Los partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre proponen avales para facilitar la primera compra, límites a las subidas del alquiler y medidas para ampliar el parque público. iAhorro ha comparado esas propuestas con políticas aplicadas en Europa. El análisis señala que sus efectos dependen de cómo se diseñan, del mercado en el que se aplican y de los hogares a los que se dirigen.
La comparativa de iAhorro sobre las propuestas de vivienda del 29N identifica paralelismos entre las propuestas de regulación del alquiler en España y las medidas de Irlanda y Países Bajos. Irlanda limita con carácter general las actualizaciones anuales de la renta, con excepciones. El sistema neerlandés, en cambio, utiliza las características de cada vivienda para fijar la renta máxima mediante una puntuación.
Viena ofrece una referencia para las propuestas que buscan ampliar el parque público. La ciudad gestiona unas 220.000 viviendas municipales y dispone también de un parque subvencionado, promovido en parte por entidades sin ánimo de lucro. El estudio vincula ese resultado a décadas de inversión, disponibilidad de suelo y capacidad para planificar, construir y mantener las viviendas.
En la primera compra, Portugal combina exenciones fiscales con una garantía pública que puede cubrir hasta el 15% de la operación. El estudio relaciona la garantía con los avales que propone el PP para jóvenes compradores y las exenciones con las ventajas fiscales planteadas por Vox. La guía de ayudas a la compra para jóvenes de HelpMyCash distingue esos dos tipos de apoyo en España.
Datos relevantes
- En enero de 2026, cerca de 120.000 jóvenes se habían beneficiado de las exenciones fiscales y 23.000 habían recurrido a la garantía.
- Pese a esto, los alquileres anunciados subieron un 4,4% interanual en el primer trimestre de 2026 y un 7,3% en el segundo.
- Viena gestiona unas 220.000 viviendas municipales y cuenta, además, con un amplio parque de vivienda subvencionada, promovido en parte por entidades sin ánimo de lucro.
- En Berlín se intentó congelar y reducir los alquileres de forma más amplia, pero el Tribunal Constitucional Federal anuló la medida en 2021 por falta de competencias.
- El Gobierno estimó que más de 300.000 viviendas podrían reducir su alquiler en unos 190 euros mensuales de media.
MiniFAQs
¿Qué tienen en común las ayudas portuguesas y las propuestas españolas para la primera vivienda?
Portugal combina una garantía pública, que facilita la financiación a jóvenes con ahorro insuficiente para la entrada, con exenciones fiscales que reducen los costes iniciales. iAhorro vincula la garantía con la propuesta del PP de avalar a jóvenes compradores y las exenciones con las ventajas fiscales que plantea Vox. La cobertura, los requisitos y los impuestos afectados pueden variar.
¿Por qué el estudio distingue entre los límites al alquiler en Irlanda y Países Bajos?
En Irlanda, el límite general se aplica a la actualización anual de la renta y toma el menor valor entre el 2% y la inflación aplicable, con excepciones. En Países Bajos, un sistema de puntos fija la renta máxima a partir de características como la superficie, la calidad o la eficiencia energética. Para comparar esas medidas con las españolas hay que precisar qué contratos y qué rentas quedarían afectados.
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Las experiencias europeas ayudan a precisar a quién beneficiaría cada propuesta del 29N y qué resultados habría que medir tras aplicarla.
Las propuestas de vivienda del 29N, ante el espejo europeo de iAhorro: PP y Vox miran a Portugal; PSOE, Frente Amplio y Podemos, a Irlanda, Países Bajos y Berlín
La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles y está ocupando ya un lugar destacado en la campaña electoral de los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 29N.
Para quienes buscan casa, el debate se traduce en cuestiones muy concretas: cuánto pueden pagar de alquiler, si lograrán ahorrar para la entrada de una compra o cuánto tendrán que esperar para acceder a una vivienda pública. “El problema no afecta a todos por igual: algunos hogares no pueden asumir el coste del alquiler; otros no consiguen ahorrar para la entrada de una vivienda, y muchos jóvenes no encuentran opciones que se ajusten a sus ingresos”, señala Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro.
Por este motivo, los partidos proponen distintas medidas para responder a estas dificultades. Pero ¿qué experiencias europeas pueden servir de referencia y qué resultados han dado? Para responder a estas preguntas, desde iAhorro hemos contrastado las propuestas de los partidos españoles con las políticas aplicadas en varios países europeos. La comparación pone en relación medidas similares, pero no significa que sus resultados vayan a repetirse en España: el efecto depende del diseño, el contexto del mercado y las personas a quienes se dirigen.
Portugal: ayudas a la compra para jóvenes
Portugal ha combinado incentivos fiscales y una garantía pública para ayudar a los menores de 35 años que compran su primera vivienda. La garantía puede cubrir hasta el 15% de la operación y está dirigida a quienes pueden asumir una cuota hipotecaria, pero no disponen del ahorro necesario para reunir toda la entrada. No es una subvención directa: el Estado respalda parte del riesgo de la financiación y puede facilitar que el comprador financie una proporción mayor del precio. En enero de 2026, cerca de 120.000 jóvenes se habían beneficiado de las exenciones fiscales y 23.000 habían recurrido a la garantía. Estas cifras muestran el alcance de las medidas, pero no permiten determinar cuántas compras se produjeron gracias a ellas ni qué efecto tuvieron sobre los precios.
El paralelismo más claro está en la propuesta del PP de avalar a jóvenes compradores: en ambos casos se intenta reducir la barrera de entrada, aunque pueden variar la cobertura y los requisitos. El Partido Popular también plantea agilizar licencias, una medida dirigida a facilitar la oferta y distinta de la garantía portuguesa. Por su parte, Vox propone ventajas fiscales para la primera vivienda, que comparten con las exenciones portuguesas el objetivo de reducir costes iniciales, pero mediante instrumentos tributarios propios.
“La comparación que hemos realizado no implica que las propuestas sean equivalentes ni que las ayudas reduzcan por sí solas los precios: para valorar su alcance habría que observar quién accede a ellas y cómo evoluciona la oferta de vivienda”, afirma la directora de Comunicación de iAhorro.
Irlanda: límites a las subidas del alquiler y contratos más estables
En Irlanda, la actualización anual del alquiler está limitada, con carácter general, al menor valor entre el 2% y la inflación aplicable, con excepciones y un régimen distinto para determinadas viviendas nuevas. El marco establece periodos de estabilidad contractual y restringe los motivos por los que ciertos arrendadores pueden poner fin a los contratos. Pese a esto, los alquileres anunciados subieron un 4,4% interanual en el primer trimestre de 2026 y un 7,3% en el segundo. Estas variaciones no prueban por sí solas el éxito o el fracaso de la regulación: no aíslan su efecto de factores como la oferta disponible, la demanda y la localización.
En España, las propuestas del PSOE de limitar las subidas de alquiler y reforzar la estabilidad contractual son las que presentan mayor proximidad temática con las aplicadas en Irlanda, aunque habría que comparar los topes, las zonas afectadas, las excepciones y la duración de los contratos. También Frente Amplio plantea prórrogas y medidas de congelación, que también conectan con la previsibilidad del alquiler, pero no necesariamente con el mecanismo irlandés. Y, además, Podemos propone una rebaja legal del 40%, de mayor intensidad y con un efecto distinto al de limitar la actualización anual.
Austria: inversión sostenida en vivienda pública
Viena gestiona unas 220.000 viviendas municipales y cuenta, además, con un amplio parque de vivienda subvencionada, promovido en parte por entidades sin ánimo de lucro. Este modelo, que permite ofrecer alquileres asequibles a una parte significativa de la población, no se construyó de un día para otro: es el resultado de décadas de inversión pública, disponibilidad de suelo y capacidad para planificar, construir y mantener las viviendas. A esta política de oferta se suma la regulación de las rentas. Austria limitó las actualizaciones de los alquileres al 1% en 2026 y al 2% en 2027, también en el mercado libre. La experiencia vienesa muestra así la combinación de dos vías (ampliar el parque asequible y contener las subidas), aunque su aplicación depende de una gestión pública sostenida y de las características propias del mercado austríaco.
De cara a las próximas elecciones en nuestro país, el PSOE propone destinar el 1% del PIB a vivienda social y crear un parque estatal de 100.000 viviendas; el Frente Amplio plantea elevar la inversión pública hasta el 1% del PIB y ampliar el parque, y Podemos también defiende aumentar la vivienda pública. Coinciden con Viena en dar un papel relevante a la provisión pública, pero los objetivos anunciados no equivalen a un parque consolidado: serán decisivos el calendario, la gestión, la duración de la protección y los criterios de acceso. La propuesta del PP de descalificar viviendas protegidas una vez amortizadas responde a una lógica distinta sobre cuánto tiempo debe mantenerse su asequibilidad.
Alemania: regulación localizada y medidas para construir
En las zonas declaradas tensionadas de Alemania, la Mietpreisbremse limita, con excepciones, la renta inicial de determinados contratos a un máximo del 10% por encima de la renta comparativa local. No es un tope uniforme para todo el país. En Berlín se intentó congelar y reducir los alquileres de forma más amplia, pero el Tribunal Constitucional Federal anuló la medida en 2021 por falta de competencias. Alemania aprobó también en 2025 el programa Bau-Turbo, que contempla excepciones a las normas de planeamiento con acuerdo municipal.
La regulación alemana ofrece una referencia parcial para las propuestas españolas de intervenir en zonas tensionadas. Las iniciativas del PSOE y del Frente Amplio comparten ese ámbito de actuación, aunque habría que comparar cómo definen las zonas y qué rentas o contratos afectan. La rebaja del 40% planteada por Podemos es más intensa y no equivale al límite alemán. En materia de oferta, el PP propone ampliar suelo, reducir trabas y agilizar licencias; Bau-Turbo también busca facilitar la construcción, pero mediante excepciones de planeamiento con participación municipal. El caso berlinés recuerda, además, que el reparto de competencias puede condicionar la aplicación de una política.
Países Bajos: regulación de rentas, contratos y usos
Un sistema de puntos fija la renta máxima del alquiler a características de la vivienda, como superficie, calidad, instalaciones y eficiencia energética. El país también restringió ciertos contratos temporales y permite que los municipios limiten durante un periodo la compra de viviendas para destinarlas al alquiler en barrios concretos, con excepciones. El Gobierno estimó que más de 300.000 viviendas podrían reducir su alquiler en unos 190 euros mensuales de media. La OCDE ha advertido de posibles efectos sobre la inversión y la oferta privada. En Rotterdam, un estudio observó más compras de primeros compradores en zonas afectadas y un aumento aproximado del 4% en los alquileres, asociado a una menor oferta.
Las propuestas de regulación del PSOE, el Frente Amplio y Podemos guardan una semejanza general con la intervención neerlandesa, pero no reproducen su sistema de puntos. Para compararlas habría que concretar si limitan la renta inicial, la actualización o el precio de referencia. Las prórrogas de contratos del Frente Amplio y EH Bildu se relacionan con el objetivo neerlandés de reducir la temporalidad, aunque el diseño puede diferir. Las restricciones a compras de fondos y grandes empresas planteadas por PSOE y Frente Amplio tienen un paralelismo parcial con las limitaciones locales a la compra para alquiler, pero difieren en territorio, compradores afectados y excepciones.
Francia: garantías al alquiler y límites al uso turístico
El sistema Visale es una garantía pública y gratuita que, si se cumplen los requisitos, puede cubrir impagos y determinados daños. Busca facilitar el acceso a personas que tienen dificultades para aportar un avalista. Francia permite también que las autoridades locales regulen los alquileres turísticos de corta duración en determinados supuestos, por ejemplo, mediante cuotas y límites temporales para la vivienda habitual. Estos instrumentos tienen objetivos concretos: reducir el riesgo percibido por los propietarios y ordenar el uso turístico.
El Fondo Estatal de Garantía del Alquiler propuesto por el Partido Popular en España comparte con Visale el objetivo de reducir el riesgo percibido por los propietarios y facilitar el acceso al alquiler. Para comparar ambos sistemas habría que conocer qué impagos cubren, quién puede solicitarlos, su coste y quién los administra. En el ámbito turístico, las propuestas de Podemos y el Frente Amplio para limitar pisos turísticos tienen puntos de contacto con las herramientas municipales francesas, pero no equivalen a una prohibición general.
Hungría e Irlanda: ayudas y financiación para comprar
A finales de octubre de 2026, Hungría sustituyó Otthon Start por Wekerle Plusz. El nuevo plan ofrece préstamos a tipo fijo del 3% para vivienda nueva y del 5% para vivienda usada a compradores de primera vivienda de entre 18 y 41 años. Esto coincidió con un aumento interanual del 74% del volumen hipotecario en marzo de 2026. El Gobierno señaló que el 59% de los préstamos había llegado al 10% más rico de la población y aún no hay datos suficientes para valorar el nuevo plan. Igualmente, Irlanda, mediante First Home, puede cubrir hasta el 30% del precio a través de una participación en la propiedad, no de un préstamo convencional.
El préstamo “TU CASA” al 0% propuesto por el PSOE comparte el objetivo de facilitar la compra, pero no es el mismo mecanismo que el préstamo subvencionado húngaro ni que la participación irlandesa. Los avales del PP reducen una barrera de financiación, sin equivaler a una subvención del tipo de interés; las ventajas fiscales de Vox reducen ciertos costes, pero tampoco implican compartir la propiedad.
Dinamarca e Italia: medidas sin equivalencia directa
Dinamarca aplica reglas específicas a las rentas tras determinadas rehabilitaciones integrales y restringe, con excepciones, la adquisición de segundas residencias por personas que no reúnen ciertos requisitos. En Italia, el Tribunal Constitucional anuló en 2020 un requisito de cinco años de residencia para acceder a vivienda pública en Lombardía. Las reglas danesas sobre segundas residencias ofrecen un antecedente parcial para propuestas de limitar ciertas compras, pero no equivalen a una prohibición general a fondos o empresas ni a exigir diez años de residencia, como plantea Coalición Canaria.
Las medidas del PSOE y Frente Amplio sobre compras de grandes inversores se dirigen a otra población y finalidad. El precedente italiano aporta una cautela jurídica para valorar criterios de arraigo, incluida la “prioridad nacional” propuesta por Vox, pero no valida automáticamente ese planteamiento.
Medidas de los programas electorales sin referencia europea directa
Además de las propuestas que encuentran paralelismos parciales en otros países, los programas y compromisos electorales incluyen medidas para las que, dentro de los modelos europeos examinados por iAhorro, no se identifica un equivalente directo. Esto no significa que sean inéditas en toda Europa: indica que no se ha encontrado una herramienta comparable entre los casos analizados o que la propuesta española combina instrumentos de una manera distinta.
Por ejemplo, el PSOE plantea destinar el 1% del PIB a vivienda social y crear un parque estatal de 100.000 viviendas. Y, aunque Austria ofrece una referencia para la inversión pública y la vivienda municipal, la combinación de una meta presupuestaria nacional con un objetivo cuantificado de parque estatal no tiene un espejo exacto en los casos comparados. La propuesta se diferencia también de las medidas de regulación de alquileres: su eje es crear y sostener oferta pública.
También el PP se compromete a construir un millón de viviendas más durante la legislatura y propone criterios de arraigo real, duradero y verificable para priorizar determinadas ayudas y recursos públicos, con límites constitucionales y europeos y sin basarse exclusivamente en la nacionalidad. Las medidas europeas citadas anteriormente incluyen iniciativas para ampliar la oferta y reglas de acceso a viviendas concretas, pero no se ha identificado en los países comparados una combinación idéntica de esa meta de construcción y esos criterios de priorización.
Vox propone derogar la Ley de Vivienda de 2023, impulsar una construcción masiva de vivienda social con “prioridad nacional” y establecer medidas como desalojos en menos de 24 horas, prohibir el alquiler a inmigrantes en situación irregular, aplicar IVA cero a la primera vivienda nueva y bonificar el 100% del ITP para la primera vivienda usada. Algunas piezas tienen paralelismos generales en Europa, pero no se ha identificado en los países analizados un equivalente directo a la combinación de “prioridad nacional”, desalojo en ese plazo y prohibición de alquilar a personas en situación irregular. Su encaje jurídico debe analizarse separadamente de la comparación de políticas.
También Frente Amplio ha anunciado un impuesto a la acumulación de viviendas y restricciones a las compras de fondos y grandes empresas; Podemos plantea una rebaja legal del 40% de los alquileres, limitar compras especulativas y expropiar el uso de viviendas de fondos para destinarlas al alquiler social. En los casos europeos revisados hay instrumentos de regulación de rentas, límites a ciertos usos y gravámenes a viviendas vacías, pero no un equivalente exacto a estas fórmulas de reducción general del 40% o de cesión forzosa del uso en los términos planteados. El contraste debe describir la diferencia concreta, sin presentarlas como medidas probadas o descartadas por experiencias que no son idénticas.
Estas propuestas deben atribuirse con precisión: el programa del PSOE y el del PP se han publicado; las medidas de Frente Amplio y de Podemos recogidas aquí corresponden a compromisos públicos, propuestas o posiciones programáticas previas según la información disponible a 16 de noviembre de 2026. La comparación identifica ausencia de un espejo directo entre los países examinados, no una conclusión sobre su eficacia.
¿Qué nos dice la experiencia europea?
Las experiencias europeas combinan ayudas a la compra, límites a las rentas, estabilidad contractual, vivienda pública, garantías y regulación de usos. Ningún instrumento resuelve por sí solo el acceso a la vivienda. Las cifras de beneficiarios, préstamos o viviendas afectadas describen el alcance de una medida, pero no prueban por sí solas que haya causado una mejora. “Que una ayuda se utilice o que una regulación afecte a muchas viviendas no demuestra, por sí solo, que haya mejorado el acceso o reducido los precios. También es importante valorar sus posibles efectos sobre la oferta, las excepciones previstas y el marco jurídico en el que se aplica”, explica la directora de Comunicación de iAhorro.
La comparación europea no consiste en asignar a cada partido un modelo extranjero, sino en identificar semejanzas concretas y explicar también las diferencias. Para valorar una propuesta hay que preguntarse qué problema aborda, a quién beneficia, cómo se financia, qué efectos puede producir sobre la oferta y con qué indicadores se evaluará. La regulación del precio puede afectar a las rentas iniciales de nuevos contratos, a las actualizaciones de contratos vigentes o a ambas; las medidas comparadas no siempre cubren los mismos supuestos. Esta precisión se aplica a todos los paralelismos del documento.
“La política de vivienda necesita objetivos claros, medidas bien coordinadas y una evaluación continua. No basta con aprobar una norma: hay que comprobar si está dando respuesta a las necesidades de las personas”, concluye Laura Martínez.
