El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra dos disposiciones del Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. A juicio de la Junta, esta norma atenta contra el principio de seguridad jurídica al generar incertidumbre sobre el régimen legal y de retribución de la producción con energías renovables, cogeneración y residuos, al amparo del cual funcionan actualmente instalaciones que mantienen unos 3.800 empleos directos en Andalucía.
El recurso afecta a las disposiciones transitoria tercera y final segunda del Real Decreto Ley, que modifican el marco jurídico hasta ahora vigente remitiendo la regulación concreta a una normativa posterior y dejando en indefinición la retribución a percibir por los actuales productores.
Además del principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española (CE), el Gobierno andaluz también señala que estas disposiciones vulneran el artículo 86.1, que establece las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican el recurso al Real Decreto Ley.
La Junta señala que la norma estatal carece del consenso con comunidades autónomas, empresas y consumidores; cambia las reglas del juego e impide tener un marco regulatorio estable y transparente para las inversiones, generando así una incertidumbre que puede afectar a proyectos que ya están en desarrollo. Ello pone en riesgo el liderazgo andaluz en renovables, abre perspectivas de menor producción con fuentes limpias y agrava el continuo encarecimiento del precio de la electricidad que en los últimos años lastra las economías domésticas y empresariales.
La decisión del Gobierno andaluz de presentar el recurso se produce tras un infructuoso proceso de diálogo con el Ejecutivo central en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación. Frente a los cambios introducidos en el Real Decreto Ley, la Junta propuso en este foro el establecimiento de un régimen transitorio compensatorio hasta 2020 para aminorar los efectos negativos del nuevo régimen retributivo y asegurar los compromisos adoptados por España con la Unión Europea respecto al desarrollo de las energías renovables.
El recurso autorizado se sumará a los presentados el pasado año por el Gobierno andaluz contra otras tres normas estatales que ponen en riesgo el desarrollo de las energías renovables en Andalucía: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social.
Freno a las renovables
La Junta recuerda que los cambios fiscales y tarifarios introducidos por estas tres normas, unidos a la suspensión de primas a las renovables en España desde 2011, han afectado a decisiones que los promotores habían adoptado al amparo de otras reglas. Ello ha supuesto dejar en el aire casi 12.000 millones de inversión en nuevas instalaciones, que podrían generar más de 38.000 empleos directos y supondrían 4.300 MW adicionales de potencia.
El Gobierno andaluz subraya que esta inestabilidad regulatoria se traslada a los mercados eléctrico y gasista, con un incremento de los precios resultantes que inevitablemente repercutirá en la factura que pagan ciudadanos y empresas (en los últimos cinco años el kilowatio/hora se ha incrementado un 63% en España, frente al 29% de la zona euro).
Las principales actividades perjudicadas son las de la energía termosolar, que concentra en la comunidad autónoma el 61% de la potencia total instalada de España, y la biomasa, en la que también es líder. Las renovables cuentan en Andalucía con 1.400 empresas, que dan empleo a casi 45.000 personas.
Actualmente, el 38% de toda la potencia eléctrica andaluza proviene de fuentes limpias como el sol, el viento y la biomasa, que también suponen el 34% de la electricidad que consumen los andaluces (6,6% en 2006). En relación con el consumo de energía primaria, su aportación representa el 19,3%.
Estos datos sitúan a la comunidad autónoma a la cabeza de España en las energías solar térmica de baja temperatura, termosolar y biomasa, así como en capacidad de producción de biocarburantes. Andalucía también destaca en fotovoltaica (segundo puesto nacional) y ha multiplicado por cinco en el último lustro la potencia instalada con eólica. Este desarrollo ha permitido reducir entre 2000 y 2012 un 39% las emisiones de dióxido de carbono por unidad eléctrica producida.
