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Balance 2010 de Red Eléctrica de España (REE) sobre las energías renovables

Madrid. Las energías renovables, favorecidas este año por la elevada hidraulicidad, han cubierto, según datos provisionales, el 35% de la demanda eléctrica de España en 2010, seis puntos más que el año anterior, según el balance provisional publicado por Red Eléctrica de España (REE).

La demanda peninsular de energía eléctrica durante el 2010 ha sido de 259.940 GWh, un 2,9% superior a la del 2009, frente al descenso del 4,8% que se registró el pasado año. El crecimiento bruto de la demanda, antes de corregir los efectos de los días laborables y de la temperatura, ha sido de un 3,2%. El 19 de julio se alcanzó un nuevo récord histórico de potencia instantánea de verano con 41.318 MW, y de potencia media horaria con 40.934 MW entre las 13.00 y las 14.00 horas.

Por tecnologías, además del señalado crecimiento de la generación hidráulica, destaca nuevamente la generación eólica, que con un crecimiento del 18,5% de su generación ha elevado su participación en la cobertura de la demanda al 16%. Las abundantes lluvias registradas en gran parte del 2010, tras un periodo de años secos, han situado el producible hidráulico en 36.568 GWh, el más elevado desde 1997. Este valor es un 30% superior al valor histórico medio y un 65% superior al del 2009.

Así, en el balance de producción destaca el crecimiento de más de un 59% de la generación hidráulica respecto al año anterior, lo que ha permitido cubrir el 14 % de la demanda del 2010, frente al 9% del 2009. Por el contrario, los grupos de carbón y de ciclo combinado han registrado descensos de producción del 34% y 17%, respectivamente, en relación al pasado año.

Las reservas del conjunto de los embalses peninsulares se encuentran alrededor del 65% de su capacidad total, el valor más elevado desde 1997 y casi 14 puntos por encima de las reservas registradas al finalizar el 2009.

Máximos de producción eólica

La energía eólica superó en varias ocasiones los anteriores máximos de potencia instantánea, de energía horaria y de energía diaria. El 9 de noviembre se registraron nuevos máximos históricos de producción eólica: 14.962 MW de potencia instantánea, y 315.258 MWh de producción diaria, el 43% de la demanda eléctrica de ese día.

Así mismo, en febrero se produjo un máximo mensual de energía eólica que cubrió el 21% de la demanda de ese mes. Sin embargo, la variabilidad que caracteriza esta energía ha dado lugar a situaciones extremas como la producida el mismo día 9 de noviembre en la que el 54% de la demanda fue cubierta por esta energía a las 3.35 horas, mientras que el día 26 de junio, a las 10.32 horas, apenas cubrió el 1%.

El aumento de generación con energías renovables, por un lado, y la menor producción de centrales térmicas, por otro, han contribuido a reducir las emisiones de CO2 del sector eléctrico un 20% con respecto al 2009, estimadas en 58,7 millones de toneladas este año.

La potencia instalada en el parque generador tuvo un crecimiento neto de 3.717 MW durante el 2010, alcanzando un total de 97.447 MW, lo que supone un incremento del 4% respecto a la del año anterior.

La mayor parte de esta nueva potencia proviene de la entrada de 2.154 MW de ciclo combinado y 1.634 MW de instalaciones de origen renovable, de los que 1.094 MW corresponden a parques eólicos, y 540 MW a plantas de energía solar. En cuanto a las bajas, se ha cerrado un grupo de fuel-gas con una potencia de 148 MW.

 

 

Fomento reduce a 3.200 millones la licitación de obra pública en 2010, la mitad que hace un año

Madrid. Entre enero y noviembre, el Ministerio de Fomento ha licitado contratos de obras por 3.181 millones de euros, la mitad que hace un año cuando en el mismo periodo la cuantía acumulada superaba los 6.200 millones, según los datos ofrecidos por Seopan, la patronal de las grandes constructoras. Las administraciones licitaron obras por más de 24.036 millones de euros, un 30% menos o, lo que es lo mismo, una disminución superior a los 10.230 millones.

La reducción también se percibe en el porcentaje licitado en el conjunto de las Administraciones Públicas, de tal forma que el aportado por Fomento se reduce en cinco puntos, del 18% al 13%. En el conjunto de la Administración central, la caída está en línea con la registrada en Fomento, de 9.050 millones a 4.616. Le siguen el conjunto de administraciones locales, que licitaron obras por 10.722 millones, 3.600 millones menos que entre enero y noviembre de 2009. Por último, las comunidades autónomas promovieron actuaciones por casi 8.700 millones, un tercio del total nacional, y que representan una caída superior al 36%.

Sólo reseñar el incremento de casi un 24% en cuanto a proyectos medioambientales se refiere. El resto, todo caídas. Las grandes infraestructuras son las que experimentan un mayor retroceso, con 8.350 millones menos ofertados, de 22,3 millones en 2009 a penas 14 millones en lo que va de 2010.

En cuanto a las obras de carreteras, descendieron un 40,5%, las relacionadas con infraestructuras ferroviarias cayeron casi un 45%, y los proyectos hidráulicos un 31,4%. A pesar del aumento en proyectos sanitarios, el conjunto de las edificaciones públicas se redujeron un 15,7%, hasta poco más de 10.000 millones.

Obras para cerrar todo el perímetro situado en las inmediaciones del aeropuerto de Melilla

Melilla. Una inversión de 430.000 euros por parte de la consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, cuyo titular es Rafael Marín, va a posibilitar llevar a cabo un proyecto de urbanización de un amplio espacio que rodeará la residencia del Imserso e irá paralelo a la base militar ‘Alfonso XIII’. De esta manera quedará completado el trabajo iniciado hace unos años con la pavimentación de la avenida Mustafa Arruf.

La construcción del vial de conexión entre la avenida Mustafa Arruf –el eje que lleva al Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Juan Antonio Fernández’ y al colegio público ‘Enrique Soler’– y la urbanización «Miró» permitirá cerrar todo el perímetro situado en las inmediaciones del aeropuerto y el parque forestal ‘Juan Carlos I’. 

El proyecto, que engloba una superficie de 7.740 metros cuadrados, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, y su objetivo principal es mejorar el nivel de infraestructuras de la zona, dotándola de nuevos pavimentos, mejora en la acometida del agua y en el saneamiento general, así como instalar cable de fibra óptica, telefonía y energía eléctrica, desde la calle Huerta Carrillo y Navarro hasta la urbanización Miró.

La nueva conexión permitirá la mejora del tráfico viario, ya que se habilitarán espacios de aparcamiento de los que ahora se carecen. El nuevo vial recorrerá por detrás la residencia de la tercera edad y permitirá desviar parte del tráfico de Huerta Salama hacia la urbanización Miró. En la conexión entre esta nueva calle y la urbanización se construirá una rotonda.

 

 

 

Los registradores de la propiedad seguirán gestionando impuestos en Madrid hasta 2015

Madrid. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha firmado un convenio con el decano auutonómico de Madrid del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Manuel Hernández-Gil, por el que la Comunidad de Madrid destina 38,6 millones para que los registradores de la propiedad sigan gestionando los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. “Esta dotación garantiza que los Registradores de la Propiedad de las 24 Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario continúen liquidando y gestionando estos impuestos hasta el año 2015”, ha dicho Beteta.

El Reglamento estatal del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados permite a las Comunidades Autónomas encomendar funciones de gestión y liquidación de los citados impuestos. Desde junio de 1996 se han firmado distintos Convenios de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles encomendando las funciones de gestión y liquidación a estos profesionales.

Entre las funciones encomendadas a las oficinas liquidadoras destacan la recepción de documentos y declaraciones, la información al público sobre la gestión completa de los impuestos, la revisión de todos los documentos y autoliquidaciones, la emisión de las liquidaciones provisionales, la recepción de todos los escritos, la remisión de la  información periódica que determine la Comunidad de Madrid, el archivo de la documentación, la recepción de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, y la resolución de recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por las propias oficinas liquidadoras.

Además se encargan de la notificación de los actos, de la instrucción del procedimiento sancionador, hasta la formulación de la propuesta de resolución, la prórroga y suspensión de plazos de presentación de documentos, así como de todas aquéllas tareas que, surgidas en el curso de la gestión encomendada, sean específicamente encargadas por la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la Comunidad de Madrid mantiene entre sus competencias la revisión y liquidación de las declaraciones tributarias que excedan de 30 millones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y de 100 millones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Asimismo es competencia de la Administración la gestión y liquidación de las declaraciones tributarias contenidos de los modelos de autoliquidación 610, 630 y 615, la tramitación de aplazamientos y fraccionamientos y la elaboración de providencias de apremio sobre las deudas generadas por las oficinas liquidadoras.

También es competencia de la Comunidad de Madrid la inspección de hechos imponibles y práctica de las liquidaciones que resulten de actas de inspección incoadas, los procedimientos especiales, el reconocimiento del derecho de las devoluciones de ingresos indebidos y realización de los mismos, la tasación pericial contradictoria, y la resolución de los procedimientos sancionadores instruidos por las Oficinas Liquidadoras.

Cotino ratifica con cuatro municipios el acuerdo de ayudas en vivienda alcanzado con el Gobierno central

Valencia. El Vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, se ha congratulado de poder ratificar con cuatro de los municipios comprometidos, Ontinyent, Picanya, Riba-roja de Túria y Quart de Poble, el acuerdo bilateral firmado hace apenas diez días con el Ministerio de Fomento para ejecutar proyectos de vivienda en la Comunitat Valenciana. Una inversión superior a 4,7 millones de euros por parte del Gobierno Valenciano, de la que se beneficiarán más de 600 familias.

“Con la firma de estos convenios, el Gobierno Valenciano está demostrando que mantiene su compromiso por el acceso a la vivienda y por la recuperación y regeneración de los barrios que más lo necesitan”, ha expuesto Cotino, para criticar seguidamente al Gobierno de Zapatero por recortar las partidas en el Plan de Vivienda.

A diferencia, señaló, de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, donde el presupuesto del área de vivienda para el próximo año, la inversión de la Dirección General de Vivienda, las obras que ejecuta el Instituto Valenciano de Vivienda y las actuaciones del Plan Confianza, alcanzan los 322 millones de euros, de los que 56 se destinan a las ayudas a ciudadanos y promotores en el marco del Plan de Vivienda.

En cuanto a los acuerdos firmados, el Vicepresidente tercero del Consell ha concretado que 325 familias verán mejorado su lugar de residencia, por la declaración de dos nuevas áreas de rehabilitación y renovación urbana, y otras 293 podrán acceder a las viviendas protegidas que se promuevan en cuatro nuevas actuaciones de suelo.

A través del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), la Conselleria actuará en la unidad de ejecución 6 del PEPRI del centro histórico de Ontinyent ‘La Vila’ que ha sido declarada área de renovación urbana. El Instituto sustituirá las viviendas existentes por 25 viviendas nuevas, lo que tendrá un coste de 4,2 millones de euros y una inversión de cerca de tres millones euros a cargo de la Generalitat y de más de 1,2 millones a cargo del Ministerio.

En Picanya se ha declarado un área de rehabilitación integral para actuar en 300 viviendas del centro histórico de la localidad. El coste de la actuación es de 5,8 millones de euros y las subvenciones ascienden a cerca de 1,7 millones de euros a cargo de la Generalitat, dos millones por parte del Ministerio y 1,3 que aportará el Ayuntamiento.

En la UE-Casco 13 de Riba-roja de Túria se ha aprobado un área de urbanización prioritaria de suelo que tendrá un coste de 334.000 euros (280.400 a aportar por el promotor y 53.900 por el Ministerio) y permitirá la construcción de 28 viviendas protegidas.

También ha quedado incluida en el Plan de Vivienda el área de urbanización no prioritaria de suelo del sector Faenca-Turégano de Quart de Poblet que tendrá un coste de más de 2,2 millones de euros, de los que dos serán aportados por la empresa promotora y 266.700 euros por el Ministerio. Esta actuación contará con más de 180 viviendas protegidas.

Acciones legales contra las prospecciones petrolíferas frente a las costas valencianas

Valencia. La polémica sobre el decreto del Gobierno central que otorga el permiso de investigación de hidrocarburos en el Golfo de Valencia volvió ayer a estar presente. El vicepresidente primero del Consell y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, ha anunciado que “la Generalitat ha solicitado un informe técnico para estudiar posibles acciones legales en contra de las prospecciones petrolíferas frente a las costas valencianas”, y se están recabando informes tanto de sus direcciones generales como de la Agencia Valenciana de la Energía para valorar los impactos que pueda ocasionar la decisión del Gobierno.

Así se ha manifestado Rambla tras presidir junto con el Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, la Comisión Delegada de Coordinación de Políticas de Prevención ante el Cambio Climático de la Comunitat Valenciana.

Tras la reunión, Rambla ha subrayado que “la decisión del Gobierno de España de iniciar prospecciones petrolíferas en las costas valencianas entraría en las decisiones que en este momento el Gobierno de España está tomando sin un rumbo claro y de manera alocada”. “¿A quién se le ocurre en este momento iniciar estas prospecciones en un entorno natural como el de la Albufera?”, se preguntó el conseller. “Sin duda, porque no entienden el impacto que pueda ocasionar en una zona turística ni sobre la flora y fauna marina de la Comunitat Valenciana”, replicó.

Como contrapartida a esta decisión del Gobierno central, Rambla resaltó la necesidad de hacer “un esfuerzo por las energías renovables y no llenar nuestras costas de plataformas petrolíferas que en absoluto redundarían en efectos positivos para la economía ni para el entorno medioambiental”. “En la Comunitat Valenciana estamos por las energías limpias y por eso no queremos chapapote en nuestras costas”, sentenció.

 

Corredor inaugura Los Juncales, un complejo Residencial de 115 viviendas en León

Madrid. La secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, ha vuelto a señalar que la normalidad del sector no va a tener “nada que ver” con las 900.000 compraventas anuales que se registraban hace unos años. No obstante, avanzó, tras calificar de coherente la caída de hipotecas suscritas durante el tercer trimestre respecto a las transacciones realizadas en el mismo periodo, que en el último trimestre de 2010 los resultados serán “mejores”.

Corredor aprovechó su estancia en León, con motivo de una entrega de llaves y la inauguración del Residencial Los Juncales, para añadir, respecto a la actual situación del mercado inmobiliario, que en los últimos doce meses se han vendido casi 500.000 viviendas.

Las 115 viviendas entregadas por Corredor se ubican en el barrio de Armunia de la capital leonesa, y forman parte de los más de 20 millones invertidos por el Ministerio de Fomento para la urbanización de suelo en Castilla y León en el que se podrán construir 7.831 viviendas protegidas. En esta actuación concreta, la participación estatal es de casi 2 millones de euros para urbanizar terrenos donde edificar 644 pisos acogidos a protección oficial.

“Con estas actuaciones damos respuesta a la demanda de muchas familias castellanas y leonesas de poder acceder a viviendas asequibles, pero de la máxima calidad”, ha señalado Corredor. “En definitiva demostramos, una vez más, el compromiso del Gobierno de España con esta comunidad; un compromiso que evidenciamos también con las ayudas a la rehabilitación o para el pago del alquiler”, ha subrayado.

También quiso recordar su última visita a Castilla y León, realizada hace menos de un mes con motivo de la Comisión Bilateral, tras la que se comprometió a que las ayudas estatales del Plan de Vivienda y Rehabilitación llegarán a otras 11.400 familias, con lo que desde 2004 serán más de 106.000 hogares de la región los que se habrán podido beneficiar de estas ayudas. A ello, se suman los cerca de 20.000 jóvenes que ya han recibido la Renta Básica de Emancipación, es decir los 210 euros mensuales para el pago de su alquiler. Ayudas e inversiones cuantificadas en 430 millones de euros.

La Sociedad Pública de Alquiler comercializará 191 viviendas de Caja Madrid

Madrid. El ministro de Fomento, José Blanco, y el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, han firmado hoy un convenio de colaboración para facilitar el alquiler de viviendas. Mediante el acuerdo, la entidad financiera cede a Sociedad Publica de Alquiler (SPA) la gestión de una cartera de 191 viviendas para su comercialización.

Los inmuebles han sido seleccionados por Caja Madrid en las zonas donde la SPA ha detectado demanda más importante. La Comunidad Valenciana y Cataluña concentran la mayor parte de la oferta de pisos, con el 43% y el 37% respectivamente.  También hay presencia de viviendas en otras zonas, como Castilla La Mancha y Aragón.

El precio medio oscila entre los 400 y 500 euros al mes para viviendas de 90 metros cuadrados y tres dormitorios.

Para Rodrigo Rato, en el actual entorno económico, este tipo de acuerdos “aporta soluciones y alternativas a las necesidades de los ciudadanos”, y recordó que “en España existe un mercado de alquiler reducido, sobre todo si lo comparamos con el resto de países europeos, por lo que este tipo de medidas aumentan la oferta de alquiler, garantizan transparencia y seguridad para las partes involucradas, facilitan una alternativa a la compra de vivienda, y aportan al mercado inmobiliario una mayor flexibilidad ”.

El compromiso firmado hoy contempla la publicación de la cartera de inmuebles cedida por Caja Madrid en la web de la SPA y en los portales inmobiliarios de terceros con los que mantenga acuerdos. Por su parte, Caja Madrid aportará los seguros de multirriesgo y de impago.

La Sociedad Pública de Alquiler recibirá las solicitudes de alquiler, y atenderá a los potenciales inquilinos a través de call center, delegados o agentes colaboradores. Además, será la encargada de recibir y remitir a Caja Madrid la documentación necesaria para concluir la operación.

El convenio, que no contempla exclusividad, tiene una vigencia anual y es renovable por periodos de idéntica duración.

El acuerdo se enmarca en el convenio-marco de colaboración firmado en mayo pasado entre la Sociedad Pública de Alquiler y la Confederación Española de Cajas de Ahorros para dinamizar el mercado de alquiler mediante la inclusión de parte de los activos inmobiliarios de las cajas en el parque de oferta de alquiler de la agencia estatal.

Es el segundo convenio de este tipo que firma Caja Madrid en 2010. En noviembre suscribió con la Comunidad de Madrid un acuerdo para fomentar el alquiler entre los jóvenes mediante el Plan Alquila, un servicio de gestión profesionalizada gestionado por el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.

 

 

El Plan Qualifica acumula 105 millones para potenciar nuevos proyectos turísticos en Andalucía

Málaga. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha hecho balance en Málaga del desarrollo del Plan Qualifica de la Costa del Sol Occidental, para subrayar que, a partir de ahora, afronta una nueva etapa en su desarrollo tras haber acumulado hasta la fecha una inversión ejecutada o comprometida superior a 105 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía ha aportado 45 millones, el 43%.

“La acción turística más ambiciosa de las realizadas en el conjunto del territorio nacional, por su carácter innovador, por contar con uno de los consensos más amplios obtenidos hasta el momento en materia de turismo y por tener la mayor inversión conseguida por un solo plan para reinventar un destino maduro”, ha señalado Alonso para destacar la relevancia de esta iniciativa.

Plan equiparable, según el consejero, a una herramienta complementaria de marketing “ya que ofrece una visión de destino moderno y renovado”, y tiene una amplia cobertura territorial, que no sólo beneficia directamente a los municipios que integran su área de actuación (Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas y Torremolinos), sino también, de forma indirecta, a toda la industria turística andaluza, con la que “inequívocamente” desarrolla sinergias.

Durante su intervención, el consejero también ha señalado que Andalucía “se adelantó a los tiempos y creó tendencias” con una iniciativa que ha sido imitada por otras comunidades autónomas como Canarias y Baleares, que cuentan con un programa de recualificación similar, impulsados por el Gobierno central, aunque con un nivel de ejecución y un presupuesto inferior al del plan andaluz.

Además, ha ensalzado la labor del Consorcio para el Desarrollo Turístico de la Costa del Sol, entidad público-privada encargada de gestionar el plan desde 2008, gracias al que “la hoja de ruta de la Costa del Sol Occidental no ha dejado de sumar etapas”.

En su primera fase, se centró en la realización de acciones sobre la oferta y el espacio físico, a través de los programas de modernización de la planta hotelera, que mejoró las infraestructuras y servicios de 37 establecimientos y generó una inversión de casi 35 millones, y de revalorización de centros urbanos, con actuaciones que sumaron un presupuesto de 10,5 millones.

En estos momentos, continúa en ejecución una segunda etapa dirigida a proyectar una imagen global del destino con programas como el de renovación del modelo actual de información turística, con un millón de inversión; o el de señalización, con 2,5 millones de presupuesto. Igualmente, en 2011 culminará el programa de revitalización del Frente Litoral, que cuenta con una inversión de 8,4 millones de euros.

Además, el consejero se ha referido a la creación de nuevos productos turísticos, en colaboración con la Secretaría General de Turismo, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Universidad de Málaga, la Fundación ONCE y el Andalucía Lab. Junto con todas estas actuaciones, ejecutadas o en desarrollo, se pondrán en marcha 14 nuevos proyectos de modernización de infraestructuras turísticas que supondrán una inversión global de más de 34 millones de euros través del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT).

Las medidas energéticas en la construcción de nuevas infraestructuras supondrá un ahorro de 4.700 millones

Madrid. Desde el pasado jueves, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es de aplicación la Orden Ministerial de Eficiencia, aprobada por el Ministerio de Fomento el 17 de diciembre, por la que se pretende ahorrar unos 4.700 millones de euros, lo que supone una reducción del 22% de los costes inicialmente previstos en la construcción de nuevas infraestructuras.

En base a esta orden, las nuevas infraestructuras deben proyectarse en base a criterios de seguridad y mínimo coste posible. Los ahorros que se produzcan permitirán destinar más recursos a otras inversiones necesarias. La Orden es de aplicación a infraestructuras ferroviarias, viarias y aeroportuarias que se encuentren en fase de estudio informativo o proyecto así como, en su caso, a obras en ejecución.

Algunas de las medidas más relevantes pasan por el establecimiento de ratios del coste  de construcción, en función del tipo de infraestructura y de las características del terreno. Además, se fijan disposiciones específicas para túneles y viaductos, con el fin de elegir las soluciones de coste mínimo compatibles con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la orografía y las condiciones del terreno.

También se establece la obligatoriedad de que las obras adicionales planteadas por otras Administraciones que no estén justificadas para la funcionalidad de la infraestructura, sean abonadas por quien las solicita.

Asimismo, se acotan las incertidumbres y se reducen al mínimo las desviaciones en el coste. Para ello, se recoge la obligatoriedad de que el presupuesto del Proyecto se ajuste al fijado en el Estudio Informativo. Por último, se prescribe el empleo de cuadros de precios de referencia, con objeto de homogenizar los costes cuando sea posible.