Barcelona. El Ayuntamiento de Badalona impondrá sanciones de hasta 500.000 euros a los propietarios de pisos patera y pensiones ilegales, conforme a lo previsto en la Ley de vivienda de Cataluña. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha recordado que, según la ley, el Ayuntamiento de Badalona es competente en materia de vivienda para iniciar, tramitar e imponer sanciones administrativas.
El alcalde ha explicado que “la imposición de sanciones es una posibilidad que hasta ahora no se había utilizado y que el Gobierno de Badalona piensa convertirse en un instrumento fundamental para luchar contra la sobreocupación de viviendas”. Albiol ha afirmado que el Ayuntamiento “tiene la intención de castigar con la máxima dureza a aquellos que están permitiendo o que están lucrando con la sobreocupación y las pensiones ilegales”.
García Albiol ha comentado que, según los primeros datos de un informe elaborado por la Guardia Urbana, un número significativo de los pisos sobreocupados en Badalona son propiedad de entidades financieras y ha asegurado que no permitirá que estas entidades miren hacia otro lado mientras pisos que tienen embargados están sobreocupados. Para el edil badalonés “se está repitiendo con demasiada frecuencia la circunstancia de que pisos embargados por las entidades financieras y que se encuentran vacíos están siendo ocupados ilegalmente y sobreocupados, en su mayoría por parte de ciudadanos marroquíes, rumanos y paquistaníes”.
El alcalde ha explicado que las personas que ocupan estas viviendas de forma irregular “se proveen del servicio de luz de manera ilegal, no pagan los gastos de comunidad ya menudo atemorizan al resto de vecinos”. Y también ha dado a conocer que el Ayuntamiento ha detectado que algunos ciudadanos de origen paquistaní han adquirido viviendas que han utilizado para crear una red de pisos sobreocupados.
Ante estas circunstancias, el Gobierno de Badalona ha decidido empezar a sancionar a los promotores o responsables de la sobreocupación de viviendas y de la explotación económica de inmuebles que se consideren infraviviendas. En este segundo caso estaría el propietario de una pensión ilegal que el Ayuntamiento precintó hace quince días. El propietario de la pensión, que alojaba a mujeres y niños chinos, ha sido sancionado con una multa de 100.000 euros.
