La ansiada colaboración público-privada necesaria para cambiar el modelo de construcción residencial en España, apostando, de acuerdo con el nuevo marco legal, por la rehabilitación y el alquiler, tendrá que esperar. En 2014 no será posible. Si el dinero lo aporta la empresa privada algo se podrá hacer, porque esperar dinero público va a ser que no.
Aunque en las grandes cifras, el gasto en vivienda previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales 2014 aumenta hasta 800 millones de euros, 44 más que en 2013, si nos adentramos en la letra pequeña vemos cómo casi 500 millones se destinarán a líneas de ayudas al alquiler y a la compra de viviendas contenidos en los planes de vivienda anteriores.
Concretamente, a ayudas para Renta Básica de Emancipación (RBA), derogadas en 2012 pero con compromisos de pago pendientes, y a la subsidiación de préstamos a familias para la adquisición de viviendas protegidas, que se elevan a 175 millones. La RBA se sigue pagando hasta que se agoten los 48 meses de ayudas fijados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los poco más de 250 millones de gasto en vivienda se transferirán a las comunidades autónomas y se destinarán, en su mayoría, a conceder subvenciones asociadas a los Planes Estatales de Vivienda. Un tercio de estos fondos irán para completar ayudas pendientes de planes anteriores y a subvenciones asociadas a ejercicios anteriores.
¿Y para los Ayuntamientos qué? Para los Ayuntamientos, casi nada. Apenas diez millones para remodelación de barrios en Hospitalet de Llobregat y Sevilla. Y punto.
Así pues, hasta que la situación económica posibilite una mejora de las cuentas públicas no será posible cumplir ese presupuesto de 2.311 millones previstos en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, rehabilitación, regeneración y renovación urbana (2013-2016).
De momento, en los dos de los cuatro años del plan el dinero no aparece por ningún lado, ni tampoco sus efectos, como esos efectos dinamizadores de la economía y generadores de empleo. Que por cada millón de euros invertidos se generan 56 puestos de trabajo, que por cada 1.000 euros de ayuda directa en rehabilitación se genera una inversión productiva de 3.300 euros, y que el plan estatal iba a crear, entre 2013 y 2016, unos 32.000 puestos de trabajo por las ayudas directas y 105.000 por la inversión productiva total.
