La Fundación FAES ha presentado un estudio sobre el mercado laboral en España, en el que se analiza la situación actual del mismo y se desarrollan diez propuestas para mejorarlo, entre las que destacan la simplificación de figuras contractuales y de apoyos para fomentar la contratación, la implantación de incentivos a la búsqueda de empleo, mediante la modulación de la prestación por desempleo, o al interés por la formación y acabar con la vinculación de los salarios con el IPC.
Este texto, titulado Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma, parte de la base de que, más allá de los ciclos económicos concretos, existen problemas estructurales que afectan a nuestras relaciones laborales y que es necesario mantener un espíritu de reforma permanente. Por ello, la propuesta que se hace, con carácter general, es que toda reforma laboral debe ser global e incorporar elementos macroeconómicos.
La presentación del estudio ha corrido a cargo del responsable de Economía y Políticas Públicas de la Fundación, Miguel Marín, quien ha dirigido el trabajo, y del director general de Estrategia y Fomento de Empleo de la Comunidad de Madrid, Valentín Bote, que lo ha coordinado. En el acto han estado presentes, además, los autores de los textos contenidos en el documento: Rafael Pampillón, del Instituto de Empresa; Cristina Mingorance, del CEU; Felipe Sáez, de la Universidad Autónoma de Madrid; Mar Alarcón, de la Comunidad de Madrid; Matthias Schäfer, de la Fundación Konrad Adenauer; Annemarie Muntz, del CIETT; Jordi García Viña, de la CEOE; y José Luis Moreno Torres, de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
REDUCCIÓN DE COSTES
La primera propuesta del estudio hecho público hoy es “avanzar en la reducción de los costes vinculados a la contratación de modo general, lo que pasa por evaluar la maraña de medidas para fomentar la contratación de determinados segmentos de la población”. En el texto se aboga por la simplificación contractual y por la portabilidad de la indemnización por despido a un sistema de cuentas de ahorro individuales similar al modelo austríaco, que se ha revelado exitoso. Se podría implantar en España “ya sea en estado puro o complementado con la modalidad de unos costes de despido moderados pero crecientes a cargo del empleador”.
SIMPLIFICACIÓN CONTRACTUAL Y DUALIDAD
Los contratos laborales “favorecen el comportamiento cíclico del mercado laboral, incrementan su dualidad y reducen la productividad de la mano de obra”. En este sentido, se propugna: una simplificación de las figuras contractuales y de bonificaciones con las que se ha querido privilegiar a ciertos colectivos y facilitar que converjan los costes de despido de todos los contratos en niveles más moderados.
SALARIO MÍNIMO
Para evitar que el salario mínimo se convierta en una barrera para la entrada en el mercado laboral sería recomendable prestar atención a medidas que han funcionado en otros países, como Alemania, donde se aumentaron los incentivos de los desempleados de larga duración para aceptar empleos de menor remuneración mediante la compensación de esos menores salarios.
En ese sentido, se podrían complementar con ayudas del Estado eventuales reducciones del salario mínimo a fin de favorecer la contratación de colectivos específicos garantizando su nivel de bienestar. Dichas ayudas estatales podrían otorgarse vía cotizaciones empresariales o vía el propio salario.
SERVICIOS DE EMPLEO
Otro de los puntos propuestos consiste en potenciar la colaboración de los servicios públicos de empleo con agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal para no desaprovechar su experiencia. Es preciso, añade el estudio, seguir exigiendo a dichas agencias privadas y a las ETTS “un alto nivel de transparencia, profesionalidad y compromiso, eliminar restricciones normativas, por ejemplo, respecto al tipo de contratos con los que pueden operar o eliminar las limitaciones sectoriales que todavía hoy operan”.
MODULAR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
El texto anima también a diseñar mejor la prestación por desempleo, de forma que deje de ser considerada “como un derecho a cobrar una cantidad por haber trabajado, como podría ser una pensión de jubilación”, y pase a considerarse más como un seguro que cubre una contingencia. La experiencia internacional apunta a lo siguiente: “modular la cuantía de la prestación por desempleo a lo largo de los meses de su vigencia, concentrando una parte sustancial en los primeros meses de prestación, en los que actúa genuinamente como un seguro, y valorando reducciones de los plazos máximos aun manteniendo o incluso aumentando el volumen total de la prestación”.
Igualmente, se hace necesario “reforzar el tipo de actuaciones de activación y búsqueda de empleo que es preciso justificar para obtener la percepción total de las prestaciones”. Por fin, se recomienda una redefinición del concepto de “empleo adecuado”, esto es, el que un desempleado debería aceptar cuando el servicio de empleo se lo ofrezca.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Pese al indudable esfuerzo de modernización de la negociación colectiva en España que ha propiciado la reforma laboral de 2012, todavía se detectan casos de inseguridad jurídica, por lo que se hace indispensable “reforzar la seguridad en aspectos como la validez de las cláusulas convencionales que preveían la ultraactividad indefinida de los convenios suscritas con anterioridad a la reforma”. Y en materia de inaplicación de los convenios, se hace preciso aclarar los límites de la autonomía colectiva.
Asimismo, el estudio propone que se apliquen las previsiones del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en materia de subidas máximas de salarios, lo que debe contribuir a romper la vinculación de los mismos con el IPC, para adaptarse a las variables económicas de cada empresa.
SALARIOS Y ESFUERZO FORMATIVO
En España, “la inversión en capital humano no recibe la remuneración conveniente que incentive a los trabajadores a adquirir mayores niveles formativos. Los salarios para los trabajadores con perfiles formativos superiores son muy similares a los que perciben aquellos menos cualificados, según analiza el texto. Se hace preciso que progresivamente se amplíe la horquilla salarial en la negociación colectiva, para que los trabajadores que asumen el esfuerzo de formarse encuentren el incentivo adecuado y el mercado reaccione ante las señales de esa mayor formación.
POLÍTICAS ACTIVAS
En el apartado de políticas activas de empleo, es cierto que en España han tenido algún impacto positivo en la empleabilidad. Pero para que resulten más eficaces, se propone mejorar los sistemas de transparencia y evaluación de estas políticas activas y de sus resultados y la respuesta del sistema a aquellas políticas que se muestran manifiestamente ineficaces, como es el caso de las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social de determinados colectivos. También se sugiere dar un
mayor grado de libertad a los desempleados a la hora de elegir la formación a recibir, “como resultaría del establecimiento de modalidades como el cheque-formación” o bono por una determinada cantidad de formación para que el desempleado decida dónde recibirla y si quiere complementarla con recursos propios.
EMPLEO PÚBLICO
El sistema de empleo público español adolece de rigidez funcional, inexistencia de carrera profesional y régimen retributivo carente de incentivos e ineficiencia en la gestión de la temporalidad por lo que sería deseable “que le fueran de aplicación esquemas de incentivos a la movilidad o a la formación en los términos ya expresados para el resto de los trabajadores”.
DESREGULACIÓN
El estudio aboga por realizar actuaciones económicas, continuas y a medio y largo plazo, a fin de reducir la burocracia, las barreras administrativas y las regulaciones de los mercados de productos para facilitar la innovación, así como fomentar específicamente programas concretos de I + D”.
