El Consejo General de Colegios de Agentes de
1.- Más información para el consumidor. Es necesario que la legislación garantice una mayor transparencia al sector inmobiliario, regulando con precisión la información básica que hay que trasladar a los compradores y arrendatarios de viviendas. «Es increíble que con la legislación actual, parece que nadie tiene la obligación de trasladar la información básica necesaria: una medición fiable de la vivienda, un plano del estado actual, la estructura del edificio, el estado de las instalaciones, las últimas reformas o la situación urbanística. La regulación debe hacer responsable de esta información a los agentes inmobiliarios», indica Polo.
2.- Transparencia financiera. La regulación del mercado financiero vinculado al mercado hipotecario debe ser mucho más transparente. La competencia entre entidades no puede llevar a la relajación de las condiciones de concesión de préstamos, volviendo a las situaciones de riesgo que llevaron a la anterior burbuja inmobiliaria. Además, sería conveniente eliminar por ley productos y procedimientos que impidan una planificación económica consciente de las familias (intereses variables, apuestas financieras, cláusulas suelo, intereses moratorios abusivos, cláusulas condicionadas?).
3.- Tasaciones hipotecarias. Los API piden que las empresas tasadoras no estén ligadas a ninguna entidad financiera, de forma que se garantice que las valoraciones sean independientes y ajustadas a la realidad del mercado. Los tasadores deberían estar vinculados profesionalmente al mercado inmobiliario y ser conocedores de primera mano de los mecanismos de compraventa.
4.- Registros de operadores inmobiliarios. Necesidad de que existan registros de operadores inmobiliarios. Estos registros deberían ser obligatorios y deberían implicar que el operador inmobiliario cuente con una sede declarada y reconocible, que posea seguro de responsabilidad civil y de caución y que cuente con una formación suficiente para el ejercicio de la profesión. Además, Polo es partidario de recuperar la habilitación nacional para el ejercicio de la profesión.
5.- Función social de la vivienda. El Consejo General pide que cada partido político deje claro en su programa electoral su definición precisa de la función social de la vivienda y que se posicionen de forma clara sobre temas como el derecho subjetivo a la vivienda, la política de alquiler o de vivienda pública.
6.- Definición como sector económico sensible. Es necesaria la definición del mercado de la vivienda habitual como un sector económico sensible que, unido a la función social de la vivienda, deberían llevar a que sea declarado como un mercado de interés general, sujeto a una especial protección y vigilancia.
7.- Asimetría informativa. José Luis Polo afirma que, en la actualidad, existe una evidente asimetría informativa que debe ser corregida por procedimientos de regulación de todos los operadores (constructores, mediadores, administradores?). «Esta regulación debe estar basada siempre en la defensa de los consumidores, imponiendo obligaciones de transparencia para que el ciudadano pueda tomar sus decisiones de compraventa y la aceptación de condiciones de endeudamiento con todas las garantías», incide.
8.- Fiscalidad. Polo señala que la política de vivienda debe ir acompañada de una política fiscal coherente con la función social de la vivienda, buscando la progresividad impositiva.
9.- Asociaciones y colegios profesionales. Los API piden que la ley regule las asociaciones y colegios profesionales con el fin de situar la defensa de los derechos del consumidor como su principal objetivo. La normativa debería obligarlos a contar con un código deontológico expreso y con un régimen sancionador.
10.- Certificación administrativa. Actualmente existe una conciencia social muy extendida de que todos los agentes inmobiliarios han pasado una prueba específica y que cuentan con la habilitación necesaria. Sin embargo, la mediación inmobiliaria es una profesión desregulada desde el año 2000 y España es el único país europeo en el que no es necesario acreditar ningún tipo de conocimiento para ejercer esta profesión. «Ni siquiera es necesario saber leer y escribir para ser mediador inmobiliario», explica Polo. Por ello, pide que sea necesaria una certificación administrativa que garantice que todos los profesionales están capacitados para el ejercicio de la profesión y que además su actuación está cubierta por unas garantías mínimas obligatorias.
