El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria está decidido a conseguir el apoyo de las administraciones para que sólo puedan intervenir en el mercado inmobiliario aquellos mediadores y agentes inmobiliarios que estén realmente capacitados y que, por tanto, garanticen la seguridad de las operaciones inmobiliarias. En este sentido, la institución aboga por la necesidad urgente de aprobar una regulación del sector, que implique la creación de un registro de los agentes inmobiliarios y la imposición de obligaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad del consumidor y evitar errores cometidos en el pasado.
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, Diego Galiano, señala que la nueva era inmobiliaria se debe apoyar en «pilares fuertes de capacitación de los agentes mediadores, y de transparencia y ética en el ejercicio de su actividad, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno». De esta forma, recuerda que España es casi el único país europeo en que el sector inmobiliario es libre y sin ninguna regulación, en el que cualquier persona puede intervenir sin requisito alguno. «Esto choca gravemente con la protección que merecen los consumidores y usuarios que compran o arriendan una vivienda, cuya función social está declarada constitucionalmente. El actual desorden inmobiliario y la falta de control administrativo generan inseguridad y desconfianza en inversores y ciudadanos en general», señala.
Este será uno de los asuntos que se abordarán en las VI Jornadas Nacionales de Letrados de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que se celebrarán en Madrid los días 18 y 19 de noviembre. Esta importante actividad será inaugurada por el director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo, mientras que la clausura correrá a cargo del director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Juan Van Halen, y en las que se tratarán materias como como la reforma de las leyes hipotecaria y del catastro, o el contrato de mediación y corretaje.
