Madrid. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho ha aprobado el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención y las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Mediante este Real Decreto se incorpora al ordenamiento laboral español una parte muy significativa de las medidas contempladas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012. Por otra parte se ha procedido a la adaptación reglamentaria de las modificaciones legislativas introducidas por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, (Ley Ómnibus).
Su aprobación contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores en dos sentidos: Por un lado, muchas PYMES podrán optimizar sus recursos de cara a la gestión, ya que para el empresario será más fácil detectar los riesgos, evaluarlos y determinar las medidas preventivas correctas. Y, por otro, porque los servicios de prevención asumen un papel mucho más eficaz, junto a las empresas, en su contribución a la mejora constante de las condiciones de trabajo.
El Proyecto modifica tres reales decretos, aunque mayoritariamente se centra en uno de ellos que modifica aspectos del Reglamento de los Servicios de Prevención.
La Reforma del Reglamento tiene dos importantes objetivos:
1.- Facilitar a las empresas, en especial a las PYMES, el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, sin merma de los niveles de protección de los trabajadores, mediante varias actuaciones como la simplificación de documentación, la exención de auditorias y la ampliación de empresas en las que el empresario se implique personalmente para prevenir riesgos.
2.- Potenciar la mejora de la calidad y eficacia de los servicios de prevención para poner en valor la actuación de los mismos al definir mejor y de modo más completo la índole de las actividades preventivas que deben desplegar hacia empresas y trabajadores.
Es importante destacar que el proyecto ha sido objeto de un amplio proceso de participación de los agentes sociales y goza de un alto grado de consenso con las organizaciones empresariales y sindicales.