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Fecoval urge al Gobierno a reestructurar la reconstrucción tras la DANA

La reconstrucción de infraestructuras afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana se enfrenta a un nuevo reto: la inflación en los costes de construcción y la falta de medios humanos y materiales. Así lo ha manifestado FECOVAL en una reunión con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el comisionado José María Ángel, donde ha alertado de que el modelo actual de ejecución es inviable. La patronal propone una planificación zonificada, estructuración por lotes y contratación de emergencia como medidas clave para garantizar la eficacia de las obras.

Además, FECOVAL reclama la creación urgente de una mesa de coordinación entre Estado, Generalitat y diputaciones para gestionar conjuntamente la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, sin distinción de titularidades. Desde el Ejecutivo se ha reiterado el compromiso con una inversión global de más de 1.700 millones de euros, centrada en actuaciones como la mejora del ciclo integral del agua y la prevención de inundaciones mediante obras hidráulicas estratégicas. En paralelo, se ha anunciado un nuevo reglamento de extranjería para facilitar la incorporación de mano de obra a sectores clave. Más información disponible en el Instituto Valenciano de la Edificación.

¿Por qué propone FECOVAL estructurar los contratos por lotes?
Para agilizar la ejecución, reducir interlocutores y facilitar la viabilidad técnica de las obras.

¿Qué inversión ha anunciado el Gobierno en obras hidráulicas?
Más de 500 millones de euros en actuaciones estratégicas contra futuras inundaciones.

El éxito de la reconstrucción dependerá de una acción conjunta, planificada y realista que tenga en cuenta los retos estructurales del sector.

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La Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (FECOVAL) advierte que la inflación, derivada de la subida de costes de la construcción y la falta de medios personales y de maquinaria, afectará a las obras de reconstrucción de la Dana. Esta ha sido una de las principales conclusiones que se han comentado en el desayuno informativo que ha mantenido este martes el presidente de FECOVAL, José Luis Santa Isabel, y parte de su junta directiva, con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y el comisionado del Gobierno para la Reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla.

La escasez de medios disponibles hace inviable la ejecución de estos proyectos de forma individual. Desde FECOVAL inciden en que resulta imprescindible implementar una planificación zonificada de las obras, reducir el número de interlocutores y estructurar los contratos mediante lotes, con el objetivo de ganar eficacia y garantizar que las actuaciones puedan llevarse a cabo con éxito. Asimismo han propuesto que se posibilite una contratación de emergencia para aligerar la licitación y la ejecución de todos los proyectos pendientes.

Los contratistas de obra pública han pedido, además, una mesa para coordinar la reconstrucción con 80 municipios y 3 administraciones: «Desde FECOVAL reclamamos la creación urgente de un foro de coordinación entre el Estado, la Generalitat Valenciana y las diputaciones provinciales para afrontar de forma eficaz la reconstrucción del territorio. La riada no distinguió entre competencias ni titularidades: la infraestructura dañada es de todos, y el problema, también”.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha puesto en valor el papel fundamental que han desarrollado las empresas constructoras de obra pública durante la emergencia tras la riada. También ha destacado el compromiso del Ejecutivo central con la recuperación del territorio a través de una inversión global de más de 1.700 millones de euros en infraestructuras, articulada desde la Conselleria de Política Territorial y con la participación transversal de distintos ministerios.

Desde FECOVAL se ha instado al Gobierno a agilizar de manera urgente las obras hidráulicas necesarias para garantizar la protección de la ciudadanía. Han subrayado que las infraestructuras destinadas a la prevención de inundaciones no deben ser desatendidas, aunque no generen beneficios inmediatos, ya que representan una prioridad esencial a largo plazo para mitigar los riesgos asociados al cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos.

Bernabé también ha hecho hincapié en la relevancia de los proyectos de reposición del ciclo integral del agua, con una inversión específica orientada a la mejora o creación de redes de alcantarillado, incluso en municipios que aún carecen de ellas. “No solo vamos a reparar lo dañado; vamos a construir desde cero y a impulsar infraestructuras que transformarán la fisonomía de nuestras ciudades”, ha afirmado la delegada del Gobierno. También ha puesto en valor las actuaciones de emergencia en la adecuación urgente de cauces y barrancos a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Además, ha anunciado la ejecución de más de 500 millones en proyectos donde el sector constructor de obra pública jugará un papel esencial, tanto aguas abajo —como en los barrancos de la Saleta y del Poyo— como aguas arriba, mediante obras de laminación para la contención de agua y prevención de futuros episodios extremos.

En cuanto a la problemática de la mano de obra, Bernabé ha destacado que, en tan solo tres meses, el Gobierno ha permitido la regularización de 22.000 personas migrantes afectadas por la DANA, y ha anunciado que se está elaborando un nuevo reglamento de extranjería con el objetivo de facilitar la contratación en distintos oficios, reduciendo así las barreras administrativas.

Al encuentro también ha asistido el coordinador de TRAGSA en València, Juan Miguel Alepuz, y el director de la Oficina de Coordinación e Impulso a la Ejecución de las Ayudas, Roger Llanes.


Palacios restaurados de Sevilla renacen como hoteles con eficiencia energética

El auge de la rehabilitación arquitectónica en Sevilla está transformando antiguos palacios y casas señoriales en alojamientos de lujo. Estos edificios históricos no solo conservan su valor patrimonial, sino que incorporan estándares actuales de eficiencia energética y diseño contemporáneo. Proyectos como el Hotel Mercer Plaza Sevilla o el Plácido y Grata son ejemplos de cómo se puede armonizar la identidad arquitectónica regionalista con exigencias actuales de confort y sostenibilidad. Están surgiendo colaboraciones clave con especialistas como Torinco, expertos en carpintería y restauración, que aportan soluciones a medida en ventanas, puertas y acabados tradicionales.

En todos los casos, destaca el compromiso con materiales de alta calidad y técnicas respetuosas con la historia del edificio. Desde la integración de carpinterías ignífugas hasta certificaciones como Passivehouse, estos proyectos demuestran cómo el patrimonio puede reactivarse de forma innovadora. Empresas y arquitectos se enfrentan al reto de combinar conservación y eficiencia energética, generando nuevas referencias para el turismo y el desarrollo urbano de calidad. Puedes consultar más detalles sobre criterios de rehabilitación energética en el portal del Green Building Council España.

¿Qué requisitos debe cumplir una rehabilitación hotelera para ser energéticamente eficiente?
Debe garantizar aislamiento térmico, control solar y ventilación mecánica, todo ello sin alterar elementos protegidos.

¿Qué ventajas aporta conservar la carpintería original en un edificio hotelero?
Permite preservar el valor histórico sin renunciar a confort ni seguridad, si se aplican soluciones adecuadas.

El caso sevillano muestra cómo la rehabilitación bien planteada puede revitalizar el patrimonio sin renunciar a las exigencias técnicas del presente.

La capital hispalense ofrece alojamientos de lujo que aúnan conservación arquitectónica, diseño contemporáneo y eficiencia energética

Sevilla, con su rica herencia arquitectónica, está siendo testigo de una revitalización sin precedentes. Antiguos palacios y casas señoriales, algunos en desuso, han sido restaurados en los últimos años y convertidos en hoteles boutique que ofrecen experiencias únicas a sus huéspedes. Detrás de esta transformación hay proyectos de arquitectura ambiciosos y proveedores especializados en la recuperación de edificios históricos, como la carpintería de madera Torinco.

Uno de los ejemplos más significativos es el Hotel Mercer Plaza Sevilla. Ubicado en la céntrica Plaza de San Francisco, ocupa dos edificios de principios del siglo XX -de estilo regionalista, con elementos mudéjares y barrocos- concebidos como residencias de familias burguesas. El estudio DAAR Arquitectura, bajo la supervisión de Lía Sainz, llevó a cabo la rehabilitación de los inmuebles, siendo capaz de ensalzar su estructura original y conservar restos de la muralla romana del siglo III hallados durante la restauración. 

En la intervención de este Hotel de 5 Estrellas Gran Lujo, propiedad de Millenium Real State, participó la misma empresa especialista en restauración y carpintería exterior del Hotel JW Marriot de Madrid, responsable de replicar puertas y ventanas originales del enclave histórico con soluciones compatibles con las exigencias del confort actual.

Muy cerca del anterior inmueble, en la calle Monsalves, el Hotel Plácido y Grata se erige en una casa señorial de estilo regionalista de finales del siglo XIX, reconstruida en 1914. La rehabilitación, realizada por el estudio de arquitectura e interiorismo Your Living Space y Kiran Vasnani y el estudio de arquitectura de Sevilla Serra&Zulategui, ha respetado elementos protegidos como la fachada, el zaguán, la escalera principal y el patio.

Asimismo, la introducción de ventanas de madera de alto aislamiento acústico y resistentes al fuego 60’ ha permitido conservar la estética regionalista del edificio sin comprometer la seguridad ni la eficiencia energética.

La eficiencia energética, un reto alcanzado

Otro caso singular es el del Hotel Tayko Sevilla, en la Puerta de Jerez. El inmueble fue proyectado en 1928 por el arquitecto José Gómez Millán como parte del complejo de La Casa de la Moneda. Casi un siglo después, el estudio Serra+Zulategui Arquitectos ha devuelto a la vida este edificio regionalista con un proyecto hotelero de 26 habitaciones, manteniendo sus elementos originales, desde la fachada hasta las carpinterías, adaptadas a las nuevas exigencias normativas.

El recorrido concluye en el barrio de Triana, donde el Triana House Hotel Boutique destaca no solo por su diseño andaluz contemporáneo, sino también por ser el primer hotel certificado Passivehouse de Andalucía. La rehabilitación, dirigida por Amaro Sánchez de Moya, ha transformado una vivienda tradicional en un referente estético y de eficiencia energética. Para cumplir con los exigentes criterios de aislamiento, se incorporaron ventanas de altas prestaciones térmicas sin alterar la apariencia tradicional del edificio.

En estos proyectos, el trabajo artesanal ha sido esencial para mantener la identidad arquitectónica original. Torinco, empresa especializada en rehabilitar la carpintería de edificios históricos, ha participado en estas intervenciones. Como afirma su CTO, Antonio Torrero, “colaborar en la recuperación del patrimonio arquitectónico, aportando soluciones que equilibran innovación, sostenibilidad y diseño, forma parte de nuestro compromiso con el sector”.

El nuevo uso de estos inmuebles en Sevilla reactiva el valor del patrimonio construido, dando una nueva vida a edificios históricos que recuerdan la importancia arquitectónica de la capital hispalense.

El comercio electrónico presiona al sector logístico para adaptarse al crecimiento urbano

El auge del comercio electrónico en Europa continúa impulsando transformaciones profundas en el sector logístico. Aunque el Reino Unido lidera con una tasa del 32%, países como España todavía tienen un amplio margen de crecimiento. Según un reciente informe, se espera que la penetración del e-commerce en España alcance el 14,7% en 2030, lo que provocará una demanda de más de un millón de metros cuadrados adicionales de espacio logístico. Esta transformación se explica por el cambio de hábitos de consumo, con plataformas como Shein o Temu ganando peso en el mercado, y por la exigencia creciente de entregas en menos de 24 horas y devoluciones sin coste.

A esta presión se suma el posible fin de las exenciones “de minimis”, que permitirían a los estados de la UE imponer controles aduaneros más estrictos a pequeños envíos internacionales. El informe anticipa que una revisión de esta norma puede alterar la actual cadena de suministro, obligando a muchas plataformas asiáticas a modificar sus modelos operativos. En consecuencia, podrían aumentar los plazos de entrega, reducirse los envíos aéreos y crecer la necesidad de almacenamiento logístico intermedio, lo que afectaría directamente al diseño y la ubicación de las plataformas logísticas.

En este escenario, la sostenibilidad emerge como una prioridad estratégica. Las empresas de última milla están optando por instalaciones más eficientes y comprometidas con el medioambiente, incorporando energía solar, iluminación LED y puntos de carga para vehículos eléctricos. Operadores como Prologis están liderando esta transición mediante su plataforma Essentials, orientada a una logística más limpia y cercana al consumidor. La combinación de eficiencia operativa, proximidad urbana y reducción de la huella de carbono se perfila como la fórmula clave para responder a la demanda futura del comercio electrónico en Europa.

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Según el informe, el comercio electrónico en Europa continental representa una media del 10%, cifra muy por debajo del 32% del Reino Unido, por lo que el margen de crecimiento de esta actividad en países como España es significativo. De hecho, se prevé que esta cifra aumente hasta el 13,4% en Europa y hasta el 14,7% en España para 2030, lo que generará una demanda de entre 1,4 y 1,9 millones de metros cuadrados de espacio logístico adicional durante los próximos cinco años.

En España, plataformas como Shein, AliExpress y Temu ya representan el 34% de los pedidos online, una tendencia que también se replica en otros mercados europeos como Alemania, donde su cuota de mercado se ha triplicado desde 2022.

Este auge ha ido acompañado de un cambio en los modelos de distribución: las empresas priorizan ubicaciones logísticas cercanas a los núcleos urbanos, con buena conectividad y proximidad al consumidor, para garantizar entregas el mismo día o al día siguiente. Esta tendencia responde directamente a las expectativas del consumidor: en 2024, el 70% esperaba entregas en 24 horas y el 76% contaba con tener el servicio de devoluciones gratuito.

Minimis y su impacto en el sector

Por otra parte, el informe hace referencia también al debate en torno a la posible revisión o eliminación de los umbrales “de minimis”, que está generando cambios anticipados en la logística del comercio electrónico. Plataformas como Shein, Temu o TikTok Shop, que dependen de modelos «built-to-order» con envíos aéreos rápidos, ya están adaptando sus cadenas de suministro ante este posible cambio regulatorio.

Aunque este tipo de importaciones representa una pequeña parte del total, eliminar estas exenciones podría llevar a un mayor uso del transporte marítimo, plazos de entrega más largos y mayor necesidad de almacenamiento.

Edificios eficientes

La sostenibilidad es otro gran factor implícito en la actividad de última milla. Las empresas de comercio electrónico y la actividad de última milla en general, buscan edificios logísticos energéticamente eficientes, el uso de las energías renovables y las operaciones neutras en carbono. Prologis impulsa la transición hacia una logística más limpia a través de su plataforma Essentials, que facilita a sus clientes la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, incluidas las furgonetas de reparto. Además, apuesta por la eficiencia energética en sus instalaciones, incorporando paneles solares en las cubiertas y sistemas de iluminación LED de bajo consumo, contribuyendo así a reducir los costes operativos y la huella ambiental de la actividad logística.

“El comercio electrónico sigue creciendo con fuerza en Europa continental, especialmente en España, donde aún tiene un gran potencial por desarrollar. Frente a esta dinámica y a la escasez de suelo disponible, los operadores logísticos deben adaptar sus modelos para ofrecer plataformas más sostenibles y cercanas a los núcleos urbanos. El aumento de la tasa de penetración impulsa a las empresas a replantear sus cadenas de suministro para acelerar las entregas, lo que incrementa la demanda de espacios logísticos bien ubicados”, explica Cristian Oller, Head of Asset Management del Sur de Europa de Prologis.

Prologis España y el comercio electrónico en cifras (a mayo de 2025)

  • De los 129 clientes que tiene Prologis en España, 32 pertenecen al sector retail y comercio electrónico: un 25% del total.
  • De los 86 edificios, 33 están alquilados a empresas dedicadas al retail y comercio electrónico: 38% del total.
  • En España Prologis tiene 1,5 millones de metros cuadrados, de los cuales 510.000 metros cuadrados están ocupados por empresas de retail y comercio electrónico (incluidos supermercados): un 34% del total.

Valdecarros impulsará la mayor oferta de vivienda protegida en Madrid

El desarrollo urbanístico de Valdecarros se ha consolidado como una de las principales apuestas del Gobierno regional para hacer frente al reto del acceso a la vivienda. Con más de 51.000 viviendas previstas, de las cuales un 55 % serán protegidas, esta actuación urbanística busca descongestionar el mercado residencial de Madrid y ofrecer soluciones habitacionales asequibles a medio y largo plazo. El consejero Jorge Rodrigo ha subrayado el papel clave de este proyecto como elemento estructural en la política de vivienda de la Comunidad.

Durante su visita a las primeras fases del desarrollo, Rodrigo ha reconocido el esfuerzo técnico y la colaboración institucional que está permitiendo acelerar la ejecución. Según el propio consejero, iniciativas como esta demuestran que aumentar la oferta de vivienda es una vía realista y eficaz para estabilizar los precios. La urbanización de las tres primeras etapas estará finalizada en 2026, con una previsión de construcción de más de 13.500 viviendas en su primera fase.

Desde la promotora del proyecto, se ha destacado el impacto económico y social que supondrá Valdecarros para toda la región, con más de 8.000 millones de euros de inversión total, 70.000 empleos directos y casi medio millón de metros cuadrados de superficie comercial. Las claves de este desarrollo, incluyendo su conexión eficiente y sostenible con el resto de la ciudad, pueden consultarse en Valdecarros Madrid, entidad responsable del proyecto.

  • ¿Qué porcentaje de vivienda protegida tendrá Valdecarros?
    El 55 % de las viviendas proyectadas serán de protección oficial.
  • ¿Cuándo comenzará la construcción de las viviendas?
    A partir de 2026, una vez finalizada la urbanización de las tres primeras fases.

Valdecarros es un ejemplo de cómo la planificación urbana ambiciosa, sostenida por colaboración público-privada, puede convertirse en motor de vivienda accesible y crecimiento económico.

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Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha realizado el viernes 6 de junio una visita al desarrollo urbanístico de Valdecarros para conocer el estado actual de las obras. El consejero manifestó su confianza y entusiasmo por un proyecto ambicioso, que a su juicio será determinante en la generación de vivienda tanto para Madrid como para el conjunto de la región.

Rodrigo fue recibido por el equipo gestor de Valdecarros Madrid, encabezado por su presidente, Luis Roca de Togores y su gerente, Domingo Menéndez. Durante la visita, el consejero fue informado de que la urbanización de las tres primeras etapas del desarrollo estará finalizada a comienzos de 2026, lo que a partir de entonces permitirá poner en marcha más de 13.500 viviendas. Desde Valdecarros Madrid se elogió la implicación y el compromiso que están mostrando los técnicos municipales para agilizar el desarrollo.

Según el consejero, “se trata de un proyecto urbanístico que incluye más de cincuenta mil viviendas, que albergarán a unas ciento cincuenta mil personas, equivalentes a la población de ciudades como Burgos o Badajoz. Éstas son las políticas que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid debemos seguir apoyando, y de la forma más rápida posible, para seguir generando vivienda. Si conseguimos elevar la oferta será más fácil bajar los precios”.

“Valdecarros”, aseguró, “no sólo es importante para Madrid, sino también para toda la región. La mitad de las viviendas del nuevo barrio serán protegidas. Desde el gobierno regional lo que estamos haciendo es trabajar para crear cada vez más vivienda en Madrid”.

Por su parte, Luis Roca de Togores se mostró confiado en que el proyecto de reparcelación esté aprobado a principios de 2026, con lo que las primeras grúas podrían empezar a construir viviendas el próximo año. Indicó que  “entre las medidas más destacadas del proyecto se encuentra la inclusión del Bus de Tránsito Rápido (BRT) dentro de las obras de urbanización, fruto de la colaboración con el Ayuntamiento y la EMT. Ya hemos conectado Valdecarros con el Ensanche de Vallecas, cerrando un anillo de movilidad eficiente y sostenible”.

El nuevo barrio madrileño supone el mayor desarrollo urbanístico de España y uno de los más grandes de Europa, con 51.656 viviendas de las cuales el 55% serán protegidas. Abarca 19 millones de metros cuadrados de superficie, de los que 7 millones se destinarán a zonas verdes, y vivirán en él unos 150.000 madrileños.

La inversión en obras de urbanización supera los 2.000 millones de euros, que se elevan a 8.000 millones de euros de inversión total para Madrid, incluida edificación. Se generarán 70.000 empleos directos y 480.000 empleos indirectos para su ejecución. Habrá medio millón de metros cuadrados de superficies comerciales, de los que más de 150.000 metros cuadrados estarán a pie de calle.

Valdecarros está situado en el cinturón metropolitano que abarca desde la Carretera de Andalucía hasta el límite de Coslada y San Fernando, entre las autovías M40, M45 y M50, rodeado además de conexiones como la M30, A3, M31 y R3.

Administradores de Fincas alertan sobre la inseguridad jurídica en torno al gran tenedor en Cataluña

La indefinición del concepto de gran tenedor en Cataluña ha generado una profunda inquietud entre los profesionales de la administración de fincas. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida denuncia la coexistencia de dos marcos normativos —la ley estatal y la catalana— que complican la interpretación y aplicación de la norma. Esta situación ha motivado la solicitud de una reunión urgente con la Agència de l’Habitatge de Catalunya para aclarar los criterios oficiales y dotar de seguridad jurídica a los colegiados.

Mientras se esperan respuestas, el colegio profesional ha ofrecido una guía provisional basada en criterios consensuados por los agentes del sector, con el objetivo de asistir a sus miembros ante la avalancha de dudas sobre cómo actuar ante la figura del gran tenedor. El presidente del colegio, Lorenzo Viñas, advierte de que aplicar la ley con errores interpretativos puede acarrear sanciones de hasta 900.000 euros. Esta falta de claridad, insisten, no solo genera inseguridad para los profesionales, sino que perjudica directamente la oferta de vivienda en alquiler, dificultando aún más el acceso a la vivienda.

Desde la entidad, se defiende que los Administradores de Fincas Colegiados aplican la normativa con rigurosidad, y califican de “aberrantes” las sanciones que contempla la actual legislación. La organización exige que la administración catalana asuma su responsabilidad, clarifique la normativa y garantice un entorno regulatorio que favorezca un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible, en línea con el compromiso de los profesionales del sector.

  • ¿Qué reclama el Colegio de Administradores de Fincas?
    Reclama una interpretación unificada del concepto de gran tenedor para evitar inseguridad jurídica y sanciones desproporcionadas.
  • ¿Por qué es urgente una aclaración normativa?
    Porque la indefinición perjudica tanto a los profesionales como a la oferta de alquiler, dificultando el acceso a la vivienda.

La claridad jurídica en materia de vivienda es un requisito imprescindible para reforzar la estabilidad del mercado y proteger tanto a inquilinos como a propietarios.

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Desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida queremos denunciar que actualmente no hay una unidad de criterios clara ni definitiva sobre la interpretación del concepto de gran tenedor por parte de profesionales, judicatura y Agència de l’Habitatge de Catalunya, especialmente a raíz de la convivencia entre la normativa estatal (Ley 12/2023, del derecho a la vivienda) y la catalana (Ley 24/2015, modificada por la Ley 1/2022).

A causa de esta falta de concreción de la normativa y la inseguridad jurídica que se deriva, desde el Colegio hemos solicitado una reunión formal con la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) para abordar esta cuestión y obtener criterios interpretativos unificados que den seguridad jurídica a los profesionales que están en contacto con propietarios e inquilinos.

Mientras esperamos respuestas y concreciones de la AHC, hemos tenido que ofrecer a nuestros colegiados los criterios que los diferentes agentes del sector hemos consensuado entre nosotros con el objetivo de dar una orientación con fundamentos para acompañarlos en sus tareas del día a día, ante la avalancha de consultas que recibamos. Hay que puntualizar que estos criterios son provisionales hasta tener respuesta de la AHC.

El presidente del Colegio, el Sr. Lorenzo Viñas, exige respuestas a la Administración catalanaporque esta inseguridad jurídica perjudica la oferta de viviendas de alquiler y, además, no olvidemos que aplicar con criterios erróneos la ley comporta sanciones de hasta 900.000 euros”.

El Sr. Viñas, además, remarca que los Administradores de Fincas colegiados siempre aplicamos y asesoramos sobre las leyes de manera escrupulosa y profesional. “Encontramos aberrantes y completamente desproporcionadas las sanciones que prevé la ley”.

Una vez más, reiteramos que nuestra profesión, la de Administrador de Fincas Colegiado, juega un papel clave en la sociedad y es esencial para un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible.

APCEspaña pide mayor inversión pública y seguridad jurídica

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera que la propuesta del Gobierno para triplicar la inversión pública en vivienda puede ser una medida efectiva, siempre que no excluya a la iniciativa privada de los planes de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Esta postura refuerza la necesidad de impulsar un modelo mixto que reconozca el papel clave que ha desempeñado el sector privado en la construcción del parque residencial protegido en las últimas décadas. Según la entidad, más del 90 % de la VPO en los últimos 15 años ha sido promovida por empresas privadas.

Desde APCEspaña se reclama también una actuación decidida sobre el planeamiento urbano y la transformación del suelo. Consideran imprescindible dotar de financiación suficiente a los procesos de recalificación y gestión de suelo urbanizable, así como garantizar la seguridad jurídica en todas las fases del desarrollo. Esta visión integral apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella en la generación de oferta: la escasez de suelo disponible y la excesiva rigidez normativa.

El sector promotor reitera su disposición a colaborar activamente con las administraciones para impulsar nuevas fórmulas de colaboración público-privada que ayuden a aumentar la producción de vivienda asequible. Tal como se expone en la página oficial de APCEspaña, el esfuerzo conjunto en inversión, planificación y normativa será clave para revertir el déficit estructural de vivienda en España y garantizar el acceso en condiciones dignas a las nuevas generaciones.

  • ¿Qué propone APCEspaña respecto a la inversión en vivienda?
    APCEspaña propone triplicar la inversión pública en vivienda, incluyendo a la iniciativa privada en la promoción de VPO.
  • ¿Por qué es importante la transformación urbanística del suelo?
    Agilizar la transformación urbanística del suelo es esencial para incrementar la producción de viviendas y facilitar el acceso a la vivienda.

La colaboración entre el sector público y privado, junto con reformas legislativas adecuadas, es fundamental para abordar el déficit habitacional en España.

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La Asociación de Promotores Constructores de España considera la propuesta de Acuerdo Estatal para la Vivienda enviada ayer por el presidente del Gobierno a los presidentes de las Comunidades Autónomas como un paso necesario para incrementar el parque de viviendas en España.

La construcción de viviendas -ya sean libres, asequibles o de protección oficial- es una actividad intensiva en capital, por lo que es necesario que tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas hagan un esfuerzo presupuestario para triplicar la inversión pública (7.000MEUR para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030) estableciendo líneas de financiación y ayudas de calado a la VPO, que soporta los mismos costes de construcción que la vivienda libre. Este es un compromiso económico que debe de mantenerse en el tiempo para paliar el déficit actual y poder equipararse a otros países europeos en esta materia.

Cabe recordar que, en los últimos 15 años, el sector privado es el que ha construido la gran mayoría de viviendas de protección oficial en España (más del 90%) tanto sobre suelo público como privado.Dejar fuera de los Planes Estatales de Vivienda a la VPO de iniciativa privada es reducir sustancialmente su efectividad para incrementar el parque de viviendas, y eso es algo que no nos podemos permitir en absoluto” alerta el presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana.

En este sentido, la Asociación considera que si se quiere construir protección oficial es imprescindible aflorar y agilizar la transformación urbanística de suelos, contar con dotación presupuestaria para la transformación de suelo (a urbano y urbanizable), e incrementar la edificabilidad en las promociones de VPO que se proyecten en los próximos 10-15 años. Así, entienden, se consigue más vivienda asequible y de una forma más ágil.

Por lo que respecta a la creación de una base de datos pública, los promotores se muestran a favor de la transparencia, pero sin que por ello se demonice a la iniciativa privada y sea objeto de descalificaciones constantes e injustas, cuando justamente es el sector promotor constructor privado el que tiene la capacidad para producir la oferta suficiente de viviendas que se necesita.

Otras medidas

El principal problema de la vivienda en nuestro país es de falta de generación de oferta de toda tipología. Se acumula déficit de viviendas año tras año, y si no se aumenta ostensiblemente la producción, el problema persistirá.

Para poder atajar esta problemática se necesita suelo, financiación y seguridad jurídica, entre otras cuestiones. “Es imprescindible aprobar la reforma de la Ley de Suelo para agilizar y dotar de seguridad jurídica el desarrollo de suelo. Tener planeamientos urbanísticos con desarrollos que superan la década y que pueden quedar paralizados otros 15 años por un tema subsanable está paralizando la construcción de viviendas y la ampliación del parque de viviendas en España”, reclama Vilajoana.

Por último, el sector reitera al Gobierno y al resto de administraciones su disposición para reunirse e impulsar conjuntamente herramientas efectivas de colaboración público-privada que permitan incrementar el parque de viviendas en España.

La vivienda inadecuada agrava el sinhogarismo en España

La exclusión residencial afecta ya a más de 8,5 millones de personas en España, según un nuevo informe del Observatorio del Alquiler. Esta cifra incluye tanto a personas sin techo como a quienes viven en condiciones inadecuadas o inseguras, reflejando la creciente complejidad del fenómeno del sinhogarismo. El uso del marco metodológico ETHOS, promovido por FEANTSA, permite detectar estas formas ocultas de vulnerabilidad habitacional, muchas veces invisibles en las estadísticas oficiales.

La precariedad habitacional afecta con especial intensidad a familias vulnerables, inmigrantes sin regularizar, mujeres que sufren violencia y jóvenes en riesgo de exclusión. Además, los expertos coinciden en que el alquiler social puede ser una herramienta clave para combatir este fenómeno, pero denuncian la escasez de vivienda pública en España, que apenas alcanza el 3,3 % del parque inmobiliario. El informe reclama un giro estructural en las políticas de vivienda para garantizar el acceso a una residencia digna como base para una verdadera inclusión social.

¿Qué significa vivir en exclusión residencial?
La exclusión residencial abarca desde no tener techo hasta vivir en infraviviendas o bajo amenaza de desalojo.

¿Qué puede hacerse para reducir el sinhogarismo?
Incrementar el parque de alquiler social, agilizar la regularización administrativa y aplicar el modelo ETHOS en políticas públicas.

El sinhogarismo ya no es solo un fenómeno visible en las calles: abarca realidades ocultas que exigen soluciones urgentes y estructurales.

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La exclusión residencial, una visión ampliada del sinhogarismo que no solo tiene en cuenta a las personas sin techo o sin vivienda, sino también a quienes viven en hogares inadecuados o inseguros, afecta a alrededor de 8,5 millones de personas en España, según un análisis del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos elaborado con la aportación fundamental de la SOCIMI social tuTECHÔ.

Este análisis parte de la metodología ETHOS, propuesta por FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar). El Observatorio del Alquiler ofrece una visión ampliada de este fenómeno, que incluye, además del sinhogarismo clásico, es decir, las personas que viven en la calle o en recursos públicos de forma temporal, otras formas ocultas de este problema, que abarcan también a quienes sí tienen un techo, pero carecen de una vivienda digna, adecuada y permanente en la que residir de forma segura y saludable para su desarrollo personal y social.

El sinhogarismo tradicional afecta a 28.552 personas en España, según la Encuesta de Personas sin Hogar del INE de 2022. Sin embargo, organizaciones como la Fundación Hogar Sí o Cáritas Española consideran que la estadística oficial está infrarrepresentada, y elevan la cifra a en torno a las 37.000 y las 42.300 personas.

Sin embargo, si se tienen en cuenta también las formas ocultas de este fenómeno, el sinhogarismo podría afectar a un 18% de la población española: alrededor de 3,7 millones de personas en España viven en una vivienda insegura, sin gozar del régimen de tenencia o bajo la amenaza de desalojo; y unos 4,8 millones más lo hacen en un hogar inadecuado, ya sea por problemas de habitabilidad, chabolismo o hacinamiento masivo.

La directora general de TuTECHÔ, Rocío del Mar, destaca que » el trabajo de la sociedad es tomar consciencia y visibilizar este problema, porque el fenómeno del sinhogarismo es muy complejo y cada vez se aleja más del estereotipo que tenemos asociado a él».

CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR
Aunque el sinhogarismo es un fenómeno mayoritariamente masculinizado – los hombres representan en torno al 76,7% -, en los últimos años ha crecido la proporción de mujeres en esta situación: desde el 19,7% de 2012 al 23,3% en 2022.

Las mujeres suelen permanecer menos visibles en la calle, debido a los mayores riesgos que enfrentan, como la violencia sexual o las agresiones. De hecho, un 21% de ellas han sufrido ataques físicos o sexuales. Es por eso que muchas optan por soluciones precarias antes que dormir al raso, como viviendas inseguras, infraviviendas o entornos abusivos.

LOS JÓVENES TAMBIÉN ESTÁN PRESENTES EN EL SINHOGARISMO
Contrario a lo que muchas veces se piensa, el sinhogarismo no solo afecta a personas mayores. De hecho, un 21% tienen entre 18 y 29 años, y un 30% entre 30 y 44. Además, aunque no es habitual encontrar niños durmiendo en las calles, muchos se ven afectados también por esas formas de sinhogarismo oculto, como la ocupación ilegal, las infraviviendas o el hacinamiento.

De todos modos, cabe señalar que los perfiles de edad difieren según la nacionalidad. La población extranjera sin hogar es más joven que la autóctona: el 68% tienen menos de 45 años, una cifra que se reduce al 43% en el caso de los españoles.

LA MITAD DE LAS PERSONAS SIN HOGAR SON INMIGRANTES
Aproximadamente la mitad de las personas sin hogar en España, un 49,9%, son de origen extranjero, aunque algunas fuentes los elevan hasta el 58%, que podrían alcanzar hasta el 83% en el caso de los menores de 30 años. Por continentes, proceden de África (53%), América Latina (26%) y Europa del este o UE (17%). Muchos llevan años en el país, pero su falta de arraigo legal dificulta el acceso a derechos básicos.

Muchos de los inmigrantes sin hogar se encuentran en una situación administrativa irregular o precaria, un que los relega a la economía sumergida y a la exclusión social, sanitaria y residencial. Además, muchas mujeres sin papeles acaban trabajando de internas en el servicio doméstico, en condiciones de explotación severas.

MÁS SOLTEROS EN LA CALLE Y MÁS FAMILIAS EN INFRAVIVIENDAS
La gran mayoría de personas sin hogar no cuentan con redes de apoyo familiar. El 88,7% de quienes viven en la calle están solteros y no conviven con sus hijos, en el caso de tenerlos. Sin embargo, hay muchas familias también en esta situación, si bien no suelen ser usuarios de los centros y programas dirigidos a paliar este problema. En estos casos, este fenómeno suele darse en el ámbito de viviendas inseguras o inadecuadas, según la clasificación ETHOS.

Una visión amplia de la exclusión residencial incluye a numerosos hogares con menores afectados. Por ejemplo, FOESSA reportó en 2018 que decenas de miles de familias en España vivían en régimen de tenencia insegura o en condiciones indignas: solo en Asturias, podrían ser hasta 24.000

Aunque el modelo familiar tradicional casi no existe en la calle, si se tiene en cuenta la exclusión residencial severa, sí que hay familias enteras viviendo en precariedad habitacional, optando por situaciones de hacinamiento en casas de conocidos, por ocupaciones “patera” o por vivir en locales no habilitados, antes que verse a la intemperie.

EL ALQUILER SOCIAL, UNA SOLUCIÓN A LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
El alquiler residencial es una palanca flexible y eficaz para garantizar el acceso a una vivienda. El alquiler, con todas las garantías de habitabilidad y salubridad, puede erigirse en un trampolín para salir de la precariedad residencial y promover la inclusión de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Ante la dimensión de un problema que afecta a más de 8,5 millones de personas en España, urgen medidas y políticas públicas eficaces y decididas que promuevan la inclusión social y garanticen el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos.

El alquiler social juega un papel clave en la lucha contra el sinhogarismo, ya que, en muchas ocasiones, puede ser la llave para el acceso a una vivienda para la población más vulnerable. Sin embargo, el escaso parque inmobiliario de titularidad pública dificulta la puesta en marcha de medidas útiles que puedan suponer una solución a largo plazo. Según cifras del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la vivienda social representa en torno al 3,3% del parque inmobiliario, por debajo de la media europea, que ronda el 8%.

» La vivienda social se encuentra en una situación especialmente preocupante en España. Es algo que ha quedado detenido en el tiempo en la última década. Ha quedado olvidado por las administraciones públicas y no ha crecido. Estamos en datos muy por debajo de la media europea», señala Gerardo Neistat, analista del Observatorio del Alquiler.

» Una vivienda no es solo un techo, es tener una seguridad, es tener un sitio donde llegar después de tu jornada laboral, es un lugar de descanso, es una dirección para poner en un curriculum… Es, en fedinitva, el sitio que necesita una persona para poder desarrollar su vida de forma digna, porque la vivienda es un elemento transformador para cambiar la vida de las personas que se encuentran en esta situación», concluye Rocío del Mar.

Sostenibilidad y normativa, claves para transformar el parque inmobiliario

La edificación sostenible se consolida como pilar clave del mercado inmobiliario español, pero también como reto urgente. En el foro InmoSostenible V, el sector reclamó reglas más claras, mayor agilidad urbanística y soluciones viables para reducir el carbono embebido en los edificios. La sostenibilidad, lejos de ser una barrera, se percibe como una palanca para transformar el parque de viviendas y avanzar hacia un entorno construido más eficiente y resiliente. Iniciativas como las de ASPRIMA refuerzan el compromiso del sector con la transición ecológica sin renunciar a la accesibilidad.

El evento subrayó que el 60-70% del impacto ambiental de una promoción está en los materiales y su proceso de construcción, no solo en el consumo energético. Por eso, cada vez más promotoras apuestan por integrar el Análisis de Ciclo de Vida desde fases tempranas del proyecto. La demanda de productos sostenibles, la necesidad de normativa coherente y una fiscalidad que no penalice la eficiencia son ya reclamaciones compartidas. La sostenibilidad es viable si se articula desde la cooperación técnica, académica y empresarial.

¿Qué diferencia hay entre carbono embebido y operacional?
El carbono embebido es el que se genera en la fabricación y transporte de materiales y durante la construcción. El carbono operacional es el que se emite al usar el edificio (climatización, iluminación, etc.).

¿Por qué se pide una reforma del urbanismo?
El sector reclama agilidad normativa porque los actuales procesos urbanísticos ralentizan los proyectos sostenibles y aumentan sus costes.

La sostenibilidad ya no es una opción sino una exigencia que requiere visión estratégica compartida por todos los actores.

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En un contexto global que exige mayor compromiso con la sostenibilidad, más de un centenar de profesionales del sector inmobiliario español se dieron cita ayer 4 de junio en Madrid en la quinta edición de InmoSostenible, el foro anual organizado por ASPRIMA y GF Building Flow Solutions (anteriormente Uponor), líder mundial en soluciones de climatización y fontanería para la edificación.

La jornada sirvió para analizar el estado actual de la edificación sostenible en España, sus retos normativos y técnicos, y el papel transformador del sector en la lucha contra el cambio climático. El encuentro tuvo lugar como antesala al Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra hoy, reforzando el mensaje de que la transición ecológica en la construcción es urgente, pero también una oportunidad estratégica para liderar la transformación del parque inmobiliario a través de la experiencia y profesionalidad acumulada en el sector español en los últimos 5 años.

La presidenta de ASPRIMA, Carolina Roca, subrayó uno de los grandes dilemas actuales, señalando que “el primer reto de la sostenibilidad es acabar con la desigualdad. Pero si encarecemos la vivienda por construir de forma más sostenible, dificultamos aún más su acceso”. Roca pidió a las administraciones un urbanismo más ágil, una fiscalidad más justa y una planificación estratégica del suelo, recordando que la sostenibilidad no debe estar reñida con la accesibilidad.

La visión institucional estuvo representada por María Teresa Verdú, Directora General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda quien presentó el estado de la normativa actual y futura, incluyendo el proyecto ARCE 2050,iniciativa para la descarbonización del entorno construido,y la inminente actualización del Código Técnico de la Edificación que redefinirá las obras de nueva promoción, y cuyo primer borrador se dará a conocer en los próximos meses para su fase de consulta. También destacó la necesidad de que las agendas urbanas municipales planifiquen desde el inicio barrios sostenibles, tanto en lo medioambiental como en lo social y económico.

Medición de la huella de carbono: en búsqueda de un estándar

Uno de los ejes del foro fue el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de las promociones inmobiliarias, aspecto clave en la consolidación de la sostenibilidad dentro del CTE y el cálculo de la huella de carbono.

Durante una mesa de debate moderada por Judith Masip, Responsable de Sostenibilidad de GF Building Flow Solutions Iberia, expertos como Diego DeMaría (AEDAS), David Sierra Lluch (Metrovacesa) y Lucas Galán (Neinor Homes) coincidieron en que el sector avanza por dos vías: el diseño eficiente desde fases tempranas y el uso de materiales con Declaraciones Ambientales de Producto. Recordaron que el 60-70% del impacto climático de una promoción está en el carbono embebido —es decir, asociado a los materiales y su construcción—, mientras que el restante 30-40% es carbono operacional, que podrá reducirse con el impulso de las fuentes de energías renovables.

El principal reto sigue siendo la creación de metodologías compartidas que permitan comparar y compartir datos, la cocreación y el diálogo, coincidieron los expertos, serán claves para superar estas barreras.

Asimismo, los contertulios de la mesa de sostenibilidad de las grandes promotoras coincidieron en que se estaban anticipando a la normativa, no por obligación, sino por una auténtica creencia en los principios de la sostenibilidad.

Sostenibilidad sí, pero viable

Desde una visión transversal de la cadena de valor, José Manuel Villanueva (011h), Diego Escario (Cano y Escario Arquitectura) y Rosa Gallego (Q-Living) hicieron un llamamiento a integrar la sostenibilidad dentro de los presupuestos reales. “No es solo una cuestión de voluntad, sino de viabilidad”, apuntaron, reclamando a las administraciones una regulación clara y un urbanismo que deje atrás el inmovilismo.

Educación, ciencia y energía: claves para el futuro

El foro también dio espacio al análisis técnico y académico. Enrique Larrumbide (CSIC – Instituto Eduardo Torroja) y Antonio García Martínez (Universidad de Sevilla) coincidieron en la importancia de implantar metodologías de medición de sostenibilidad desde fases tempranas, y reclamaron un enfoque pragmático, transversal y a largo plazo. “Así como hoy un proyecto debe demostrar su viabilidad económica, en 2030 deberá demostrar también su viabilidad ambiental”, se apuntó.

En la mesa dedicada a la transición energética, Marta Castro (AELEC) y Pedro Palencia (Sedigas) abordaron el papel del sistema energético en la edificación sostenible. Mientras desde el sector eléctrico se celebró la electrificación progresiva y se hizo un llamamiento a reforzar sus infraestructuras de transporte y distribución eléctrica, desde el sector del gas se defendió el potencial del biometano para hacer uso de la red ya existente. Ambas partes coincidieron en que la transición debe ser técnicamente viable y económicamente sostenible.

InmoSostenible 2025 fue clausurado por Miguel Definti, Commercial Director South Europe de GF Building Flow Solutions.

El 75% de los compradores exige viviendas con certificación energética

La sostenibilidad se ha convertido en un criterio central para quienes buscan comprar o alquilar vivienda en España. Según el estudio de Fotocasa y Solvia, tres de cada cuatro compradores dan prioridad a inmuebles con certificación energética, reflejando una demanda creciente de eficiencia y compromiso medioambiental. Esta tendencia se consolida incluso cuando el interés ha descendido ligeramente entre los arrendatarios, lo que evidencia una brecha de información que aún persiste. Para facilitar la comprensión de estos certificados y su impacto real, la plataforma SotySolar ofrece una guía completa sobre eficiencia energética, útil tanto para compradores como para propietarios.

Los datos revelan además un importante margen de mejora: el 22% de quienes alquilan desconocen la existencia de estos certificados. Sin embargo, la mayoría coincide en que una vivienda con eficiencia tipo A no solo representa un ahorro en facturas, sino una inversión inteligente a futuro. En este escenario, la eficiencia energética y la revalorización sostenible emergen como prioridades decisivas para el mercado inmobiliario.

¿Qué significa tener una vivienda con certificado tipo A?
Contar con este nivel de eficiencia supone menos emisiones, más ahorro energético y mayor valoración de la vivienda.

¿Cómo se solicita un certificado energético?
Se debe contactar con un técnico habilitado que inspeccionará el inmueble y emitirá el documento oficial.

La tendencia hacia una vivienda más responsable confirma que la sostenibilidad no es solo un valor ético, sino un factor clave de decisión.

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La certificación energética se ha consolidado como un factor fundamental para quienes están en proceso de búsqueda de vivienda en España, según los últimos datos del estudio “La sostenibilidad en la demanda de vivienda 2024”, realizado por Fotocasa y Solvia. En la actualidad, un 75,2% de las personas que buscan comprar vivienda en España exige que la propiedad cuente con certificación energética, evidenciando el interés sostenido en la eficiencia energética y la sostenibilidad dentro del mercado inmobiliario, aunque la cifra es ligeramente inferior al 82,2% registrado en 2023.

Además, seis de cada diez personas en búsqueda de vivienda cuentan ya con un certificado energético en su residencia actual, y un 21,7% sabe exactamente cuál es el certificado que tienen. Entre las personas que conocen la letra de su certificado energético, el 36,2% cuenta con un certificado B, seguido por un 26,2% con certificado A, lo que indica que una mayoría posee viviendas con una buena eficiencia energética. Solo el 10,6% cuenta con un certificado D, y el porcentaje de quienes tienen certificaciones energéticas inferiores (como F o G) sigue siendo muy bajo.

Sin embargo, el interés general por la certificación energética ha disminuido en el último año, especialmente entre los arrendatarios, bajando del 70,9% en 2023 al 57,2% en 2024. Paralelamente, el desconocimiento sobre esta certificación ha aumentado ligeramente. Actualmente, un 22,1% de quienes buscan alquilar desconoce la existencia del certificado energético, frente al 17% registrado el año anterior. Entre los compradores, el desconocimiento también ha crecido, pasando del 7,8% al 9,8% en el último año.

A pesar de esta caída en el interés general, la preferencia por un certificado energético tipo A, el más alto en eficiencia, sigue siendo prioritaria en las demandas de sostenibilidad en la vivienda. Un 50% de los compradores interesados en la certificación energética priorizan este tipo de certificado, mientras que, en el caso de los arrendatarios, el 41,1% también opta por la máxima eficiencia energética, lo que representa una consolidación del interés en este tipo de certificación de alto rendimiento.

El precio y la sostenibilidad, los factores más valorados por los demandantes de vivienda en 2024

Si se atiende a los elementos más determinantes a la hora de buscar una vivienda, el precio sigue siendo el aspecto más valorado, con un 28,9% de los compradores y un 31,8% de los arrendatarios que lo consideran el factor más importante, en línea con las cifras de 2023. En segundo lugar, la eficiencia térmica de la vivienda también ocupa una posición destacada: un 27,6% de los compradores y un 20,1% de los arrendatarios tiene en cuenta este aspecto. Asimismo, los criterios considerados puramente de sostenibilidad son mencionados por un 23,1% de compradores y un 17,2% de potenciales inquilinos.

Otros aspectos como la certificación energética también juegan un papel importante, con un 22,1% de los compradores y un 14,1% de los arrendatarios otorgado una alta importancia a este criterio. Finalmente, la zona en la que se encuentra la vivienda sigue siendo un criterio relevante: aproximadamente el 21% de los compradores y el 15,7% de los arrendatarios la consideran crucial para su decisión final.

“La sostenibilidad ha entrado ya de lleno entre las consideraciones de los españoles a la hora de adquirir o alquilar una vivienda. La mitad de los encuestados tiene en cuenta este factor cuando actúa en el mercado inmobiliario, una cifra que se mantiene con ligeras variaciones en los últimos años. Además, una parte importante de la ciudadanía está dispuesta a realizar un esfuerzo económico mayor a cambio de vivir en un inmueble que sea respetuoso con el medio ambiente. Y lo más importante: la apuesta por la sostenibilidad ya no se percibe únicamente como una cuestión de consciencia, si no que la mayoría de los españoles defiende que se trata de una buena inversión económica a largo plazo”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

“La vivienda es la mayor inversión que una gran parte de la sociedad afrontará en su vida, por lo que contar con criterios sostenibles que puedan hacer de ella, no sólo un elemento de ahorro en las facturas de su día a día, sino también en una mayor capacidad de revalorizarse en el futuro puede ser un elemento muy a tener en cuenta a la hora de realizar la inversión. Así, aunque el precio es y seguirá siendo el factor primordial entre las personas en búsqueda de vivienda, la sostenibilidad va ganando enteros, lo que redunda en una mejor sociedad para todos”, apunta Víctor González, director de Comunicación y Marca de Solvia.

Radar InmoDiario: Del déficit de vivienda a la reconversión de oficinas

El mercado inmobiliario español está afrontando una transformación profunda impulsada por presiones estructurales, climáticas y sociales. En estos últimos días, cinco temas han dominado el debate: el déficit creciente de vivienda nueva, la necesidad urgente de reconvertir oficinas obsoletas, la integración de la naturaleza en los espacios de trabajo, la modernización del sector mediante alianzas público-privadas y el impacto ambiental que todavía genera la fase de obra en construcción.

Estas cinco temas permiten trazar un mapa de los desafíos que enfrenta el sector. No se trata de fenómenos aislados, sino de síntomas de una transformación sistémica que obliga a repensar el modelo productivo, los marcos normativos y las estrategias de inversión. A continuación, abordamos cada una de estas claves con una mirada analítica.

Reducir el impacto ambiental exige transformar la forma de construir

La contaminación en obra representa uno de los puntos más críticos de todo el ciclo inmobiliario. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, más del 30 % del consumo energético global y el 34 % de las emisiones de CO₂ provienen del sector de la construcción, gran parte durante la fase de ejecución. En este contexto, empresas como Sto Ibérica apuestan por la industrialización, la planificación digital y el uso eficiente de recursos como ejes de cambio.

El uso intensivo de agua, la quema de combustibles fósiles en maquinaria pesada y la mala gestión de residuos son prácticas comunes que siguen lastrando la sostenibilidad del sector. Sin embargo, ya existen herramientas viables para mitigar este impacto: desde maquinaria eléctrica hasta sistemas de planificación con metodología BIM, pasando por la reutilización de materiales y la formación ambiental del personal en obra.

La clave está en reestructurar la obra desde su fase inicial. Industrializar y digitalizar permite acortar tiempos, reducir errores y disminuir el desperdicio de materiales. Si el sector no incorpora estas medidas de forma sistemática, seguirá siendo uno de los principales emisores. La presión climática, las exigencias normativas y los costes crecientes hacen de esta transformación una necesidad urgente, impulsada por estrategias como la reducción de emisiones en la fase de ejecución.

España no produce la vivienda que necesita su población

El mercado residencial español vive un desequilibrio estructural: en 2024 se construyeron 134.649 viviendas menos de las necesarias para atender la demanda real, según la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria. Las provincias más afectadas son Madrid, Barcelona, Alicante y los principales destinos turísticos, donde la presión demográfica choca con la escasa producción de vivienda nueva.

Este desfase tiene consecuencias directas: subida de precios, escasa oferta de vivienda asequible y dependencia del mercado de segunda mano, que ya representa el 90 % de las transacciones. Apenas un 3 % de las compraventas corresponden a vivienda protegida, lo que pone de relieve la débil respuesta de las administraciones públicas en este ámbito clave para la cohesión social.

Desde la ACI se propone un Pacto de Estado por la Vivienda que garantice seguridad jurídica, estabilidad normativa y cooperación institucional. Sin una visión estratégica a largo plazo, el problema del acceso seguirá agravándose, con especial impacto en los jóvenes, las familias monoparentales y los colectivos más vulnerables. Puedes ampliar esta información sobre el déficit actual de vivienda en España.

El diseño biofílico gana terreno en oficinas de nueva generación

El entorno laboral se redefine con criterios más humanos, saludables y sostenibles. La integración de la naturaleza en oficinas —también conocida como diseño biofílico— mejora la calidad del aire, reduce el estrés laboral y aumenta la productividad hasta un 15 %, según estudios citados por la consultora Arup. Este enfoque arquitectónico está alineado con las certificaciones WELL o LEED y responde a las exigencias de un nuevo perfil de empleado y empresa.

No se trata solo de estética o de colocar macetas en los pasillos. La biofilia implica rediseñar el espacio con vegetación estructural, luz natural, materiales orgánicos, jardines verticales y vistas al exterior. Su aplicación no se limita a la obra nueva: también es viable en proyectos de rehabilitación, lo que la convierte en una estrategia flexible para transformar oficinas existentes sin perder rentabilidad.

Además de sus beneficios en bienestar, estas oficinas verdes tienen efectos positivos sobre el rendimiento energético y la resiliencia urbana. Al mitigar el efecto isla de calor y reducir la necesidad de climatización, contribuyen a los objetivos de descarbonización del sector inmobiliario, como se refleja en el avance del diseño biofílico aplicado a oficinas en España.

La crisis habitacional requiere tecnología y cooperación institucional

La vivienda se ha convertido en el gran tema estructural del inmobiliario español. Durante el I Congreso Nacional Hábitat de Vanguardia celebrado en Valladolid, más de 350 empresas y 80 ponentes analizaron cómo avanzar hacia un sector más eficiente, digital y colaborativo. Las soluciones planteadas pasan por tres ejes: industrialización de procesos, uso estratégico de la inteligencia artificial y renovación del parque de vivienda con criterios energéticos y de asequibilidad.

Castilla y León, una de las regiones con el parque más envejecido, fue el escenario perfecto para debatir el futuro del sector. Expertos como Idealista o Ferrovial pusieron sobre la mesa la urgencia de impulsar la rehabilitación integral, dado que la mayoría de las viviendas en esta comunidad tienen baja calificación energética y un valor de mercado estancado.

Las administraciones tienen un papel decisivo, pero sin colaboración efectiva con el sector privado, los avances serán lentos e insuficientes. La acción coordinada entre ayuntamientos, comunidades y Gobierno central es clave para liberar suelo, agilizar trámites y canalizar inversión hacia un modelo más inteligente y socialmente justo, como se discutió durante el Congreso Nacional Hábitat de Vanguardia.

Oficinas obsoletas: el reto de renovar 11 millones de metros cuadrados

Madrid y Barcelona acumulan más de 10 millones de metros cuadrados de oficinas en riesgo de obsolescencia. Un 44 % del parque ya no cumple con los estándares actuales de eficiencia, diseño o regulación. Esta situación, según la consultora JLL, requerirá una inversión de más de 14.000 millones de euros si se quiere mantener la competitividad de estos activos.

Las zonas más afectadas son las áreas descentralizadas, donde la demanda es menor y la rentabilidad más incierta. Aquí, la reconversión a uso residencial o híbrido se perfila como una solución viable. En los distritos financieros, en cambio, se apuesta por reposicionar los inmuebles con reformas profundas, integración de servicios y obtención de certificaciones ESG.

El cambio climático se añade como un factor acelerador: edificios que no se adapten a condiciones extremas (calor, lluvias intensas, sequías) perderán valor y atractivo. En este contexto, la resiliencia climática y la integración de espacios verdes se convierten en claves para evitar que estos activos queden fuera del mercado, como se analiza en detalle en el informe sobre la obsolescencia del parque de oficinas en Madrid y Barcelona.