Madrid. Ahora que no se vende casi nada, y que los terrenos adquiridos a precio de oro en tiempos de la burbuja inmobiliaria duermen el sueño de los justos, generando gastos para sus propietarios y sin viso alguno de que se puedan desarrollar a medio plazo, sería un buen momento para poner un poco de orden en el caos urbanístico generado en España, como consecuencia de la aprobación de diecisiete legislaciones autonómicas.
El Gobierno tiene medios a su alcance –esos mismos con los que alardea la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en relación al proceso secesionista seguido en Cataluña – para, con la Constitución en la mano, “armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas aún en el caso de materias atribuidas a competencias de éstas cuando así lo exija el interés general”.
Se entendía, en tiempos de la burbuja inmobiliaria, que este asunto no se tocara. No en vano, los ingresos derivados del urbanismo, desde la tramitación de los planes hasta la obtención de las licencias y el posterior pago sobrevenido de impuestos, representaba un auténtico maná para las administraciones. Pero eso ya se acabó, y resultará muy difícil que lo veamos, con esa plenitud, antes de veinte años. Si es que lo vemos.
Por eso, es ahora un momento ideal para reordenar este caos. Tampoco debería ser tan complicado, y a la postre todos saldrían beneficiados. Se trataría de, en primer lugar, establecer el punto de partida, tomando como referencia el estado actual en cada comunidad autónoma.
Para, a partir de ahí, ir hacia una armonización de los instrumentos de ordenación del territorio, del planeamiento y de los sistemas urbanísticos, de manera que los Gobiernos regionales quedasen únicamente para aprobar los planes generales, y en manos de los Ayuntamientos el visto bueno de los planes parciales.
En esa reforma, no estaría de más abordar la supresión de las cesiones en suelo o edificabilidad y reducir los aprovechamientos urbanísticos, y hacerlo, además, con los mismos porcentajes en cada región.
