La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha realizado un llamamiento público a las familias en riesgo de desahucio para que "acudan a las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda", que en su primer año de funcionamiento han contribuido a evitar más de 3.261 desahucios en Andalucía. "Nos vamos a poner de su parte y a ayudarles a mantener su vivienda", ha señalado Cortés.
"Vamos a continuar luchando contra los desahucios con todas las herramientas a nuestro alcance, apurando al máximo nuestras competencias", ha señalado Cortés, que ha recordado que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno contra diversos preceptos de la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda supone que momentáneamente la Consejería no puede realizar expropiaciones de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social ni tampoco sancionar viviendas vacías en manos de entidades financieras.
La Ley recurrida, en vigor desde el 9 de octubre, ha permitido realizar 39 expropiaciones para evitar desahucios. En paralelo al trabajo de las oficinas contra los desahucios, y en cuanto reciba la notificación del Constitucional de la paralización de la Ley (trámite automático una vez el presidente la recurre invocando el artículo 161.1 de la Constitución), la Consejería solicitará a dicho Tribunal que no agote el plazo de cinco meses que tiene para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la Ley hasta que haya una sentencia firme.
"La suspensión provoca una desprotección gravísima del derecho a la vivienda de todas las personas en problemas con su hipoteca, que se quedan vendidas. Además, "en Cataluña funciona una Ley con preceptos similares a la de Andalucía, que también permite sancionar a los bancos por tener viviendas vacías, y no se produce ninguna lesión de derechos", ha señalado Cortés.
"Este recurso provoca que las familias con problemas para pagar su hipoteca se quedan desprotegidas; los jóvenes que buscan independizarse lo tienen hoy más difícil que ayer", ha señalado la consejera, que ha recordado que los propósitos fundamentales de la Ley son evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión social y promover la salida en alquiler de las más de 700.000 viviendas existentes en la comunidad.
"A pesar de la paralización cautelar de la Ley, vamos a continuar trabajando por los mismos objetivos", ha señalado la consejera, que ha recordado que las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda constituyen "una herramienta útil y eficaz de la Consejería para evitar desahucios".
La consejera ha firmado en Córdoba la adhesión de 12 ayuntamientos de la provincia al Programa, concretamente Aguilar de la Frontera, Dos Torres, Iznájar, Luque, Moriles, Santaella, Valsequillo, El Viso, Villanueva del Duque, Villanueva de Córdoba, Zuheros y Cabra, además de la Mancomunidad de Municipios Cordobeses del Alto Guadalquivir.
En total, ya se han adheridos al Programa 44 ayuntamientos de la provincia, y 251 en toda Andalucía. "El bloque institucional contra los desahucios, que complementa al bloque social, es cada vez más fuerte", ha señalado Cortés, que ha agradecido a los alcaldes firmantes su "compromiso y rebeldía".
