Madrid. La indefensión se produce en el plano más básico como es el acceso a la información y se agrava cuando se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación. Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España’, presentado por Amnistía Internacional.
En este sentido, en el documento se recogen las alertas que desde diferentes organismos internacionales se venían lanzando sobre la situación de la vivienda en España. Así, en 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos.
Las consecuencias están a la vista de todos. “Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán como sus condiciones de vida empeoran”, según comentaba Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante la presentación del informe.
Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional y son considerados como graves violaciones de derechos humanos.
En 2008, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada llamó la atención a España sobre la necesidad de adoptar una política nacional de vivienda basada en los derechos humanos y en la protección de los grupos más vulnerables, de evaluar los efectos de los desalojos forzosos sobre las personas y garantizar la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda adecuada.
Se ocupó también de la relación entre este derecho y la violencia contra las mujeres, al ser ellas las que para ponerse a salvo de sus agresores habitualmente abandonan sus viviendas. Para el relator, la falta de acceso a la vivienda en España puede afectar las posibilidades de estas mujeres para salir de la violencia.
Por último, alertó del alto nivel de endeudamiento de las familias por los créditos hipotecarios, y de que esto podría traer problemas de pago en el futuro. Cuatro años más tarde de ese informe, y según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007, año de inicio de la crisis, hasta finales del 2010 se han iniciado 271.570 ejecuciones hipotecarias. “A pesar de esta cifra, hasta la fecha no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema”, apuntaba Beltrán.