El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado dos medidas pioneras para defender el derecho a la vivienda: la protección del 30% de las nuevas promociones y las grandes reformas y la declaración de toda la ciudad como área de tanteo y retracto, con el objetivo de que el Ayuntamiento pueda adquirir edificios y solares de manera preferente.
Ambas medidas han recibido el apoyo de los grupos municipales de Barcelona en Comú, el Grup Municipal Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido de los Socialistas de Cataluña, la CUP – Capgirem Barcelona y los concejales no adscritos Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé, que han votado a favor de la aprobación. El Partido Popular de Cataluña ha votado en contra. Ciudadanos ha votado a favor de declarar todo el municipio área de tanteo y retracto, pero se abstiene en la protección del 30 %.
La reserva del 30% supone la ampliación del parque público de vivienda, especialmente en los barrios céntricos que más sufren la especulación inmobiliaria y la gentrificación, y donde la falta de solares dificulta la construcción de pisos protegidos. Se calcula que con la nueva regulación más del 50% de las nuevas viviendas asequibles se ubicarán en estos barrios.
Derecho preferente de compra
La medida va acompañada de la declaración de toda la ciudad como área de tanteo y retracto, a fin de que el Ayuntamiento pueda adquirir de manera preferente solares y edificaciones, —entre los que se encontraría este 30% de vivienda protegida— para ampliar el parque de vivienda pública distribuido así por todos los distritos.
La iniciativa, que implica al sector privado, afectará tanto las nuevas edificaciones como las grandes rehabilitaciones que superen los 600 metros cuadrados. Por tanto, se corresponsabilizará a los promotores inmobiliarios privados a la hora de garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado.
Se prevé que con la reserva del 30 % se incorporen al parque de vivienda asequible unos 330 pisos cada año, una cifra que contribuiría a contrarrestar las subidas abusivas de los precios del alquiler, que dificultan la preservación de los tejidos vecinales.
Las viviendas protegidas serán de régimen general y se calcula que un 75% de los barceloneses y barcelonesas podrán acceder a estas. El precio asequible de los pisos, que determina la Generalitat, sería, hoy en día y por un piso de 80 metros cuadrados, de 512 euros al mes en caso de alquiler y 136.400 euros en caso de compra.
Reivindicación social
La nueva regulación nace de la reivindicación de las entidades que defienden el derecho a un hogar digno y que han dado voz a la demanda ciudadana para poner freno a la especulación inmobiliaria que obliga a los vecinos y las vecinas dejar sus barrios.
El grupo de entidades que ha encabezado la iniciativa está formado por la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) y el Sindicato de Arrendatarios.
Cambio del paradigma de vivienda en las ciudades
La medida se enmarca dentro de un cambio del modelo de vivienda en las grandes ciudades, y que sigue el ejemplo de grandes metrópolis como París, Londres o Nueva York, que ya aplican políticas de reserva de vivienda asequible con éxito desde hace años.
Con la aprobación, Barcelona se convierte en la primera ciudad del estado que introduce esta regulación, un paso adelante en la defensa del derecho a la vivienda que se espera que sigan otras grandes ciudades que sufren los mismos problemas para garantizar la acceso a un hogar digno y adecuado.
Términos de aplicación
Las modificaciones del Plan general metropolitano se aplicarán a partir de su aprobación definitiva. En el caso de la reserva del 30%, estarán exentas las operaciones que acrediten la compra de solares entre el 1 de julio de 2016 y la fecha de la aprobación inicial, también en julio, así como las licencias solicitadas antes de la aprobación definitiva, este septiembre.
En el caso de la declaración de la ciudad como área de tanteo y retracto, esta medida se aplicará durante seis años, prorrogables a otros seis, y servirá para detener operaciones claramente especulativas, especialmente aquellas que conduzcan a la adquisición de fincas para grandes fondos de inversión.
