Si a unos se les da a otros también. Con esa idea, los constructores valencianos han echado cuentas, y han llegado a la conclusión de que, para paliar el déficit de 6.500 millones de inversión en obra pública que acumula la región desde hace catorce años, es necesario que se inyecten unos 10.000 millones de euros en la próxima década. Para lo que sea. Que sean realmente necesarios es lo de menos. Lo importante es que se hagan. Ya sabemos a qué nos ha llevado esta estrategia.
La justificación, la de siempre. La falta de inversión en la Comunidad Valenciana ha provocado la pérdida de 180.000 empleos, pero 130.000 se habrían evitado si se hubiese mantenido la inversión en la media nacional.
Los constructores valencianos se quejan de que, entre los meses de enero y mayo, el peso de la Comunidad Valenciana en el total de la licitación nacional ha sido del 3,3%, mientras que Andalucía ha acumulado el 18%, Extremadura el 7,9% y Galicia el 7,8 %.
Además, la Federación de Empresas Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval) y la Cámara de Contratistas reclaman al Gobierno regional y a los ayuntamientos valencianos una deuda de 152 millones contraída con unas treinta empresas. Una deuda que no es la computada oficialmente, ya que la Generalitat Valenciana solo ha contabilizado los 80 millones que se podrían cobrar a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Según sus cálculos, la Generalitat Valenciana ha recibido del plan de pago a proveedores 7.518 millones de euros entre 2012 y 2013, y otros 12.099 millones del FLA, pero no se ha atendido toda la deuda, ya que el 60% de los casi 34.000 millones que adeuda la Generalitat se los debe al Estado.
También ven detrás de todo esto acciones u omisiones deliberadas de los últimos Ejecutivos regionales por no plantear ante el Gobierno central las cosas claras. Piensan que, en el caso de Zaplana, porque aspiraba a la vicepresidencia del Gobierno, que Camps, guiado por su bondad infinita, no quiso ver números o no se los enseñaban, y Fabra, el actual presidente, se ha encontrado con una situación heredada de imposible solución.
Con todo, los constructores valencianos piden que su sector sea considerado como bien social, de lo contrario no se acabará con la crisis. Creen que ajustar no significa dejar de invertir, sino reestructurar el Estado para que no sea una carga.
