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 Kefren Capital Real Estate y Tristan Capital Partners  adquieren una plataforma logística en Zaragoza de 65.000m2

La joint venture formada por Kefren Capital real Estate y Tristan Capital Partners ha cerrado la adquisición de una nueva nave logística ubicada en el Polígono Industrial de Malpica (Zaragoza), que cuenta con una superficie de 65.000 m2 en una parcela de 100.000 m2. Esta localización es una de las plazas logísticas más consolidadas de Zaragoza y cuenta, además, con acceso directo y fachada a la A-2.

La ubicación estratégica de Zaragoza la ha convertido en uno de los principales hubs de transporte, distando solo 300 km de principales ciudades como Madrid, Barcelona, e incluso con fácil acceso a Toulouse en el sur de Francia. La demanda logística en Zaragoza ha ido en aumento en los últimos años. El aeropuerto de Zaragoza es el segundo aeropuerto español en términos de carga aérea. Hasta la fecha el activo estaba en manos de la sociedad local Estudio Técnico de Inversiones – ESTESA, que ha sido asesorada en el proceso reglado de venta por Savills Aguirre Newman en la parte inmobiliaria y técnica, Garrigues en la parte jurídica, y la ingeniería EUROTEC. Como asesores del comprador han actuado Uría Menéndez en la parte legal y CBRE en la parte técnica.

Kefren Capital Real Estate y CCP 5, el Fondo Core Plus de la gestora británica Tristan Capital Partners crearon en 2019 una Joint Venture con el objetivo de formar una cartera de centros logísticos en España con un valor superior a EUR200m, situados en núcleos logísticos con buenas perspectivas de futuro.

En marzo de 2020, la joint venture cerró su primera adquisición con la compra de un portfolio de tres naves logísticas que sumaban un total de 43.000 m2 en Azuqueca de Henares (Guadalajara), y cuenta ya con más de 100.000 m2 en activos logísticos bajo gestión.

El TSJ de Valencia anula el plan de protección del litoral por no evaluar el impacto sobre las propiedades afectadas

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo, por ser contrario a derecho, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) de la Comunidad Valenciana, aprobado por decreto del Consell el 4 de mayo de 2018.

La sentencia, que estima el recurso presentado por una empresa, concluye que no existe en el expediente administrativo, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «un estudio económico-financiero que refleje los costes de implementación del PATIVEL y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán desarrollarlo, ni que prevea tampoco las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Administración autonómica puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo».

Igualmente, como segundo motivo de nulidad, los magistrados señalan que el proyecto incumple la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres al no incluir un informe de evaluación del impacto por razón de género, como resulta exigible en todos los proyectos normativos, incluidos los instrumentos de ordenación urbanística.

Dicho argumento, según la sentencia, es extrapolable a la ausencia en el expediente de tramitación y aprobación del PATIVEL de los informes exigibles sobre el impacto que puede conllevar la actuación en materia de infancia, adolescencia y familia.

Por último, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV entiende que es otro motivo de nulidad el hecho de que el plan no se haya sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica y omita las distintas alternativas posibles.

«No se analizan las consecuencias que el PATIVEL pueda tener para con la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad y demás factores mencionados», precisa el tribunal en su resolución, que cuenta con el voto particular de uno de los magistrados y que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso en casación que pueda presentar la Generalitat Valenciana, la anulación del instrumento de planificación allana así el camino a actuaciones como el plan de la Bega (Manhattan de Cullera) con 5.000 viviendas; el Brosquil (700); Cala Mosca en Orihuela (1.500); Doña Blanca en Torreblanca (4.000) o San Gregorio (5.000) en Burriana. Todas estas actuaciones tenían un plazo de diez años con el Pativel para desarrollarse y ahora esta limitación ha desaparecido.

Los registradores detectan un máximo histórico de compras de chalés grandes con espacios abiertos

El Colegio de Registradores, dentro de su Estadística Registral Inmobiliaria del cuarto trimestre, da a conocer el comportamiento en la demanda de vivienda que refleja las tendencias actuales de los españoles durante el transcurso de la pandemia. Para ello se analiza la proporción de pisos y viviendas unifamiliares, la superficie media de las nuevas compraventas, y la proporción de compraventas de vivienda en capitales frente al total de su respectiva provincia.

Las compraventas de vivienda durante el cuarto trimestre han sido de vivienda colectiva (pisos) en un 77,5% y un 22,5% de vivienda unifamiliar. Con respecto al trimestre precedente se ha registrado un incremento en el peso de compraventas de vivienda unifamiliar de 2,10 puntos porcentuales, provocando un nuevo máximo de la serie histórica (desde 2005), acompañados del correspondiente mínimo histórico de los pisos. Un trimestre más, los resultados muestran una intensificación de la preferencia por la modalidad de vivienda unifamiliar, normalmente con mayor superficie media y espacios abiertos (terrazas y jardines).

En el análisis de la superficie media de vivienda, ésta se ha incrementado nuevamente (0,9% sobre el trimestre precedente), registrando su máximo de la serie histórica con 102,1 m2 para el conjunto de vivienda.

En vivienda nueva libre la superficie media transferida se ha elevado a los 110,9 m2, superando el máximo histórico que se alcanzó en el segundo trimestre (110,4 m2). Por su parte, la vivienda usada alcanzó una superficie media de 100,7 m2, que también supone su mayor registro de la serie histórica.

En consecuencia, continúa produciéndose una generalización del crecimiento de la superficie media transferida, ratificando el cambio de preferencias en el actual contexto de crisis sanitaria, demandando preferentemente viviendas con mayor superficie.

El crecimiento trimestral general de la superficie media de la vivienda, el 0,9% en tres meses, es proporcionalmente mucho mayor que el acumulado de los últimos doce meses, que ha sido del 2,2%, intensificando claramente la tendencia hacia una mayor superficie.

Atendiendo exclusivamente a las compraventas de pisos desagregados según la superficie, se confirma la focalización de la demanda en los pisos más grandes. Como se ve en el siguiente gráfico, en el cuarto trimestre el 52,4% de las compras de pisos han sido de superficie superior a 80 m2, registrando un incremento muy significativo, de 1,9 puntos porcentuales con relación al cuarto trimestre del año anterior. Los pisos entre 60-80 m2 han supuesto el 28,0%, los de superficie entre 40-60 m2 el 16,4% y los de menos de 40 m2 el 4,2%.

En la Estadística Registral Inmobiliaria un informe para medir el peso de las compraventas de vivienda en las capitales de provincia con respecto al total de la provincia correspondiente.

De las ocho capitales de provincia con mayor número de habitantes, en seis de ellas el peso relativo de compraventas de vivienda con respecto a su provincia se ha reducido con respecto al trimestre precedente.

Tomando, por ejemplo, las cinco grandes capitales de provincia, Madrid ha registrado en el último trimestre un peso del 42,7%, mientras que en 2015 suponía el 57,7% de las compraventas de la provincia y el trimestre precedente el 47,3%.

En Barcelona el peso es del 22,2%, a mediados de 2014 representaba el 36,1% de las compraventas de la provincia y el trimestre precedente el 23,8%. Valencia muestra un peso del 25,7%, a finales de 2016 estaba en el 37,3% y el trimestre precedente en el 28,1%. Sevilla registra el 34,6% de las compraventas de vivienda de la provincia, mientras que en 2016 superaba el 50%, y el trimestre precedente el 36,8%. Finalmente, Zaragoza registra un peso del 66,9%, hace apenas un año alcanzaba el 75,4% y el trimestre precedente el 72,2%.

Los datos anteriores apuntan de nuevo a la tendencia detectada de búsqueda de vivienda en núcleos poblacionales con menor densidad, debiendo confirmarse en posteriores trimestres dado que son modificaciones en la forma de vida, con consecuencias familiares y personales relevantes, que requieren un cierto plazo de tiempo para materializarse.

Las compraventas de viviendas inscritas descendieron el 3,1%

Debido a la situación económica y sanitaria vivida durante el pasado año, se incluye en esta nota del cuarto trimestre un resumen del mismo recopilando los datos de compraventas e hipotecas, totales y de viviendas, ya publicados en los avances de meses anteriores, con objeto de evaluar la evolución global del trimestre.

En la comparación del cuarto trimestre con el mismo período de 2019, se sigue apreciando el impacto económico de la pandemia, con una evolución algo más positiva en este cuarto trimestre, mostrando un ligero aumento del 0,3% en las compraventas totales, y una disminución del 3,1%, en las compraventas de vivienda, mejores datos que los del tercer trimestre, en el que descendieron el 16,6%.

Si observamos la financiación, el número de hipotecas constituidas mediante su inscripción registral descendió anualmente en mayor medida que las compraventas, -10,1% las hipotecas totales, y algo menos, -5,8%, en las hipotecas sobre vivienda.

A continuación se presenta, como es habitual, la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al cuarto trimestre, donde destacamos lo siguiente:

Compraventas inscritas

Entre octubre y diciembre se inscribieron en los registros de la propiedad 113.799 compraventas de vivienda, con un incremento del 11,4% sobre el trimestre anterior.

En vivienda nueva se han registrado 22.842 compraventas, creciendo el 0,9% sobre el tercer trimestre. La vivienda usada, con 90.957 operaciones, creció el 14,3% trimestral.

Con respecto al mismo trimestre de 2019 el descenso interanual del cuarto trimestre ha sido del 16,7%. En los últimos doce meses se han inscrito 419.898 compraventas de vivienda, retrocediendo a niveles anuales de la primera mitad de 2017.

Compras de extranjeros

En el cuarto trimestre la compra de viviendas por extranjeros se sitúa en el 10,7% de las compras de vivienda, por debajo del 11,4% que supuso en el tercero.

Por el contrario, en términos absolutos, al haberse producido un incremento en el total de compraventas sobre el trimestre anterior, se ha registrado un incremento del volumen de compras por extranjeros al alcanzar más de 11.800 operaciones, frente a las cerca de 11.400 inscritas durante el tercer trimestre. Las nacionalidades que encabezan las compras han sido británicos (14,5%), franceses (8,3%), alemanes (8,1%), marroquíes (7,4%) y belgas (6,1%).

Los datos por CC.AA. muestran que las compras por extranjeros han sido encabezadas por Illes Balears (32,7%), Canarias (22,5%), Comunidad Valenciana (21,7%), Región de Murcia (19,4%), Cataluña (11,4%) y Andalucía (11,3%).

¿Se puede comprar una vivienda con bitcoins España?

El mercado virtual de la criptomoneda está viendo una clara tendencia al alza: el precio de un bitcoin, de hecho, se sitúa en este período alrededor de los 40.000 dólares estadounidenses, una cifra cuadriplicada con respecto al último semestre de 2020.

Entre los bienes que se pueden adquirir a través de bitcoins, los inmuebles están cobrando cada vez más importancia, ya que la compraventa de estos activos a través de la criptomoneda en España es posible si se registra en euros.

La sociedad actual evoluciona a la velocidad de la luz, ahora más que nunca impulsada por la necesidad de seguir moviendo el mercado económico y financiero, amenazado por la crisis económica de la COVID-19. El mercado virtual de la criptomoneda, en este ámbito, está viendo una clara tendencia al alza: el precio de un bitcoin, de hecho, se sitúa en este período alrededor de los 40.000 dólares estadounidenses, una cifra cuadriplicada con respecto al último semestre de 2020.

Pese a ser una moneda descentralizada y caracterizada por una alta volatilidad de valor, las posibilidades que ofrecen los bitcoins a la hora de invertir en bienes materiales son infinitas, «aunque la mentalidad de la opinión pública y de los consumidores todavía no está preparada para dar este salto e invertir en criptomoneda», afirma Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso.

Aun así, la idea tradicional del dinero podría desaparecen por completo, acelerando la transición a la digitalización de las transacciones; en esta línea, de hecho, el pasado mes de junio el PSOE proponía «la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva», para combatir la evasión y el fraude fiscal. «De la misma manera, hay todavía camino por recorrer por lo que respecta a la trazabilidad de las transacciones realizadas con criptomoneda, pues al ser un ámbito desconocido también está poco legislado», señala Bermúdez.

¿Es posible pagar una vivienda en bitcoins?

Aunque todavía no se hable de una legislación determinada para controlar los movimientos de la criptomoneda, entre los bienes que se pueden adquirir de manera totalmente legal a través de bitcoins, las viviendas y, en general, los inmuebles, están cobrando cada vez más importancia, ya que la compraventa de estos activos a través de la criptomoneda en España es posible si se registra en euros: «Imaginemos que queremos adquirir un piso y a día de hoy poseemos el valor equivalente de esa vivienda en bitcoins: se deberá traducir la criptomoneda en la divisa del país en el que queremos comprar el piso y formalizar todos los trámites con la Agencia Tributaria», explica Bermúdez. A diferencia de algunos países extracomunitarios, en la Unión Europea el cambio de bitcoins a euros no está sujeto al cobro del IVA.

La operación de compraventa de un bien inmueble a través de bitcoins deberá, en todo caso, pactarse previamente mediante un acuerdo entre la parte vendedora y compradora. «En este caso, los bitcoins en la compra de una vivienda se pueden comparar al uso de dinero en efectivo», señala Bermúdez. «El problema con los bitcoins en estos casos es que, al estar descentralizados, no se puede de ninguna forma escriturar el piso en criptomonedas, sino siempre en divisas vinculadas a un banco central», añade.

Pasos a seguir para adquirir un inmueble en criptomoneda

Dado que el bitcoin es una moneda muy inestable y sensible a los cambios, es conveniente fijar un momento exacto en el que hacer la traducción a euros ante notario, ya que en la escritura de la vivienda el precio aparecerá siempre en euros: «Es un trámite de compraventa normal y ordinario ante notario, con la única diferencia que, en el momento acordado, se traduce el valor de la criptomoneda en euros para poder escriturar el inmueble legalmente», aclara Bermúdez. La traducción de la criptomoneda a euros se lleva a cabo de manera online, por lo que, en ese mismo momento, el comprador deberá enviar los bitcoins correspondientes al vendedor.

En este tipo de operaciones, podría ser necesario que el comprador aclare el origen legítimo de la cantidad pagada en criptomonedas, mientras que la parte que podría asumir riesgos es el vendedor, en caso de que el valor del bitcoin bajase desde el momento de la operación: de hecho, «por lo general, los vendedores que aceptan este tipo de monedas son grandes inversores en el ámbito de las criptomonedas, por lo que casi siempre salen ganando», concluye Bermúdez.

El Gobierno se apoya en Sareb para ofrecer hasta 26.000 pisos a personas vulnerables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido el acto de la firma del Protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas con el que se incrementa el número de viviendas con alquiler reducido a disposición de familias y personas vulnerables a través de Sareb.

Tras la firma del protocolo, Pedro Sánchez ha señalado que es «necesario y urgente renovar el parque público de viviendas de alquiler. Y vamos a favorecer que los grandes tenedores de vivienda o entidades financieras pongan parte de su cartera a disposición de personas en situación de vulnerabilidad».

Al acto, que se ha celebrado en el Palacio de la Moncloa, también han acudido la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos y el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen.

1.000 millones para el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha explicado que el refuerzo de la política social de vivienda con el aumento de inmuebles a disposición de personas vulnerables es una medida que se suma a otras decisiones impulsadas por el Gobierno para resolver los déficits en materia de vivienda, como el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible. Al respecto, Pedro Sánchez ha anunciado que para financiar este plan se van a destinar 1.000 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Este plan quiere hacer frente a los desajustes del mercado del alquiler en algunas zonas tensionadas, donde la escasez de viviendas y la subida de precios dificultan la posibilidad de acceso a muchas personas, y lograr que el parque público en puntos calientes ronde las 24.000 viviendas.

Entre las actuaciones del plan figuran: viviendas para el alquiler asequible financiadas por el Plan Estatal de Vivienda y que se desarrollan en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, viviendas para el alquiler asequible mediante convenios con entidades locales en zonas con el mercado de arrendamiento más tensionadas y viviendas impulsadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con la entidad pública SEPES en suelos de titularidad estatal.

Protocolo sobre el Alquiler Social de Viviendas

Para reforzar el parque social de vivienda, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Sareb han firmado un protocolo para poner a disposición de comunidades autónomas y entidades locales 5.000 nuevas viviendas, una cantidad que se ampliará hasta 10.000 a medio plazo. En la actualidad, comunidades autónomas y ayuntamientos tienen a su disposición 5.000 viviendas de Sareb, por lo que la cantidad total se eleva a 15.000.

En virtud de este acuerdo, Sareb cede las viviendas a las comunidades autónomas y entidades locales y el Ministerio asume parcialmente los gastos de la cesión y de los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento necesarios para garantizar la habitabilidad de las viviendas. Estos inmuebles serán arrendados con un precio reducido a personas con ingresos limitados y en situación acreditada de vulnerabilidad por parte de comunidades autónomas y entidades locales.

Sareb es una sociedad creada en noviembre de 2012 a la que se cedieron activos inmobiliarios por parte de entidades financieras que arrastraban una excesiva exposición al sector, a fin de facilitar su saneamiento.

Fondo Social de Vivienda

Por otro lado, y en el marco de las políticas para garantizar el derecho a una vivienda digna, se prorroga hasta enero de 2022 el Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables. La extensión ha sido acordada por el Gobierno con la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria de España, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector.

Tras esta nueva prórroga, las entidades financieras participantes se han comprometido a incrementar un 10% el número de viviendas que aportan al Fondo Social de Vivienda y que son propiedad de las entidades de crédito. Estas viviendas están destinadas a personas y familias que han perdido su vivienda habitual, y que pueden así acceder a un arrendamiento a precios reducidos.

La Comunidad de Madrid privatiza la gestión de la Agencia de Vivienda Social

La Comunidad de Madrid ha aprobado la licitación del concurso, por un valor máximo de 5,8 millones de euros, para la contratación de la administración y gestión integral durante dos años de los servicios comunes de 2.066 viviendas en promociones de la Agencia de Vivienda Social (AVS) situadas en distintos municipios de la región.

La Agencia de Vivienda Social tiene entre sus responsabilidades la administración y gestión integral de todo su patrimonio público que supera las 23.200 viviendas.

La función administrativa objeto de la licitación autorizada hoy por el Consejo de Gobierno consiste en la prestación del servicio propio de la administración de edificios de viviendas gestionadas por la AVS, y comprende labores de secretaría, gestión económica y supervisión.

Por su parte la gestión integral de los servicios comunes atenderá la prestación de los servicios necesarios para la adecuada conservación de los inmuebles gestionados por la Agencia y el mantenimiento técnico integral, preventivo y correctivo, de las instalaciones comunes.

Los servicios de administración incluyen la limpieza de zonas e instalaciones comunes; conserjería o servicios auxiliares; labores de jardinería; control de plagas que engloban la desinsectación, desratización y desinfección; mantenimiento, conservación, reparación y lectura de contadores; mantenimiento y conservación de los sistemas de protección contra incendios; y mantenimiento y conservación de los sistemas de distribución de agua potable y de las instalaciones térmicas del edificio.

El servicio también dará la cobertura necesaria para el mantenimiento y conservación de ascensores, elevadores y montacargas, porteros automáticos, video-porteros, antenas de televisión colectiva y sistemas de telecomunicación, al igual que el mantenimiento y conservación de sistemas automatizados de apertura de puertas para acceso de vehículos y de las instalaciones automáticas de riego.

En 2018 se firmó el Acuerdo Marco para la contratación de la Administración y Gestión Integral de los servicios comunes de promociones, cuya titularidad recae en la Agencia de Vivienda Social.

Estas promociones se encuentran ubicadas en distintos municipios de la región. Este acuerdo ha formalizado hasta la fecha 13 contratos que han beneficiado a un total de 1.168 inmuebles de los 2.027 inicialmente previstos.

Fotocasa, habitaclia y Milanuncios se unen para crear Fotocasa Pro, la marca para profesionales inmobiliarios

La nueva marca aúna la potencia de los tres portales de Adevinta Spain, que aglutina una audiencia en el mercado español de 8,1 millones de usuarios en su página web y 6,4 millones en la aplicación móvil y 131 millones de visitas al mes.

Fotocasa Pro concentra todos los diferentes públicos que buscan vivienda, ofrece una amplia gama de soluciones tecnológicas y también formación a sus clientes profesionales.

Los portales de referencia de Adevinta Spain en el sector inmobiliario, Fotocasa y habitaclia, y el portal generalista Milanuncios, que cuenta con un potente segmento inmobiliario, se unen para lanzar Fotocasa Pro, una marca que estará especializada en ofrecer soluciones a sus clientes profesionales.

Los tres portales, pertenecientes al grupo especializado en marketplaces Adevinta Spain, han unido su potencial para convertir a Fotocasa Pro en la marca digital de referencia del mercado inmobiliario para el ámbito profesional. Con unas cifras de 8,1 millones de usuarios en la web y de 6,4 millones de usuarios en la aplicación móvil.

La nueva marca Fotocasa Pro reúne a todas las tipologías de audiencias que buscan vivienda y suma un total de 131 millones de visitas al mes entre Fotocasa, habitaclia y Milanuncios.

Soluciones tecnológicas para los profesionales

La nueva marca ofrece una amplia gama de soluciones tecnológicas a sus clientes. Entre ellas, destaca el servicio fotográfico y de producción 3D especializado en inmuebles para publicar anuncios de calidad, así como la herramienta de visita virtual de inmuebles, que permite ofrecer una experiencia innovadora a los clientes.

La plataforma también cuenta con el servicio de Fotocasa Pro Data con la finalidad de estudiar a la competencia, realizar análisis exclusivos de todos los elementos de la cartera y conocer las reacciones a la demanda. Fotocasa Pro Data utiliza la herramienta DataVenues, que combina datos de los portales Fotocasa y habitaclia, el catastro, la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y permite acceder de forma fácil, rápida y fiable a la información más actualizada del sector inmobiliario.

Formación a profesionales del sector

Fotocasa Pro también ofrece formación a profesionales del sector inmobiliario a través de su plataforma académica. Fotocasa Pro Academy cuenta con sesiones de formación donde se estudian las últimas novedades y se analizan casos reales del mercado, de la mano de formadores con amplia experiencia. Además, los cursos fomentan el networking y la búsqueda de sinergias profesionales.

Debido a la actual situación de pandemia, Fotocasa Pro Academy también ha optado por ofrecer formación online, organizando webinars semanales y cursos sobre los principales temas de actualidad del mercado inmobiliario. Desde el pasado mes de marzo de 2020 en el que se empezaron las primeras formaciones online Fotocasa Pro Academy ha reunido ya a más de 25.000 asistentes.

Ayudas en Castilla-La Mancha para comprar viviendas y montar empresas en áreas despobladas

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales, y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, una norma «pionera» que, por primera vez en nuestro país, introduce la política fiscal en la lucha contra la despoblación.

Así lo ha destacado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha detallado las principales novedades de esta norma que pasa ahora al Consejo Consultivo antes de iniciar su tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha.

El anteproyecto de Ley está estructurado en siete títulos y 75 artículos, en los que se garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social de nuestro medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial.

El texto introduce además conceptos novedosos como el impacto demográfico o la estancia efectiva (empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera) y cifra su impacto económico en unos 600 millones de euros a lo largo del actual período de programación de la Unión Europea (2021-2027). No en vano, irá acompañada por la elaboración de una Estrategia Regional contra la Despoblación con una duración de diez años.

Tal y como ha apuntado el vicepresidente, la Ley contempla la zonificación del medio rural siguiendo los parámetros de la Unión Europea para la clasificación de las zonas que establecen que las ‘zonas con intensa despoblación’ son aquellas que tienen entre 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas de extrema despoblación’ cuentan con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas con riego de despoblación’ tienen entre 12,5 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas intermedias’ cuentan con entre 20 y 50 habitantes; y, finalmente, las ‘zonas periurbanas’ que son aquellas que contabilizan más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.

Ventajas fiscales para la población

El Gobierno regional introduce por primera vez la política fiscal para luchar contra la despoblación, dentro del ámbito de sus competencias, como es el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en los impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma.

Así, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación del 10 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural.

«Con la combinación de estas dos desgravaciones, podemos afirmar que los que vivan o quieran vivir al medio rural no pagarán impuestos a la Comunidad Autónoma», ha explicado Martínez Guijarro.

Esas ventajas fiscales incluyen, además, la reducción a la mitad del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados para la adquisición de viviendas o locales para la implantación de empresas.

Apoyo a las empresas

Otra de las novedades que se han incluido en el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha son las medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas, que contarán con un 40 por ciento adicional de ayuda por parte de la Administración regional.

A ello se suma la creación de un fondo, dotado inicialmente con 10 millones de euros y abierto a la incorporación de otras instituciones o entidades bancarias, para la financiación de estos proyectos empresariales. De esta forma, ha añadido el vicepresidente, «ofrecemos garantía de financiación».

Del mismo modo, el Gobierno regional pondrá en marcha un plan de retorno del talento interno con incentivos para que los que salieron fuera del medio rural para estudiar o trabajar puedan volver.

Además, el vicepresidente ha destacado que la futura norma garantiza el acceso a la fibra óptica y 5G en todas las localidades de la región, toda vez que fomenta el uso de energías y el consumo responsable del agua.

Blindaje de servicios públicos

El anteproyecto establece igualmente una garantía en el acceso a los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales.

Garantiza por Ley la apertura de colegios rurales con al menos cuatro alumnos y alumnas, incluye novedades como la puesta en marcha del contrato programa de formación orientado a la realización de estudios no obligatorios, tanto en Formación Profesional como Universitaria, y recoge la financiación de la educación superior a aquellos jóvenes que decidan estudiar fuera «con la finalidad de que la familia puede seguir manteniendo su residencia en el municipio».

En materia sanitaria, el anteproyecto de Ley establece el diseño de una red de puntos de atención continuada para garantizar que estos recursos estén a menos de 30 minutos de distancia, y contempla una asistencia farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural.

En servicios sociales, en el texto se asegura el servicio de teleasistencia a las personas mayores de 70 años del medio rural con terminales digitales de última generación en las zonas de difícil acceso a las redes de comunicación, así como el acceso a un recurso de atención residencial, a menos de 40 kilómetros de su hogar, en núcleos de población de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

Asimismo, se garantiza la atención personalizada a personas con discapacidad a través de dispositivos como teleasistencia avanzada, geolocalización, alertas de riesgo en el hogar, terminales adaptados y comunicación accesible. La futura norma también establece cambios en el modelo transporte apostando por lo que se ha denominado «transporte sensible a la demanda».

Durante su alocución, el vicepresidente ha reiterado que con esta Ley el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere sentar las bases «para que los ciudadanos puedan decidir con libertad donde vivir».

Una norma que es, además, fruto del consenso, pues se ha sometido a dos procesos de participación que regulaba la nueva Ley de Participación Ciudadana; y ha pasado por diez consejos sectoriales en los que se articula la participación institucional de la región donde se ha debatido e informado favorablemente de esta Ley.

Además, el texto recoge el 90 por ciento de las medidas que se acordaron en la Comisión sobre despoblación celebrada en las Cortes de Castilla-La Mancha, por lo que el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, confía en que la Ley se apruebe con un amplio consenso en el Parlamento Autonómico en la próxima primavera.

Teruel se consolida como plataforma aeroportuaria mundial 

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Aragón, José Luis Soro, y la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, han visitado, junto al director general de Transportes, Gregorio Briz, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, las obras que se están desarrollando en el Aeropuerto de Teruel. José Luis Soro, como presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, ha destacado «la inversión que se está llevando a cabo, con obras por importe de 25 millones de euros (sin IVA) para seguir explotando el potencial de esta infraestructura».

En estos momentos acaba de terminar la pavimentación de la fase III, de 20 hectáreas, de la campa de estacionamiento. Las obras se adjudicaron por un importe de 1.704.233 euros a la UTE OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A.-CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L y han sido ejecutadas un mes antes de lo previsto.

Tal y como ha explicado el consejero José Luis Soro, en las próximas semanas saldrá a licitación las obras para la pavimentación de la fase IV, con 35 hectáreas, con la que se completará la pavimentación del espacio existente». La campa de estacionamiento ocupa 94 hectáreas.

Respecto a las cifras generales de balance del pasado año, Soro ha destacado que en 2020 se ha producido un incremento de los ingresos de explotación de un 28,6% respecto al 2019. «El aumento de las infraestructuras genera nuevos ingresos y más actividad y eso hace que este Aeropuerto sea cada vez más rentable», ha explicado Soro, quien ha añadido que «la situación provocada por la pandemia en las compañías aéreas ha evidenciado más si cabe la necesidad de este tipo de infraestructuras».

El consejero ha recordado el acierto que supuso, hace años, pensar en convertir el Aeródromo de Caudé en el Aeropuerto de Teruel, «con las actuales inversiones estamos impulsando el Aeropuerto para que se convierta en una plataforma aeroportuaria de referencia mundial».

Respecto a las naves estacionadas, Soro ha señalado que en 2020 se llegó a alcanzar la cifra de 120 aeronaves en la zona de la campa frente a las 78 aeronaves de máximo del año 2019. Otra cifra muy significativa es la que tiene que ver con el número de acreditaciones de trabajadores «en el año 2020 se han realizado 793 acreditaciones, un 72,8% más que en 2019 cuando fueron 459 acreditaciones» y ha señalado que «esta cifra se debe al inicio de las obras y son un reflejo muy claro del empleo que se crea directo e indirecto».

Los representantes del Consejo Rector del Aeropuerto de Teruel han visitado también las obras de lo que será el futuro hangar de pintura «que permitirá poner en marcha una nueva línea de negocio generando nuevos puestos de trabajo y diversificando la actividad del aeropuerto industrial». Las obras de este hangar se espera que estén concluidas en el mes de abril y supondrán una inversión de 4.258.089 euros (sin IVA) y están siendo desarrolladas por ACSA Obras e Infraestructuras.

Nuevas infraestructuras terminadas

El Plan Estratégico 2020-2023 incluía entre las inversiones previstas la construcción de tres naves de logística cuyas obras terminaron en el mes de noviembre. El proyecto ha supuesto una inversión total de 440.550 euros (sin IVA) y servirá para atender necesidades de espacio y actividades de empresas y supondrán poder aumentar las actividades que se desarrollan. Se trata de unas naves de unos 500 m2 cada una que serán muy útiles para el servicio de vuelos ejecutivos, escuelas de pilotos, logística aeronáutica…

También está finalizada la pavimentación de la segunda fase de la plataforma de estacionamiento, que sirve como espacio para el movimiento de las aeronaves. La plataforma de estacionamiento Fase II se terminó el 31 de diciembre 2020 con Ideconsa por un importe de adjudicación de 1.475.300,16 EUR, IVA excluido

Otros trabajos en marcha y el impulso al PIGA

En estos momentos se están desarrollando las obras para la construcción de un hangar con capacidad para dos A-380 y está en redacción el proyecto de la nave de logística de 2.000 metros cuadrados.

El Consejo de Gobierno aprobó la pasada semana la Declaración de Inversión de Interés Autonómico y de Interés General de Aragón (PIGA) del proyecto de Ampliación del Aeropuerto de Teruel. Se avanza así en la tramitación para aumentar en 195 hectáreas la superficie disponible hacia la parte sur del actual Aeropuerto de Teruel. El objetivo es crear 240 nuevas plazas para el estacionamiento de aeronaves y crear nuevos suelos para facilitar la implantación de empresas que continúen dinamizando la plataforma aeroportuaria, dándole mayor impulso y proyección.

Las 195 hectáreas se suman a las 350 hectáreas existentes de las cuales 120 se destinan ahora a campa de estacionamiento y espacios para hangares y y naves logísticas. La nueva campa de estacionamiento, pendiente del proyecto definitivo, tendrá unas 170 hectáreas.

Aumento de morosidad: ¿cómo evitar el impago de alquiler durante la crisis?

Desde el pasado septiembre, mientras España atravesaba la segunda oleada de contagios, las comunicaciones por falta de pago de las rentas se han incrementado casi un 70%.

Los propietarios pueden protegerse contratando seguros de impago de alquiler que cubren la renta mensual durante un período que va de 6 a 12 meses en caso de morosidad del inquilino.

Pese a la crisis de la pandemia, la vivienda sigue siendo un valor refugio en el que invertir para poder obtener una rentabilidad a través del arrendamiento, sobre todo porque en estos momentos, debido a la incertidumbre laboral y económica, la demanda de alquiler está subiendo desde que empezó el Estado de Alarma. Esto se debe a que muchas familias no pueden acceder a la financiación necesaria para adquirir una vivienda y no tienen la posibilidad de ahorrar para enfrentarse al gasto que supone la compraventa de un inmueble.

En este escenario inestable, «los arrendadores están viviendo de primera mano las consecuencias de la crisis de la COVID-19 en el aumento del número de impagos de alquiler», asegura Ignasi Vives, abogado especialista del despacho Sanahuja Miranda Abogados. De hecho, desde el pasado septiembre, mientras España atravesaba la segunda oleada de contagios, las comunicaciones por falta de pago de las rentas se han incrementado casi un 70%, según la última actualización del Fichero de Inquilinos Morosos.

Frente al aumento de morosidad en los arrendamientos, los propietarios pueden protegerse contratando seguros dedicados al impago de alquiler, cuyas entidades analizan el perfil del inquilino antes de firmar el contrato de arrendamiento y dan una cierta tranquilidad sobre el pago de la renta, ya que, en caso de impago, la contratación de este el seguro cubre la renta mensual durante un período que va de 6 a 12 meses. Además, el seguro puede cubrir también daños a la vivienda y robos de objetos pertenecientes al inmueble alquilado y los honorarios de la defensa jurídica en el caso de tener que interponer una demanda de desahucio.

En este sentido, «en caso de impago prolongado, sobre todo durante esta crisis sanitaria que estamos viviendo, es aconsejable llegar a un acuerdo con el inquilino para seguir recibiendo la mensualidad; lo más común es la negociación de una moratoria o una rebaja temporal de la renta», señala Ignasi Vives.

¿Se puede desahuciar a un inquilino por impago durante la pandemia?

Si el propietario de una vivienda se encuentra frente al impago de la renta de alquiler y tiene un seguro de impago contratado, deberá notificarlo en cuanto se produzca la deuda, aunque se considera impago tras un mes de la fecha de pago acordada; si el tiempo es inferior, se tratará de retraso. Además, «el arrendador también tiene la obligación de notificar la deuda pendiente formalmente al actual arrendatario», añade Vives.

En caso de que el impago persistiera, sí puede interponer una demanda de desahucio por impago. En este caso, la aseguradora contratada podrá adelantar las cuotas impagadas según lo estipule la cobertura.

Además, es necesario tener en cuenta el Real Decreto 11/2020, que «establece la suspensión de todos los desahucios y lanzamientos de aquellos inquilinos que se encuentren en situación vulnerable sin alternativa habitacional», explica Vives. En otras palabras, se podrán suspender los desahucios para aquellos individuos que, debido a la pandemia, hayan perdido una parte considerable de sus ingresos, por lo que no superen tres veces el IPREM, es decir, los 1.613,52 euros mensuales, y que tengan una renta de alquiler superior al 35% de los ingresos mensuales. Dicho lo anterior, cabe indicar que la suspensión/paralización del procedimiento de desahucio no es automática, por lo que cada Juez deberá analizar cada caso en concreto y determinará si se cumplen o no los requisitos para paralizar el procedimiento.