Prosigue su curso la cruzada del Ayuntamiento de Barcelona contra la proliferación de viviendas turísticas ilegales.
Aunque los propietarios de las viviendas siguen haciendo caso omiso a la legalidad y son muchos los que, ante la perspectiva de obtener unos buenos ingresos por el alquiler de sus casas, deciden poner en oferta sus propiedades ante la ingente demanda que sigue habiendo por parte de los visitantes que buscan ahorrarse un dinero en el alojamiento, el consistorio presidido por Ada Colau no para en su afán de acotar esta práctica.
En ese sentido, en los próximos días otras 256 viviendas de uso turístico ilegales recibirán órdenes de cese y sanciones de 30.000 euros, gracias a la puesta en marcha del plan de choque, que prioriza la defensa del derecho a la vivienda y de las normas de convivencia.
El nuevo equipo de visualizadores ha detectado 234 viviendas que operan sin licencia. Todos ellos recibirán una orden de cese de la actividad y una sanción de 30.000 euros. En las más de quinientas visualizaciones a pie de calle que se han efectuado, también han detectado 126 viviendas que incumplen la obligación de publicar el número de licencia y que serán sancionados con 3.000 euros.
Como parte del plan, se ha reforzado el cuerpo de inspectores con la incorporación de doce efectivos. Durante julio, los inspectores han realizado 512 inspecciones de viviendas de uso turístico que han derivado en la apertura de 184 expedientes, 22 órdenes de cese y 102 sanciones de 30.000 euros.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha abierto un expediente sancionador de 30.000 euros a las plataformas intermediarias Airbnb y HomeAway. Si siguen incumpliendo la prohibición de anunciar viviendas sin licencia y la obligación de facilitar los datos a la Administración, las sanciones pueden ser de hasta 600.000 euros.
La nueva web municipal donde se puede consultar si una vivienda de uso turístico funciona dentro de la legalidad ha recibido 375 denuncias. La web está disponible en catalán, castellano, inglés, francés y alemán, y el buscador permite a los turistas comprobar si el piso donde se alojan es legal o no. En caso de que no lo sea, se puede llenar un formulario para informar de la irregularidad.
