Madrid. La Comunidad de Madrid cederá casi 1.000 viviendas públicas a Cáritas, por un periodo de cinco años, para alojar temporalmente a familias que han sido desahuciadas y se encuentran en una situación de especial necesidad, según un convenio firmado por el presidente de la Comunidad, Ignacio González, con esta organización.
González destacó que “en estos momentos de crisis, el no poder afrontar el pago de una vivienda está generando unas circunstancias que antes no se producían y eso requiere que busquemos nuevas fórmulas de actuación”.
El presidente regional explicó que las primeras viviendas se podrán entregar antes de Navidad y tendrán prioridad las situaciones más urgentes, como familias con menores a su cargo o personas solas que se encuentren en riesgo de exclusión social.
“No estamos hablando de personas que no quieren pagarlas, -señaló González- o que quieren instalarse en viviendas que no son suyas, sino de personas honestas que no pueden en estos momentos hacer frente a los costes que supone el pago de su casa, pero que querrían poder hacerlo”.
Se trata de viviendas de titularidad pública del IVIMA, ubicadas en 34 municipios -la mitad de ellas en Madrid- que han sido recuperadas de ocupaciones ilegales y están pendientes de obras de acondicionamiento para su puesta en uso.
En virtud de este convenio, la Comunidad cede las viviendas y, a través de Cáritas, agilizará la realización de las obras necesarias para que puedan trasladarse a ellas familias, así como la contratación de un seguro y la adquisición de muebles. La Comunidad realizará el seguimiento y control de las obras de adecuación de los pisos.
La selección y admisión de las familias beneficiarias la llevará a cabo Cáritas. Para ello analizará cada caso de forma independiente para dar la solución más adecuada a cada uno de ellos. El tamaño medio de las viviendas está entre los 70 y 90 metros y la renta media de alquiler en los 200 euros, pero se darán muchos casos en los que no se paguen más de 40 euros de alquiler.
Cada año se revisará la situación de la familia para analizar si es conveniente que continúen en la vivienda o puede ser utilizada por otros afectados. Las familias, además de pagar mensualmente la renta pactada, deberán cumplir con los requisitos básicos de buen comportamiento vecinal y educación ciudadana. Todos los procesos serán supervisados por la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), lleva apoyando de forma especial a estas familias desde el año pasado cuando incorporó entre sus baremos un cupo especial denominado Impulso Familiar mediante el cual se han llegado a adjudicar 83 viviendas públicas a familias que han pasado de manera rápida y dramática a una situación de pobreza. Igualmente, ante la dureza de la crisis económica, el IVIMA, que cuenta con un parque de 23.000 viviendas de alquiler social, ha reducido a más de 5.000 familias su renta hasta una media de 40 euros al mes, para que puedan hacer frente al pago de su alquiler.
