La demolición del hotel El Algarrobico, frente a las costas almerienses de Carboneras, avanza de manera lenta pero inexorable. Tanto el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente como la Junta de Andalucía mantienen el proyecto de demolición para poner fin a este enrevesado asunto jurídico-urbanístico, pero quieren contar con todos los resortes jurídicos atados y bien atados. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de dar un nuevo espaldarazo para que esta salida se acelere.
Ha rechazado los recursos de Azata, promotora y constructora del hotel, y confirmado que el suelo sobre el que se levantó el hotel es propiedad de la Junta de Andalucía, quien deberá pagar algo más de dos millones a la promotora, en concepto de retracto, y proceder a la inscripción registral de las fincas.
Pero claro, la promotora no se conforma con esos dos millones de indemnización después de la inversión realizada, y ya ha anunciado que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque lo cierto es que no se especifica, en las resoluciones del tribunal andaluz, que quepa recurso alguno.
El siguiente paso en los tribunales está previsto para la semana próxima, cuando nuevamente se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación a un recurso presentado contra una sentencia judicial de 2008, por la que no se anulaba la licencia de obras, sino el planeamiento, y ordenaba la revisión de oficio de la licencia al Ayuntamiento de Carboneras.
Además de otorgar el retracto de los terrenos a la Junta de Andalucía, el Superior de Andalucía también le venía a decir a Azata que se olvide de la indemnización solicitada tras haber invertido casi 30 millones. Además, no cree que la revalorización de los terrenos haya sido muy superior al precio establecido para el retracto, esos algo más de dos millones de euros.
La construcción del hotel en terrenos del Parque Natural no urbanizables suscitó una gran polémica, ya que aunque el proyecto recibió todos los permisos y licencias necesarios de las cuatro administraciones públicas, presentaba visos de dudosa legalidad por incumplimiento de la Ley de Costas, que establece además una servidumbre de protección de 100 metros en la que está prohibido construir.
Así, se convocaron movilizaciones y actuaciones y se denunció el proyecto en los tribunales por parte de asociaciones locales, apoyadas por organizaciones ecologistas nacionales e internacionales, que desembocaron en primer lugar en la paralización de las obras por orden judicial.
Las distintas administraciones dilataron ejecutar el proceso de expropiación. Finalmente, en marzo de 2012, el Tribunal Supremo emitía la sentencia firme que exigía la demolición del edificio y la restauración del espacio a su estado original.
