La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, a propuesta del Área de Desarrollo Urbano, un contrato para servicios de protección y seguridad de los inmuebles (pisos, locales, edificios y solares) que forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo y evitar así que sean okupados.
La competencia de conservación, defensa, vigilancia y seguridad de los inmuebles le corresponde al Área de Desarrollo Urbano que lidera Mariano Fuentes. No obstante, como el Ayuntamiento no dispone de vigilantes de seguridad ni de la dotación especializada que se requiere para estas tareas, resulta necesario contratar un servicio externo.
Este contrato de vigilancia que se saca a licitación tiene un gasto plurianual de 1,4 millones de euros con la siguiente distribución: 177.500 euros en 2020; 710.000 euros en 2021 y 532.000 euros en 2022.
De haber existido un contrato similar con anterioridad se hubieran evitado okupaciones y mal uso de solares municipales como, por ejemplo, en el paseo de la Dirección o en el solar de Antonio Grilo, 8, que dificultan enormemente cualquier acción, como la construcción de un centro de salud en este último.
Además, la okupación ilegal de estos inmuebles, algo que el Ayuntamiento viene sufriendo desde hace años, provoca un rápido deterioro de los mismos por la imposibilidad de llevar a cabo las mínimas actuaciones de conservación.
Una situación que se ve agravada también por la previsible manipulación de las infraestructuras de las edificaciones, lo que puede ocasionar un riesgo para la seguridad tanto de los propios okupas como de los viandantes en el espacio público. Por ello, es necesario disponer de los medios personales y técnicos adecuados que permitan proteger dichos bienes.
Tipos de vigilancia
Las situaciones en las que será necesario prestar este servicio, así como el período de tiempo durante el que se deberá mantener dependerán de las necesidades que surjan en cada momento.
En función del riesgo y de las características del inmueble, los servicios de vigilancia que incluye el contrato son varios, ya que no sólo protege contra las posibles okupaciones, sino también de los asentamientos ilegales, el vandalismo o los vertidos de escombros incontrolados debido a la falta de vigilancia. Por ello, hay varias clases de servicio:
Vigilancia presencial permanente: mediante una dotación de vigilantes de seguridad sin armas en los pisos, locales, edificios y solares. En algún caso, esta vigilancia requerirá equipación con un vehículo a motor.
Vigilancia sin presencia permanente, pero con verificación personal (vigilancia dinámica).
Vigilancia a través de sistemas de alarma con verificación personal (servicios de acuda): en aquellos pisos, locales, edificios y solares que por sus características no requieran de la presencia de un vigilante permanente.
Este contrato se suma a las otras acciones que está poniendo en marcha el Gobierno municipal para luchar contra la okupación como el plan antiokupación, también del Área de Desarrollo Urbano, por valor de 1,5 millones de euros, para desalojar y derruir naves e inmuebles okupados en muy mal estado y donde se realizan actividades delictivas o la próxima creación de la Oficina Municipal Antiokupación para asesorar a las comunidades que no sepan cómo enfrentarse a este problema.
