La Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Consumo, ha puesto en marcha una nueva campaña de inspección dirigida al sector inmobiliario en toda la región. Esta iniciativa, que se extenderá durante el segundo semestre del año, tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la compraventa y alquiler de viviendas. Las inspecciones, que abarcarán tanto inmuebles en proyecto como aquellos ya construidos, tanto nuevos como usados, se enfocarán en empresas, gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras. La campaña se prolongará hasta el final de 2024 y forma parte de los esfuerzos continuos de la Junta para proteger los derechos de los consumidores en un sector crucial como es el inmobiliario.
En el marco de esta campaña, se prevé realizar un total de 137 actuaciones inspectoras, que involucrarán a todos los Servicios Provinciales de Consumo de las Delegaciones Territoriales de Salud y Consumo. Esta operación llega en un momento clave, dado el repunte de la actividad en el mercado inmobiliario y el creciente interés por garantizar que las transacciones se realicen conforme a la ley. Entre las principales preocupaciones de la inspección se encuentra la verificación del cumplimiento de los deberes informativos por parte de las empresas y la correcta aplicación de las normativas que protegen a los consumidores.
Focalización en el cumplimiento normativo y la transparencia informativa
Uno de los aspectos centrales de la campaña es la verificación de que las empresas involucradas en la compraventa y alquiler de viviendas cumplen con sus obligaciones legales en cuanto a la información que deben proporcionar a los usuarios. Las inspecciones se centrarán en asegurar que las empresas inmobiliarias y promotoras faciliten de manera clara y precisa todos los detalles relevantes sobre las viviendas en cuestión. Esto incluye desde los datos generales y específicos de los inmuebles, hasta las condiciones de pago, las garantías de las cantidades entregadas a cuenta en viviendas aún no terminadas, y las responsabilidades de los distintos agentes que intervienen en el proceso de edificación.
Además, el personal inspector se encargará de comprobar que la oferta comercial que se presenta a los potenciales compradores o inquilinos coincide plenamente con las características reales de los inmuebles. Esto implica una revisión exhaustiva de la documentación, incluyendo contratos de compraventa y alquiler, así como de la publicidad y promociones que acompañan a estos procesos. En particular, se verificará que las empresas cumplen con la obligación de poner a disposición de los consumidores el certificado de eficiencia energética, un requisito indispensable para cualquier operación de venta o arrendamiento de inmuebles.
La campaña también pone un énfasis especial en el sector del alquiler, donde se supervisará que las empresas de intermediación inmobiliaria no incumplan con la normativa vigente, especialmente en lo que se refiere a no cargar a los arrendatarios con gastos de gestión inmobiliaria o formalización de contratos, que según la ley, deben ser asumidos por los propietarios. Este aspecto ha sido uno de los puntos críticos en inspecciones anteriores, y se espera que con la nueva campaña se logren avances significativos en el respeto a estas disposiciones.
Resultados de campañas anteriores y expectativas para la actual
La iniciativa de este año se basa en los resultados obtenidos durante la campaña de 2023, que dejó en evidencia importantes deficiencias en el sector. Durante ese periodo, se llevaron a cabo 145 inspecciones en toda Andalucía, agrupadas en 126 expedientes. De estos, 95 terminaron con la constatación de incumplimientos, lo que representa un 75% del total. Entre los problemas detectados se encontró que muchas empresas no cumplían con la obligación de informar adecuadamente a los consumidores, lo cual incluye no disponer del cartel informativo obligatorio que recuerda al comprador su derecho a recibir un Documento Informativo Abreviado (DIA) sobre la vivienda.
Otro de los incumplimientos recurrentes fue la falta de información completa y precisa en viviendas en proyecto o en construcción. En varios casos, no se proporcionó el DIA en los términos requeridos por la normativa, y en operaciones de primera transmisión de vivienda, no se detalló adecuadamente la fecha de entrega, ni se incluyeron referencias a los anejos, zonas comunes o elementos accesorios del inmueble. Además, en diversas ocasiones no se puso a disposición de los compradores una nota explicativa sobre el precio y las formas de pago, una omisión que puede generar confusión y posibles conflictos posteriores.
Con estos antecedentes, la campaña actual tiene la expectativa de mejorar el cumplimiento de las normativas y reducir el porcentaje de infracciones detectadas. La Junta de Andalucía confía en que el refuerzo de las inspecciones, junto con una mayor sensibilización de las empresas del sector, contribuirá a garantizar un mercado inmobiliario más transparente y seguro para los consumidores.
Por otro lado, la Junta ha reiterado la importancia de que los ciudadanos conozcan sus derechos en materia de consumo, animándolos a utilizar el servicio «Consumo Responde» para cualquier duda o reclamación relacionada con la compraventa o alquiler de viviendas. Este servicio, gratuito y accesible a través de múltiples canales, se ha convertido en una herramienta fundamental para el asesoramiento y protección de los consumidores en Andalucía.
