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Fagor, Incedere y Comercial Nahomedic alquilan en Abertis Logisticspark Coslada

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Barcelona. abertis logística ha firmado recientemente tres nuevos contratos de alquiler en abertis logisticspark coslada con las compañías Fagor, Incedere y Comercial Nahomedic, que, en su totalidad, suponen el arrendamiento de 5.141 metros cuadrados de superficie en la segunda fase del parque logístico.

El contrato firmado con Incedere supone el alquiler de 2.601 metros cuadrados de superficie, y tiene una duración de cinco años. Incedere es una empresa dedicada al mantenimiento, reparación, asistencia técnica y logística de artículos electrónicos, incluyendo aparatos electrodomésticos, de telefonía, radiofrecuencia, audio y vídeo.

Por su parte, la compañía de electrodomésticos Fagor ha alquilado una superficie total de 1.242 metros cuadrados en abertis logisticspark coslada. El contrato tiene una duración de tres años.

Por último, Comercial Nahomedic, empresa dedicada al transporte y almacenamiento para laboratorios farmacéuticos y distribuidores de material médico, ha alquilado un módulo de 1.298 metros cuadrados de superficie. La duración del contrato es de dos años, prorrogables en un año más.

abertis losgisticspark coslada está situado en la localidad madrileña de Coslada, en pleno Corredor del Henares, muy próximo al aeropuerto de Barajas. El parque logístico cuenta con una superficie total de 10,7 hectáreas, así como con más de 62.000 metros cuadrados construidos de almacenes y oficinas.

En 2009, abertis logística puso en marcha la ampliación de las instalaciones de abertis logisticspark coslada. El proyecto supuso la remodelación integral y modernización de la segunda fase del parque logístico, de 38.000 metros cuadrados de superficie. En ella, ya se han instalado empresas como MRW, Lince Envíos y Microma.

abertis logisticspark coslada forma parte de la red internacional de parques logísticos que desarrolla abertis logística, la unidad de negocio del grupo abertis dedicada a la promoción, desarrollo, gestión y explotación de parques logísticos. Actualmente, esta red incluye emplazamientos en Barcelona, Madrid, Sevilla, Álava, Lisboa y Santiago de Chile. La superficie bruta de los parques logísticos de abertis logística supera las 715 hectáreas, con una superficie edificable de casi tres millones de metros cuadrados.
 

 

Comisión de seguimiento para impulsar la plataforma logística e intermodal de Albacete

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Albacete. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, ha asistido con la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y el secretario general de Transporte del Ministerio de Fomento, José Luís Cachafeiro, a la constitución de la Comisión de Seguimiento de la Plataforma Logística e Intermodal de Albacete, cuya finalidad es velar por el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos adoptados para el impulso de esta importante infraestructura ferroviaria.

La constitución de esta Comisión –compuesta por tres representantes del Ministerio de Fomento, dos de la Junta de Comunidades y uno del Ayuntamiento de Albacete– supone el inicio de los trabajos y estudios técnicos para definir la ubicación, dimensión y características de la Plataforma Logística. Su creación es fruto del protocolo firmado el pasado mes de marzo entre el ministro de Fomento, José Blanco; el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón; y la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver.

Esta plataforma intermodal que estará incluida en la Red Básica de Mercancías del Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías en España, convierte a Albacete en el punto neurálgico del tráfico ferroviario del sureste español.

Sánchez Pingarrón ha destacado que “este modelo facilitará los traslados en el interior de Castilla-La Mancha, tanto en rapidez como en seguridad, y además agilizará los flujos de mercancías, lo que significa que nos dará una mayor cercanía en tiempo de desplazamiento a los principales mercados, con las consiguientes repercusiones económicas, al aumentar la competitividad de las empresas ya instaladas y convertir a la región en un lugar estratégico para la ubicación de nuevos proyectos empresariales”.

En este sentido, ha continuado el consejero, “este nuevo proyecto consolida a Albacete como un punto estratégico del transporte en España ya en pocos meses hemos asistido a la llegada de la alta velocidad a Albacete y el funcionamiento del Centro de Regulación y Control desde el que se coordinará el tráfico ferroviario de la línea de alta Velocidad Madrid – Castilla-La Mancha – Comunidad Valenciana – Región de Murcia”.

Pero además, ha subrayado el consejero, “Albacete será el nexo entre la Red Convencional y la Red de Alta Velocidad, por lo que se convertirá en intercambiador de tráficos en el que conviven ambas líneas. Albacete es un punto neurálgico sobre el que pivota el tráfico ferroviario del cuadrante sureste del país”.

 

Marcelino Iglesias visita la planta de Cementos Blancos de Aragón, en Azuara

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El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, acompañado por el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, ha visitado la planta de Cementos Blancos de Aragón en el municipio zaragozano de Azuara. El presidente ha destacado la importancia de aprovechar los recursos endógenos y ha aplaudido esta iniciativa que se desarrolla donde tenemos la materia prima.

“La iniciativa de cementos blancos supone aprovechar parte de nuestros recursos endógenos que hasta ahora no se habían puesto en valor”, señalaba. Marcelino Iglesias ha destacado que, en esta zona “tenemos materias primas y lo que necesitamos son iniciativas para su transformación y su distribución”.

Iglesias ha asegurado que las construcción tiene que volver a crecer para desarrollar un papel importante en la recuperación económica: “Este sector debe volver a crecer apostando en los próximos años por la rehabilitación y evitando generar una nueva burbuja“.

Cementos blancos de Aragón, ubicada en el municipio de Azuara, está formado por los grupos Hormipresa, Bercontres, Prainsa y MLN y fabricará cemento blanco y cemento gris. Actualmente la instalación se encuentra en fase de pruebas previa a la producción de cemento. Se trata de la primera fase de un proyecto que se inició en 2005 y que cuando se complete supondrá una inversión de 170 millones de euros en territorio aragonés y la creación de 135 puestos de trabajo directos y otros 100 indirectos.

La primera fase ya realizada corresponde al proceso de molienda de cemento y ha comportado una inversión de 46 millones de euros y la creación de 25 puestos de trabajo directos y 20 indirectos. La fábrica se instala en la zona para aprovechar las grandes reservas de caliza existentes, que constituye la materia prima fundamental para una fábrica de cemento.

 

 

El proyecto Ecocity-Lourdes Renove subvenciona el aislamiento de 122 viviendas en Tudela

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Pamplona. El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, ha suscrito hoy un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tudela y las comunidades de propietarios del barrio Lourdes de la capital ribera, para acometer la mejora del aislamiento térmico de 122 viviendas incluidas en el proyecto Ecocity-Lourdes Renove, que persigue fomentar actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética.

El Ejecutivo foral concederá a los propietarios de las viviendas a rehabilitar una subvención de 280.000 euros que servirá, en primer lugar, para reducir la demanda de calefacción con el consiguiente ahorro energético y económico y, por otro lado, permitirá un cambio en la estética exterior de los edificios con una antigüedad media de 50 años. El Ayuntamiento de Tudela colaborará supervisando las actuaciones objeto de subvención y efectuará la entrega y el reparto de la ayuda entre las comunidades beneficiarias.

Las actuaciones en las envolventes térmicas contemplan la adecuación, tanto de las fachadas como de las cubiertas de estas edificaciones, al actual código técnico de la edificación en relación al aislamiento térmico. En concreto, se llevará a cabo el aislamiento de las fachadas por el exterior, duplicado de las ventanas con vidrios bajo emisivos y control solar, renovación y aislamiento de la cubierta y aislamiento de las viviendas de plantas bajas.

En la mayoría de los portales en los que se efectuará la rehabilitación de la envolvente térmica se procederá igualmente a la instalación de ascensores para la eliminación de las barreras arquitectónicas y la renovación de parte de las instalaciones generales del edificio.

Estas actuaciones se llevarán a cabo sobre ocho portales: Rafael Delgado Garcés, 12 (18 viviendas), Rafael Delgado Garcés, 10 (18 viviendas), Rafael Delgado Garcés, 8 (18 viviendas), Rafael Delgado Garcés, 6 (18 viviendas), Manuel Robles Pintado, 5 (8 viviendas), Caparroso Paños, 11 (18 viviendas), Caparroso Paños, 3 (18 viviendas), Clemos Burgaleta, 3 (6 viviendas). En este portal no se incluye el ascensor al tratarse de una edificación en planta baja +2.

El reparto de la subvención se realizará de forma proporcional a la superficie de las viviendas de dichas comunidades, no pudiendo superar el 22% del coste de la rehabilitación energética.

El barrio de Lourdes de Tudela tiene una población de 8.600 habitantes y alberga más de 2.000 viviendas. Además de soluciones de aislamiento térmico, la actuación Ecocity – Lourdes Renove, que afecta a viviendas de diferentes tipologías edificadas entre los años 50 y 70, incorpora el uso de energías renovables en la calefacción.

Se trata de la única rehabilitación de viviendas en Navarra de la que se tiene conocimiento que supera las exigencias de la normativa española vigente en materia de ahorro energético y también es la única que dispone de fondos europeos de los Programas Marco de I+D de la Comisión Europea.

La rehabilitación que se persigue tiene tres líneas de trabajo: mejora del aislamiento térmico, actuando sobre la envolvente térmica de las viviendas para reducir la necesidad de calefacción; mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, renovando una instalación centralizada de calefacción que da servicio a 486 viviendas y sus redes de distribución; y utilización de energías renovables mediante la renovación de la calefacción centralizada.

En esta actuación, además de llevarse a cabo la sustitución completa de toda la red de distribución y la inclusión de elementos de monitorización, se incluirá una nueva fuente de energía renovable, la biomasa, que producirá aproximadamente el 80% de la energía demandada por estas viviendas; el resto de la energía se aportará con gas, llevándose a cabo igualmente la renovación completa de la sala de calderas de gas. A día de hoy la sala de calderas de biomasa está finalizada y, a partir del 2 de mayo, cuando deje de funcionar el servicio de calefacción, se iniciarán los trabajos tanto en el interior de las viviendas como en la sala de calderas de gas, que mantendrá la ubicación actual.

El proyecto Lourdes Renove forma parte del programa europeo Ecocity en el que participan el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo; el Ayuntamiento de Tudela; el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER); el Centro Nacional Integrado de Formación en Energías Renovables (CENIFER); la Asesoría Zabala; la Orve de la Ribera y Nasursa.

Checa Abogados da cinco consejos a seguir por un trabajador que sufra un accidente laboral

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Madrid. Disminución del número de accidentes de trabajo y sus consecuentes efectos perjudiciales para el trabajador. Eso es lo que pide Checa Abogados, el despacho especializado en riesgos laborales para trabajadores en la fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello, Marta Checa, su Directora, ha recopilado una seria de pautas que se han de seguir en caso de padecer un percance. Así las cosas y entendiendo como accidente laboral “toda lesión corporal que sufra un trabajador por cuenta ajena como consecuencia de las tareas laborales que esté realizando”, Checa Abogados ofrece los siguientes consejos:

1.- Quién puede reclamar y a quién puedo reclamar

–          Puede reclamar el trabajador afectado y los familiares y/o personas que convivan o dependan económicamente de éste.

–          Se puede reclamar a la empresa responsable a la que pertenezca el trabajador. Además Marta Checa, recalca que también se puede reclamar “a otras partes que pudieran estar relacionadas en la forma de ocurrir el accidente y las Compañías de Seguros que cubran la responsabilidad civil de éstas”, dice.

2.- Qué se puede reclamar sin culpa del empresario

–          En este caso se pueden reclamar Prestaciones de la Seguridad Social.

–          También mejoras voluntarias (no obligatorias) establecidas por el empresario a través del Convenio Colectivo, consistentes en el incremento hasta cubrir el 100% de la base reguladora del período de incapacidad transitoria y/o una cantidad a tanto alzado para supuestos de fallecimiento y para incapacidades permanentes.

3.- Qué se puede reclamar con culpa del empresario por existir faltas de medidas de seguridad y salud

–          Se pueden reclamar las prestaciones de Seguridad Social y mejoras voluntarias anteriormente indicadas “así como el recargo de prestaciones de la Seguridad Social, dependiendo de la gravedad de la actuación empresarial, que suponen un incremente entre un mínimo del 30% hasta un máximo del 50%”, añade la  responsable de Checa Abogados.

–          También se puede pedir una indemnización por responsabilidad civil, consistente en el resarcimiento del daño moral y el resto del daño patrimonial no cubierto, hasta conseguir que se cubran la totalidad de los daños y perjuicios sufridos,

4.- Cómo se cuantifica el daño moral

–          Según Checa Abogados se puede utilizar el “Baremo para Accidentes de Circulación” de forma orientativa, como parámetro de cálculo del daño moral, esto es, del sufrimiento psíquico-físico que las lesiones han provocado al trabajador, tanto en los días de hospitalización, como los días de incapacidad transitoria y respecto a las secuelas que se le hubieran producido.

5.- Pasos a seguir para reclamar

–          Lo primero que hay que hacer, tal y como recalca Marta Checa, es conseguir la intervención de Inspección de Trabajo “al objeto que investigue lo ocurrido y determine si habido o no falta o deficiencias en las medidas de seguridad implantadas por la empresa”.

–          Una vez que exista el Acta de Infracción levantada por Inspección de Trabajo por dicho motivo, se abrirá expediente para determinar el incremento en las prestaciones de la seguridad social a favor del trabajador. Además, se podrán ejercitar las acciones judiciales en reclamación de los daños morales y patrimoniales por responsabilidad civil del empresario. Por último, y en caso de que el accidente haya sido grave, “lo habitual es que de oficio se inicien actuaciones penales ante el Juzgado de Instrucción del lugar de los hechos, siendo aconsejable la personación en dicho procedimiento cuanto antes a través de Abogado y Procurador”, finaliza la abogada Marta Checa.

 

La Junta de Galicia estudia anular 120 licencias urbanísticas concedidas en Vigo en 2008

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Santiago de Compostela. El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Agustín Hernández, ha intervenido en el Pleno del Parlamento regional para informar de la concesión de 120 licencias urbanísticas en Vigo en el año 2008. Agustín Hernández advirtió que “podría darse una suspensión de los efectos de las licencias y una paralización inmediata de las mismas, de confirmarse una concesión irregular”.

El conselleiro explicó que cuando una persona que no tiene ninguna vinculación político – administrativa con la administración local firma la concesión de licencias urbanísticas, puede ocasionar la nulidad de las concesiones por lo que tendrían un carácter de “actos nulos” de pleno derecho; lo que significa que cualquier ciudadano podría exigir ante los órganos competentes el cumplimiento de la legislación urbanística.

Además de esto, estas concesiones conllevarían las siguientes consecuencias: la suspensión de los efectos de las licencias y la paralización inmediata de las obras por parte del alcalde así como la iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de los actos administrativos presuntamente ilegales. Además, esta actuación tendría responsabilidades penitenciarias atendiendo a la reglamentación del Código Penitenciario.

En este sentido, y con el objetivo de evitar cualquier posibilidad de inseguridad jurídica, Hernández recordó que el alcalde de Vigo puede proceder a resolver el problema que él mismo ocasionó a través de la supresión de dichas licencias y la realización de una nueva tramitación.

Para los beneficiarios de las licencias concedidas de forma irregular, en este caso serían los perjudicados, la inseguridad jurídica vendría dada por el hecho de que en cualquier momento el Ayuntamiento puede realizar la revisión de oficio de las citadas licencias. Esta circunstancia agrandaría más la irregularidad por el hecho de que esta revisión puede ser instada tanto por el Ayuntamiento como por cualquier ciudadano, sin que se le exija un interés legítimo concreto.

Hay que destacar, con independencia de esto, que los beneficiarios de las licencias tendrían derecho a resarcir de los daños por responsabilidad patrimonial y las correspondientes indemnizaciones.

 

Productores de energías renovables rechazan el canon eólico de Castilla-La Mancha

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Toledo. La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) manifiesta su rechazo a la Ley 9/2011 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que establece un canon para las instalaciones eólicas. Para la APPA es un contrasentido gravar con un impuesto más a estas instalaciones a los que ya se les aplican el de sociedades, BICES o ICIO.

En el caso de este último, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se aplica con un criterio que obedece a un afán recaudatorio superior a ninguna otra industria, sobre una tecnología como la eólica a la que, al igual que el resto de energías renovables, la mencionada Ley reconoce en su exposición de motivos como “fuente de abastecimiento que respeta el medio ambiente y, al aprovechar recursos autóctonos, contribuye a la disminución de la dependencia energética”.

Para la Sección Eólica de APPA, este tratamiento fiscal, unido a las gravosas condiciones de acceso y a los abusivos arrendamientos, hace que las renovables en general y la eólica en particular se vean encarecidas hasta extremos insoportables, pretendiendo resolver políticas de financiación municipal y autonómica que no deberían tener este soporte y que conviven con dificultad con una política de fomento de las renovables y la consiguiente bajada de costes con la que toda la sociedad debería estar comprometida.

La Ley atribuye a las instalaciones eólicas externalidades como “la utilización industrial del viento como actividad económica” o “las transformaciones para el ámbito territorial […] que el correcto funcionamiento de dichas instalaciones requieren durante su vida útil”, que a juicio del Ejecutivo de Castilla-La Mancha aconsejan el establecimiento de una compensación que favorezca no sólo a los emplazamientos que soportan las citadas instalaciones sino a todo el territorio regional. “A tal fin”, dice la citada exposición de motivos, “se crea el denominado canon eólico como instrumento destinado a internalizar los costes sociales económicos y ambientales mencionados y dirigidos a estimular y promover el desarrollo tecnológico”.

Al ser de aplicación a instalaciones ya en marcha, la Ley, de 21 de marzo, introduce principios de retroactividad y va en línea con las normas aplicadas por el Ministerio de Industria, que a juicio de APPA rompen nuestra seguridad jurídica y ponen en duda nuestra credibilidad como país.

La Sección Eólica de APPA considera un contrasentido que los ingresos generados por el citado canon “se destinen a la implementación de actuaciones de impulso y promoción del uso racional de la energía y de las energías renovables”, como recoge el Artículo 3 de la Ley 9/2011.

En opinión de José Miguel Villarig, presidente de la Sección Eólica de APPA, “la mejor manera de impulsar y promover las energías renovables es no gravarlas con más impuestos y fomentar su abaratamiento. Con ello, muy al contrario de lo que dice la Ley, no se promoverá el desarrollo tecnológico sino que hará cada vez más difícil atraer a la Comunidad de Castilla–La Mancha inversiones en un sector, el de las energías renovables, que atraviesa por un momento difícil en parte debido a la falta de estabilidad de su marco regulatorio y de la que el establecimiento de un canon a instalaciones ya en funcionamiento es una prueba más de la mencionada inestabilidad regulatoria”.

Iberdrola compra la distribuidora de electricidad Elektro y ratifica su apuesta por Brasil

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Madrid. Iberdrola ha cerrado la adquisición de la compañía distribuidora brasileña Elektro por 2.400 millones de dólares, unos 1.620 millones de euros, una operación mediante la cual ratifica su decidida apuesta por seguir creciendo en Brasil, uno de los países clave dentro de su estrategia de expansión internacional.

La compra de esta empresa brasileña, que obtuvo a lo largo de 2010 un Ebitda de 370 millones de euros y un beneficio neto de 193 millones de euros, se realizará en efectivo, lo que supone una nueva muestra de la fortaleza financiera de Iberdrola y su disposición de liquidez. Además, será positiva para el beneficio por acción desde el primer año.

Gracias a esta adquisición, el Grupo Iberdrola, que ya contaba en Brasil con el 39% del holding Neoenergia, se convierte en una de las mayores compañías eléctricas del país. Pactada amistosamente con el que era su propietario, AEI, se ha materializado tras recibir la pertinente aprobación de los organismos reguladores brasileños.

Elektro es una de las principales suministradoras de electricidad de todo Brasil. Su ámbito de actuación son los Estados de Sao Paulo, donde es la tercera distribuidora, y Mato Grosso y cuenta con 2,2 millones de clientes a los que suministró más de 11.500 GWh en 2010 a través de una red eléctrica de 105.800 kilómetros.

La operación llevada a cabo por Iberdrola encaja a la perfección con la actual estrategia de la Compañía, centrada en la expansión internacional en aquellos mercados que cuentan con mayor potencial de crecimiento (como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido o México), de cara a seguir diversificando su presencia geográfica, y en el incremento de su exposición a las áreas de negocio regulado, que aporta estabilidad, predictibilidad en los ingresos y bajo riesgo.

En esta línea se enmarcan los últimos movimientos realizados en América por la Compañía, que a lo largo de 2010 decidió acometer desinversiones de activos no estratégicos por su actividad o ubicación, como las filiales de gas estadounidenses (ubicadas en los Estados de Connecticut y Massachusetts) y los negocios que poseía en Chile y Guatemala, para volcarse en proyectos clave para el futuro del Grupo, como el desarrollo de la nueva red de interconexión eléctrica entre Estados Unidos y Canadá (el denominado proyecto MPRP) o la compra de la distribuidora brasileña Elektro.

La Fundación ‘La Casa que Ahorra’ fomenta la eficiencia energética en la edificación

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Madrid. La secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, ha apostado por afianzar un nuevo modelo de desarrollo basado en “un mayor equilibrio entre la construcción de obra y la intervención intensiva sobre el parque edificado, de tal manera que se preserve el recurso natural que es el suelo y se regeneren y mejoren las ciudades ya existentes”.

Corredor ha participado en la presentación de ‘La Casa que Ahorra’, una fundación impulsada por empresas líderes del sector de la construcción con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la eficiencia energética en la edificación y los beneficios que puede aportar para la creación de empleo, el ahorro económico y energético, la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

La secretaria de Estado ha expresado que el Ministerio de Fomento comparte plenamente “este compromiso con la edificación sostenible” como lo muestran las diversas iniciativas emprendidas por el Gobierno de España para fomentar la rehabilitación del parque construido, la eficiencia energética y un desarrollo urbano equilibrado y sostenible.

Entre ellas, ha citado la última medida aprobada en Consejo de Ministros para estimular, a través de la rehabilitación de viviendas, la sostenibilidad en la edificación, la actividad del sector de la construcción y la creación de empleo, y que consiste en ampliar los incentivos para la deducción en el IRPF por obras de mejora en las viviendas.

Gracias a esta modificación, se podrán beneficiar de la deducción quienes realicen obras no sólo en su residencia habitual sino en cualquier otra vivienda, inclusive si la van a destinar al alquiler. Entre otras modificaciones, la reforma eleva el tipo de la deducción del 10% al 20% y amplia el límite máximo anual deducible hasta los 6.750 euros, así como el límite de renta para beneficiarse de la deducción.

Asimismo, Beatriz Corredor ha mencionado otras medidas, algunas de ellas normativas, orientadas a impulsar el desarrollo urbano sostenible. Así ha destacado el Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad del Medio Urbano, que será aprobado en fechas próximas en Consejo de Ministros, y que incluirá la Inspección Técnica de Edificios con el fin de establecer una regulación estatal básica que fije unos requisitos mínimos de calidad a todos los edificios con independencia de la Comunidad Autónoma en que se encuentren.

 

Miles de familias en riesgo de quedarse sin vivienda y sin un alojamiento alternativo

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Madrid. La indefensión se produce en el plano más básico como es el acceso a la información y se agrava cuando se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación. Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España’, presentado por Amnistía Internacional.

En este sentido, en el documento se recogen las alertas que desde diferentes organismos internacionales se venían lanzando sobre la situación de la vivienda en España. Así, en 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos.

Las consecuencias están a la vista de todos. “Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán como sus condiciones de vida empeoran”, según comentaba Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante la presentación del informe.

Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional y son considerados como graves violaciones de derechos humanos.

En 2008, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada llamó la atención a España sobre la necesidad de adoptar una política nacional de vivienda basada en los derechos humanos y en la protección de los grupos más vulnerables, de evaluar los efectos de los desalojos forzosos sobre las personas y garantizar la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda adecuada.

Se ocupó también de la relación entre este derecho y la violencia contra las mujeres, al ser ellas las que para ponerse a salvo de sus agresores habitualmente abandonan sus viviendas. Para el relator, la falta de acceso a la vivienda en España puede afectar las posibilidades de estas mujeres para salir de la violencia.

Por último, alertó del alto nivel de endeudamiento de las familias por los créditos hipotecarios, y de que esto podría traer problemas de pago en el futuro. Cuatro años más tarde de ese informe, y según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007, año de inicio de la crisis, hasta finales del 2010 se han iniciado 271.570 ejecuciones hipotecarias. “A pesar de esta cifra, hasta la fecha no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema”, apuntaba Beltrán.

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