La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en la presentación de los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2019 en la Apertura del Año Judicial, ha anunciado la intención de dictar, en los próximos días, una Instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales del fenómeno delictivo de las ocupaciones de morada, a fin de amparar los derechos que resulten ilegítimamente vulnerados de manera acorde con las necesidades de la ciudadanía.
La Memoria recoge la actividad del Ministerio Fiscal durante el año anterior a su publicación, así como la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. También contiene las observaciones que las Fiscalías de los distintos órganos elevan a la Fiscalía General del Estado.
«La Fiscalía es una muestra documentada de la realidad en materia criminal, y también es el reflejo de la sensibilidad de la sociedad a través de la percepción que se traduce en las propuestas legislativas que en ella se formulan», ha explicado la fiscal general del Estado.
Asimismo, Delgado ha añadido que en otras ocasiones no es necesario acudir a esas propuestas, pues los diferentes fenómenos delictivos que preocupan a la población «ya gozan de una respuesta suficiente en el ordenamiento jurídico».
No obstante, la fiscal general ha apuntado que pese a estar ya reguladas, algunas situaciones «sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía», y es en este contexto donde ha situado el dictado de la nueva instrucción sobre okupación, cuyo contenido no ha adelantado.
Las okupaciones pueden llegar a devaluar hasta un 60% el valor del activo. En España, Barcelona registra los índices más altos de ocupación, mientras en Sevilla o Zaragoza hay menor riesgo. En Madrid capital, los distritos de Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro son las zonas donde el riesgo de ocupación con mayor riesgo de que las casas sean ocupadas.
En la Memoria de la propia Fiscalía relativa a 2019 ya se recoge que las okupaciones disminuyeron «levemente» el año pasado. En parte, puede ser por la actuación especialmente enérgica de algunas fiscalías territoriales, que han dado inmediata cobertura a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en supuestos en los que consideraron que procedía el rápido desalojo de viviendas ilegalmente okupadas.
En algunos casos se actuó sin mandamiento judicial, cuando se vio claro que la okupación no tenía amparo legal. De hecho, las okupaciones han afectado especialmente a locales y pisos sin uso, no a viviendas habituales o segundas residencias.
