Con la intención de que los inversores interesados en adquirir acciones de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea cuenten con toda la información posible y conozcan todas las circunstancias que rodean el proceso de privatización del ente público, el Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, ha acordado instar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que incluya en el folleto informativo de la Oferta Pública de Venta la intención del Gobierno autonómico de impugnar todo el procedimiento de privatización.
En detalle, el Consejo de Gobierno acordó instar a la CNMV a que se haga constar expresamente en el folleto informativo de la futura oferta pública de venta de valores del 28 por 100 del capital de la entidad mercantil estatal de capital público «Aena, S.A.», la intención del Gobierno de Canarias de impugnar tal decisión y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declare que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias, en virtud de lo establecido en los artículos 30.22 y 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias; habiéndose solicitado al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en su condición de Presidente de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, que convoque a la mayor brevedad a dicho órgano colegiado.
La decisión del Consejo obedece a su oposición al proceso privatizador emprendido por el Gobierno del Estado, que pretende adjudicar el 21 por ciento de la propiedad del Ente a un grupo seleccionado de accionistas y, posteriormente, realizar una oferta pública de venta de otro 28 por ciento de las acciones, de forma que casi la mitad de la propiedad de la sociedad pasará a manos privadas.
El Gobierno de Canarias ya ha remitido al Estado los argumentos que demuestran que esta operación supone el cambio de gestión de la Red Aeropuertos, de un modelo de gestión directa de la Administración Pública a uno de gestión indirecta, lo que, en base al Estatuto de Autonomía de Canarias, debe traducirse en el traspaso de la gestión, no a inversores privados, sino a la propia Comunidad Autónoma.
El Gobierno entiende que su reivindicación, pendiente todavía de respuesta por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha de comunicarse a toda persona física o jurídica interesada en invertir su dinero en acciones de AENA, S.A., puesto que no hacerlo supondría ocultar a los inversores una información determinante sobre el futuro del Ente público.
