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Es necesaria una nueva Ley de Suelo para solucionar los problemas de vivienda en la Comunidad de Madrid

El expresidente de la Comunidad de Madrid y número dos del Partido Popular al Senado por Madrid, Pedro Rollán, ha mantenido un encuentro con el Presidente de CONCOVI, Juan Casares, y distintos miembros del Consejo Rector de su Federación madrileña, para avanzar en nuevas líneas de actuación que, en última instancia, faciliten el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid.

Rollán se ha reunido con CONCOVI para acercar posturas en este sentido de cara a su candidatura al Senado que, entre otros aspectos, se centra fundamentalmente en las políticas de vivienda dentro de la Comunidad de Madrid. Los miembros de la Confederación de Cooperativas de Viviendas han puesto sobre la mesa sus propuestas en materia de vivienda, que pasan en primer lugar por la elaboración y aprobación de una nueva Ley de Suelo acorde con las actuales necesidades de los ciudadanos en esta materia.

Rollán se ha mostrado dispuesto a, si llega a ser elegido como miembro del Senado, trasladar las propuestas de la patronal de cooperativas a la Administración. El candidato al Senado asegura ser un «firme defensor del movimiento cooperativista» ya que es el modelo más apto y eficaz para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, que son actualmente el colectivo más vulnerable en este sentido. «La necesidad de una vivienda de calidad a un precio asequible es un problema acuciante para muchos jóvenes en la Comunidad de Madrid», afirma Rollán. Por ello, el candidato señala que la solución empieza por habilitar una oferta de suelo disponible, así como por llevar a cabo acciones en materia impositiva para facilitar la posibilidad de acceso a una vivienda.

Rollán ha puesto de manifiesto la gran capacidad que tiene la Comunidad de Madrid para poner en carga los suelos y general viviendas, ya que actualmente produce el 30% de toda la promoción de obra nueva en España, con más de 22.000 viviendas construidas de las cuales más de 4.000 son en régimen de protección oficial. Así mismo, es una de las Comunidades Autónomas, junto Cataluña, Valencia y el País Vasco, con mayor peso del movimiento cooperativo en todo el territorio nacional. Sin embargo, apunta, todavía queda mucho que hacer en materia de Rehabilitación de los cascos urbanos y, por supuesto, de alquiler. Para Rollán «la profesionalización del sector de la vivienda en alquiler es absolutamente necesaria», así como lo es poner una solución a los desorbitados precios de las viviendas ya que «no puede ser que en Madrid solo haya viviendas a partir de 400.000 €», porque «todo el mundo necesita y tiene derecho a tener un techo bajo el que vivir dignamente».

Desde CONCOVI, Juan Casares asegura que nada de ello se puede solucionar si no se pone en marcha una nueva Ley de Suelo que actué tanto sobre el área de propiedad, como en el alquiler, como en la rehabilitación integral de edificios y barrios, algo con lo que el candidato al Senado asegura estar totalmente de acuerdo. Para Casares «CONCOVI defiende el derecho a la propiedad, España es un país que en materia de vivienda se caracteriza por la cultura de la propiedad. Pero no podemos olvidarnos de las nuevas necesidades habitacionales. La nueva Ley de Suelo tiene que contemplar la creación de un gran Parque de Viviendas en Alquiler sobre Suelo Público, profesionalizado y asequible, que garantícelas actuales necesidades habitacionales de la población, especialmente de los jóvenes que por sus circunstancias no siempre pueden acceder a una vivienda en propiedad». El Presidente de la patronal de cooperativas asegura que «solo se puede crear un Parque de Viviendas en Alquiler que sea funcione y sea viable si se hace a través de la colaboración público-privada entre la Administración y las entidades sin ánimo de lucro, como son las cooperativas de viviendas». «Hay que activar medidas reales que satisfagan necesidades reales y, por eso, no llega con redactar una nueva Ley como ya ha ocurrido, sino que hay que tramitarla y aprobarla», continúa.

Así mismo, es necesario centrarse en una modificación fiscal que agilite y facilite los trámites, y crear un Plan Estratégico en el que quede reflejado y se limite el objeto social del suelo, dice Casares, y a todo ello darle la visibilidad que se requiere para garantizar la efectividad de todas estas medidas. En materia de Rehabilitación, el Presidente de CONCOVI asegura que «la Ley de Propiedad Horizontal no sirve de nada en materia de rehabilitación. Para impulsar la rehabilitación y profesionalizar el sector es absolutamente imprescindible crear un marco jurídico y fiscal diferente y especial que se ajuste a este sector y a sus necesidades inherentes. No se puede rehabilitar España al 21% de IVA».

«Actualmente estamos viviendo un momento en el que todo el mundo habla de vivienda. Todas las Administraciones centran sus programas en este aspecto. Sin embargo, si no se realizan ciertas mejoras y modificaciones normativas, cuando intenten solucionar los actuales problemas habitacionales, se van a encontrar con el mismo muro contra el que nosotros, las cooperativas de viviendas, llevamos años luchando. Sin una nueva Ley de Suelo no se puede avanzar, ni siquiera se puede continuar», sentencia el Presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España.

La transformación digital del sector de la construcción ya es una realidad

La Fundación Laboral de la Construcción ha celebrado la «II Jornada de Innovación en Formación de la Industria de la Construcción», en el Espacio Bertelsmann, de Madrid.

Más de un centenar de personas han asistido a la segunda edición de estas jornadas mediante las que la entidad paritaria quiere dar a conocer anualmente las innovaciones tecnológicas, formativas y sociales desarrolladas en los proyectos europeos que lidera y en los que participa, como muestra de su compromiso con la innovación, uno de sus valores principales.

Dani Seseña, director de Cámara abierta 2.0 de TVE, un programa sobre internet y transformación digital, ha sido el maestro de ceremonias del evento, en el que se han presentado los resultados y avances de seis proyectos europeos, pertenecientes al programa Erasmus+ (Bus.Trainers, Women Can Build, Upp Games, VRoad, TransToWork y Tycon) y un séptimo, del programa Horizon 2020 (Net-Ubiep).

Competencias, BIM y prevención de riesgos laborales

Presentados por los técnicos y técnicas del departamento de Proyectos Internacionales de la Fundación Laboral, y de la mano de su responsable Javier González, los proyectos han sido expuestos en torno a tres áreas temáticas: Competencias, Building Information Modeling (BIM) y la prevención de riesgos laborales (PRL).

En la categoría de Competencias, se han dado a conocer dos cursos on line didácticos e innovadores dirigidos a docentes del sector de la construcción: uno, especializado en competencias medioambientales y materiales sostenibles (proyecto Bus.Trainers); y otro, para sensibilizar en cuestiones de igualdad de género (proyecto Women Can Build).

También se ha mostrado una plataforma diseñada como comunidad digital para facilitar la comunicación e interrelación entre formadores, estudiantes y tutores de empresa, sobre la base de la metodología del Aprendizaje Basado en el Trabajo (ABT) -Work Based Learning (WBL)-, como método de ayuda para facilitar la inserción laboral de los aprendices (proyecto TransToWork).

Para terminar el bloque, se ha enseñado una aplicación de mini-juegos formativos para potenciar las competencias empresariales en jóvenes y emprendedores del sector (proyecto Tycon).

Relacionada con el área BIM, se ha hablado también de una iniciativa para aumentar el rendimiento energético de los edificios, a través de un fortalecimiento del uso de BIM, basada en un sistema novedoso de detección de competencias requeridas para los distintos perfiles que intervienen en un proyecto de construcción (proyecto Net-Ubiep).

La tercera área se ha centrado en la prevención de riesgos laborales (PRL), donde se han abordado las ventajas de la gamificación en el aprendizaje, a través de un juego educativo para el aprendizaje de competencias en Seguridad y salud, para trabajos en altura (proyecto Upp Games).

Asimismo, se ha mostrado el desarrollo de una aplicación de Realidad Virtual de Seguridad y Salud en trabajos de Conservación y Explotación de Carreteras (COEX) (proyecto VRoad).

«Estar en construcción»: un proceso dinámico

Dani Seseña, como periodista especializado en gestión de contenidos, cultura digital, innovación social y emprendimiento, ha apuntado que la construcción y el periodismo comparten una inquietud: la actualización constante de los conocimientos de sus profesionales. «Aunque estemos invadidos por la ‘tiranía’ de la inmediatez, aunque permanezcamos en un estado de permanente necesidad por incorporar las últimas herramientas y plataformas tecnológicas, debemos encontrar un espacio que nos lleve a la reinvención. Y el único camino que nos permite llegar es la formación, porque ahora más que nunca, ‘estar en construcción’ ya no es un estado transitorio, sino un proceso dinámico que no para?».

Una idea que también ha defendido en la inauguración del acto, Juan José Juárez, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, quien ha destacado que «los procesos formativos son cada vez más complejos y hay que adaptarlos a los nuevos tiempos, por lo que la tecnología es ya una parte intrínseca de cualquier profesional».

Tras la presentación de los proyectos se ha mantenido un interesante punto de encuentro y debate en la mesa redonda, titulada «Competencias digitales para la transformación del sector hacia una industria de la Construcción 4.0: más allá de BIM», moderada por José Antonio Viejo, director del Área de Formación y Empleo de la Fundación Laboral, y en la que han intervenido: Aída Machado, directora técnica de Integesa; Mario Rondán, cofundador y responsable de Estrategia e Innovación de EPC Tracker; y un tándem de tres personas formado por Óscar Aranda, director de Sistemas de Gestión (Calidad, PRL, Medio Ambiente e Innovación) del Grupo Lobe; Izan Liarte, trabajador del Grupo Lobe y ex alumno de la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón; y Juan Lobaco, jefe de Estudios del Centro Integrado de Formación Profesional de la Fundación Laboral de Aragón.

«Es tiempo de construir y de innovar»

Enrique Corral, director general de la Fundación Laboral de la Construcción, ha sido el encargado de clausurar las Jornadas de Innovación, asegurando que estamos inmersos en la transformación digital de la Construcción 4.0, no solo en nuestro país, sino en toda Europa. Un proceso en el que indudablemente tienen que participar empresas, agentes sociales, trabajadores e instituciones y gobiernos para poder generar entre todos una industria de la construcción competitiva, sostenible e igualitaria. «La transformación digital del sector de la construcción ya es un hecho. Es tiempo de construir y de innovar», ha subrayado Corral.

El director general de la entidad paritaria ha recordado que la innovación es uno de los valores con los que la Fundación Laboral está más comprometida, un baluarte en el que trabaja desde sus inicios, y a través de sus proyectos europeos, desde hace más de quince años. «Actualmente la Fundación trabaja en 23 proyectos europeos diferentes y colabora con 90 entidades de toda Europa. La Fundación del sector español de la construcción se ha convertido en un referente internacional y nos sentimos muy orgullosos de ello», ha destacado Enrique Corral.

El juez imputa a FCC por pagar 82 millones de comisiones por el metro de Panamá

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto en el que imputa como persona jurídica a FCC por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A, FCC Construcción Centroamérica SA. Y Construcciones Hospitalarias SA. Estas tres mercantiles disponen de 5 días para designar un representante, así como abogado y procurador.

Los hechos ahora investigados se iniciaron en 2017, a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht, por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015. Esta mercantil se sirvió de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones.

En el caso de FCC, el juez incluye en su escrito el relato de la Fiscalía Anticorrupción que describe cómo sus tres mercantiles investigadas constituyeron un consorcio con la multinacional Odebrecht liderado por la brasileña, para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá.

Facturas infladas en la compra de acero

Los indicios de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron, según relata la fiscalía en su escrito, un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio.

De esta forma, se obtuvieron los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá. El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht. Estas personas ya han declarado en el juzgado como investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

El pasado mes de enero, la investigación judicial recibió las informaciones de una Comisión Rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Incluía el aviso realizado por un banco de Lugano, que advertía de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados.

Según advertía el banco, gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas.

En mayo y junio, la multinacional española FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados.

FCC aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado, por un importe de 82.768.849 euros, entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados, según la compañía, y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

FCC no aplicó ni activó protocolo para evitar los hechos delictivos

Después de analizar toda la documentación que obra en la causa el juez considera que existen indicios de que las tres mercantiles de FCC han podido participar en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción en transacciones internacionales (art. 286 ter CP) y blanqueo de capitales (art. 301 y 302.2 CP).

El juez explica que la denuncia portada por FCC CO pone de manifiesto la participación de varios altos directivos (actualmente cesados) de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupción respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua.

Los exdirectivos investigados participaron en los contratos denunciados, que encubrieron pagos de dádivas, con supuestos trabajos de consultoría comercial entre los años 2010 y 2014.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez argumenta que la misma «debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa».

«Estas personas -añade el magistrado- que actuaron bajo el paraguas de las referidas mercantiles eran altos ejecutivos de la cúpula directiva de FCC CO, con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron desviadamente durante 4 años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva».

Todo ello, según el auto, revela indiciariamente «que no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional».

Por todo ello el instructor concluye que las tres mercantiles de FCC deben ser convocadas a la causa por su presunta responsabilidad penal porque «presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los Proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton. Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos».

Bilbao rehabilita el Edificio BETA2 como sede de As Fabrik, proyecto europeo de industria 4.0

El Ayuntamiento de Bilbao inicia las obras de reforma y rehabilitación del Edificio Beta 2 que acogerá el proyecto europeo As Fabrik, con un presupuesto de 6,4 millones de euros (para el propio edificio y la urbanización del entorno) y un plazo de ejecución de 10 meses.

Las obras de rehabilitación contemplan la reforma del edificio, de 10.000 metros cuadrados, tanto interior como exterior, incluyendo las amplias cristaleras, así como la urbanización de los accesos al inmueble. El proyecto tiene como objetivo el impulso de los servicios avanzados para la industria 4.0 y la economía digital en torno a la consolidación de Zorrotzaurre como ecosistema innovador.

El edificio, de propiedad municipal, ya ha experimentado una serie de mejoras de adecuación estructural, gracias a una primera fase. Ahora arranca una segunda fase que quiere adecuar el interior y el exterior del edificio para que pueda acoger sus futuros usos como sede del proyecto As Fabrik.

En esta fase acometerá las obras de adecuación de las plantas baja, entreplanta, y primera. Aún quedarán pendientes las plantas segunda y tercera que permanecerán cerradas a la espera de una tercera fase de obras.

El Consistorio rehabilitará el edificio de tal manera que quede articulado en torno a un atrio abierto a todas las plantas. Tanto en el exterior como en el interior, la obra quiere mantener el carácter de espacio industrial. Por eso, el interior del edificio, se construye a partir de un concepto abierto industrial con espacios confinados en cajas de madera, y vidrio. El edificio incluirá dos auditorios abiertos a modo de graderíos, uno de los cuales conecta la planta baja y la primera.

El exterior del edificio será rehabilitado por completo, incluyendo las amplias cristaleras para mejorar la iluminación natural en el interior. Las fachadas en caravista se reconstruyen en su totalidad, y el resto se restaurarán mediante lamas de madera.

En cuanto a los accesos exteriores, el proyecto contempla la urbanización parcial de los mismos con carácter provisional, a través de rampas, escaleras, y con conexión hasta el acceso del edificio Beta1, que alberga la sede europea de Digipen Institute of Technology.

La planta baja del edificio acoge una entrada que se abre a un amplio vestíbulo, y un atrio que alcanza la altura total del edificio. El vestíbulo, en el que se sitúa la zona de recepción, se divide después en dos zonas diferenciadas.

Por un lado el ala de menor superficie, y situada más al norte, alberga una zona de restauración que incluye bar, comedor y cocina cerrada. En esta zona tendrá un pequeño graderío de madera orientado hacia el vestíbulo para un uso polivalente de estancia. Toda la zona de restauración se cierra mediante un sistema de puertas acristaladas que se pueden abrir en caso necesario, para que quede un espacio abierto y conectado con el exterior.

La otra zona, el ala de mayor superficie y situada en la zona sur, incluye espacios vinculados con la actividad puramente docente. Los recintos cerrados se plantean como cajas cerradas por madera y vidrio. En esta zona contará con un amplio auditorio a modo de grada de madera que conectará la planta baja con la primera, en un espacio a doble altura.

En este ala se ubica también un auditorio o sala de ponencias cerrado, pero con posibilidad de abrirse mediante paneles correderos hacia la zona central abierta.

Como el carácter de la planta es abierto, con espacios polivalentes que pueden estar cerrados o no, está previsto que las dos alas puedan separarse mediante un panel móvil, de tal manera que la zona de restauración pueda estar operativa en horarios diferentes tanto para el uso docente como de manera autónoma.

En la primera fase de las obras del edificio se construyó una entreplanta aprovechando la estructura del edificio. Se trata de un espacio situado entre la planta baja y la primera, y está ubicado en una franja del la zona de ala sur. Este espacio será habilitado para albergar usos docentes tipo coworking en espacio abierto y sin compartimentar. La zona se cerrará perimetralmente mediante una barandilla por lo que quedará abierta al espacio de planta baja.

La planta primera está pensada para albergar usos puramente vinculados a la actividad docente. Se trata, principalmente, de aulas de diferentes dimensiones y con cerramientos acristalados. Este primer piso también se separa por zonas; por un lado en el ala norte se ubican las salas de profesores y la biblioteca abierta, por otro lado el ala de mayor espacio, al sur, acogerá la mayor parte de las aulas cerradas.

La obra realizará en un plazo estimado de 10 meses, comenzará esta semana y tiene un presupuesto de 6,4 millones de euros.

AS Fabrik Bilbao tiene como objetivo la mejora de la competitividad de las empresas locales y la consolidación de Zorrotzaurre como un ecosistema innovador y de referencia en el ámbito de los servicios avanzados para la industria 4.0 y la economía digital.

Para ello, el proyecto tendrá como epicentro un edificio público ubicado en Zorrotzaurre con pasado industrial, que será acondicionado como centro de referencia del proyecto y punto de encuentro de las actividades previstas.

Desde este edifico se coordinarán cuatro actuaciones clave, a desarrollar en los próximos tres años, y que tienen como objetivo contribuir a la consolidación de un nuevo modelo de producción:

Programas formativos dirigidos a estudiantes de universidad, personas emprendedoras y profesionales, pensados para abordar los desafíos de la industria 4.0 en la economía digital.

Acciones de networking entre los principales agentes o grupos de interés del ámbito público y privado para coordinar una estrategia única, que sea efectiva y eficaz para atender las necesidades actuales y futuras del sector industrial.

Propuestas que estimulen y favorezcan el lanzamiento de start-ups con sede en Bilbao, relacionadas con la tecnología, la especialización y la inteligencia que requiere la industria 4.0 para posicionarse internacionalmente.

La puesta en marcha de un observatorio y laboratorio de ideas, donde se analizarán las tendencias en los ámbitos tecnológicos, industria 4.0 y economía digital, para identificar los desafíos a los que se enfrentan las empresas locales y proponer soluciones innovadoras para estos retos.

Se crea, así, un ecosistema de talento e innovación en Bilbao, que contribuirá al desarrollo de las empresas locales de servicios intensivos en conocimiento y a la promoción del sector industrial, que debe implicarse activamente en un proceso de transformación inteligente con el fin de asegurar su futuro.

AS Fabrik Bilbao cuenta con un presupuesto global para el edificio de 5.807.642 euros, de los cuales el 80% -4.600.000- será sufragado con una subvención aprobada por la Comisión Europea, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER).

Haya Real Estate ha sido seleccionada por Sareb para gestionar los activos del proyecto Esparta 

Haya Real Estate («Haya»), el líder del mercado español en gestión de deuda y activos inmobiliarios ha anunciado hoy que ha sido seleccionado como primer servicer para apoyar a Sareb en la implementación de su nuevo modelo de negocio bajo el plan estratégico recientemente anunciado. En este contexto, Haya y Sareb han firmado un nuevo contrato de servicing sobre una cartera de préstamos y activos REO (Real Estate Owned) valorada en 15.000 millones de euros (valor bruto contable, o VBC) hasta mediados de 2022. De esta manera, Haya ha sido adjudicataria de la totalidad del perímetro incluido en un proceso de licitación altamente competitivo. El contrato no implica ningún pago upfront y por lo tanto las condiciones del mismo serán las de mercado para un contrato de estas características.

Haya continuará trabajando con Sareb bajo su contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 y apoyará Sareb en su transición progresiva hacia su nuevo modelo de negocio bajo un nuevo contrato que será efectivo a partir del 1 de enero de 2020. En virtud de este nuevo modelo de servicing, Haya liderará las actividades de comercialización y aprovechará su profundo conocimiento de los mercados inmobiliarios locales para apoyar la nueva estrategia regional de Sareb. De esta forma, Sareb asumirá la gestión directa de ciertas posiciones y se reserva la labor de liderar tareas que hasta ahora estaban reservadas a sus servicers, como ciertas funciones no comerciales, tal y como se había anticipado previamente.

Carlos Abad, consejero delegado de Haya Real Estate afirmó: «Estamos muy orgullosos de haber sido seleccionados como primer servicer para apoyar a Sareb en el desarrollo de su nuevo modelo de negocio. Vamos a continuar trabajando con el más alto rigor y compromiso para ayudar a nuestro cliente a alcanzar sus objetivos de negocio «.

Juan Hoyos, presidente ejecutivo agregó: «Este contrato pone de manifiesto nuestro importante foco en la prestación de servicios de alta calidad, alcanzado gracias al arduo y constante trabajo de todos los empleados de Haya durante los últimos 5 años». Por último, declaró «Me gustaría dar las gracias a Sareb por la confianza depositada en Haya. Vamos a seguir trabajando con dedicación y esfuerzo para mantener la relación fuerte y saludable que hemos construido hasta ahora».

Madrid pide a jueces y fiscales que agilicen los trámites contra las ocupaciones ilegales

La Comunidad de Madrid ha solicitado a jueces y fiscales que agilicen los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales de inmuebles.

Así lo han transmitido el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, que se han reunido con la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y la jueza decana de Madrid, Mª Jesús del Barco, para impulsar la coordinación entre la administración autonómica y la justicia madrileña en los casos de ocupación ilegal de inmuebles.

Se trata de un nuevo encuentro dentro del marco de la ‘Mesa de Vivienda y la Okupación’, creada por el Gobierno autonómico con la finalidad de atajar el problema de la ocupación ilegal.

Durante la reunión, los consejeros han trasladado la necesidad de buscar sinergias y protocolos de actuación que permitan acortar al máximo los plazos para llevar a cabo la recuperación de viviendas que hayan sido usurpadas.

Los dos representantes del Gobierno autonómico han planteado también la necesidad de que, en las ocupaciones que afecten al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, se dé facilidades a la Policía Judicial adscrita al Juez Decano de Madrid para identificar a los presuntos responsables, ponerlos a disposición de la autoridad judicial y proceder a la devolución del inmueble.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza una inversión anual de cuatro millones de euros para la seguridad y el mantenimiento de las 23.213 viviendas con que cuenta la Agencia de Vivienda Social, y evitar en la medida de lo posible la ocupación de sus viviendas, como explicaba hace unos días el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada durante el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Pérez insistía en que «la lucha contra la ocupación ilegal ha sido uno de los primeros compromisos del Ejecutivo regional en materia de vivienda y para ello se ha creado una mesa de trabajo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid».

Para tratar de hacer frente a este problema, la Agencia de Vivienda Social destina 500.000 euros al año a la instalación de puertas anti-vandálicas y a tabicar puertas y ventanas de las viviendas vacías, porque o bien se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas.

Igualmente la Agencia destina más de tres millones de euros para el mantenimiento de un servicio de seguridad y para la reparación de aquellas viviendas recuperadas tras haber sido ocupadas y vandalizadas.

El servicio de seguridad dispone de varias patrullas de vigilantes que recorren todas las viviendas y promociones de titularidad regional que están en vigilancia (viviendas que se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas) y que deben ser inspeccionadas, al menos, una vez cada 24 horas.

Entre las novedades puestas en marcha en la presente legislatura están acuerdos de colaboración como el establecido con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, que autoriza a la Policía Municipal de esta localidad a que pueda acceder y estacionar sus vehículos de servicio en los garajes de las promociones de la Agencia de la Vivienda Social, así como a las zonas comunes, asegurando su vigilancia a cambio del estacionamiento de sus vehículos.

Desde el Gobierno regional se ha ofrecido a Policía Nacional, Guardia Civil y otras policías locales extender este tipo de acuerdos y seguir colaborando con otros ayuntamientos de la región contra el fenómeno de la ocupación.

Europa reconoce el proyecto Alter ECO de Valencia en materia de turismo inteligente y sostenible

El trabajo desarrollado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática a través del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) -en el marco del proyecto Alter Eco- ha sido seleccionado por la Comisión Europea en un compendio de buenas prácticas en materia de turismo inteligente.

El Proyecto ‘Alternative tourist strategies to enhance the local sustainable development of tourism by promoting Mediterranean Identity’ (Alter Eco), aprobado por el programa ‘Interreg MED’, ha tenido como objetivo mejorar el equilibrio entre la atracción turística, como fuente de crecimiento económico, y la conservación del tradicional modelo de ciudad mediterránea como ejemplo de sostenibilidad.

Este objetivo se ha trabajado a través de la implementación de medidas innovadoras en 6 pilotos, en 4 ciudades (Málaga, Génova, Venecia y Dubrovnik) y 2 regiones (Comunitat Valenciana y Región Egea Meridional).

El enfoque del piloto de la Comunitat Valenciana en el marco del proyecto Alter Eco ha consistido en la aportación de soluciones en relación a la mejora de la sostenibilidad en dos de los modelos turísticos con mayores posibilidades de replicabilidad en el arco mediterráneo: el modelo de turismo urbano y el modelo turístico de sol y playa.

Para poder probar soluciones concretas se eligieron dos destinos como representativos en la Comunitat de cada uno de los dos modelos: Valencia, como destino urbano que recibe la llegada de cruceristas, y Gandía, como destino principalmente de sol y playa.

Entre las medidas ejecutadas con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto se han desarrollado dos aplicaciones para móviles, APP Gandia Tour&Play y Alter Eco Valencia, cuyo objetivo ha sido conseguir desplazar a los turistas mediante técnicas de gamificación y realidad aumentada desde las zonas con mayor densidad en época estival a las zonas con mayor atractivo natural y cultural y con menor densidad, pero de gran atractivo para los visitantes.

Las App de ambas ciudades geolocalizan los recursos e infraestructuras para provocar, mediante dinámicas de juego, que los visitantes las conozcan. El turista recorre una serie de localizaciones donde debe cumplir determinadas misiones. Mediante un mapa 3D puede guiarse y localizar las misiones repartidas por el lugar a visitar.

Es este trabajo el que ha sido seleccionado por la Comisión Europea en un compendio de buenas prácticas publicado recientemente en el marco del primer concurso para la selección de dos capitales europeas de turismo inteligente de 2019.

Las mejores prácticas publicadas se han seleccionado de las solicitudes que las ciudades presentaron al concurso. El informe muestra la selección de las mejores prácticas en cuatro categorías: Accesibilidad, Sostenibilidad, Digitalización, Patrimonio Cultural y Creatividad.

El compendio tiene como objetivo crear conciencia sobre las herramientas, iniciativas y proyectos de turismo inteligente, compartir las mejores prácticas en turismo implementadas por las ciudades y fortalecer el aprendizaje mediante la cooperación y el desarrollo innovador del turismo en la UE.

El proyecto finalizó el pasado mes de julio liderado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática a través del Instituto Valenciano de la Edificación.

Barcelona reduce un 68% la producción de vivienda tras imponer la tasa del 30% de VPO

En Cataluña, el mercado inmobiliario sigue en una fase de expansión, pero con una lenta recuperación de la actividad y unos valores absolutos todavía muy escasos para la necesidad de creación de nuevos hogares, según recoge en su último informe la Asociación de Promotores de Cataluña.

El Plan Territorial Sectorial de la Vivienda recoge un estudio el cual indica que en el período comprendido entre 2015-2030, se formarán 884.800 nuevos hogares en Cataluña.

De éstas, se restarían las que previsiblemente desaparecerán (526.600) con lo que resultarían necesarias unos 358.200 nuevos hogares en el transcurso de los 15 años, por lo que resultaría aconsejable una producción de 25.000 unidades anuales, cifra de la que todavía nos encontramos bastante lejos y que hace que sea necesaria una producción más intensa para satisfacerla.

La recuperación del sector ha sido lenta pero constante desde 2013, y la producción de viviendas se incrementa anualmente, aunque si analizamos las estadísticas del primer semestre de este año, se estaría produciendo una cierta desaceleración: según datos de la Generalitat, el número de viviendas iniciadas en Cataluña entre enero y junio de 2019 es un 10,5% inferior al mismo periodo de 2018.

En el caso de Barcelona ciudad, la disminución en este mismo periodo es de un 67,9% de respecto al primer semestre de 2018, descenso que coincide en el tiempo con la vigencia de la medida del 30% de la VPO en suelo urbano consolidado, evidenciando un efecto totalmente contrario al pretendido con la norma, o al menos, la incertidumbre de los recientes cambios normativos ha tenido una repercusión importante en la actividad.

En Cataluña, las 6.645 viviendas iniciadas en la primera mitad del año muestran una disminución del 10,5% en comparación con el mismo periodo de 2018. En lo que va del año, la actividad ha mostrado signos negativos: en el primer trimestre del año, la producción de viviendas cae un 4,5% y el segundo, lo hace de manera más acentuada, un -8,1%.

La importancia de la ciudad de Barcelona es primordial y, las recientes normas junto con las suspensiones de las licencias a dos zonas de la ciudad (Gracia y Horta-Guinardó) así como la lentitud en sus tramitaciones, complican la toma de decisiones de las empresas ante la incertidumbre de la viabilidad del proyecto.

Esta importancia de la ciudad de Barcelona y su llamado «efecto mancha de aceite» se comprueba al analizar los datos de la ciudad, concretamente de las 429 viviendas iniciadas en el primer semestre frente las 1.338 del mismo período un año antes, lo que se traduce en una disminución del 68% con una incidencia en la provincia importante. Las viviendas terminadas en la ciudad de Barcelona también muestran la misma reacción y disminuyen un 40%.

Por provincias de Cataluña, la de Barcelona es la única que muestra signos negativos en la producción de viviendas (-14,8%) mientras que incrementa en la provincia de Lleida (+15,6%), seguida de Girona (+7,1%) y de Tarragona (+5,6%).

Por comarcas de Cataluña, quince de ellas han sufrido la desaceleración del sector en este primer semestre del año, de las que cuatro, corresponden a la provincia de Barcelona (Moianès, Alt Penedès y precisamente, dos de las más productivas de la comunidad catalana, concretamente la comarca del Barcelonés (-47%), influenciada por el comportamiento de la ciudad de Barcelona.

Recordemos que la producción de la provincia de Barcelona representa el 78% del total de la actividad en la comunidad catalana. De las tres comarcas más productivas de Barcelona (la suma de ellas alcanza el 50% del total producido en Cataluña), dos de ellas disminuyen considerablemente: el Baix Llobregat y Barcelonés mientras que el Vallès Occidental continúa con una producción más intensa (efecto de la mancha de aceite hacia la segunda y tercera corona de la ciudad); la actividad baja también en las comarcas de Segarra, Montsià, la Garrotxa, Alta Ribagorça, las Garrigues, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell, la Terra Alta, el Pla de l’Estany, el Baix Empordà y el Baix Camp. El resto del territorio continúa con una actividad positiva.

Preocupa que la reciente aparición de algunos tipos de medidas por parte de la Administración que penaliza a las empresas que tienen capacidad actualmente de aumentar la oferta de viviendas, se pueda ver resentida directamente la actividad del sector y es en este primer trimestre del año con datos de los visados de inicio de obras publicadas recientemente por la Agència de l’Habitatge, donde se pone de manifiesto un cambio de tendencia, de la producción de viviendas por primera vez desde el punto de inflexión de 2013.

Puede ser, pero no estamos ante un resentimiento sustancial, pero a pesar de ser leve, la obra nueva ha sufrido un descenso. Lo que parece claro, es que, de producirse finalmente este cambio en la tendencia, la situación de ajuste sería mucho más suave de la que el sector sufrió hace una década ya que los niveles de actividad siguen muy por debajo de la actividad considerada como óptima para cubrir las necesidades. De momento, estamos a la espera de recibir información sobre la actividad de los próximos meses.

Desde la APCE consideramos imprescindible constituir la comisión de seguimiento y evaluación de la MPGM para la obtención de protección pública en suelo urbano consolidado y el impulso de nuevas medidas para ampliar la vivienda asequible de alquiler en Barcelona, tal y como acordó el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona en la sesión de 28 de septiembre de 2018.

La ralentización económica y la parálisis política están afectando de manera clara al sector

Nuevo informe estadístico mensual en materia de vivienda ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo oficial arroja luz sobre el mercado hipotecario español y aporta datos nacionales sobre la firma de contratos hipotecarios registrada durante el mes de agosto, la cual registró una caída drástica de un 29,9% interanual y la más baja en cualquier mes desde octubre de 2016.

Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, considera que las cifras que arroja este nuevo informe «siguen mostrando la irregularidad de esta estadística, y después de un mes de julio con un crecimiento de dos dígitos, registran una caída que roza el 30%, significando la peor comparación interanual desde febrero 2014. Estos datos vienen a confirmar lo que ya anticipaban los datos compraventas del mismo mes del propio INE, donde se registró una caída igual de llamativa. Por el contrario, las hipotecas concedidas durante los últimos 12 meses acumulados siguen creciendo respecto al año pasado, si bien en este mes ese crecimiento se ha reducido a la mitad».

Territorialmente las comunidades donde se han concedido un mayor número de créditos han sido las que habitualmente lideran esta estadística: Andalucía, Catalunya y Madrid, que superan las 3.000 hipotecas en agosto. La caída respecto al año pasado afecta de manera muy importante a todos los territorios, pero lo hace de manera desigual. Por la parte positiva destaca Murcia, que sólo cae un 2%, mientras por otro lado en Extremadura y La Rioja se han concedido menos de la mitad de hipotecas que el año pasado. En aquellos territorios que lideran la actividad, la Comunidad Valenciana no llega a los dos dígitos de caída, Catalunya no llega al 20% mientras Madrid y Andalucía superan claramente el 30% de caída interanual.

El director de Estudios de pisos.com lo resume así: «La entrada en vigor de la Ley Hipotecaria en junio ha condicionado muy claramente la actividad del sector y, especialmente, la concesión hipotecaria. Con estos datos, que son de hipotecas inscritas en el registro en agosto pero constituidas en meses anteriores, se cierra un periodo estival convulso con las caídas de junio y agosto. Factores como la ralentización económica o la parálisis política en España están afectando de manera clara al sector, que necesita de estabilidad para afrontar los retos que tiene por delante».

Los agentes inmobiliarios hablan de un reajuste necesario que evite otra burbuja inmobiliaria

Las agencias inmobiliarias registran un descenso medio de un 15% en las operaciones de compraventa de viviendas durante el tercer trimestre de 2019 en comparación con el mismo período de 2018, según datos del Balance Trimestral de Operaciones de Compraventa de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Una cifra que supone un incremento de un 25% en la contracción de las transacciones inmobiliarias respecto al trimestre anterior, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, y que, según el mismo balance de FAI, fue del 12%.

La Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias asegura que la incertidumbre política, el enfriamiento de la economía y la restricción del crédito tras la aprobación de la nueva Ley Hipotecaria siguen siendo los principales factores de la caída en la venta de viviendas, pero recalcan que el difícil acceso de la población joven al mercado de la vivienda, vinculado, en gran parte a estos tres factores, arrastra, también, al mercado inmobiliario a una ralentización.

FAI pide prudencia a los actores que operan en el sector inmobiliario

Para FAI, el mercado inmobiliario, como ya alertó en su día, se enfrenta a una tendencia bajista y a un cambio de ciclo, motivado por factores macroeconómicos y geopolíticos, pero también a un reajuste necesario del sector que evite otra burbuja inmobiliaria, tal y como se refleja en la moderación de los precios, según los indicadores oficiales. Una desaceleración de los precios que para los agentes inmobiliarios está en consonancia con la realidad social y económica de cada territorio.

Ante estos dos escenarios, FAI insiste, por una parte, en la necesidad de que los diferentes actores que operan en el sector actúen con prudencia y no caigan en las malas prácticas y errores de la anterior crisis económica ante la urgencia de vender y el miedo a un estancamiento inmobiliario. No obstante, el Balance Trimestral también concluye un aumento del tiempo de venta en las operaciones por parte de las agencias inmobiliarias en los últimos seis meses.

Por otra parte, la Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias reitera la urgencia de adoptar medidas consensuadas, no sujetas a los cambios políticos, y sí estructurales, para evitar que se agudice el retroceso del mercado ante las dificultades económicas de la sociedad de poder acceder a una vivienda.

En esta línea, FAI ya reivindicó y se sumó a las voces que apuestan por un Pacto de Estado de Vivienda. De la misma forma, estudia la creación de grupos de trabajo con diferentes actores sociales para consensuar medidas y propuestas que faciliten el derecho a la vivienda.