Andalucía. Familias jóvenes, con niveles de ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales y con claras preferencias por las viviendas en alquiler con opción a compra. Ésta es la radiografía de los demandantes de VPO que ha confeccionado la Consejería de Obras Públicas a partir de los datos obtenidos de las primeras 30.000 solicitudes que han recogido los ayuntamientos andaluces en sus registros municipales de demandantes de vivienda protegida. De ellos, el 92% de los interesados, es decir 27.600 andaluces, no supera los 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a unos 18.000 euros anuales. Para este tramo de renta, el Plan Concertado contempla el régimen especial, mientras que para los ingresos intermedios y más altos se destinan las VPO de régimen general y las de iniciativa municipal y autonómica.

En ese sentido, tan sólo el 8% restante, lo que se traduce en 2.400 futuros adjudicatarios, cuenta con niveles de renta superiores, con tramos que oscilan entre los 18.000 (2,5 veces el Iprem) y los casi 40.000 euros anuales (5,5 veces el Iprem).

Respecto a los tramos de edad, y de acuerdo con la información recabada, los jóvenes de entre 25 y 35 años constituyen el perfil mayoritario, con un 55% de la demanda, lo que equivale a 16.500 solicitudes. El siguiente con mayor representación lo forma el colectivo de menores de 25 años, con un 24%, es decir, unas 7.200 inscripciones.

Estos dos grupos representan, en la actualidad, alrededor del 70% de los adjudicatarios de VPO y a ellos van dirigidos diversos programas específicos contemplados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, para promover su acceso a una casa digna a precio asequible. Entre ellos destacan la vivienda joven en venta, el alquiler con opción a compra, la VPO en régimen especial -modalidad que reserva el 80% de los inmuebles para este cupo- y los alojamientos universitarios.

La población de edad media, integrada en la horquilla de entre 35 y 50 años, aglutina el 17% hasta alcanzar las 5.100 peticiones. Los mayores de 65 años concentran el 4% de esos primeros demandantes registrados, lo que se traduce en 1.200 solicitudes.

El alquiler, y más concretamente el arrendamiento con opción a compra, constituye la modalidad de tenencia que logra mayor representatividad en este retrato robot de la demanda de VPO en Andalucía, lo que constata un cambio de tendencia en las preferencias de los adjudicatarios, que han pasado de la venta, la opción hasta ahora más habitual y tradicional, a regímenes alternativos a la propiedad, capaces de satisfacer igualmente la demanda de vivienda.

Según la muestra analizada, un total de 19.800 demandantes, lo que supone el 66% de los inscritos, se decanta por el régimen de alquiler, en el que la fórmula con opción a compra representa el 43% -12.900- de ese porcentaje.

Esta última modalidad ofrece la posibilidad de acceder a la propiedad del inmueble pasados unos años -entre siete y diez-, con la particularidad de que al precio final del piso se le descontará parte del dinero que se haya abonado en concepto de rentas. La compra, por su parte, concentra el 34% de la demanda, con 10.200 solicitantes.

En cualquier caso, la inclinación por el alquiler está muy relacionada con la actual coyuntura económica, en la que el grueso de la población andaluza ha visto empeorada su situación.

Funcionamiento de los registros

El registro municipal de demandante está contemplado en la Ley del Derecho a la Vivienda como clave para conocer las necesidades de inmuebles protegidos en cada municipio de la comunidad y ajustar consecuentemente la oferta.

Hasta el momento, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha realizado una valoración favorable de las bases para crear los registros municipales de demandantes de viviendas protegidas presentadas por 630 ayuntamientos de la comunidad, mientras que las ordenanzas propuestas por otros 87 deberán corregir diversas anomalías, relativas en su mayoría a los criterios de selección, antes de recibir el informe positivo de la Junta. Ya han presentado las ordenanzas para la creación de los registros 717 ayuntamientos andaluces, lo que supone el 93% de los municipios de la comunidad.

Los registros municipales de demandantes de vivienda protegida no sólo incluirán cuántos ciudadanos tienen derecho a una vivienda en cada localidad, sino que también caracterizarán la demanda en función de las necesidades familiares: régimen al que opta el interesado (en venta o en alquiler), tipología de vivienda (si es adaptada o no), superficie y distribución del inmueble, etc.

Asimismo, permitirán que los ciudadanos soliciten una VPO hasta en tres municipios distintos, consignando cuál es su localidad de preferencia. En estas bases de datos podrán inscribirse todas las personas que demanden una VPO o un alojamiento protegido y que cumplan los requisitos legales para acceder a uno. Con esta información contrastada y sistematizada se elaborarán los planes municipales de vivienda de una forma mucho más ajustada a las necesidades.