Madrid. Medio siglo después de que Rafael Santamaría heredara la pequeña inmobiliaria familiar que su padre había constituido en 1970, tras sus inicios en el sector de la alimentación con aquella Granja Layer (Reyal leído al revés), el actual grupo inmobiliario se ha visto obligado a entregar sus libros al juzgado al no poder convencer a las entidades financieras acreedoras de la propuesta planteada para alcanzar un nuevo acuerdo de refinanciación.
En el tercer trimestre de 2012 -fecha de los últimos resultados oficiales presentados por la Empresa- Reyal Urbis tuvo un resultado neto negativo de 257 millones de euros. La Empresa tiene una plantilla de 420 empleados, de los cuales 137 trabajan en la actividad inmobiliaria y 283 en la hotelera. El endeudamiento financiero neto era a fin de septiembre del pasado ejercicio de 3.613 millones de euros, siendo las principales entidades acreedoras la SAREB, Banco Santander, el fondo Appaloosa (comprador de la deuda de Barclays) Banco Popular, FMS, Caixa Geral, EuroHypo, RBS y BBVA. Además, la Hacienda Pública tiene pendiente de cobro casi 400 millones de euros.
Un largo proceso
A mitad del año 2011, Reyal Urbis comunicaba al mercado que "ante el continuado deterioro de la situación general del sector inmobiliario" comenzaba un proceso de negociación con sus acreedores para garantizar su actividad en el medio y largo plazo. Desde entonces, la dirección de la Compañía, presidida por Rafael Santamaría, ha intentado alcanzar un acuerdo con los diferentes acreedores. Aunque Reyal Urbis cuenta con un sólido patrimonio, el creciente deterioro del sector y la persistencia de la crisis han hecho más difícil la consecución de un acuerdo.
Rafael Santamaría ha declarado que "hemos constatado la buena voluntad de todas las partes negociadoras, pero al final no ha sido posible llegar a un acuerdo. Presentamos el concurso voluntario para garantizar la continuidad de la empresa y preservar los intereses de los clientes, proveedores, acreedores, accionistas y empleados de la Compañía y estamos convencidos de que seremos capaces de encontrar una solución definitiva que nos permita salir del concurso y continuar nuestra actividad con plena normalidad, porque es la mejor situación para todas las partes".
Reyal Urbis ya desde que empezó la crisis impulsó una política de reducción de sus gastos de estructura. Sin embargo, la Empresa sufrió una reducción significativa de los ingresos por venta de inmuebles y una reducción de los ingresos por arrendamientos debido a la fuerte contracción del mercado inmobiliario. Reyal Urbis cuenta con una de las mayores carteras de activos inmobiliarios del sector en España, alcanzando a 30 de junio de 2012, según valoraciones realizadas en dicha fecha por la sociedad de tasadores independientes Jones Lang, un valor de 4.194 millones de euros. El valor de mercado de los terrenos e inmuebles terminados en esa fecha del pasado ejercicio ascendía a 3.260 millones. El Grupo dispone en stock de más de 780 unidades sobre rasante de inmuebles terminados, y no ha iniciado nuevas promociones desde hace tres años.
Las instituciones financieras se niegan a firmar un nuevo acuerdo
Desde el último acuerdo de refinanciación, en mayo de 2010, las cosas habían cambiado mucho. El aumento de las provisiones que las entidades financieras, a través de los dos Reales Decretos del Gobierno aprobados el pasado año, han tenido que aportar para cubrir eventuales minusvalías tanto de los créditos al promotor como de los activos adjudicados, están detrás de las razones para negarse a firmar un nuevo acuerdo.
Junto a los Reales Decretos, otro aspecto relevante modificado respecto al último acuerdo, como es el hecho de que prácticamente el 20% de la deuda financiera, cerca de 710 millones de euros, ha cambiado de manos, al ser traspasado los activos tóxicos de créditos otorgados a Reyal Urbis por parte de Bankia y Novagalicia a la Sareb, convirtiendo al banco malo en el principal acreedor de la inmobiliaria desde el pasado 1 de enero, con lo que algunos de los bancos accionistas de la Sareb cargan indirectamente con más deudas de las que tenían hace dos meses.
“Reyal Urbis confirma que el Consejo de Administración ha acordado llevar a cabo las actuaciones necesarias a efectos de presentar ante el juzgado competente la solicitud de concurso voluntario de acreedores, ante la inminencia del transcurso del plazo previsto en el citado artículo 5 bis sin haber alcanzado un acuerdo de refinanciación con sus acreedores”, recoge el hecho relevante remitido a la CNMV.
El Consejo tomaba ayer lunes esta medida tras negarse los bancos a asumir la propuesta planteada por la empresa, que pasaba por un proceso de reorganización societaria (vía segregación de activos y pasivos) a favor de una filial, a la que se transmitirían la práctica totalidad de activos y pasivos, eliminando el recurso de los acreedores financieros a Reyal Urbis por dichos pasivos.
La filial, según la propuesta, sería la encargada de gestionar la puesta en valor de dichos activos recibidos, para que los mismos puedan posteriormente enajenarse, y con el producto de dicha enajenación se cancelen las correspondientes financiaciones asociadas. Todo ello, sin perjuicio de la opción que tendrían los acreedores financieros de aceptar la cancelación total de sus créditos mediante dación en pago de los correspondientes activos transmitidos a la mencionada filial. Evidentemente, los bancos no la han aceptado.
