Al final, la inmobiliaria Realia ha zanjado definitivamente la deuda de la actividad promotora que tantos quebraderos de cabeza le había dado en los dos últimos años. No obstante, ante la insuficiente liquidez en caja, la inmobiliaria, participada mayoritariamente por el magnate mexicano Carlos Slim, se ha visto obligada a pedir un préstamo de 184 millones de euros.
Sin ellos, y tras pagar 732 millones de deuda que mantenía con los fondos Fortress, King Sturge y Goldman Sachs-, se hubiera quedado con la tesorería a cero. Inicialmente, en diciembre pasado contaba con una liquidez de 622 millones, pero el cumplimiento de los pagos contemplados en el acuerdo con estos fondos la ha ido debilitando. Ni siquiera se llegaba sumando los 89 millones que entraron, a mediados de enero, a través de la ampliación de capital.
El primero de los pagos se hizo coincidir, el 11 de diciembre del pasado año, con la firma del acuerdo con los fondos. Realia desembolsaba entonces 365 millones tras aplicar una quita de 36. Fueron pagados íntegramente con la caja disponible, quedando un líquido de 257 millones.
Posteriormente, a mediados de enero, con los 89 millones de la ampliación, la tesorería se situó en 346 millones, por lo que la promotora controlada por Slim tomó la decisión de afrontar, a finales de ese mes, el segundo pago pactado por 89 millones -los obtenidos con la ampliación-y adelantar a esa fecha el tercero de los plazos, por 94 millones. Un total de 183 millones de euros que dejaron las arcas de la inmobiliaria con 163 millones.
Para cerrar el acuerdo de refinanciación, los fondos impusieron a Slim dos condiciones suspensivas. Una, que el magnate mexicano avalara, con su propio pecunio a través de Inversora Carso, los 732 millones del pago de la deuda ante la eventual entrada en concurso de acreedores de la inmobiliaria. Condición cumplida a la firma del acuerdo.
Y una segunda, relativa a que el empresario azteca pusiera a disposición de los fondos un aval no inferior a 202 millones de euros antes del pasado 31 de enero. Al final, el aval fue entregado dos días antes y por un importe, ya descontada la quita del 9%, de 184 millones, coincidente con la cantidad a devolver en el último pago.
Con ese aval quedaban sin efecto los compromisos pactados en septiembre de 2009, cuando se firmó el contrato de financiación sindicada, una vez cumplidas las dos condiciones suspensivas y, además, quedaban canceladas todas las garantías asociadas a dicho contrato.
