MADRID. La prestación por cese involuntario de actividad de los autónomos iniciará su andadura en 2011 con un ‘superávit’ en caja de al menos 65 millones de euros, equivalentes a lo que el Gobierno prevé que se recaude este año a través de la cotización adicional que tendrán que pagar estos trabajadores si quieren tener derecho a cobrar paro, según la memoria económica que acompaña al proyecto de ley que regula esta prestación.
El modelo diseñado por el Ejecutivo establece que para poder acceder a la prestación por cese de actividad, los trabajadores autónomos deberán cotizar de manera continuada un mínimo de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha del cese de la actividad, lo que daría derecho a percibir dos meses de prestación.
Esto significa que 2010 será un año ‘en blanco’ en materia de gastos para el sistema, pues no podrá abonarse ninguna prestación ante la imposibilidad de cumplir los requisitos de cotización. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con los ingresos, ya que el autónomo que en 2011 quiera cobrar paro tendrá que pagar durante este año una cotización adicional a la Seguridad Social.
Las reservas generadas en 2010 por la nueva cotización permitirán que el sistema pueda ir echando mano de las mismas a medida que se vaya asentando. Con 65 millones ya en la caja, en 2011 el Gobierno espera que se recauden otros 67,3 millones de euros por esta cotización, si bien en este ejercicio ya habría gastos.
Así, el Ejecutivo prevé que 26.252 autónomos, excluyendo a los del sistema especial agrario, se beneficien en 2011 de esta prestación durante un periodo de dos meses, con un coste global de 54,84 millones de euros. De esta forma, en 2011 se recaudarán casi 12,5 millones de euros más de los que se gastarán por este concepto, dinero que pasaría a engrosar el ‘superávit’ de este subsistema hasta situarlo en unos 78 millones de euros.
2012 Y 2013, MÁS GASTOS QUE INGRESOS.
En 2012, las previsiones del Gobierno cambian y los ingresos serán inferiores a los gastos. Para ese año se estima una recaudación de 92,39 millones de euros y unos gastos para el pago de la prestación de 102,6 millones de euros, lo que arrojaría un ‘déficit’ de 10,23 millones de euros. Sin embargo, gracias a las reservas generadas durante 2010 y 2011, la financiación quedaría garantizada, aunque el ‘superávit’ de caja se reduciría hasta los 68,48 millones de euros. El número de beneficiarios previsto para 2012 es de 26.501, sin contar a los trabajadores agrarios del sistema especial.
En 2013, los gastos previstos de la prestación (141,15 millones) superarán también a los ingresos (118,85 millones), pero los 22,3 millones que faltarían para financiar la prestación se sacarían nuevamente del ‘superávit’, que mermaría entonces hasta 46,6 millones de euros. En ese año, los beneficiarios serán 26.740 autónomos, según los cálculos del Gobierno.
En 2014 y 2015 se volvería a una situación de equilibrio, de tal forma que los ingresos derivados de la nueva cotización superarían a los gastos en 1,37 millones de euros y 1,4 millones de euros, con lo que este subsistema incrementaría sus excedentes hasta los 50,39 millones al final de dicho periodo.
Todos los datos mencionados anteriormente no tienen en cuenta a los trabajadores autónomos incluidos en el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios (SETA) ni a los trabajadores autónomos del Régimen Especial del Mar. Si se contara con ellos, el Gobierno calcula que las reservas de las que dispondría la prestación de paro de los autónomos se elevarían hasta los 92,06 millones de euros en 2010.
UN SISTEMA ENTRE VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO.
El sistema que ha diseñado el Ejecutivo para que los autónomos puedan cobrar el paro se basa en los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad. Se trata de modelo mixto, entre voluntario y obligatorio, pues para poder cobrar el paro los autónomos tendrán que cotizar al mismo tiempo por accidentes laborales y enfermedades profesionales, contingencia que ahora mismo es voluntaria salvo en determinados casos, como el de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) o, en el futuro, el de los autónomos que operen en actividades profesionales con un mayor riesgo de siniestralidad.
En la actualidad hay 539.338 trabajadores autónomos que cotizan por contingencias profesionales, incluyendo a 176.000 trabajadores autónomos del sector agrario, aunque el Gobierno estima que cuando se determinen las actividades con mayor riesgo de siniestralidad (previsiblemente transporte, construcción, y algunas actividades industriales) y se desarrollen los contratos de los TRADE, el número de autónomos cotizantes ascenderá aproximadamente a un millón.
La prestación por cese de actividad de los autónomos no será menor de 583,38 euros mensuales y no podrá superar los 1.383,9 euros. Su cuantía, durante todo su periodo de disfrute, será equivalente al 70% de la base por la que el autónomo venía cotizando durante los 12 meses anteriores al cese de su actividad.
Su duración será de entre dos y seis meses, en función del periodo cotizado, si bien en los casos de trabajadores autónomos de entre 60 a 64 años se incrementa la duración de la prestación, con un mínimo de tres meses y un máximo de nueve meses.
En concreto, los autónomos que hayan cotizado de 12 a 17 meses tendrán derecho a dos meses de paro; los que hayan cotizado entre 18 y 23 meses cobrarán tres meses de prestación; los de 24 a 29 meses de cotización tendrán cuatro meses de paro; los de 30 a 35 meses cotizados percibirán la ayuda durante cinco meses y los de 36 meses o más de cotización cobrarán durante el máximo fijado, esto es, seis meses.
La duración de la prestación estará en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los 36 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese.
