A falta de conocer el texto final del Real Decreto Ley que prohíbe los desahucios a familias vulnerables mientras esté en vigor el estado de alarma, desde ASVAL seguimos estando en contra de un texto que ampara la ocupación ilegal y que traerá las siguientes consecuencias:
Oleada de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial y económica del Estado. El decreto aprobado hoy abre la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales al Gobierno por responsabilidad patrimonial, ya que se atenta contra el derecho a la propiedad privada. Además, el Estado tendrá que asumir responsabilidad penal, ya que el propietario no podrá garantizar la seguridad de los inmuebles ocupados. También se pone en riesgo la tutela judicial efectiva.
Esta litigiosidad va en contra de la seguridad jurídica y la confianza que se necesita para desarrollar el mercado del alquiler en España. Daña seriamente nuestra imagen como país ante la inversión extranjera y ante nuestros socios europeos.
Efecto llamada a la ocupación ilegal. Estas medidas incrementarán los intentos de ocupación de viviendas, tanto a pequeños como a grandes propietarios ante la expectativa de que no podrán ser desahuciados durante un periodo de tiempo. Posteriormente, a los jueces les será difícil dirimir si esa ocupación se produjo antes o después de la entrada en vigor del decreto.
Con este real decreto España se convierte en una excepción dentro de Europa, ya que es el único país que regulariza la ocupación ilegal, que es un delito según nuestro Código Civil. Este amparo de la ocupación ilegal genera preocupación en las instituciones europeas.
El sistema de compensaciones tiene que ser claro, inmediato además de acorde al daño causado. De no ser así, el Estado se enfrentará a importantes reclamaciones patrimoniales. Según lo anunciado por el Gobierno, los propietarios tardarán tres meses en ser compensados económicamente, tiempo que tendrán las CCAA para dar una vivienda social a las familias vulnerables. ASVAL considera que carece de sentido que no se compense durante este periodo de tiempo a los propietarios y que, además, éstos tengan que demostrar el perjuicio económico generado por la ocupación de la vivienda. Es evidente que existe un daño económico cuando el propietario no puede hacer uso de su vivienda y, además, tiene que seguir haciendo frente a gastos e impuestos y posibles desperfectos de la misma.
Esta ley provoca desequilibrios en el mercado y acceso a la vivienda. Los propietarios de ASVAL están a favor de dar soluciones a los inquilinos afectados por la crisis económica generada por el Covid-19. Sin embargo, por un principio de respeto a la ley, están totalmente en contra de legalizar una acción de naturaleza delictiva, como es la ocupación ilegal, que es lo que se consigue con este Decreto.
Desde ASVAL estamos a la espera de conocer los detalles del Real Decreto Ley y sus características particulares
