Los 100 millones de sanción impuestas a las grandes constructoras españolas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha escocido y mucho.
No tanto por el importe a pagar, que también, sino por el hecho de que el órgano supervisor hiciera públicos los detalles de las prácticas que llevaban a cabo para evitar la competencia, de manera que cada una se llevara el gato el agua en cada concesión
FCC, ACS, Sacyr y Ferrovial ya han anunciado que presentarán recursos contra la sanción propiamente dicho y, de paso, para recuperar la imagen que ha dejado el asunto entre los ciudadanos y los propios trabajadores de estos servicios de recogidas de basuras.
El recurso se basará en argumentos contundentes, y se incidirá en que la resolución de la CNMC mezcla muchas empresas y mercados que no guardan relación unos con otros y que existen muchas adjudicaciones que posteriormente cambian. No obstante, se muestran muy preocupados porque, a partir de ahora, los contratos que se firmen con la Administración impongan cláusulas muy duras.
Según señala el informe emitido por la CNMC, las prácticas y conductas acreditadas en el expediente responde siempre a un patrón común: se trata de prácticas de reparto de mercado que se ejecutan de múltiples formas, según las incidencias que van surgiendo en la actividad de las empresas implicadas en relación con antiguos o nuevos clientes y, según el ámbito operativo de dichas empresas.
Estas conductas que fueron desarrolladas entre 1999 y 2013 quedan acreditadas en el expediente, quedando también de manifiesto el reparto de clientes que realizan entre las entidades involucradas y los pactos de no agresión entre ellos.
En cuanto al saneamiento urbano, se señala que ha quedado acreditado en el expediente la existencia de múltiples contactos y acuerdos entre las empresas del sector, desarrollados bien a través de contactos multilaterales a través de la asociación ASELIP, o bien a través de contactos bilaterales entre empresas del sector, “habitualmente grandes operadores en el saneamiento urbano como FCC, Cespa, Urbaser y Valoriza en determinadas licitaciones públicas realizadas en ciudades como Madrid, Málaga, Ceuta, Melilla y País Vasco.
Precisamente, a través de ASELIP, las empresas integradas en esta asociación adquieren un compromiso formalizado durante más de diez años (200-2013) de no concurrir a las licitaciones de saneamiento urbano de aquellas administraciones públicas que tengan deuda contraída con adjudicatarios anteriores.
En una reunión de la junta directiva celebrada el 15 de junio de 2010, se aprueba un nuevo código de conducta en el que se expresa que la asociación publicará periódicamente un listado de las administraciones que no cumplen de forma corriente con sus obligaciones de pago. Otras de los puntos que se incorporan es que “cuando una empresa esté negociando un convenio colectivo respecto a un contrato determinado, las empresas asociadas evitarán intervenir en el proceso”.
