesionales, judicatura y Agència de l’Habitatge de Catalunya, especialmente a raíz de la convivencia entre la normativa estatal (Ley 12/2023, del derecho a la vivienda) y la catalana (Ley 24/2015, modificada por la Ley 1/2022).
A causa de esta falta de concreción de la normativa y la inseguridad jurídica que se deriva, desde el Colegio hemos solicitado una reunión formal con la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) para abordar esta cuestión y obtener criterios interpretativos unificados que den seguridad jurídica a los profesionales que están en contacto con propietarios e inquilinos.
Mientras esperamos respuestas y concreciones de la AHC, hemos tenido que ofrecer a nuestros colegiados los criterios que los diferentes agentes del sector hemos consensuado entre nosotros con el objetivo de dar una orientación con fundamentos para acompañarlos en sus tareas del día a día, ante la avalancha de consultas que recibamos. Hay que puntualizar que estos criterios son provisionales hasta tener respuesta de la AHC.
El presidente del Colegio, el Sr. Lorenzo Viñas, exige respuestas a la Administración catalana “porque esta inseguridad jurídica perjudica la oferta de viviendas de alquiler y, además, no olvidemos que aplicar con criterios erróneos la ley comporta sanciones de hasta 900.000 euros”.
El Sr. Viñas, además, remarca que los Administradores de Fincas colegiados siempre aplicamos y asesoramos sobre las leyes de manera escrupulosa y profesional. “Encontramos aberrantes y completamente desproporcionadas las sanciones que prevé la ley”.
Una vez más, reiteramos que nuestra profesión, la de Administrador de Fincas Colegiado, juega un papel clave en la sociedad y es esencial para un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible.