El cambio en la presidencia de los promotores españoles parece haber introducido algo de cordura a la locura en la que, durante todos estos años de crisis y a pesar de la que estaba cayendo, siguió moviéndose el sector inmobiliario de la mano de José Manuel Galindo.
Su sucesor, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Célere, ya ha dejado entrever, nada más ser nombrado, que aquellas cifras astronómicas que Galindo mantuvo hasta hace tres años, de que en España se tenía que construir una media de 300.000 viviendas, no se sostienen con un mínimo de cordura. Entiende Gómez-Pintado que la mitad, unas 150.000 viviendas, serían más que suficientes.
La sensatez que parece trasmitir Gómez-Pintado, sabedor de lo que tiene entre manos tras décadas de estar al pie del cañón, dejará de lado, con toda seguridad, aquellas ocurrencias peregrinas con las que Galindo solía deleitarnos cada vez que tenía ocasión.
Como cuando hace algo más de tres años presentaba, a bombo y platillo, un plan para que a partir del presente ejercicio se construyeran en España 300.000 viviendas. Y hacía sus números. Solo eran suyos. Nadie le hizo el menor caso.
Venía a decir al Banco de España que rebajase las provisiones que debían aportar las entidades financieras para cubrir futuras pérdidas de sus activos inmobiliarios, y automáticamente poner esos millones de euros en manos de los promotores inmobiliarios para alcanzar la construcción de 300.000 viviendas año a partir de 2015.
En resumidas cuentas, que si se ponían en manos de los promotores más de 70.000 millones, ellos garantizarían su recuperación al finalizar la presente década y, además, con unos beneficios para los bancos de 37.000 millones y, para los promotores, de unos 15.800 millones. Si no se hacía esto, decía Galindo, se haría muy difícil devolver los 316.000 millones de euros que se habían prestado a los promotores.
Esos beneficios, según el cuento de la lechera de Galindo, saldrían de la venta, por unos 148.000 millones a un precio medio de 160.000 euros la unidad, de unas 925.000 nuevas viviendas cuyos créditos para su construcción, con un ‘loan to value’ del 80%, quedarían subrogados en los futuros compradores dos años después de su concesión.
En definitiva, entrar de nuevo en la dinámica que acabó con el estallido de la burbuja, recuperar el modelo productivo vigente hasta hace ocho años y retomar la actividad con las mismas cuentas de antaño.
Con estas premisas, los promotores inmobiliarios estiman que las 700.000 viviendas sin vender prácticamente habrán quedado absorbidas en 2017, año en el que el ratio entre unidades terminadas e iniciadas, como consecuencia del frenazo en la producción registrado en los años precedentes, volverá a cambiar de rumbo, iniciándose otra vez más de las que se terminan. Además, esa velocidad de crucero de iniciar 300.000 viviendas al año repercutiría en la creación de 600.000 puestos de trabajo con el impacto que supondría en la recaudación fiscal.
Un plan que, a la vista está, no se sostenía por ningún lado.
