El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción consecuencia de la interpelación urgente realizada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en la que solicita al Gobierno que tome medidas para combatir la pobreza energética.
Entre otras cuestiones, la moción pide impulsar «los mecanismos legislativos necesarios» para prohibir «los cortes de suministros energéticos a hogares en situación de vulnerabilidad», así como que las compañías eléctricas «deberán dirigirse a los servicios sociales competentes para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos».
La moción también insta al Gobierno a «promover la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la aplicación de tipos reducidos a electricidad, gas y agua, como bienes de primera necesidad para la ciudadanía, informando a la Comisión Europea, en aplicación del artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE; exigir a las compañías energéticas la publicación, con periodicidad trimestral, del número de hogares que no pueden abonar la factura eléctrica y la factura del gas, así como el número de hogares que se ven afectados por la interrupción del suministro».
Dada la complejidad de las ofertas de tarifas energéticas, pide exigir a las compañías energéticas una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en las facturas (los servicios energéticos contratados, cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales o información sobre el derecho al bono social) de manera que los consumidores puedan evaluar y comparar estas ofertas con las de otros competidores con información veraz, transparente, completa y sencilla.
La iniciativa, presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y acordada con los grupos Popular, Socialista, de Esquerra, del PNV y Mixto, emplaza al Ejecutivo a «impulsar los mecanismos legislativos necesarios para aprobar una tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta a la que puedan acogerse todos los hogares en situación de vulnerabilidad, y que sea sufragada por las compañías energéticas»; «acometer la liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), que la Comisión Nacional de Energía estima en más de 3.500 millones de euros».
También incluye impulsar los mecanismos legislativos necesarios para poner fin a los abusos en los precios de la energía, realizando una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología, así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución y, a su vez, realizar una auditoría específica sobre el déficit de tarifa, son otras de las propuestas que plantea.
