Madrid. Más de la mitad de su sueldo neto, concretamente el 53,5%, debería reservar una persona joven en nuestro país para hacer frente al pago inicial de una hipoteca media. Éste es uno de los datos que ofrece el último boletín del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de España, correspondiente al segundo trimestre de 2011.
Por provincias, nos encontramos por encima de la media a Vizcaya con un 71,6%, Guipúzcoa con un 70,9%, Barcelona con un 69,3%, Baleares con un 65,1%, Madrid con un 62,6%, Cantabria con un 58,2%, y Málaga con un 57,8%; por debajo están Lugo con un 38,6%, Toledo con un 37,8%, Lleida con un 35,6%, Cáceres y Cuenca con un 34,9%, Badajoz con un 34,3% y, por último, Ciudad Real con un 32,7%.
Otro dato revelador de este informe, y que pone de nuevo encima de la mesa la dificultad del acceso de los jóvenes a la vivienda, es la diferencia entre los ingresos reales y los ingresos mínimos necesarios para poder comprar una casa. De media, el estudio refleja que los y las jóvenes en España cobran un 78,17% menos de lo que deberían cobrar para poder convertirse en propietarios de una vivienda, sin sobrepasar el umbral máximo de endeudamiento aceptado por las entidades financieras del 30%; o lo que es lo mismo, deberían cobrar en torno a los 28.000€ anuales, es decir, unos 2.350€ mensuales.
Las comunidades autónomas donde la diferencia entre ingresos necesarios y salario es mayor son País Vasco (126,83%), Balears (117,06%), Comunidad de Madrid (108,57%) y Cataluña (104,44%). Por el contrario, Extremadura (14,63%), Castilla-La Mancha (30,22%) y Murcia (34,93%) son las comunidades en las que más se aproximan los ingresos y el poder adquisitivo real de los y las jóvenes.
Por último, el informe nos ofrece la superficie máxima que ha de tener el piso al que una persona joven puede aspirar en nuestro país sin sobre endeudarse, teniendo en cuenta el salario que cobra. Si hablamos de compra, esta superficie sería de 56,1 m2, y si nos referimos a alquiler sería de 44,5 m2.
En el segundo trimestre de 2011 la tasa de emancipación de la población joven en nuestro país se ha situado en el 45,4%. Es decir, casi la mitad de los y las jóvenes aún no han logrado abandonar su hogar de origen.
Ante esta situación, el Consejo de la Juventud de España (CJE) reivindica la puesta en marcha inmediata de políticas que hagan posible el derecho que tienen los y las jóvenes a emanciparse para poder tener una vida autónoma sin la dependencia económica de otros miembros de la familia.
Para ello, entre otras medidas, el CJE exige:
• La coordinación entre comunidades autónomas y el Gobierno de España para la configuración real del derecho subjetivo a la vivienda.
• Una ley que garantice el acceso a la vivienda digna y adecuada de titularidad pública, cuyo coste no supere el 30% de los ingresos netos anuales.
• Demandar a las administraciones públicas que de manera decidida creen un parque público de vivienda en diferentes fórmulas de acceso, primando el alquiler, que nunca pueda ser privatizado.
• La prohibición de la venta de suelo público dotacional o las cesiones de las nuevas urbanizaciones.
• Un parque público de vivienda en alquiler, cuyo coste no supere el 10% de los ingresos anuales por persona.
• La movilización de suelo público para la construcción de vivienda pública, a través de la utilización de la figura jurídica del derecho de superficie.
• Garantizar por parte de los poderes públicos la protección y estabilidad de los inquilinos mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que garantice una mayor duración de los contratos.
• Un mayor control del proceso de la renta básica de emancipación y de otras ayudas mediante una mayor transparencia en la concesión de las mismas, y la posibilidad del conocimiento a través de Internet del estado de su tramitación.
• El fomento de la cultura del alquiler frente a la de compra.
• El control del precio del suelo libre, adaptándolo a las necesidades sociales y del entorno y del uso, y, en caso necesario, expropiándolo.
• El fomento del uso de la vivienda vacía mediante la creación de imposiciones fiscales fuertes que penen el desuso y ventajas por su puesta a disposición del mercado.
• Endurecimiento de las leyes para prevenir y luchar contra la corrupción política.
• La vigilancia por parte de las administraciones para que los procesos de construcción y
rehabilitación sean sostenibles ecológicamente.
• Que todos los edificios sean accesibles y sin barreras.
