Madrid. En medio de esta locura de cifras, rumores y declaraciones acerca del alcance del rescate necesario para recapitalizar a las entidades financieras, vuelve a pasar desapercibida una decisión que debe tomar el Gobierno antes de que acabe el presente mes de junio. La de aplicar la Ley de Suelo de 2007 en toda su extensión o volver a echar otro capote a los bancos, promotores inmobiliarios y demás propietarios de suelos urbanizables.
Capote para evitar aplicar el referido marco legal que obliga a valorar como rústicos aquellos terrenos urbanizables que no se han podido desarrollar por culpa de la paralización de la actividad en la que se halla inmersa el sector inmobiliario.
De no aprobarse una nueva prórroga –la segunda que llevaría a cabo el Gobierno presidido por Mariano Rajoy tras la aplicada ‘in extremis’ el pasado 31 de diciembre, el mismo día que vencía el plazo de la anterior moratoria– se aplicaría sin más, a partir del 1 de julio, lo especificado en la Ley de Suelo sobre sobre la valoración de los terrenos urbanizables, que obliga a sus propietarios a establecer la misma sin contar con los beneficios futuros que se pudieran obtener tras su desarrollo.
La prórroga de diciembre, como la presumiblemente adicional que se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana, evitará la quiebra de alguna que otra entidad financiera y de prácticamente todas las empresas inmobiliarias, que siguen contabilizando en sus balances millones de metros cuadrados a un precio de compra, en su momento inflado ante las expectativas de negocio que se vislumbraban, y que ahora, tiene un valor cercano a cero, porque ni existen perspectivas para su desarrollo ni ningún potencial comprador, en el caso que lo hiciera, pondría ni de lejos la cantidad inicialmente pagada, y, en muchos casos, ni siquiera un precio próximo al establecido tras las provisiones realizadas como reconocimiento de pérdidas.
El precepto legal obligaría a retasar esos activos que las entidades financieras siguen contabilizando, de forma irreal, por unos aproximadamente 50.000 millones de euros, o los que acumulan en su seno las compañías inmobiliarias por otros 30.000 millones, que llevan camino de acabar en el mismo sitio a través de las operaciones de dación de pago impuestas en los procesos de refinanciación de deuda financiera.
