En una intervención firme ante el Parlamento de Andalucía, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha manifestado la oposición del Gobierno andaluz a la propuesta de la Generalitat de Cataluña para una financiación singular. Esta propuesta, según la consejera, atenta contra los principios constitucionales de igualdad y solidaridad interterritorial, que son fundamentales para el sistema de financiación autonómica en España.
Carolina España enfatizó que cualquier modificación en el sistema de financiación autonómica debe garantizar la equidad entre todas las comunidades autónomas y proporcionar recursos suficientes para la prestación de servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. En este sentido, la propuesta catalana es vista como una amenaza que podría desbalancear el reparto equitativo de recursos, perjudicando al resto de las comunidades.
Necesidad de un fondo transitorio de nivelación y rechazo a negociaciones bilaterales
La consejera expuso tres puntos clave para abordar la posición de Andalucía respecto a la financiación autonómica. En primer lugar, subrayó la urgencia de crear un Fondo Transitorio de Nivelación. Este fondo tiene como objetivo paliar las diferencias de financiación entre las comunidades que reciben menos recursos que la media. «Es urgente crear un Fondo Transitorio de Nivelación para las comunidades autónomas que recibimos menos financiación que la media», afirmó Carolina España, enfatizando la necesidad de una solución inmediata mientras se trabaja en una reforma más amplia del sistema.
En segundo lugar, España destacó que la reforma del sistema de financiación autonómica debe ser discutida en un marco inclusivo y transparente, representado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde todas las comunidades autónomas tienen voz. La consejera expresó un rechazo categórico a cualquier negociación bilateral entre el Gobierno central y una única comunidad, señalando que tal enfoque socava los principios de igualdad y equidad. «Nos oponemos a cualquier negociación bilateral», declaró, subrayando que el Ministerio de Hacienda debe presentar una propuesta por escrito que sirva de base para las discusiones en el CPFF.
Principios constitucionales y equidad en la financiación autonómica
El tercer punto de la intervención de Carolina España se centró en la defensa de los principios constitucionales que rigen la financiación autonómica. Según la consejera, la única singularidad que reconoce la Constitución es la de los regímenes forales de Navarra y el País Vasco. Cualquier otra excepción, como la financiación singular que propone la Generalitat para Cataluña, constituiría un privilegio que generaría agravios comparativos con el resto de las comunidades. «Nos vamos a oponer a cualquier privilegio en la financiación de una sola comunidad de régimen común», afirmó la consejera, advirtiendo que «más para Cataluña significa menos para Sanidad, menos para Educación y menos para atención a la dependencia en el resto de España».
Carolina España insistió en que el nuevo modelo de financiación debe garantizar la prestación de un nivel mínimo de servicios públicos fundamentales y asegurar la equidad entre todas las comunidades autónomas. El actual modelo, según explicó, no logra cumplir con estos objetivos, por lo que una reforma es imprescindible. Sin embargo, esta reforma debe respetar los principios de igualdad y solidaridad, evitando cualquier tipo de trato preferencial que podría desestabilizar el equilibrio financiero entre las regiones.
La consejera concluyó su intervención reafirmando el compromiso del Gobierno andaluz con un sistema de financiación justo y equitativo. «No existe ninguna razón que justifique un trato singular para Cataluña», aseguró, subrayando la necesidad de una financiación autonómica que promueva la unidad y cohesión territorial en España.
Esta postura del Gobierno andaluz se alinea con su objetivo de defender los intereses de Andalucía y garantizar que todas las comunidades autónomas dispongan de los recursos necesarios para ofrecer servicios públicos de calidad a sus ciudadanos, sin privilegios ni desigualdades.
