La inminente llegada del invierno a España y la situación en la que se encuentran muchas familias, las incluidas en la denominada pobreza energética por no poder frente a los costosos gastos que supone la calefacción, ha suscitado la reacción de algunos responsables políticos de cara a tomar medidas que palíen esta situación.
«Nos encontramos en una situación excepcional, en la que muchas familias carecen de los recursos necesarios para pagar la luz o el gas, lo que requiere de una respuesta conjunta y solidaria por parte de todos: la Administración regional, los ayuntamientos madrileños, y las compañías del sector de la energía», señalaba hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Y, además, añadía, hacerlo de manera inmediata «porque paliar la situación en la que viven muchos madrileños no admite demoras, teniendo en cuenta la proximidad del periodo invernal».
Y cómo. La propuesta que Cifuentes ha hecho llegar al ministro de Industria, José Manuel Soria, es la creación de un fondo común solidario, cuyas aportaciones corresponderían a la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, y las empresas de energía, que han valorado positivamente la propuesta.
La idea iría en línea con la Tarifa Social que aplica el Canal de Isabel II, de la que se benefician los madrileños que se encuentran en una situación económica difícil, como los desempleados o las familias numerosas con pocos recursos. De acuerdo con esta tarifa, de la que se benefician casi 2.900 personas en la Comunidad de Madrid, ven bonificada el 100% de la parte variable de la tarifa del consumo, y el 50% de la cuota fija, con lo que el coste mensual es de solo 4 euros. De esta tarifa se benefician actualmente 2.871 personas en la Comunidad de Madrid.
En esta misma línea, desde la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana han enviado un escrito al Ministerio de Industria para reclamar una modificación urgente del Bono Social Eléctrico, de cara a que sus beneficios lleguen a más consumidores vulnerables.
El Bono Social, creado por Real decreto Ley 9/2009, se puso en marcha como medida de protección del derecho al suministro de electricidad dirigido a determinados consumidores considerados vulnerables desde un punto de vista económico y fijó unos requisitos de forma transitoria hasta que fuese aprobado el reglamento. Pero el reglamento nunca vio la luz.
Así, en la actualidad se puede acceder al bono social únicamente por ser familia numerosa, pero sin tener en cuenta más criterios, como los ingresos familiares, que son esenciales para que esta medida llegue realmente a familias vulnerables.
