El Gobierno de Cataluña ha aprobado una nueva línea de ayudas de vivienda destinada específicamente a personas en situación de paro de larga duración y con ingresos muy bajos. Se trata de una prestación preventiva, con la voluntad de evitar desahucios y dirigida a solucionar situaciones urgentes de familias que no pueden esperar a las convocatorias ordinarias.
Este colectivo de parados de larga duración, especialmente vulnerable, podrá optar a ayudas de entre 100 y 200 euros mensuales durante un año, bien sea para pagar el alquiler o la hipoteca. La nueva prestación, que se pondrá en marcha a partir del 3 de marzo, tiene una dotación presupuestaria de 7 millones de euros y se estima que se podrán beneficiar unas 4.000 familias.
Con esta nueva línea ya son diez los programas sociales de ayuda a la vivienda que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, a través de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, mantiene vigentes en 2014, año en el que la partida presupuestaria destinada a estas prestaciones para evitar desahucios crece de 51 a 58,5 millones de euros respecto al año pasado.
Por otra parte, el Gobierno también trabaja para incrementar el parque de viviendas de alquiler a precio social para satisfacer las necesidades de los ciudadanos que no pueden acceder a un piso a precio libre.
En esta línea, próximamente se formalizarán acuerdos con Bankia y la Sareb para incorporar unos 800 pisos en el parque social de viviendas. Estos pisos se añadirán a los 400 que ya cedió recientemente CatalunyaCaixa.
Además, en las próximas semanas se terminará el anteproyecto de ley para la aplicación de un nuevo impuesto que gravará las viviendas vacías de propiedad bancaria para estimular a las entidades a sacarlos al mercado a precios reducido.
La Agencia de la Vivienda de Cataluña canalizó a lo largo de 2013 ayudas para un total de 24.167 hogares. De estas, 18.919 recibieron algún tipo de prestación para el pago habitual del alquiler, mientras que 2.703 resultaron beneficiarias de alguna de las líneas de ayuda urgentes, bien para afrontar deudas en el pago del alquiler o de la hipoteca o para encontrar otro hogar en caso de haber sufrido un desahucio. Igualmente, 1.687 familias residentes en el parque público de la Generalitat recibieron ayudas implícitas para continuar viviendo.
El servicio de mediación Ofideute logró cerrar 400 expedientes con una solución pactada entre el ciudadano que no puede seguir pagando su piso y la entidad bancaria correspondiente. En cuanto a los casos más urgentes, la Mesa de Emergencias facilitó un hogar a 360 familias, y se cedieron 98 pisos más entidades y asociaciones dedicadas a luchar contra la exclusión social.
